No. 56
(noviembre de 2003)

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CORREO DE PRENSA INTERNACIONAL

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Elecciones y economía

Arturo Mellado y Gonzalo King

Introducción

Las elecciones son una de las formas de legitimación del Estado capitalista para encubrir la violencia organizada que ejerce sobre el conjunto de los trabajadores. En el marco de la teoría liberal de la democracia las elecciones funcionan como la representación de la libertad de opinión simbolizada por el voto; las cuales habían garantizado al sistema político mexicano y al PRI durante 70 años el control del gobierno y, por tanto, la aplicación de la política económica del keynesianismo y del Estado de bienestar hasta los años 70. Las elecciones habían permitido al partido del Estado convalidar con mayores o menores violaciones su hegemonía, mediante un control y una represión que iba combinando para imponerse antidemocráticamente. En 1976 el agotamiento del modelo de partido de Estado tuvo sus primeras manifestaciones, ese año sólo fue postulado un aspirante presidencial, José López Portillo al cual se sumaron el resto de los partidos electorales registrados (PPS, PARM) el PAN por su lado, no postuló candidato y el PC, junto con otros partidos de izquierda y organizaciones registró a Valentín Campa; la abstención de acuerdo a los analistas fue del 52.8% ello implicó la necesidad de una reforma electoral, lo que originó la LOPPE. Para 1982 con el establecimiento del primer gobierno neoliberal priísta, se inicia un conjunto de reformas electorales. En 1988 el fraude cometido por el Estado en contra del Cardenismo, y la caída del sistema de cómputo electoral significó otro momento de crisis del modelo electoral mexicano, estableciendo el inicio de “la reforma del Estado, como conjunto de reformas articuladas en tres vertientes interdependientes: a) del régimen político o de la política misma, b) de la reforma a la constitución política del Estado y c) del proceso de gobierno o gestión pública” 1 y una reforma electoral que condujera al establecimiento de la alternancia y la transición democrática, ésto implicaba que dentro del marco de la reforma del Estado se pretendía ciudadanizar el proceso electoral, concluyendo con la creación del IFE (Instituto Federal Electoral) que garantizaría elecciones transparentes, confiables y certeras. A pesar de ello el sistema electoral mexicano como “...la representación política tradicional, derivada de la teoría liberal de la democracia, se ha deteriorado considerablemente, para no decir que está en crisis”, 2 así también lo dice Santiago Creel, Secretario de gobernación al afirmar que “El sistema político mexicano ha dado buenos dividendos: paz social, estabilidad y alternancia, pero tal como lo conocemos en la actualidad ya dio de sí”. 3

La importancia de las elecciones del 2003, se debe a que son las primeras elecciones federales después de la derrota presidencial del PRI, y el Foxismo y el PAN veían en ellas la posibilidad de obtener la mayoría absoluta que les permitiera echar a andar “el cambio” que habían prometido, es decir, continuar con la misma política neoliberal de los gobiernos anteriores, por ello “...después de las elecciones del 2000 dijimos que el voto que le dio la mayoría a Fox no era todo un voto por su programa, un voto por el programa de la derecha o por el PAN. Había un importante componente de “voto útil” contra el PRI, del voto del hartazgo contra el PRI que consideró lo más viable electoralmente a la candidatura de Fox. El reto de Fox en consecuencia era capitalizar ese voto por la salida del PRI en un voto a favor del PAN y de su programa. Y no lo logró. Fracasó en el intento”. 4

1. Campañas electorales para un mercado

El rechazo de la población a votar y a ir en contra de los partidos políticos es reflejo de la respuesta de los trabajadores a un modelo económico que nos ha venido empobreciendo más y más, de tal manera que el famoso cambio del 2000 cuando la gente salió a votar por Fox pensando que con ello se modificaría el actual sistema de explotación, a dos años de distancia se le revierte ya que ninguna de las promesa de campaña, de un modelo diferente al neoliberal, se ha instaurado; de otra forma pero con el mismo contenido lo expresa Luis Hernández Navarro “ Como parte de la explicación de la alta abstención están: la migración a los EEUU. La changarrización y la precarización laboral, las redes informáticas, y los conflictos sociales al margen de los partidos políticos”. 5

Por otro lado el hecho de que los partidos políticos dentro del neoliberalismo tiendan a correrse al centro perdiendo con ello su identificación ideológica, y su carácter de clase, “...Hoy ninguno de los partidos políticos registrados nos presenta una ideología definida, coherente en sí misma, no ecléctica, defendible. Los partidos son ahora marcas comerciales, cuya publicidad (propaganda si se tratara de política) se basa en la envoltura y en el dinero que tienen para darla a conocer. Son también agencias de colocaciones” 6 o bien “...Aun cuando los proceso formales de la democracia se mantienen... lo que se observa es que el poder de los grandes grupos económicos se incrementa y el de los ciudadanos de a pie se debilita. Se somete a la población a un bombardeo publicitario dirigido a consolidar el sistema, mientras se realizan denodados empeños para reducir el quehacer político a una cuestión de mercadotecnia. Las elecciones de los dirigentes estatales y de los representantes populares se ve reducida a sí a las mismas técnicas mercantiles de promoción a las que está sometido cualquier tipo de producto, sea éste un jabón, un shampoo o un automóvil”. 7 Hacían prever una alta abstención sobre todo por los resultados obtenidos en las elecciones del estado de México, por ello no es de extrañar que incluso los empresarios y la propia Iglesia, se constituyeran en promotores por el voto al grado de que ésta última incluso tipificara como “pecado” el no ejercicio del derecho a sufragar.

La abstención fue la gran ganadora de las elecciones del 2003, con un porcentaje cercano al 60% más el 3.36% de votos nulos, lo que implica que sólo votaron 3 de cada 10 electores por lo que en todo caso la próxima Cámara de Diputados , sólo representa al 30% de los electores del país, lo que induce a afirmar que ésta ha perdido legitimidad aún cuando legalmente pueda actuar, es decir esta cámara como representante de la minoría que gobierna es cuando menos ilegítima, ya que no hay democracia representativa que tenga legitimidad si no logra que la mayoría de la población participe y decida en el terreno electoral.

Las recientes elecciones pusieron de manifiesto que los partidos políticos PAN PRI PRD, y el sistema electoral mexicano enfrentan una profunda crisis de credibilidad que el propio modelo neoliberal, ha venido incrementando por la inequidad social, la precarización del trabajo, y haciéndonos más miserables a los mexicanos, razón por la cual no nos sentimos identificados con ninguno de ellos, toda vez que no dan respuestas para salir de este modelo y por el otro lado en el sentido de que los procesos fraudulentos incluso en el PRD, han venido fracturando la confianza de la población en general y de los militantes en particular, de los diversos partidos, como es el caso de los amigos de Fox y el Pemexgate, pero además el hecho de que en estas elecciones en particular el dispendio económico y la falta de ideas han incrementado el clientelismo y el oportunismo político con lo cual “Es mejor demostrar a los partidos que no tienen nuestro acuerdo, sino más bien nuestro repudio. Serán legales en sus cargos, pero no podrán presumir de legitimidad”. 8

El PRI al haber perdido la presidencia de la república en el año 2000, perdía también su característica de ser un partido de estado, del cual se mencionaba que podría desaparecer, sin embargo y a pesar de las grandes diferencias internas, hoy se reposiciona e incluso se plantea el ganar las elecciones del 2006. En efecto, en estas elecciones aún cuando el PRI obtiene la mayoría relativa con 224 diputaciones, ha perdido votos, pasando de 13 millones 311 mil 963 votos en 1997 a 8 millones 311 mil 417 votos en el 2003, es decir, electoralmente va a la baja aún cuando sigue manteniendo la mayoría en las Cámaras y gobierna a 17 de los Estados de la Federación, todo ello porque no existen alternativas creíbles desde la izquierda.

A partir del 2000 con la pérdida de la Presidencia la crisis interna se dio entre los llamados Labastidistas y los Madrazistas con la elección de su comité ejecutivo nacional, y en donde los Gobernadores a falta de Presidente intentaron jugar el papel del gran elector, posteriormente el asunto de la designación de la lista de candidatos a diputados y el acercamiento que ha tenido Elba Esther Gordillo con el Foxismo y su designación como coordinadora de la diputación Priísta a partir de acuerdos con aquel y con Madrazo están llevando a un nuevo enfrentamiento interno; sólo “La crisis y una posible escisión del PRI serían hoy las condiciones para impedir que en el 2006 recuperara este partido la Presidencia de la República. 9

El PAN obtuvo en 1997 una votación de 7 millones y medio aproximadamente de votos, para diputados, para el año 2000 obtuvo 14 millones 200mil votos aproximadamente, por el llamado efecto Fox, y en estas elecciones 8 millones 303 mil 417 votos, es decir con respecto al 97 no sólo mantuvo su nivel de votación sino incluso lo incrementó, pero ésto no se reflejó en el número de diputados, ya que descendió a 153 diputados, lo que en 2000 fue el efecto Fox hoy fue el defecto Fox, podemos afirmar que el PAN fue el gran perdedor de la contienda electoral, toda vez que una parte de la clase empresarial y la población que emitió el “voto útil” se encuentran descontentos por motivos diferentes con el gobierno Foxista. La primera porque no se ha podido llevar a cabo el conjunto de las reformas estructurales con la celeridad requerida por ellos, segundo porque existe un conflicto de intereses entre el capital financiero y el capital industrial, pues este gobierno ha impulsado políticas que benefician al primero y que se observa en las ganancias que han obtenido, en tanto que el capital industrial en el proceso de recesión económica ha visto como muchas empresas han cerrado y los empresarios nacionales se ven obligados a confrontarse con el capital transnacional ejemplo de ello es la pérdida de la Gubernatura de Nuevo León, símbolo del Capital industrial nacional, en efecto “La banca comercial no ha apoyado a los empresarios y la inversión ya que el crédito a las empresas y personas físicas con actividad empresarial se contrajo 11.1% ...en cambio el financiamiento a los intermediarios financieros no bancarios creció 7.8” 10 y como “las Medidas anunciadas por la SHCP... no se están dirigiendo a cumplir el cambio estructural impulsando la planta productiva nacional, por el contrario, se muestra una clara apuesta hacia la inversión extranjera directa y a cubrir los vacíos productivos y financieros a través del capital transnacional”11. Por lo que respecta a la población que emitió su “ voto útil” en 2000 percibe como el desempleo, la precarización del mismo y los bajos salarios son la constante de este gobierno que en materia de política económica son continuidad de los gobiernos priístas.

El PRD en las elecciones para diputados de 1997 obtuvo una votación de 7 millones 436 mil 466 votos, para el año 2000 obtuvo 6 millones 942 mil 844 votos y ahora en el 2003 4 millones 747 mil 376 votos, es decir, mantiene una caída constante de su votación, “El número de votos entre las elecciones de 2000 y 2003 creció para el PRD en sólo dos entidades. Porcentualmente la participación electoral del partido aumentó en 11 estados y disminuyó en 20, en 10 de éstos puede decirse que dramáticamente... La dirección nacional del partido, por otro lado, debiera ser facultada para iniciar los procesos de recuperación en los 20 estados donde la votación del PRD no llegó a 15 % de los sufragios emitidos, de los cuales en 14 están por debajo de 10 %”. 12 Estas cifras son reflejo de lo que el propio Cuauhtémoc Cárdenas diagnóstica en el interior del PRD “En primer lugar, que problemas que vienen desde muy atrás no fueron enfrentados y atendidos con oportunidad. Así se hicieron evidentes los impactos negativos en la opinión pública de la confrontación entre grupos sectarios y clientelares, de la asignación de posiciones de dirección y de candidaturas, con base en cuotas reconocidas en acuerdos cupulares; el abandono de la elaboración y la discusión ideológica y programática, del descuido a las tareas de organización; la afiliación con tintes sectarios y el bloqueo a la libre afiliación y por lo tanto al crecimiento de la militancia; del desarrollo de tendencias burocratizantes, sectarias y oportunistas al interior de la organización” 13 y añadiríamos el hecho de haber privilegiado candidaturas de personajes que salidos del PRI e incluso habiendo combatido al propio PRD se encuentran ligados al Salinismo, como ejemplo Manuel Camacho Solís, Socorro Díaz Palacio, Marcelo Ebrard en el gobierno de López Obrador. Con ello se evidencia como los propios perredistas lo señalan que son buenas opciones de gobierno, pero no un partido que pugne por el socialismo o ser de izquierda anticapitalista.

Esta crisis que enfrenta el PRD incluso ha hecho que militantes renuncien al partido (Gilberto López y Rivas), que exista un movimiento de reorganización en su interior impulsado por Marco Rascón, Salvador Nava y Oscar Moreno, o el de cientos de militantes que ante la imposición de candidaturas han abandonado el partido como en Nuevo León, Campeche, Oaxaca etc., o que incluso el propio Cuauhtémoc Cárdenas llame a la reorganización del PRD, a efecto de prepararse con miras al 2006 o al quebranto del partido.

El IFE es una de las instituciones políticas, que también se encuentran en crisis, toda vez que habiendo ejercido un presupuesto de mil millones de dólares para este año, y habiendo adjudicado ,más de la mitad para las campañas electorales, no pudo revertir los altos índices de abstención antes bien, hoy la cifra record de 60 % contradice su propia existencia “No cabe duda de que nuestra apertura política, la creación del IFE y el enorme caudal de recursos canalizados hacia el sistema electoral no han redundado en una superación ni mejoramiento del arte de la política, sino en su abaratamiento y vacuidad; los contenidos de las “ campañas” para las elecciones intermedias son una prueba aplastante” 14 Pero además no ha podido revertir los fraudes electorales, toda vez que ahora estos son del tamaño del Pemexgate, los Amigos de Fox y en donde la constante es el fraude aun al interior de los partidos como así lo revelan los procesos internos de elección de dirigentes en el PRI y el PRD y el usufructo personal de los recursos monetarios por parte de partidos como el PSN y el PVEM.

Tres años de gobierno foxista han bastado para poner en claro la trama que urdió el poder económico y político de este país para legitimar y darle continuidad al proyecto neoliberal en nuestra nación. Las complicidades afloran con el paso del tiempo; el financiamiento poco claro que tuvieron los candidatos del PRI (Pemexgate) y del PAN (Amigos de Fox) en la anterior contienda electoral, se repite nuevamente en los gastos desorbitantes de campaña que hicieron recientemente los partidos con registro, los egresos rebasaron con creces los topes marcados por el Instituto Federal Electoral; sólo en el Distrito Federal la campaña electoral costó 1200 mdp, monto superior a la cantidad de 350 mdp que destinó la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la negociación salarial de este año con el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) para el mantenimiento de las 220 mil escuelas de educación básica. Los consorcios de televisión, radio, prensa y despachos publicitarios se beneficiaron con la propaganda mediática que desplegaron los partidos con registro; Televisa ganó 1265.3 mdp en los tres meses que duró la jornada política. La promoción del voto resultó un negocio jugoso para las empresas del ramo publicitario, la venta de la imagen de los candidatos junto con la concepción mediática del Gobierno Federal sobre las elecciones, permitió fortalecer económicamente a los monopolios de los medios de comunicación masiva, en detrimento de la política como el espacio de análisis, discusión y elaboración de alternativas para los problemas de la sociedad. El espacio de participación electoral ciudadana se privatizó y se subordinó a las reglas del mercado; los candidatos desplegaron una campaña publicitaria para vender su imagen, aceptaron ser una mercancía, rehuyeron el debate y el compromiso de presentar alternativas a los diferentes problemas que tiene actualmente la comunidad. La administración foxista fue congruente con su concepto de ser un gobierno de empresarios y para empresarios, los recursos financieros públicos subsidiaron a las empresas privadas del ramo de la comunicación. Los partidos políticos con registro sujetos a las condiciones del mercadeo, quedaron endeudados con las empresas publicitarias, de la radio y televisión; una probable consecuencia de esa visión mercadotécnica, será la disminución de la independencia política de las organizaciones partidarias en los momentos de aprobar o rechazar las iniciativas de reformas estructurales en el Congreso de la Unión; ejemplo de este riesgo, es la deuda del Partido de la Revolución Democrática (PRD) con Televisa (136 mdp), con Televisión Azteca (76 mdp), con Canal 40 (40 mdp), con Publicorp (36 mdp) y con empresas encuestadoras (36 mdp): la suma de estas cantidades nos da un total de 354 mdp que debe pagar el instituto político en el próximo semestre del año en curso, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) también presenta una deuda más o menos de 600 mdp que desglosada coincide con las partes deudoras. El caso de endeudamiento del PRD y del PRI ilustra la situación en la que se encuentran los demás establecimientos partidarios y, cabe la posibilidad de tener una legislatura más comprometida con el poder económico que con las demandas de sus electores. El grueso de los diputados de la LIX Legislatura entienden su ejercicio legislativo como la tarea de suavizar y legitimar los programas impuestos por el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); por si fuera poco, están convencidos de la inevitabilidad del proceso de globalización, para ellos es un destino manifiesto al que debemos adecuarnos para alcanzar la mayor cantidad de beneficios y el menor número de pérdidas. Julio Boltvinik, diputado externo del PRD, propone con base en esta lógica: el fortalecimiento del Estado para recuperar la autodeterminación y romper con la dependencia económica del exterior; además, sugiere “aprovechar los resquicios” del Tratado de Libre Comercio (TLC) y de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para proteger la economía nacional y concertar alianzas con el capital extranjero para arribar al primer mundo; todo ello, sin considerar los intereses y la naturaleza del Estado Mexicano; para este estudioso y su economía moral, el Estado Mexicano es un ente social abstracto, ajeno a los poderes económicos y políticos, es un Estado sin adjetivos.

La construcción de un sistema de partidos eficiente y económico, que ofrezca al electorado un abanico de opciones político partidarias, que sustituya al anterior y legitime al nuevo orden, no cuaja por su vocación mercantil de la competencia, competición que parte de la inequidad de recursos financieros y materiales existente entre los organismos partidarios pilares (PRI, PAN, PRD) de lo que quiere ser el modelo político-electoral moderno de México y los aspirantes a poseer un espacio en el esquema nuevo de la competitividad electoral. El costo del sufragio se disparó alrededor de cinco veces su valor desde la campaña de Vicente Fox, dicha elevación del costo se debe a la construcción de la imagen mediática que capte la atención del electorado, el menosprecio que se tuvo en su momento a ese recurso electoral, a la vuelta de los años, se convirtió en una condición impuesta por el mercado para garantizar el triunfo; profundizando las diferencias económicas y materiales evidentes entre los contendientes y, profundizando la naturaleza de segregación que caracteriza a la democracia occidental; en un inicio se exigía ser libre y no esclavo, después poseer tierras, posteriormente contar con poder adquisitivo y crédito; es decir, un esquema de participación y competencia inequitativa donde el rico se impone al pobre. En este sentido, la estructura de partidos pensada para el sistema nuevo de control, tiende a eliminar en la realidad el derecho que por ley tenemos todos y todas, de votar y ser votado. En otro, disciplina a los partidos políticos a las exigencias del mercado a través del crédito que complementa su capacidad de compra que tiene cada una de los concursantes.

La economía neoliberal muestra su carácter discriminatorio y minoritario global y estructural, al afectar al conjunto de los organismos (sindicatos, agrupaciones civiles, económicas, sociales, mercantiles, partidos) de los trabajadores como de la burguesía que obstaculizan la reproducción y acumulación del capital financiero y al vinculado al mercado mundial. La estructura económica, política y social anterior a la modernidad continúa su proceso de desmoronamiento, en la medida en que se fortalece y penetra el nuevo orden económico, los socios anteriores son reemplazados por la camarilla que se enriquece a la sombra de los cuatro gobiernos neoliberales, las formas añejas de hacer política se actualizan y dan paso a lo moderno, lo que implica, el deterioro de las figuras institucionales y actores políticos que en el pasado operaban la legitimidad y legalidad del sistema social. La imagen del presidente como el punto de unidad nacional y partidaria se perdió en las elecciones federales del 2000; el foxismo ha hecho de esa figura emblemática; un animador, un propagandista comprometido solamente con sus aliados estadounidenses, con el alto clero católico y una parte de la burguesía nacional; la política foxista ha banalizado la función del presidente de la República y trata de responsabilizar de sus tropiezos al Congreso de la Unión. Los sujetos políticos que operaban las iniciativas del Poder Ejecutivo Federal, líderes de la cámara de senadores y diputados, presidentes de partidos políticos, representantes de sindicatos, campesinos, empresarios, entre otros; estaban acotados anteriormente, no tenían mayor responsabilidad; no dependía de ellos la decisión última, hoy al no tener ese punto de cohesión institucional, con la exigencia ciudadana de mantener una sana y real distancia que exprese autonomía e independencia políticas, con la responsabilidad de tejer convenios donde se pone en riesgo su permanencia política-electoral; al mismo tiempo, se tiene el requerimiento de los grupos del poder fáctico y la atención de un electorado que ha cambiado significativamente desde 1988 (por dar una referencia arbitraria pero significativa del comportamiento del voto), los antiguos operadores políticos pierden el sentido de la orientación y se guían por el pragmatismo, por lo inmediato, sin un visión de futuro. La propuesta económica, política y social ante el estado de cosas actual desde una posición partidista clara y diferenciada, se sustituye por un handicap publicitario donde la imagen televisiva, fotogénica impera sobre las ideas; donde la posición de centro intenta borrar orígenes y perfiles ideológicos, el objetivo es presentar una “imagen” atractiva, neutra, no conflictiva a un público supuestamente apolítico y sin memoria. Ahí tenemos al presidente de la Nación, a los partidos políticos con registro, a los opinadores moviéndose en la parafernalia del mercado y de las encuestas; la política como el espacio para construir alternativas de gobierno se convierte en un espacio generador de mercancías que uniforman a los partidos políticos con registro, a la promesa política, a los candidatos y candidatas, todos comparten el lema-oferta-mercancía: un partido junto a la gente (PRD), un partido que está a tu lado Partido Revolucionario Institucional (PRI), un candidato igual a ti Partido Fuerza Ciudadana (PFC). Consecuencia de esto es el derroche del erario público en el sostenimiento de varias versiones de un mismo tema. Hoy la izquierda socialista anticapitalista tiene una tarea múltiple: convencer a un electorado que se abstiene históricamente de participar en las elecciones, al que no participó concientemente y al que anuló su voto de que la oferta partidaria-electoral es la representación de una misma clase social, de que es injusto, antidemocrático y refleja la desigualdad social, de que el quehacer político no es patrimonio de ese grupo social, de que los partidos ganadores son minoría y por tanto no representan a la mayoría nombrada vehementemente en sus discursos, de que la lucha parlamentaria es una táctica en la lucha de emancipación de la clase trabajadora y de los desposeídos, de que es posible imaginar y construir un mundo diferente al actual, de que la globalización puede ser derrotada, de que los trabajadores y las trabajadoras tenemos una alternativa de futuro.

Los grandes ausentes de este proceso electoral, fueron los trabajadores y sus propuestas ya que, en ningún momento y con ningún partido están representados en la Cámara de Diputados, en efecto están líderes sindicales corporativos y neocorporativos ligados a las propuestas que apuntalan el proceso de reformas en contra de los trabajadores, ejemplo de ello es la UNT, que estableció alianzas con los diferentes partidos a efecto de posicionar a algunos de sus miembros, en el PRI están el exsecretario y el Secretario General en turno del Sindicato del IMSS en el PRD el dirigente del STUNAM, Agustín Rodríguez, y la Exsecretaria General de las Azafatas, en el PT candidateó al Secretario General de los Tranviarios, por lo que hace al PRI, fue principalmente Elba Esther Gordillo quien estableció alianzas con los diferentes partidos a efecto de candidatear gente de su confianza, así en el PVEM impulsó a Jorge Kawagi y al líder del sindicato del Metro; en el PRD a Miguel Alonso Raya, en Convergencia por la Democracia a María Ornelas y en el SNTE, alrededor de 40 maestros ligados a su grupo de los cuales quedaron aproximadamente 22, (52%); estas alianzas le permitirán, en la Cámara de Diputados, transitar con mayor facilidad la aprobación de las reformas estancadas. Por lo que hace al Sector Obrero del mismo partido, la CTM y el Congreso del Trabajo nominaron a cerca de 21 candidatos.

La otra gran ausente en estas elecciones es la izquierda, ya que no existe un partido que represente directamente los intereses y objetivos de la clase trabajadora, por lo que se hace necesaria la reagrupación de la izquierda anticapitalista “Se requiere de una izquierda que no quede atrapada en los marcos del actual sistema político-electoral... Se requiere otra opción política partidaria de la izquierda pero que no acepta, de entrada, las condiciones antidemocráticas impuestas por el actual sistema político electoral”. 15

Concluido el conteo de las elecciones del 6 de julio, y establecidos el número de diputados por bancada partidista, los partidos políticos ahora han designado a sus coordinadores parlamentarios, estos recaen en Elba Esther Gordillo por parte del PRI, Pablo Gómez por parte del PRD y Francisco Barrio por parte del PAN. Del lado de los llamados “partidos pequeños” (aún cuando todos lo son ya que no representa a la mayoría de la población) esta Jorge Kawagi por el Verde Ecologista, personajes, todos ellos que aún antes de las elecciones, ya se presumían como coordinadores de sus respectivos partidos en la cámara, así lo hicieron saber en las comidas convocadas por Elba Esther Gordillo y por el propio Fox , adelantando que de resultar electos pondrían a funcionar la cámara de diputados y a destrabar todo aquello que impidiera concretar la reformas estructurales.

Desde el PRD hasta el PAN como se consigna en las notas periodísticas desde el 7 de julio y hasta el momento, la intención de todos los partidos es hacer avanzar las reformas estructurales empezando por las reformas fiscales y posteriormente, la privatización de la Energía Eléctrica y el Petróleo, con diferentes modalidades, todo apunta a la intervención de la iniciativa privada en estos campos y posteriormente a la modificación a la Ley federal del Trabajo pasando por la modificación de régimen de pensiones. Por la composición de la cámara de diputados, nadie tiene la posibilidad por si solo de hacer pasar las reformas, éstas tienen que ser negociadas entre todos, de tal manera que lo que se presupone es que las reformas estructurales se darán a partir del voto suprapartidario, toda vez, que a la propia Elba Esther se le asocia ya más cercana a Fox que a su propio partido y en el entendido de que como todos los partidos no van más allá de las reformas burguesas estarán dispuestos a seguirse desdibujando ideológicamente y a hacer pasar las mencionadas reformas.

2. Economía desnacionalizada

Las elecciones del 2003 se inscriben en el marco recesivo de la economía neoliberal, de tal manera que la característica de la economía mexicana, está muy lejos de ser lo que Fox había prometido a lo largo de su campaña como aspirante presidencial y aún ya como presidente electo, las promesa de un crecimiento económica anual del 7%, la creación de 2 millones de empleos y una reforma del estado en beneficio de la población mexicana, se quedaron en promesas, por el contrario este gobierno sigue implantando los pilares de la estrategia neoliberal “la desregulación de la actividad económica y la refuncionalización del Estado, la supremacía de las grandes corporaciones; la hegemonía de las formas financieras de ganancia; la transformación de las relaciones internacionales y el deterioro de las condiciones laborales y de vida de los trabajadores” 16 de tal manera que en los tres primeros años de gobierno foxista lo que hemos venido resintiendo es que “Los principales indicadores de la economía muestran un proceso de estancamiento derivado de la recesión vivida desde el segundo semestre de 2001 hasta lo que va del año de 2002”. 17

Por el contrario, los compromisos adquiridos por Vicente Fox durante su precampaña y campaña por la presidencia de la República con los capitalistas extranjeros, no puede ocultarlos a los mexicanos por más tiempo, los acuerdos políticos y económicos que financiaron su empresa electoral; las maniobras tras bambalinas del trienio de 1997 al 2000 para presentar al pueblo una propuesta creíble y esperanzadora, son expuestas en cada una de las concesiones otorgadas a las empresas trasnacionales en los renglones de la industria energética como son los casos de los autoabastecedores y productores independientes (PIE) en la generación de energía eléctrica, los cuales intentan acaparar el 53% de la producción total del país; la denuncia del Sindicato Mexicano de Electricista (SME) al respecto, menciona a las trasnacionales Iberdrola, Mitsubishi, Unión Fenosa, Alstom y Enron, como algunas de las favorecidas por la política económica foxista. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha concesionado a 211 particulares para generar energía eléctrica, permisos obtenidos desde 1994, resalta la concesión dada a 6 inversionistas para que vendan su energía fuera del territorio nacional, con el peligro de convertir nuestra frontera norte en un basurero que libere a EEUU de contaminantes, cosa que parece no importarle al gobierno foxista. La representación de la organización Greenpeace en nuestro país alerta sobre las consecuencias de haber permitido el funcionamiento de la planta generadora de energía eléctrica, perteneciente a Sempra Energy, en el Valle de Mexicali ya que esta central puede contaminar el aire y acabar con los mantos acuíferos de la zona; además, de corromper a las autoridades municipales para agilizar las licencias correspondientes; como en el caso, del alcalde panista de esta entidad federativa: Jorge Catalán que pidió una cuota de 15 mdd a la empresa estadounidense para no burocratizar los tramites. Al mismo tiempo, la inversión extranjera en esta rama productiva de 4 459 mdd está respaldada por el compromiso del Gobierno Federal de asumir los riesgos mediante el Proyecto de Inversión Financiada con Impacto Diferido en el Gasto (Pidiregas); de esa manera, se garantizan las ganancias al capital con la sociabilización de las quiebras. Asimismo, este tipo de proyectos generadores de energía eléctrica vulneran la soberanía nacional y hacen más dependiente a la economía del país del interés estadounidense, al permitir que una porción importante de la energía se canalice hacia la nación vecina y que, el consumo doméstico padezca de insuficiente fuerza eléctrica. El cuarto gobierno neoliberal avanza en el proceso privatizador de la rama petrolera con los contratos de servicios múltiples (CSM); en donde las empresas nacionales como Tamsa, Cemex, Apasco, Top Multiservicios Petroleros, Schooner Oilfield Services, Geovisa, Geogrupo se comprometen a ser subcontratadas como prestadoras de bienes y servicios por las grandes multinacionales que ejercerán una inversión de 21 mmdd en los proyectos de Chicontepec, donde se explotarán yacimientos de petróleo crudo que requieren de una inversión de 13 mmdd, y de Burgos, donde se explotaran 7 bloques de gas que necesitan un capital de 8 mmdd. Concesiona la explotación y comercialización del gas natural; con la subordinación de la industria energética a los intereses de los trust vinculados con el gobierno George Bush; para el logro de esa meta, el gobierno federal en las últimas cuatro administraciones neoliberales ha desarrollado una campaña de desprestigio social y de austeridad económica para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Compañía de luz y Fuerza del Centro (CLyFC) y PEMEX no cumplan con su cometido; el caso de la CLyFC ilustra la táctica gubernamental para convencer a los mexicanos de la necesidad de privatizar estas industrias nacionales, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro tiene aprobado un presupuesto de 168.8 mdp para mejorar la infraestructura de las subestaciones La Paz, Teotihuacan, Deportiva, Atenco, Polanco y Vito en el 2003 y de esa forma ampliar y mejorar el servicio; hasta el momento solo se ha ejercido 8.9 mdp (0.2%) hasta el mes de julio. En el comercio se ha facilitado la presencia de las cadenas comerciales como Walt Mark que empobrecen cada vez más a los campesinos, al controlar la producción y la comercialización de los productos agrícolas. Los dueños de la banca comercial están de plácemes porque el Poder Ejecutivo Federal firmó recientemente pagarés a la banca, documentos custodiados en el Banco de México, por un monto de 77 mmdp pagaderos a 10 años; lo que significa que al final de este sexenio la Federación habrá destinado 457 mmdp por el rescate carretero, bancario, cañero y portuario, dinero que entra a las arcas de los poderosos bancos internacionales que dominan la banca comercial. De ahí, el poco interés de los bancos por dar crédito a las empresas nacionales. La educación media superior y superior también sufre las consecuencias de los amarres tenidos anteriormente con centros educativos internacionales que miran en México la oportunidad de extenderse para realizar su misión doctrinaria e incrementar sus capitales; estas instituciones extranjeras confían en la discrecionalidad de las autoridades educativas mexicanas para entrar en el mercado de la educación. La política de la estabilidad macroeconómica que continúa con el gobierno foxista fue rechazada en el referéndum del 6 de julio del 2003, el alto abstencionismo inconsciente y consciente junto con el sufragio anulado refrendan la exigencia del 2000: no más administraciones que privaticen la riqueza nacional y colectivicen los quebrantos económicos privados. En este sentido, una tarea de la izquierda socialista y anticapitalista es construir la defensa de la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos.

3. Compromiso con los empresarios nacionales

Los presidentes de las corporaciones empresariales y de comerciantes en el país, manifiestan la urgencia de llevar a cabo las reformas estructurales que les permita incrementar sus ganancias y ayude a concretizar las alianzas económicas con las trasnacionales interesadas en invertir en nuestro país. La LVIII Legislatura que fenece no pudo aterrizar las modificaciones requeridas por los barones del dinero y la incapacidad de Vicente Fox y su gabinete para cabildear los acuerdos, han retrasado los beneficios que desea la clase empresarial una vez que se haya modernizado el marco jurídico laboral, fiscal y flexibilizado la norma constitucional que separa a la propiedad social de la privada. Las palabras del dirigente de la COPARMEX son una muestra de la exigencia de este sector socioeconómico: “los inversionistas están desilusionados de los actores políticos”. Asimismo, las alianzas se agotan y muestran las contradicciones internas del grupo de la continuidad pactada; Dionisio Garza Medina director general del Grupo Alfa, Lorenzo Servitje, presidente del Grupo Bimbo y Valentín Díez Morodo, vicepresidente del Grupo Modelo acusan a Fox de incompetente para impulsar el crecimiento económico nacional y de poder alcanzar los acuerdos políticos que permitan destrabar las reformas estructurales tan necesarias para el modelo neoliberal. Los empresarios que invirtieron en la precampaña y durante la campaña del candidato responsable de realizar la reforma del Estado, que diera impulso y consolidara la nueva estructura económica, expresan su desencanto al no tener los privilegios de antaño ni las ganancias propias de su inversión, reclaman a sus pupilos que colocaron en el gobierno del cambio, su falta de aplicación en el cumplimiento de los encargos y la lentitud que muestran en la operación de las reformas estructurales. Los administradores foxistas comprometidos con las corporaciones nacionales e internacionales, no logran levantar la economía nacional, lo que disminuye las ganancias para los inversionistas del sector productivo nacional, a los empresarios vinculados con el mercado de exportación y de los especuladores que acaparan los ahorros de los trabajadores. Los primeros sufren las consecuencias de haber roto las cadenas de producción generadas durante el periodo de la economía de sustitución, esencialmente son perjudicadas la pequeña y mediana empresa con el cambio del modelo de acumulación capitalista; esta parte de los empresarios nacionales padece la falta de créditos blandos y oportunos para desarrollarse y vincularse al mercado, la banca comercial no otorga el financiamiento que requieren, aduciendo su falta de capacidad de pago, lo inviable de sus proyectos productivos y las bajas ventas que reportan estas factorías; por lo que, el crédito se orienta hacia las industrias grandes que garantizan la recuperación del préstamo, las fábricas medianas y pequeñas son olvidadas por las instituciones crediticias tradicionales, únicamente el 50% de los solicitantes adquieren el crédito; el foxismo ofrece a este sector empresarial una alianza con las Uniones de Crédito para conseguir los recursos monetarios necesarios para su desarrollo y su capacitación para acceder a las nuevas herramientas tecnológicas. La presidenta de la Cámara Nacional de la Transformación (Canacintra), Yeidckol Polevnsky advirtió la urgente necesidad de cambiar la política fiscal para evitar el cierre masivo de la mediana y pequeña empresa (63 mil cerraron o dejaron de declarar en los últimos 12 meses); para ello, pide la incorporación de esta cámara en la mesa de la reforma fiscal para proponer una diferenciación en la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en beneficio de la pequeña y mediana empresa (PyMES), la diferenciación tiene como referencia el modelo establecido entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y que en el caso mexicano, implicaría el cobro del ISR del 25% para unas y del 15% para las otras. Simultáneamente menciona “entrar a una Convención Hacendaria distinta, no con la mentalidad de recaudación, sino con una mentalidad de bajar impuestos y reducir los tramos sobre el ISR, de hacer impuestos diferenciados a las PyMES, y simplificar más para que sea atractivo a los informales para que paguen impuesto… en la medida de que sean más bajas las tasas del ISR habrá más recaudación en el país”. Juan Manuel Arriaga, presidente de la Cámara Nacional del Comercio en la Ciudad de México (Canaco), también hace referencia a la reforma fiscal como parte fundamental de la reactivación del aparato productivo y de la economía nacional; para este dirigente corporativo es importante exentar a los empresarios del Impuesto sobre la Nómina en aquellos empleos nuevos, en el impuesto predial para inversiones inmobiliarias generadoras de fuentes de trabajo, promover incentivos para invertir y crear nuevos empleos formales, porque son los que pagan impuestos, aportan a la seguridad social y ahorran en su fondo para el retiro. José Luis Barraza, presidente de la Coparmex, Carlos Mora, director general de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ahondan en la propuesta de reforma fiscal al mencionar la necesaria desregulación de las cuotas de supervisión y vigilancia para las casas de bolsa y sociedades de inversión que estará a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, desregular las reglas de operación del programa de apoyos directos a la comercialización y desarrollo de los mercados regionales a cargo de Acerca y Sagarpa, desregular o simplificar los registros de fertilizantes y plaguicidas, desregular o simplificar la licencia de establecimientos de insumos para la salud, desregular la certificación de exportación de insumos, desregular el funcionamiento y la licencia sanitaria, disminuir los trámites para el autoabastecimiento de electricidad a cargo de la CFE, desregular los trámites para los permisos de autotransporte federal de carga, agilizar el registro único de personas acreditadas en la Secretaría de Economía. La proposición de la representante de la Canacintra como de los otros corporativos hace a un lado a la microempresa, rasgo discriminatorio del discurso empresarial. La alternativa, por cierto marginal, que tiene este tipo de empresas es el crédito del Banco Mundial (BM) de 58.4 mdd para las microempresas de las zonas urbanas pobres y capacitarlas para que incursionen en el mercado de la electrónica; el interés mostrado por el BM no corresponde al peso específico de esta parte de la cadena productiva, las microempresas generan 2 de cada 3 empleos dentro del sector privado. Por otro lado, los corporativos proponen gravar la utilidad de los empleados en el mercado informal sin tocar al monopolio que controla esa parte de la economía; nuevamente la política del capital de comerse al pez más pequeño y de trasladar los riesgos de inversión a los trabajadores en situación de contrato formal o informal, se muestra en las palabras de los representantes nacionales de los empresarios y de los comerciantes. Llama la atención la coincidencia que tiene la Canacintra con los miembros de la Conago, en el sentido de convocar a una Convención Hacendaria para acordar con el Poder Ejecutivo Federal el perfil, los alcances y la orientación de la reforma fiscal que exige el orden económico de la modernidad, para los gobernadores está en la mesa de la discusión hacendaria el reordenamiento del cobro de los impuestos fundamentales como el ISR a las personas físicas, morales, las empresas y el IVA. Dicho ajuste permitiría a las entidades federativas con menor desarrollo económico, como Veracruz, Zacatecas, Oaxaca, Michoacán, contar con una base impositiva estable y amplia para su crecimiento.

Los inversionistas vinculados con la exportación no cuentan con los esquemas laborales y fiscales que les permita una mejor competencia y ser una oferta tentadora para los mercados y capitales metropolitanos del dinero, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) en la voz de León Halkin, propone crear empleos por hora; de tal suerte que se ofrezcan empleo de 15, 20 o 30 horas por semana porque “la jornada de 40 horas ya no es rentable para la empresa”. Por último, los banqueros responsables de administrar los fondos de pensiones de los trabajadores, ven amenazadas sus ganancias por el creciente desempleo que obliga a los asalariados a disminuir sus aportaciones a las Administradoras de Fondos para el Retiro (afores); los datos aportados recientemente por Francisco González Almaraz, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), son alarmantes para este sector del mercado bursátil: la cuota de 30 millones de trabajadores que debieran ingresar a las arcas de los usureros, se reduce a 12 millones 300 mil trabajadores, cantidad real de asalariados que pagan impuestos, reciben servicio médico y realizan aportaciones para sus pensiones. Las Administradoras de Fondos para el Retiro declaran a través de su representante, que por cada 90 mil afiliados mensuales tienen un número igual de bajas. Cada año dejan de cotizar al IMSS un millón de trabajadores que abandonan el trabajo formal para engrosar las filas del trabajo informal; por tal motivo, los directivos de las afores exigen al gobierno foxista aplicar medidas para incrementar el empleo formal y acabar con la existencia de “mexicanos de primera, que son los que laboran en la formalidad y los de segunda que están en la informalidad… que no tienen derecho a servicios médicos y a una pensión” (Francisco González Almaraz); por otro lado, el directivo de las afores menciona que la aportación patronal del 6.5% no es suficiente para garantizar la solvencia económica de estas instituciones financieras y que debería acercarse al porcentaje dado por los patrones de los países industrializados, que es del 15% en promedio. Este incremento de cuotas tanto de trabajadores como de los empleadores permitirá un crecimiento del 20% más de su ritmo actual de las afores, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por las administradoras durante el sexenio zedillista. También reconoce el dirigente corporativo que las pensiones ofrecidas por este sistema son de las más bajas en comparación con las otorgadas en las naciones del primer mundo.

4. Desempleo

Como producto de la recesión y de la implantación de algunas de estas reformas, quienes más hemos pagado ésta, somos las y los trabajadores, toda vez que al no existir inversión productiva,, la salida a otros países de la maquila que era el sostén del anterior régimen y de éste, el cierre de pequeñas y medianas empresas, el empleo de fuerza de trabajo en actividades formales ha venido disminuyendo y por consiguiente el desempleo y el subempleo se han incrementado, de tal manera que sólo en que va del gobierno Foxista, existe un déficit de un millón 400mil empleos anuales, es decir un total aproximado de 4 millones de empleos no generados. Lo que explica el incremento del subempleo y del comercio informal.

Una consecuencia de la política económica neoliberal ha sido un marcado índice de desempleo, solamente en el país durante la administración foxista tenemos un despido diario de 2 500 personas; lo que da un total de 1 373 000 desocupados hasta el mes de junio de este año. Estas cifras contradicen la promesa de campaña electoral por la presidencia de la República, de crear el número suficiente de plazas formales para resolver el problema de la población económicamente activa sin empleo. Los pocos trabajos que se ofrecen en este trienio del gobierno de Vicente Fox son de mala calidad, precarios, sin prestaciones e inestables. La encuesta de empleo realizada recientemente muestra que de un universo de 41.5 millones de individuos económicamente activos, 15.1 millones cuentan con una labor que les garantiza aguinaldo y seguro social, mientras que 26 millones carecen de protección social. La explicación neoliberal sobre este ejército de reserva laboral que camina de la formalidad a la informalidad del empleo y de ahí a la desocupación, es su falta de capacitación para trabajar con las herramientas tecnológicas nuevas. Ese sofisma de la modernidad es desenmascarado por el alto número de profesionista, técnicos y obreros calificados no ocupados que deambulan en el mercado informal; por otro lado, el Director General de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (AMEDIRH), afirma que el 10% de las empresas aproximadamente invierte en la capacitación y actualización de sus trabajadores. En los hechos, los empresarios desde la implantación del neoliberalismo con Miguel de la Madrid, han delegado a sus empleados la responsabilidad de capacitarse para disminuir de esa manera los costos de producción.

Otra causa del desempleo es la creciente dependencia del sector manufacturero con respecto a la economía de los EEUU, la productividad de este sector depende en gran medida del crecimiento de la economía del país vecino, cosa que cada día es más difícil; la caída del turismo también ha afectado a la población económicamente productiva, el contrabando estimado en un billón de pesos por los industriales ha cerrado cerca de 100 000 plazas formales; las industrias más afectadas son la textil que reporta un 58% de irregularidades (contrabando, piratería, robo) en la mercancía de la cadena fibras-textil-vestido, declaración del Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil, Rosendo Valles; otro rama productiva afectada severamente por el contrabando, piratería y el robo es la del calzado, Eduardo Mizrahi Shapiro, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado, habla del calzado asiático que entra ilegalmente al territorio nacional con un costo de un dólar por par, los industriales afirman que el 22% de la mercancía es legal, un 20% es nacional y un 58% corresponde a la competencia ilícita. Ante esta situación, el Director de la Administración General de Aduanas (AGA), José Guzmán Montalvo afirmó que 2 000 empresas están bajo vigilancia para detectar las anomalías que generan una competencia desleal; los recortes realizados en las diferentes instancias del gobierno a través del despido hormiga como en la Secretaría de Educación Pública y el sector salud o con el retiro voluntario aplicado en varias dependencias gubernamentales, ha cooperado para la debacle del desempleo; en lo que va del mandato de Vicente Fox se han perdido 570 mil plazas en el sector formal, cantidad que engrosa el déficit histórico en esta materia. El desempleo abierto aumentó en 22 estados de los 32 del país, las variaciones del incremento van desde un 268% en Baja California, 168% en Guerrero, 96% en Zacatecas, 94% en Aguascalientes, 92% en Chihuahua, 59% en Nuevo León, 49% en Jalisco, 35% en Guanajuato y el 6.2% en el DF; los niveles académicos y sectores más afectados fueron los de media superior y superior, los casos más drásticos los encontramos en Baja California con el 235%, Guerrero con el 22%, Aguascalientes con el 87% y Nuevo León con el 63%, estos porcentajes de desempleo estatales incluyen a todos los expulsados del trabajo formal e informal; algunas cifras relevantes: la desocupación profesional se centra en un 50% en las carreras de Contaduría y Administración, el tercer lugar lo tiene el Médico cirujano y el mayor desempleo lo padece la población joven de 20 a 29 años donde la mujer está en las peores condiciones. El cuadro anterior muestra que las razones del desempleo están en las distorsiones estructurales provocadas por la política económica neoliberal y no en los trabajadores como tratan de convencernos los dueños del capital.

La falta de empleo obliga la emigración hacia los centros que ofrecen oportunidades sin importar si éstos están dentro o fuera de las fronteras, el emigrante puede tener o no estudios, solamente busca donde tener ocupación para adquirir lo que se le niega en su lugar originario. Los estudiosos de este problema social afirman que la búsqueda de oportunidades lleva a la población económicamente activa a transitar por varias situaciones hasta hallar los satisfactores requeridos. La emigración incluye todo tipo de población, con estudios o sin ellos, urbano o rural. Estos mexicanas y mexicanos expulsados de la República Mexicana, con el paso del tiempo, han cobrado una importancia vital para la economía nacional, la transferencia que hacen hacia el país los ha colocado en el segundo ingreso más importante después del petróleo, la remesa de estas y estos trabajadores connacionales radicados en EEUU, aportaron el año pasado la cantidad de 9 184 mdd, que permitieron a las instituciones intermediarias tener una ganancia aproximada de 1 000 mdd, por concepto de comisión que oscila entre el 15% y el 20%.

El nuevo modelo económico de acumulación capitalista tiende a concentrar la riqueza en unos cuantos, colectiviza las pérdidas y los costos de la nueva organización del trabajo; para ello, desmantela las organizaciones de trabajadores y de empresarios, sociales y políticas que obstaculiza su desarrollo; les hace creer a los desposeídos que no hay alternativa posible de salvación, los coloca en una situación de supervivencia que anula la imaginación de un mundo diferente; confronta hombre vs. mujer, joven vs anciano, a empresarios vs empresarios donde el débil debe someterse al fuerte, lo que hace difícil la solidaridad entre los explotados. Nuestra tarea es organizar la resistencia, promover la solidaridad.

Otro elemento que explica el rechazo de la población a este modelo, es la aplicación de los topes salariales, que en el gobierno de Vicente Fox están en función del incremento de la inflación aún cuando siempre están por debajo de ella en promedio, así se explica en el caso del magisterio el que exista una pérdida del 80% de valor de adquisición de nuestros salarios en tan sólo una década y como en los tres años de este gobierno, el salario promedio contractual del resto de los trabajadores no está ni un punto porcentual por arriba de la inflación real.

La política laboral de este régimen, pretende la modificación de la ley laboral, para hacer más atractiva la inversión productiva de las empresas transnacionales en nuestro país, toda vez que el eje de la política de empleo de este régimen se basa en la maquila y la oferta de mano de obra barata y la precarización del empleo, de tal manera que los tres principales partidos (PAN PRI y PRD) pretenden llevar adelante la reforma a la Ley Federal del Trabajo, para ello han hecho llegar sus iniciativas a la cámara de diputados, de tal suerte que existen la llamada Ley Abascal, la de la UNT y la del PRD, que pretenden implantar la productividad como eje del pago del salario, la flexibilidad e inseguridad laboral como lo observamos primero con los telefonistas y ahora con los trabajadores de la VW, la polivalencia del trabajador y la movilidad.

Otra característica de la precarización del trabajo es el constante aumento del empleo de la fuerza de trabajo femenina e infantil (de los inmigrantes indocumentados a EE UU el 46% les corresponde), que supone a los empresarios la posibilidad de sobre explotarlos a partir del pago de sueldos inferiores a los marcados por la ley, sin prestaciones económicas y sin responsabilidades legales como es el caso de las trabajadoras de las maquilas del norte del país y de los menores en los centros comerciales, el comercio informal y el subempleo en las principales calles de las ciudades del país, así como del creciente comercio sexual que con ellos se realiza

5. Deuda externa

En México, desde hace 22 años los gobiernos neoliberales han venido privilegiando al capital financiero y lo liberó de la subordinación del capital industrial, imponiendo la hegemonía de la ganancia financiera y especulativa como eje rector del funcionamiento de la economía mundial capitalista. En detrimento del crecimiento de la producción, y el empleo, ello y la no regulación de los capitales especulativos volátiles (golondrinos) por parte de las naciones dependientes mantiene una inestabilidad e inseguridad sistemática del sistema capitalista. Así lo demuestra por ejemplo la caída continua de la inversión fija bruta de 2000 a 2002., hoy es claramente visible como éste capital se ha beneficiado de este tipo de políticas, al grado que en medio de la recesión, los bancos, las compañía aseguradoras y de valores y los capitales especulativos son los únicos que vienen obteniendo enormes ganancias como producto del pago de los intereses de la deuda externa e interna y junto con ellos el capital industrial ligado como por ejemplo el de telecomunicaciones, petroquímica, electricidad, por lo que se justifica la insistencia con lo cual se pretende reformar esos sectores para invertir libremente en ellos.

El ingreso de la Federación este año fue de 805 624 mdp cantidad superior en 50 045 mdp con relación al anterior; el petróleo aportó 22 107 mdp, el aporte no tributario fue de 12 776 mdp, en el renglón tributario se reunió 770 741 mdp, donde los trabajadores contribuyeron con 385 370 mdp cantidad cercana al 50% del total de lo que recibe el Gobierno federal, Un análisis más cercano sobre los ingresos de la Federación destaca el peso fundamental que tiene la aportación de los trabajadores; las proporciones del Impuesto Sobre la Renta en el primer semestre del 2003 de acuerdo con la información del Servicio de Administración Tributaria; es la siguiente: el 51.5% (91 021.1 mdp) tiene su origen en la retención por salarios, las personas morales dieron el 39.9% (70 416.1 mdp), las físicas contribuyeron con el 5.6% (9 859.1 mdp) y los residentes en el extranjero con un 3% (5 373.9 mdp), lo que contradice las declaraciones del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el sentido, de que las empresas son las que más aportan al fisco. El ISR es el ingreso tributario mas importante del Gobierno ya que representa el 45.8% del total de lo recaudado; los otros ingresos por importancia son el Impuesto de Valor Agregado (IVA) con el 32.1%, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) con el 14.3%, el Impuesto a la Importación con el 3.1% y otros con el 4.7%; los dos primeros tipos de impuesto están en la mesa de discusión con los gobernadores, los poderes ejecutivos estatales quieren cobrar directamente el ISR y el IVA para contar con una base de impuestos estable y segura para sostener el desarrollo económico y social de su entidad federativa, parece razonable la petición de los gobiernos estatales pero no resuelve los desequilibrios que hay entre las regiones. La política tributaria foxista persiste en el trato diferenciado de los sectores porque mientras pone trabas a los gobernadores deja exenta recientemente a la industria de la televisión del IEPS, para incentivar su crecimiento en lo que toca a la televisión vía cable o por señal satelital y evitar distorsiones en esta rama de la economía; al mismo tiempo, grava las prestaciones de los trabajadores como el aguinaldo, los bonos de productividad, las primas vacacionales con el argumento de que evaden el fisco y por ser elementos que “injustamente” estaban exentos de pago de impuestos. Los empresarios y los banqueros proponen simplificar el pago y el número de los impuestos para “incentivar” a los empleados del mercado informal a contribuir con el fisco y de esa manera ampliar el espectro de la recaudación que compensaría los privilegios impositivos que gozan los dueños del dinero.

La asimetría de los impuestos también la encontramos en la distribución de la riqueza, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México (BM) en su informe anual menciona que 291 677 personas (0.3% del total de la población) posee 2 billones 821 mmdp depositados en casas de bolsa y en la banca comercial como ahorros e inversiones. La cantidad de pesos que resguardan y con los que especulan esas instituciones bancarias y bursátiles equivale al 42.9% del Producto Interno Bruto (PIB), 28269 veces superior al monto destinado por Vicente Fox para combatir el desempleo; 15 casas de bolsa especulan con un billón 395 500 mdp que es parte del ahorro e inversión de ese reducido sector de mexicanas y mexicanos. La otra parte del PIB se reparte entre los empresarios, que se apropian de 3 billones 365 104 mdp mientras que los trabajadores reciben 1 billón 892 584 mdp, la comparación de las tres partes del reparto del PIB es más que evidente en su desigualdad; la estabilidad macroeconómica, la consolidación del orden neoliberal y su necesidad de un aparato de control político y social que legitime los desequilibrios y su irracionalidad nos lleva a pensar que las elecciones cada día cobran un carácter de Estado. Los nuevos diputados como los anteriores esgrimen los razonamientos de los que usufructúan la riqueza de todos: no hay dinero, estamos descapitalizados como gobierno y debemos buscar soluciones para “conservar” a las instituciones de seguridad social y capitalizar a las industrias propiedad de la Nación que quedan; sin embargo, el criterio de distribución del gobierno foxista muestra hacia donde orienta la mayor cantidad del dinero generado por el trabajo formal e informal que tienen las mexicanas y los mexicanos: 57.7 centavos de cada peso son destinados a la ganancia de los capitalistas, 32.5 centavos de cada peso se destinan para el pago de salarios y 9.8 centavos de cada peso para el gasto público. De ahí, la importancia de reflexionar sobre los brotes de resistencia organizada pero aislada de algunos sectores de la sociedad; como el campo no aguanta más, las opciones de mercado de la teología de la liberación, las juntas del buen gobierno de los zapatistas; todas ellas con sus matices, su grado de desarrollo organizativo específico, sus propósitos particulares y sus diferencias tratan de construir una economía justa, una economía alternativa a la dominada por el interés privado; podemos estar de acuerdo o no con esas formas de resistencia pero no podemos negarles su intención de construir una alternativa económica y social que venga de abajo, son las iniciativas que abonan la utopía de un mundo diferente.

No contentos los dueños del capital con la distribución desigual de la riqueza buscan más formas para incrementar su capital y garantizar la permanencia de su status de privilegio. La promesa neoliberal de conducir a México al primer mundo y de mejorar el nivel de vida de todas y de todos, a más de dos décadas solo ha traído pobreza y más pobreza. El endeudamiento derivado de las políticas de la modernización que benefician a una minoría, se ha convertido en transgeneracional y las cuatro gestiones de la modernidad han administrado el pago de la deuda de tal forma que ésta en lugar de disminuir se ha incrementado a tal magnitud que resulta impagable. La venta de garaje de las más de mil paraestatales, las concesiones en diversas actividades económicas y el desmantelamiento hormiga del sistema de la seguridad laboral, educativa, cultural, de salud y social, como soluciones a la crisis financiera en los hechos enriquece a unos cuantos y pauperiza a millones. El cumplimiento irrestricto por parte de los gobiernos con los compromisos adquiridos con la banca agiotista internacional y nacional, explica la entrega del gobierno del cambio de 64 656.7 mdp por concepto de intereses generados por el FOBAPROA-IPAB a la banca comercial durante el periodo que va del mes de mayo del 2002 al mismo mes del 2003. El pago disciplinado de los intereses de la deuda por parte de los gobiernos neoliberales representa el 70.1% de las ganancias de los bancos comerciales, de ahí el poco aprecio de éstos de invertir en otras ramas de la economía nacional; dicho cumplimiento del gobierno significa una ganancia neta de 92 156 mdp para las instituciones bancarias establecidas en territorio nacional y la descapitalización de los institutos sociales responsables de la salud, educación, vivienda, pensiones y jubilaciones, cultura y recreación de los habitantes de este país. El rescate bancario de 1995 durante el sexenio zedillista hasta la fecha actual le ha dado a los banqueros una utilidad de 183 355.2 mdp, de los cuales, el 35.3% corresponden a la gestión foxista; en este periodo, los principales beneficiarios han sido Acciones y Valores de México, Value, Santander-Serfin y BBVA-Bancomer, en conjunto el apoyo recibido representa el 66.2% de sus ganancias totales.

El informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en el segundo trimestre del 2003 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) menciona que la deuda pública externa es de 77 550 mdd, lo que equivale al 12.3% del PIB, monto superior en 1 070.7 mdd a la del 2002. El pago del servicio de esta deuda para el segundo semestre de este año es de 9 484.2 mdd, distribuido de la siguiente manera: 8 139.1 para la amortización del capital y 1 345.1 mdd para cubrir el costo financiero del débito. La suma de la deuda externa, interna y pública sin considerar intereses, rescates y garantías gubernamentales en caso de quebrantos es de 2 billones 360 mmdp, cantidad que absorbe el 36.3% del PIB nacional. La dimensión de las cantidades es más que clara en su desigualdad y en la expropiación que ha hecho la banca comercial nacional y extranjera del futuro de los mexicanos; el periodo neoliberal ha empobrecido a la Nación y los legisladores continúan en su terquedad de que la masa trabajadora y sus familias sigan cargando el pesado fardo de la deuda. Por tal motivo, se requiere relanzar la campaña del no a la deuda y de gravar las ganancias del capital. El 59% de electores que no ejercieron su derecho a sufragar a favor de alguna de las opciones ofrecidas por el sistema electoral expresa el repudio hacia este sistema económico y hacia una sociedad que cada día se militariza más. Hoy tenemos la discusión de las auditorias a los bancos para rescatar para el erario público una cantidad que oscila entre 50 mmdp a 100 mmdp que significan un respiro para las finanzas públicas pero que políticamente muestran que si tenemos recursos financieros para el desarrollo social. Algunos partidos miran la polémica como parte de una táctica mediática con miras a las elecciones presidenciales del 2006 otros, como el PRI amplían el horizonte de las auditorias a las instituciones bancarias, la defensa de la industria eléctrica y petrolera, la reforma fiscal y la laboral con un sentido de Estado en el marco de su posible regreso a la silla presidencial. Esto debe preocuparnos porque sin la presencia de un referente de izquierda socialista y anticapitalista, el retorno del priísmo no garantiza el giro hacia los olvidados del mundo neoliberal y sí, una continuidad y legitimación de la nueva forma de explotación y de la nueva forma de acumulación capitalista.

La inoperancia de los actores políticos tradicionales junto con la ineptitud del presidente y de su gabinete para lograr los amarres necesarios para avanzar y consolidar el nuevo orden de las cosas, llevó al poder económico financiero y al exportador a utilizar a la iglesia católica y al gobierno estadounidense para desarrollar la propaganda que apuntale al andamiaje electoral favorable a culminación de la reforma estructural: ley federal del trabajo flexibilizada, privatización y desnacionalización de la industria energética, bursatilización de la seguridad social, donde la reforma del ISSSTE es el pretexto para desaparecer el apartado A y B del Artículo Constitucional 123, la reforma fiscal para ampliar el universo de contribuyentes (trabajadores del mercado informal, gravar incentivos laborales y desgravar actividades empresariales y bursátiles). Para el logro de esos objetivos, es menester contar con un sistema de partidos competitivo, rentable, no oneroso y que legitime las transformaciones propuestas por los dueños del capital financiero y el exportador, además, los beneficiados de dicho sistema de partidos adquieren la tarea de administrar la crisis derivada de los cambios mencionados. La arquitectura electoral iniciada con el salinismo no ha derrotado a la resistencia antineoliberal que dispersa pero persistente y diversificada (civil, electoral, armada, sindical, popular, campesina, indígena) ha dificultado en el periodo de la modernización del Estado Mexicano la aplicación plena de las políticas antipopulares de las administraciones neolibelares. La participación, cada vez más abierta del clero católico encuentra también rechazos en la mayor parte del electorado, la educación laica todavía está en la conciencia de las masas. La convocatoria clerical quiso aminorar el abstencionismo de más del 50% que se avizoraba en estas elecciones federales intermedias; al mismo tiempo, trató de evitar la devaluación del bono democrático que tanto ostenta Vicente Fox, ya que la caída de este beneficio adquirido en las elecciones federales pasadas, complica la segunda parte del sexenio foxista y dificulta la labor legislativa que se requiere para los cambios exigidos por el capital; la naturaleza minoritaria del Congreso de la Unión y la nula aceptación de las medidas económicas y sociales propuestas por el foxismo quedo mas que suficientemente comprobada con los 39 110 963 de votantes que no ejercieron su derecho ciudadano. Donde destacan 8 millones de electores que fueron conscientes de su acto, (12.1% fue abstención activa) y de los 25 599 633 que sufragaron cerca de 3 millones fueron anuladas; lo que significa que los partidos con registro obtuvieron una votación real de 22 599 633 votos: lo que los convierte en una minoría que ostenta una representación formal de las mayorías.

La desigualdad social y económica está presente en la estructura político electoral porque con las “oportunidades” legales para organizarse y participar tenemos una serie de trampas que le permiten al sistema quitar con una mano lo que ofrece con la otra. La tarea de construir la izquierda necesaria y posible implica una labor de construcción que tenga claro su objetivo y su quehacer en lo político y en lo electoral; organizarse para presionar y reformar el esquema electoral, organizarse en una coordinación que favorezca el crecimiento cualitativo de las resistencias aisladas, organizarse para tejer la solidaridad y la lucha no tiene como fecha fatal el 2006 pero tampoco podemos desdeñar los procesos que surjan en este trienio en la perspectiva de trabajar por una izquierda necesaria y posible.

La transición tan cacareada por los modernizadores mexicanos, está en riesgo por la falta de oficio político del gobierno del cambio, por la falta de representatividad y de propuestas por parte de los partidos con registro, por el descontento de las corporaciones empresariales, por el desencanto de la gente ante la posibilidad de vivir mejor con el nuevo gobierno y por los conflictos sociales aún no resueltos. Los actores de la transición buscan este 6 de julio una segunda oportunidad para su propuesta política, su deseo es tan grande que trataron de acordar una agenda antes de ser votados en las urnas, antes de ser nombrados coordinadores de su bancada; por cierto, temario que no considera las esperanzas y demandas de la mayoría. Lo trágico de este panorama es la ausencia organizativa y política de los de abajo para coordinar, debatir y construir una alternativa económica, política y social al poder imperialista.

6. Política social

La política Social de este régimen plantea concluir el proceso de privatización de la Seguridad Social (Alimentación, Salud, Educación, Vivienda, Pensiones); modificando el carácter de ser una prestación que por derecho el estado debe brindar al conjunto de la población, en forma pública, y obligatoria para convertirla en una mercancía que sólo quien pueda pagarla haga uso de ella y en el caso de los marginados cambiarlo por un esquema de asistencialismo y beneficencia cristiano.

La seguridad social (el sistema de pensiones)

El intento de privatización de la Seguridad Social en México y su conversión a una Seguridad Individual administrada por el capital financiero, se inicia a partir de 1992, año en que el discurso gubernamental plantea el problema del desfinanciamiento del IMSS y el ISSSTE como consecuencia del pago de las pensiones de las y los trabajadores, el desequilibrio entre los trabajadores en activo y los pensionados, al incrementarse el número de estos últimos en relación a los primeros y el “gran costo” que implica el contrato colectivo de las y los trabajadores del IMSS para las finanzas de la Seguridad Social; junto con esta argumentación se inició una disminución cada vez más evidente del presupuesto asignado a los diferentes sistemas de Seguridad Social por lo que se implanta el Sistema de Ahorro para El Retiro (SAR); como un complemento al sistema colectivo y solidario de pensiones, a efecto de, posteriormente, sustituir este por uno individualizado basado sólo en el ahorro forzoso de los trabajadores. En el caso de los trabajadores al servicio del estado, el gobierno como patrón se compromete a entregar el 7% del equivalente del sueldo del trabajador a este concepto, dividido en un 2% para el SAR y el 5% para el Fondo de la Vivienda, monto que sería entregado para su custodia y administración a la banca, la cual se comprometía a garantizar cuando menos un rendimiento de 2% y la seguridad del patrimonio de las y los trabajadores.

Para 1995, después de un intenso debate y de movilizaciones obreras, así como de la claudicación de la dirigencia del sindicato de trabajadores del IMSS, se da la modificación a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, estas modificaciones significan para las y los trabajadores el incremento de años trabajados para tener derecho a la jubilación, pasando de 30 a 35 años , la sustitución del sistema de pensiones colectivo y solidario, por el sistema individualizado y bajo la administración del capital financiero a través de las llamadas AFORES (Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro) facultadas para cobrar comisiones por el manejo de las cuentas y con ello la pérdida de la obligatoriedad del estado de garantizar una pensión mínima a todos y cada uno de las y los trabajadores y a sus familias al final de su vida laboral, y con ello la pérdida de una conquista laboral histórica. La modificación a la Ley también permitió se iniciará el proceso de Subrogación y reversión de cuotas, que en la práctica significan la descapitalización del IMSS., así como la creación de las ISES (Institución de Seguros, Especializadas en Gestión de Fondos de Salud); popularmente conocido como el Seguro Popular Médico, y el debilitamiento del Sindicato del IMSS y con ello el proceso de liquidación del contrato colectivo de las y los trabajadores del Instituto como expresión de la aplicación de la flexibilidad laboral y el productivismo.

1997 fue el año en que se continuó desde el gobierno con la pulverización de la Seguridad Social, en esta ocasión el objetivo fueron los trabajadores al servicio del estado, toda vez que se instrumentó la Federalización del ISSSTE, es decir ,se trasladó a los Gobiernos de los Estados la responsabilidad de ofrecer los servicios de seguridad social , pero sin que ello implicara un aumento en los presupuestos estatales de salud, antes bien en la práctica esto significó fragmentación e insuficiencia del presupuesto a más de que algunos Gobiernos Estatales no entregaran completo dicho presupuesto y este se desviara a otros fines, pero también significó la duplicidad de funciones al crearse tres sistemas de seguridad social en las mismas entidades federativas, uno federal, uno estatal y otro municipal, en donde cada instancia hacia responsable a las otras por el funcionamiento de la seguridad social, hoy observamos como ese modelo empieza a hacer agua ya que presenta insuficiencias presupuéstales y con ello viabilidad para su funcionamiento, casos patéticos son los que presentan el ISSSTE-Yucatán, el ISSSTE-León, o el ISSSTE-Oaxaca, sólo por citar algunos­.

En el año 2000 el Banco Mundial señala en su documento “ México: un programa de desarrollo integral para la nueva era” que uno de los elementos del desequilibrio fiscal que enfrentará el nuevo gobierno Foxista, será la carga financiera que representa la Seguridad Social, por lo que “recomienda”, más bien exige el cumplimiento del proceso de privatización de la misma que ya se había iniciado. En fiel cumplimiento de este mandato, Vicente Fox, envía a la Cámara de Diputados en el mes de Abril del 2001, la Iniciativa de Reformas a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en ella se plantea que los trabajadores al servicio del estado puedan pasar al régimen de las Afores dejando de ser el S.A.R., un complemento de las pensiones y sea este su único sostén económico al final de su vida laboral. Que las Afores puedan invertir en valores de riesgo en las bolsas de valores tanto nacional como extranjeras los ahorros de los trabajadores y en caso de pérdidas se contabilicen éstas a cargo de las cuentas de los trabajadores. Incremento en el número de años trabajados para poderse jubilar. Contratación de un seguro de sobre vivencia a cargo del trabajador, si sobrepasa la expectativa de vida y con ello garantizar una renta vitalicia mínima su muerte . Ante ello, las y los trabajadores al servicio del estado convocamos en septiembre y noviembre pasado a una serie de foros sobre el sistema de pensiones y las Afores, en la Cámara de Diputados, la postura unánime de los trabajadores fue que el estado debe aplicar y hacer cumplir el articulo 177 de la Ley del ISSSTE, que señala que si hubiera déficit en el sistema de pensiones, el gobierno a través de sus diferentes dependencias deberá cubrir el faltante; finalmente el 24 de Abril de este año, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reformas a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (S.A.R), mediante las cuales se autoriza que se puedan abrir cuentas individuales de aportaciones voluntarias en las Afores y se haga extensivo este régimen a las y los trabajadores de dependencias y entidades públicas de carácter estatal y municipal que no se encuentren inscritos en el IMSS o ISSSTE o que tengan contratados seguros de sobre vivencia, rentas vitalicias o retiros programados, en una palabra se pretende que todas y todos los trabajadores aportemos al S.A.R. Otro elemento de esta reforma es que las Afores podrán ya de forma legal invertir los ahorros de los trabajadores en valores de riesgo tanto nacionales como extranjeros, esta medida resulta un despojo para las y los trabajadores, toda vez que en caso de pérdidas o caídas de las bolsas de valores o de las acciones de las empresas en que estarán invertidos los ahorros, las y los trabajadores seremos corresponsales de estas pérdidas, y con ello veremos reducida la posibilidad de contar con ahorro suficiente al final de nuestras vidas laborales. En efecto esta infamia que se ha consumado permite que en el lapso de tres años el 20% de nuestros ahorros sean invertidos en valores de riesgo extranjeros, (10% el primer año y 5% el segundo y el tercero) esto significa que 50 mil millones de pesos actualmente que son producto de nuestras cuentas del S.A.R. Corran el riesgo de evaporarse en el proceso de bursatilización sin garantía alguna de recuperación y por tanto dejando en la indefensión a millones de trabajadoras y trabajadores como ya sucedió en el caso de Enron, Worldcom y otras empresas en Estados Unidos en donde la corrupción financiera ha dejado sin estos ahorros para el retiro a los trabajadores que invirtieron en ellas, en el caso de las pensiones se plantea que el ahorro de los trabajadores de este país, sirvan para financiar a las empresas transnacionales, y locales, a partir de seguir manteniendo salarios y condiciones de trabajo miserables, como ya sucede con los trabajadores del apartado A, la expropiación de 20 mil millones de pesos no reclamados del S.A.R., por parte de sus legítimos propietarios que son las y los trabajadores y entregados por Hacienda a la Bolsa de Valores para que seis empresas se beneficien de ellas ( Bimbo, Televisa, América Móvil, Telmex, Cemex e IMSA) y se financien; el hecho de que 35 mil millones de pesos del S.A.R. se estén bursatilizando a favor de las 30 empresas transnacionales más grandes de estados unidos (IBM, Coca Cola, AT&T, General Motors, Exxon, Boeing, Procter & Gamble etc.); y de que la Secretaría de Hacienda haya metido ya una iniciativa de ley para que el S.A.R. de los trabajadores al servicio del estado hagan lo mismo desapareciendo el carácter colectivo y solidario de las pensiones

Por otro lado con estas modificaciones, las Afores son autorizadas a seguir cobrando altas comisiones por la administración de los ahorros de las y los trabajadores que representan entre el 23 y 30% de las aportaciones que realizamos y no el 1.5% que dicen cobrar, comisiones aún incluso cuando un trabajador se encuentre desempleado, sólo en los últimos 3 meses han obtenido ganancias por mil 465.5 millones de pesos en tanto a las y los trabajadores no se nos garantiza una pensión digna y la seguridad de contar con las mismas al final de la vida productiva de todos y cada uno de nosotros. Este mismo esquema en otros lugares del mundo está siendo cuestionado actualmente por las y los trabajadores, así en Francia como en Brasil, las grandes manifestaciones populares intentan parar este proceso. Como se puede apreciar el argumento del desfinanciamiento de los Sistemas de Seguridad Social es falso, el objetivo es privatizar el sistema de pensiones y jubilaciones, de entregar éstos a los empresarios y garantizarles ganancias fáciles y exorbitantes, lo más grave y significativo es que este modelo bajo ninguna circunstancia podrá garantizarle a los trabajadores la obtención de una pensión digna. De momento se logró, gracias a los foros realizados en la Cámara de Diputados así como en los mítines en el ISSSTE, evitar que este modelo se nos imponga a las y los trabajadores que cotizamos al ISSSTE y que por tanto aún mantengamos nuestro régimen de pensiones y jubilaciones colectivo y solidario.

El fondo de la vivienda

El derecho a la vivienda se encuentra contenido en el Apartado B, Fracción XI, inciso f, del articulo 123 Constitucional, en la Ley Federal del trabajo, en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado y en la Ley del ISSSTE, en ellas se señala que es obligación del patrón de dotar de vivienda higiénica y digna a sus trabajadores, con base en esto el Fondo de la Vivienda del ISSSTE viene otorgando créditos hipotecarios a las y los trabajadores al servicio del estado . Sin embargo el gobierno Foxista cumpliendo con las imposiciones del Banco Mundial, (contenidas en el documento arriba citado), presentó el Programa Sectorial de Vivienda 2001-2006, y dentro de éste el Programa Extraordinario de Créditos para vivienda a los trabajadores del Estado, así el 12 de diciembre del año pasado, la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) presentó en su sesión ordinaria de ese día, las premisas básicas para la instrumentación del programa entre los que destaca que:

• El programa se financiará con 21 mil 400 millones de pesos, provenientes del FOVISSSTE.

• El programa se apoyará para la tramitación de los créditos en instituciones financieras del sector hipotecario.

• La programación de los créditos hipotecarios se hará en forma conjunta entre el FOVISSSTE y la FSTSE.

• Los créditos serán asignados mediante sorteos públicos que garanticen transparencia.

• Los derechohabientes podrán realizar su trámite de manera personal, al margen de las organizaciones sindicales

• Se destinará el 75% de los recursos a vivienda nueva, 15% a vivienda terminada disponible en el mercado abierto y 10% a redención de pasivos.

• Para la evaluación, seguimiento y supervisión del programa se integrará un órgano bipartito con la representación de la FSTSE y el Gobierno Federal (SHCP, STyPS, SEDESOL, SECODAM y FOVISSSTE).

• En todos los casos los montos máximos de crédito corresponderán a la capacidad de pago de los acreditados.

Posteriormente el 3 de Abril de este año la Junta Directiva del ISSSTE expidió los acuerdos:

• 3.1272.2002 mediante el cual se aprueban las Reglas para la operación de Créditos de Vivienda a los trabajadores derechohabientes del ISSSTE.

• 10.1272.2002 mediante el cual se aprueban los factores para la evaluación de solicitudes de crédito de vivienda aplicables para el Programa Extraordinario­ de Créditos para Vivienda a los trabajadores del Estado­ .

• 11.1272.2002 mediante el cual se aprueba la calificación mínima que deberán reunir las solicitudes de crédito para vivienda aplicables al Programa Extraordinario de Créditos para vivienda a los trabajadores del Estado.

• 12.1272.2002 mediante el cual se aprueban los montos máximos de crédito para vivienda, que se otorgarán en el Programa Extraordinario de Créditos para Vivienda a los trabajadores del Estado.

• 13.1272.2002 mediante el cual se aprueba la tasa de interés que devengarán los créditos para vivienda que se otorguen en el Programa Extraordinario de Créditos para Vivienda a los trabajadores del Estado.

Estos acuerdos fueron publicados con fecha 24 de abril 2002, en el Diario Oficial de la Federación, de ellos se desprende que el Programa Extraordinario de Vivienda Foxista, tiene como objetivos: sacar de la recesión a la economía nacional, beneficiar a los empresarios y en especial al capital financiero y garantizar el pago de la deuda externa; privatizar el fondo hipotecario, entregando los ahorros de los trabajadores (5% de su sueldo) a los empresarios, desarticular la organización de los trabajadores, en especial, las independientes y democráticas y legitimarse como un gobierno democrático.

En efecto la aplicación indiscriminada de las políticas impuestas por los organismos financieros internacionales y las contradicciones inherentes del sistema capitalista nos han sumido en un proceso de crisis y recesión económica; el modelo neoliberal ha demostrado su fracaso al llevar a la ruina a los países que las implanten como es el caso actual de Argentina, Uruguay, Brasil y probablemente México; en el caso del Programa Extraordinario de Vivienda, éste responde a la exigencia del Banco Mundial, de que el INFONAVIT y el FOVISSSTE sean reestructurados y sus recursos económicos utilizados por el gobierno empresarial Foxista para garantizar el pago de los servicios de la deuda externa, así lo demuestra la venta de Aseguradora Hidalgo, que fue rematada por la mitad de su valor, cuando está considerada como una de las empresas más sólidas con las que contaba el gobierno federal; ello beneficia a los empresarios y en particular al capital financiero como los bancos que sin otorgar crédito han obtenido una ganancia de 1300 millones de dólares sólo el año pasado.

Este proyecto de vivienda pretende reactivar la economía nacional y sacarla de la recesión echando a andar la industria de la construcción que genera empleos temporales, que son un paliativo pero que no permiten recuperar los 500 mil empleos perdidos en lo que va del gobierno Foxista y mucho menos resolver la demanda de empleos que requiere la población (aproximadamente un millón 300 mil) Considerada la industria de la construcción tradicionalmente, como uno de los principales indicadores del crecimiento económico de un país, y toda vez que en México ésta ha caído en términos de –4.5%, ha servido para justificar por parte del gobierno el proceso de privatización de los fondos de ahorro para la vivienda de los trabajadores, y a partir del mandato de los organismos financieros internacionales iniciar el proceso de desaparición del Infonavit y el Fovissste y con ellos el precepto constitucional y la obligatoriedad que tienen los patrones y el gobierno de dotar de vivienda cómoda, higiénica y digna a las y los trabajadores; perdido este derecho los bancos serán en el futuro los agentes únicos que ofrezcan créditos hipotecarios, al conjunto de la población que pueda acceder a ellos, paradójicamente este programa está reduciendo la plantilla de personal en el FOVISSSTE, como parte del proceso de reestructuración de este organismo a través de los retiros voluntarios y la flexibilidad laboral, además de desprestigiar a las y los trabajadores del FOVISSSTE al señalarlos como ineficientes.

Al involucrar a la banca en este programa de vivienda, se le están entregando 21 mil 400 millones de pesos que son el producto del ahorro del fondo de la vivienda de los trabajadores, con ellos los intermediarios financieros llamados SOFOLES (Sociedades Financieras de Objeto Limitado) reciben estos recursos para prestárselos (puentearlos) a las compañías constructoras y ellas a su vez puedan construir vivienda, lo que implica el encarecimiento de la misma, es decir ,somos los trabajadores quienes financiamos a los empresarios y posteriormente pagamos más caro para tener acceso a la vivienda (el 31 de mayo del año en curso el FOVISSSTE emitió un desplegado en la prensa nacional donde da a conocer las empresas constructoras y el valor de la vivienda en el D.F. Y valle de México, en ella se señala que la vivienda más barata en el D.F. tendrá un costo de 320 mil pesos; vivienda que antes de este programa podía ser adquirida en 250 mil pesos en promedio); así mismo las SOFOLES, están sustituyendo las actividades administrativas del FOVISSSTE (con ello piensan obtener una ganancia aproximada de 300 millones de pesos al ser las responsables de la recepción de documentación para el trámite, autorización y cobro de los créditos de vivienda), posteriormente será su privatización a través del capital hipotecario privado. Es decir los únicos que estarán ganando por todos lados serán las SOFOLES, y las compañías constructoras, beneficiarias directas de este programa.

De acuerdo al mismo programa, se señala que la asignación de los créditos hipotecarios se hará por medio de sorteos públicos, bajo el argumento de que ésto garantiza su transparencia, incluye a todos los derechohabientes y elimina la corrupción propiciada por los “sindicatos”, de tal manera se señala que los trabajadores podrán realizar su trámite de forma personal y al margen de las organizaciones sindicales, sin embargo podemos señalar que los sorteos no garantizan atender a la población más necesitada, rompiendo con ello el carácter solidario del FOVISSSTE, ya que podrán participar todos aquellos que lo deseen no importando si cuentan con vivienda o no, toda vez que el único requisito es no haber obtenido anteriormente un crédito del FOVISSSTE, por otro lado discrimina a los trabajadores que por su sueldo no pueden ser sujetos de crédito al asignar los mismos con base en su capacidad económica, dejando fuera a la mayoría de las y los trabajadores que están en las categorías escalafonarias y salariales más bajas ya que no contarán con el suficiente crédito para adquirir una vivienda o bien se tendrán que endeudar a su vez con el banco a efecto de cubrir los costos de la misma, endeudándose y comprometiendo el patrimonio recién adquirido.

Por lo que respecta al hecho de que los derechohabientes puedan realizar su trámite de manera personal y al margen de las organizaciones sindicales, con el pretexto de la corrupción sólo refleja como este gobierno pretende seguir golpeando y debilitando a los sindicatos, dejando fuera a las organizaciones sindicales de la toma de decisión sobre el funcionamiento del Instituto bajo el engaño de un proceso “transparente y democrático” para garantizar los derechos de sus representados, y permite así mismo la inclusión del personal de confianza, pero además implica que los trabajadores organizados no tendrán acceso a la supervisión de dicho programa con lo que la corrupción y la voracidad de las empresas constructoras harán presa fácil de los mismos, toda vez que únicamente la FSTSE y el FOVISSSTE lo harán. En este sentido y de último momento el FOVISSSTE decidió asignar una clave para cada sindicato otorgándosela única y exclusivamente a la cúpula sindical que en el caso del sindicalismo corporativo es quien ha generado la corrupción, ejemplo de ello es la venta de los formatos de inscripción que se dio en algunos sindicatos o bien el condicionamiento de los mismos para seguir ejerciendo el control sindical, o bien fomentado el clientelismo, pero además se elimina a través de los sorteos la proporcionalidad en la asignación de los créditos, así lo demuestra el sorteo llevado a cabo el 25 de julio de los presentes en Culiacán, Sinaloa, donde sólo trabajadores de la SAGAR fueron “beneficiarios” del mismo.

Quienes convergemos en el Foro Sindical sobre la Problemática del ISSSTE, somos los únicos hasta el momento que nos hemos opuesto a dicho programa de vivienda, de tal manera que sin renunciar a la movilización y a la lucha política optamos por iniciar un proceso legal de Amparo en contra de este programa el día 16 de mayo del 2002 ante el Cuarto Juzgado en Materia Administrativa en el Distrito Federal y un recurso administrativo ante la Junta Directiva del ISSSTE, el día 24 de mayo de los corrientes toda vez que consideramos que la modificación a las reglas de otorgamiento de créditos del FOVISSSTE, realizadas a través de los acuerdos ya citados afectan y trastocar desde el punto de vista jurídico nuestras garantías individuales y derechos laborales al violentar con la figura del sorteo tres principios legales fundamentales que generan seguridad jurídica al no señalar: TIEMPO, LUGAR Y MODO en que habrán de llevarse a cabo los mismos, en efecto los sorteos ya han sido pospuestos por más de tres ocasiones, en el caso del D.F., se dijo que serían el 4 de julio, después el 18 y por último el día 7 de Agosto, no se dice cuantos serán, donde habrán de llevarse a cabo, (lugar y hora), ni la modalidad del mismo (sorteo, rifa, tómbola etc.) pero además el hecho de exigir la clave para acceder el formato de solicitud no se contempla en los acuerdos ya señalados. Asimismo en la Ley del ISSSTE, no existe la figura legal del sorteo, pero además al señalar que el 75% de los créditos asignados serán para adquisición de vivienda nueva, 15% para vivienda terminada y 10% para redención de pasivos , limitan lo establecido en el articulo 107 primer párrafo que señala “El trabajador tendrá el derecho de elegir la vivienda nueva o usada a la que se aplique el importe del crédito que reciba...”. Asimismo en la Ley del ISSSTE, no se contempla que el Fondo de la Vivienda que generamos los trabajadores otorgue crédito destinado a coadyuvar en la resolución del rezago y el apoyo a políticas públicas específicas, convirtiendo al fondo en una subsidiaria de políticas públicas específicas, ya que la vivienda es un derecho obtenido derivado de nuestro salario, y el incluir a las SOFOLES como intermediarios financieros, desvirtúa el sentido del propio fondo como se señala en los artículos 122 y 125 de la propia Ley.

En la propia Ley del ISSSTE, se señala en su artículo 100 fracción 1 que el FOVISSSTE establecerá y operará un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente, con las mencionadas

reglas sólo se encarece la vivienda y obliga al trabajador a engancharse con un crédito bancario si desea obtenerla. Por último la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE, se convierte en juez y parte al ser la única que determine y califique el otorgamiento de crédito pero además no cuenta con la facultad para cambiar la Ley del ISSSTE, esa facultad es exclusiva del Legislativo.

Exigimos por tanto la suspensión de los actos que ya se encuentran aplicando los funcionarios del FOVISSSTE, el Gobierno Federal y los sindicatos “charros”, la cancelación de los sorteos; mantener el carácter público del FOVISSSTE y se impida la intromisión del capital privado en el mismo; se impulse un programa de vivienda con recursos del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y con la participación directa de las y los trabajadores para fortalecer y democratizar el Fondo de la Vivienda.

Servicios médicos

Resultado de las reformas realizadas a la Ley del Seguro Social en 1995, se inicia el proceso de privatización de la medicina social, a través de la disminución del presupuesto destinado a la misma y del intento de iniciar la subrogación de servicios, la reversión de cuotas y la implantación de las Instituciones de Servicios Especializados en Gestión de Fondos de Salud (ISES) o Seguros de Atención Médica que hoy conocemos bajo la figura del Seguro Médico Popular.

Para el caso del ISSSTE, la disminución del presupuesto destinado al fondo de servicios médicos, significó en la práctica el congelamiento de plazas de médicos, enfermeras y personal administrativo a través del denominado Retiro Voluntario y la no creación de plazas nuevas, la instrumentación de un cuadro básico de medicamentos que poco a poco se fue haciendo cada vez más pequeño, la cancelación de construcción de obras (clínicas y hospitales) pero por sobre todo el no devolver a este fondo los dineros que se habían tomado durante cuarenta años para apoyar el fondo de pensiones, lo que se tradujo en la descapitalización del mismo al grado de que en el gobierno de Fox por primera vez en la historia del ISSSTE, el presupuesto destinado al Fondo Médico fue menor que el destinado al de Pensiones generándose en el transcurso de los años un faltante de aproximadamente 9000 plazas de Médicos y 10 mil camas hospitalarias en todo el país, hoy es evidente el deterioro en el que se encuentran los servicios médicos del ISSSTE, consultas que se transfieren a más de tres meses en el caso de especialidades, falta de abasto de medicamentos, de camas hospitalarias, saturación en hospitales de segundo y tercer nivel, obsolescencia de equipos, sobrecargas de trabajo para médicos y enfermeras y en general una mala atención médica.

La Subrogación de Servicios en el ISSSTE, se tradujo inicialmente en la sustitución del personal de limpieza y la contratación de empresas destinadas a ello sin obligación contractual del Instituto con estos trabajadores pero que significaron perdida del empleo, la contratación de empresas que ofrecen servicios que el propio Instituto no tiene la capacidad o tecnología para llevar a cabo y por consiguiente significan una fuga de recursos económicos.

La implantación del Seguro Médico Popular, es el proyecto que este gobierno viene impulsando y significa en la práctica, la sustitución de obligatoriedad que tiene el estado mexicano de brindar servicios médicos a la población para hacer recaer en ella y en sus bolsillos de forma individual la responsabilidad de la salud pública de este país, el Seguro Médico Popular implica que los más pobres entre los pobres tengan que desembolsar una cuota para tener acceso a la atención médica y convertir a esta en una mercancía en donde a partir de lo que puedas comprar, tendrás la posibilidad de adquirir , y significa para los trabajadores un doble desembolso que afecta a sus ya de por sí pequeños salarios (que están deprimidos gracias a los topes salariales) o bien a partir de la práctica del co-pago en donde los trabajadores por cada receta médica que se les expida tendrá la obligación de desembolsar una cantidad de dinero.

Conclusión. Si bien es cierto que la mayoría de la población ejerció un voto de castigo contra el modelo neoliberal y contra el gobierno de Fox, también e cierto que la integración de la siguiente legislatura, se avocará en lo inmediato a concretar las reformas estructurales, .

Se hace necesaria la presencia organizada de la clase trabajadora a efecto de revertir el proceso de despojo que ha venido resintiendo de sus derechos económicos sociales y laborales, y seguir evitando que esta y otras legislaturas y gobiernos profundicen el modelo neoliberal, para lo cual es necesario modificar la correlación de fuerzas y articularse en un partido, frente, u organización única que aglutine, de forma y dirija a las y los trabajadores en conquistar una economía al servicio del bienestar social.

Agosto de 2003.

 

Notas

1. Max, Ortega, Globalización Reforma neoliberal del Estado y movimientos sociales , México: Edit. Itaca, p. 224.

2. Octavio Rodríguez, Araujo, en periódico La Jornada , 10 de julio de 2003, p. 20.

3. Santiago Creel, Miranda, Nota de La Jornada , 17 de julio de 2003, p. 10.

4. Edgar Sánchez, Ramírez en Bandera Socialista , Núm 9, julio de 2003.

5. Luis Hernández, Navarro, en La Jornada , 7 de julio de 2003, p. 23.

6. Octavio Rodríguez, Araujo, en La Jornada , 3 de julio de 2003, p. 20.

7. Enrique Montalvo, Ortega, Globalización Reforma neoliberal del Estado y movimientos sociales , México: Edit. Itaca, p. 113 .

8. Octavio Rodríguez, Araujo, La Jornada , 26 de junio de 2003, p. 20.

9. Edgar Sánchez Ramírez , op. cit .

10. Graciela Carmina Andrade García Peláez, Globalización Reforma neoliberal del Estado y movimientos sociales , México: Edit. Itaca, p. 103.

11. Ibídem.

12. Cuauhtémoc Cárdenas, La Jornada , 21 de julio de 2003, p. 14.

13. Ibídem.

14. Sergio Zermeño, La Jornada , 26 de junio de 2003, p. 21.

15. Edgar Sánchez Ramírez, op. cit.

16. Abelardo Mariña Flores, Globalización Reforma neoliberal del Estado y movimientos sociales , México: Edit. Itaca, pp. 17-19.

17. Graciela Andrade, op. cit ., p. 109.

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