No. 55
(octubre 2003)

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CORREO DE PRENSA INTERNACIONAL

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Entre la esperanza en el futuro y la administración del presente:

La izquierda brasileña y el gobierno de Lula

Alvaro Bianchi y Ruy Braga*

* Alvaro Bianchi y Ruy Braga. Profesor de la Universidad Metodista de São Paulo y secretario de redacción de la revista Outubro(octubre). Ruy Braga. Profesor de la Pontificia Universidad Católica de Campinas y secretario de redacción de la revista Outubro.

Este ensayo fue escrito a las pocas semanas de la victoria electoral del PT en octubre 2002. Es decir, un poco antes de asumir el gobierno Lula. Sin embargo, la solidez del análisis y la rigurosidad conceptual de los autores, tanto como el conocimiento preciso del recorrido histórico del PT, permiten tener una comprensión política de las transformaciones sufridas en su capa dirigente, en sus cuadros militantes, y en el programa del partido. Es a partir de esos cambios, que se puede encontrar una explicación "racional" al curso de neoliberalismo mitigado adoptado por el gobierno Lula. De allí, la importancia del trabajo de Bianchi-Braga y del por qué de su publicación en Desde los Cuatro Puntos. Traducción Cristina Hernández Escobar.

Al iniciar su trabajo como narrador, el jagunço Riobaldo, 1 personaje central de Gran Sertón: Veredas , de João Guimarães Rosa, reflexiona usando su particular modo de hablar: “vivir es muy peligroso”, y forzando el portugués completa: “contar es muy difícil. No por los años que han pasado, sino por la astucia de ciertas cosas que pasaron”. Quien vivió de manera activa los peligros de la política en las últimas décadas sabe a qué se refiere Riobaldo. “Guerras y revoluciones” afectaron nuestra percepción del presente y de las posibilidades del futuro. ¿Cómo escribir la historia de esa vida peligrosa cuando constituye el presente de nuestra propia vida? El contar, forma primigenia de la reflexión histórico-política, se dificulta en proporción directa con las tempestades históricas y las astucias del pasado.

Reflexionar críticamente sobre el significado de la reciente victoria electoral de Luiz Inácio Lula Da Silva y del Partido de los Trabajadores (PT) en las elecciones presidenciales brasileñas no es sólo “difícil”, sino arriesgado. Escribiendo a pocas semanas de lo sucedido, incluso antes de la toma de posesión y de las primeras medidas gubernamentales, el ejercicio que aquí hacemos presentará contornos aún difusos en ciertos puntos. Sin embargo, es un ejercicio necesario. La urgencia del debate y los peligros de la historia así lo exigen.

La elección de Lula refleja un profundo deseo de cambio en una sociedad brasileña agotada por más de una década de experiencias neoliberales. Ese deseo de transformaciones se expresó con tal fuerza que constatarlo se volvió un lugar común entre los analistas políticos. No es sólo un deseo de cambio económico, y aquí comenzamos a tomar distancia respecto a dichos analistas; se trata además de un deseo de transformación social y política, y tal vez ése sea lo más significativo para nuestro análisis. Para millones, la votación de Lula expresó la posibilidad de transformar la política en algo que puede ser llevado a cabo por la primera persona del plural —nosotros—, con lo que deja de ser prerrogativa exclusiva de la tercera persona — ellos—; la esperanza como utopía.

El simbolismo de la candidatura vencedora es extremadamente fuerte. Lula es un inmigrante nordestino que junto con su madre y sus siete hermanos huyó del hambre que asolaba su ciudad natal, la pequeña Garanhuns, en el estado de Pernambuco. Fue tornero mecánico, que dejó de estudiar a los pocos años de haber comenzado; un sindicalista que inscribió para siempre su nombre en la historia de Brasil a fines de los años setenta. Para muchos, votar por él fue un ejercicio de recreación de la identidad social y la creación de una conciencia política. Significó asumir lo que comúnmente se esconde o niega, reencontrándose consigo mismo. Fue la revancha de los vencidos, de los humillados, de los despreciados.

Pero el propio acto de reconstrucción de la identidad de las clases bajas fue posible sólo en la medida en que la fuerza electoral de Lula expresaba un cambio en la correlación de fuerzas en escala latinoamericana y era, al mismo tiempo, momento constitutivo de ese cambio. Es similar a una serie de eventos que irrumpieron con fuerza y significados múltiples en la política latinoamericana en 2002: la derrota del golpe militar-empresarial en Venezuela, la rebelión social en Argentina, el desempeño electoral del líder de los campesinos bolivianos, Evo Morales; y la victoria del ex coronel Lucio Gutiérrez en Ecuador. Situaciones que indican de diferentes maneras, por un lado, un debilitamiento político del proyecto neoliberal en nuestro continente, como resultado, en parte, de su agotamiento económico, y por la otra, la reactivación de movimientos sociales luego del reflujo de la década de los noventa.

Brasil no encabezó esa transformación continental en la correlación de fuerzas. Contrariando su propia dinámica histórica, sus ritmos fueron más lentos. Fue el último país en abordar la nave neoliberal; también fue el último en querer abandonarla. De hecho, la radicalización social en Argentina, en Ecuador, en Bolivia y en Venezuela antecedió a los movimientos brasileños y cobró la forma de una acción directa de los movimientos sociales. Incluso, cuando esa radicalización se expresó mediante victorias electorales, éstas fueron precedidas por una importante agitación social que abrió el camino al surgimiento de liderazgos políticos identificados, directa o indirectamente, con esos movimientos. Ése no fue el caso de Brasil.

Paradójicamente, la elección de un candidato cuya trayectoria personal estuviera profundamente identificada con los movimientos sindicales y políticos de la clase trabajadora brasileña ocurrió en un contexto en el que la reactivación de aquéllos aún no se había dado. Por tanto, es expresión de virajes políticos más lentos, realizados en los subterráneos de la sociedad: un desgaste profundo del modelo neoliberal, una pérdida de confianza en los políticos tradicionales, una silenciosa rebeldía contra las clases dominantes que prosperaron en medio del aumento de la miseria y la desigualdad social.

Pero, decíamos antes, la victoria electoral es también un momento constitutivo de la correlación de fuerzas actual. Puede permitir la aceleración y la erupción no sólo de la política de esos movimientos que hasta entonces se realizaban en los subterráneos, sino una transformación de la energía potencial de los movimientos sociales en fuerza mecánica de transformación. La identidad colectiva creada en torno en torno a la figura del presidente electo puede poner en movimiento la esperanza transformándola en una lucha alimentada por los profundos resentimientos sociales de las clases bajas, por el deseo de cambio y por la percepción que aquéllas tienen de las modificaciones en la correlación de fuerzas sociales.

Los movimientos sociales ciertamente interpretarán la victoria electoral como el inicio de una era de cambios. Ya comenzaron a hacerlo. En su reciente “Carta al pueblo brasileño y al presidente Lula”, la Coordinadora Nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) afirmó lo siguiente:

En este momento tenemos la oportunidad de realizar la tarea histórica de emprender una verdadera reforma agraria para democratizar el acceso a la tierra y eliminar el hambre, el desempleo y las injusticias sociales. Convocamos a todos los trabajadores y trabajadoras, a la sociedad brasileña en general, a que se organicen, se movilicen y nos ayuden a llevar a cabo la reforma agraria. Un Brasil más justo e igualitario es posible. ¡Ésta es la hora! 2

Sin embargo, ésa no es la única voz que se escucha. La dirigencia nacional de la Central Única de Trabajadores (CUT) no hizo ningún llamado a la acción ni a la movilización. Su resolución más importante fue formar “seis grupos de trabajo de la CUT (reforma tributaria y fiscal; reforma sindical y laboral; reforma de la previsión social; reforma agraria y agrícola; empleo e ingresos, y el Estado y las políticas públicas)”, cuyo objetivo será presentar propuestas al nuevo gobierno y participar en todos los “foros de negociación”. 3

La distancia que marca ambas resoluciones es sintomática de las tensiones que atravesarán los movimientos sociales. ¿Actuar o esperar? ¿Reivindicar o colaborar? Las voces afinadas con el nuevo gobierno han entonado cánticos de espera y colaboración, y el propio Lula ha dicho a representantes del movimiento sindical que no es momento de reivindicar. Queda la pregunta: ¿será posible esperar aún más en una sociedad en la que 49 millones de personas ganan menos de medio salario mínimo? ¿Cuántos entenderán que “ésta es la hora”? Y ¿cómo actuará el nuevo gobierno ante ese clamor de cambios?

De la lógica de la diferencia a la lógica estatal

La victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva y del PT en las recientes elecciones presidenciales condensa más de dos décadas de transformaciones sociales y políticas en Brasil. Grandes transformaciones. Dos décadas en las que el tiempo histórico fue acelerado, fragmentado, convulsionado y roto, creando un país que difícilmente se reconocería en las décadas precedentes, aun cuando su formación social esté marcada por continuidades seculares. Tal aceleración temporal se experimentó no sólo en las grandes metrópolis, donde era de esperarse, sino también en el medio rural, donde el lento tempo de los ciclos naturales, con sus estaciones, sus días y sus noches, fue violentado por la irrupción de la política y su propio ritmo.

Ese tiempo histórico cobró impulso y velocidad con la inusitada decisión de detenerlo. El 12 de mayo de 1978, los trabajadores de la fábrica de camiones Saab-Scania, en el ABC de São Paulo, 4 decidieron detener las máquinas y cruzarse de brazos. Reivindicando un aumento salarial de alrededor de 20 por ciento, los 2 mil trabajadores metalúrgicos de aquella empresa promovieron el inicio de una huelga que marcaría época. Rompieron el ritmo cadencioso del cronómetro, detuvieron el tiempo de la producción y con ello se apropiaron del tiempo de la política.

La paralización de los trabajadores de Saab-Scania fue el detonador de un intenso movimiento reivindicativo que se propagaría por toda la región y fuera de ella. Durante ese año, cerca de medio millón de trabajadores realizaron huelgas y al año siguiente la cifra de huelguistas llegó a los 3'241,500, iniciando un largo ciclo de luchas sindicales y de organización de la clase trabajadora, que se extendió, prácticamente sin interrupciones, hasta 1989.

Los movimientos que se suscitaron en el ABC paulista a fines de la década de los setenta fueron el principio de una amplia lucha contra la sobreexplotación del trabajo y la legislación política represiva, que amarraba el movimiento sindical al Estado y restringía las formas de representación de los trabajadores. 5 Marcadas por la espontaneidad y por su capacidad ofensiva, tales huelgas inauguraron una práctica sindical y política. Rechazando la colaboración, los pactos sociales y el inmovilismo que habían caracterizado buena parte de la izquierda brasileña hasta entonces, las huelgas del ABC crearon un movimiento social fundado en la confrontación social y en la independencia de clase.

El nacimiento del PT está ligado de manera indisoluble a ese movimiento huelguista. A mediados de aquel 1978, el diario Versus comenzaba a divulgar la propuesta de crear un partido de trabajadores sin patrones, que desafiara la dictadura militar en vigor. Tal propuesta tuvo eco en la tesis que el Sindicato de los Metalúrgicos de Santo André presentó en el 9° Congreso de los Trabajadores Metalúrgicos del estado de São Paulo, realizado en la ciudad de Lins, en enero de 1979. 6

El 1° de mayo de 1979 era divulgada una Carta de principios del Partido de los Trabajadores, en la que se reafirmaba esta propuesta. “Repudiando toda forma de manipulación política de las masas explotadas, incluyendo, sobre todo, las manipulaciones propias del régimen anterior a 1964, el PT se rehusa a aceptar en su interior a representantes de las clases explotadoras. Valga decir, ¡el Partido de los Trabajadores es un partido sin patrones!”. 7

Las definiciones estratégicas del proyecto político del PT eran en extremo generales y ambiguas, en los primeros años. El programa del partido , aprobado en la Reunión Nacional de Fundación, en octubre de 1980, propone construir, en su lucha contra el régimen represivo, “una alternativa de poder económico y político , desmantelando la máquina represiva y garantizando las más amplias libertades para los trabajadores y oprimidos que se apoye en la movilización y organización del movimiento popular y que sea la expresión de su derecho y voluntad de decidir los destinos del país.” El Programa definía ese poder alternativo como constitutivo de una sociedad sin explotados ni explotadores, y afirmaba que su construcción se llevaría a cabo contra los intereses del gran capital nacional e internacional, pero poco decía sobre las formas de llegar hasta él. 8

Lo que daba fuerza al partido en sus primeros años no era su proyecto estratégico sino su fuerza social. Lo que atraía militantes del movimiento sindical y de la juventud era la posibilidad de actuar efectivamente mediante la participación política en un partido que no traía el pesado estigma del inmovilismo y el burocratismo que habían asolado a la izquierda brasileña antes del golpe militar de 1964. En ese sentido, el PT condensa un proceso de reconfiguración social y política de la clase trabajadora brasileña que se había realizado durante los años setenta en forma de múltiples movimientos sociales que cuestionaban las antiguas formas de institucionalización de la política de las clases bajas, 9 lo que hacía que el partido pareciera promisorio en su lógica de la diferencia. 10

La construcción del Partido de los Trabajadores representaba la fundación de un clasismo en estado práctico; una traducción político-organizativa de aquel movimiento espontáneo de las huelgas que había sacudido la dictadura militar a fines de los años setenta, alterando profundamente las formas de ejercer la política en Brasil. 11 Las marcas de ese clasismo práctico eran su repudio casi instintivo hacia las políticas de colaboración, concertación y alianzas con la burguesía; la afirmación, en sus orígenes, de una vocación anticapitalista y una creencia en el poder taumatúrgico de las “bases del partido”. Esa dimensión práctica, espontánea, fue lo que dio al Partido de los Trabajadores el vigor y el impulso que permitieron renovar la forma de hacer política de la clase trabajadora y, como reacción, de las propias clases dominantes. Era la afirmación política de una fuerza inimaginada e inesperada hasta ese momento.

Las prácticas espontáneas de ese clasismo luego se transformaron en un espontaneísmo teórico. La ausencia de definiciones estratégicas más precisas se atribuyó a la plasticidad del propio movimiento y se presentó como la mayor virtud del partido. A ello se debe la insistencia en que el PT no nacía “listo y preparado”, en que su programa surgiría “de la práctica política de su bases sociales” y que “la práctica política de los trabajadores” le daría los últimos toques. 12

Esa negación de la política es más clara en el discurso de Lula durante la 1ª. Convención Nacional del Partido, en 1981. Refiriéndose a quienes preguntaban sobre la ideología y la concepción de socialismo del PT, Lula respondía que “esas cuestiones sólo sirven para expresar la desconfianza respecto a la capacidad política de los trabajadores brasileños para definir su propio camino.” Y más adelante, en el mismo discurso, expresaba lo que sería su propia convicción:

El socialismo que queremos lo definirá el pueblo en su conjunto, como exigencia concreta de las luchas populares, como respuesta política y económica global a todas las aspiraciones concretas que el PT sea capaz de enfrentar. Sería muy fácil, aquí sentado cómodamente, en el recinto del Senado de la República, que nos decidiéramos por una definición o por otra. Sería muy fácil y muy equivocado. El socialismo que queremos no nacerá por decreto, ni nuestro ni de nadie. El socialismo que queremos se irá definiendo en las luchas cotidianas, del mismo modo que estamos construyendo el PT. 13

De este modo, la constitución de un nuevo proyecto societal era reducido al movimiento espontáneo. En el conflicto de racionalidades que ocurre en la lucha de clases en proceso, lo que el PT podía ofrecer era tan sólo la propia lucha. Esa actitud ausentista en el conflicto de racionalidades sólo provocó un sometimiento pasivo del partido en el terreno ideológico, alimentando un eclecticismo teórico cada vez más fuerte. Sin constituir una concepción del mundo alternativa, circunscribió esas energías a un horizonte económico-corporativo, muy por debajo de un proyecto societal capaz de afirmar un nuevo orden. La identidad política construida por el partido era limitada. No se había traducido en identidad teórica que diera cuenta de manera innovadora y radical de los problemas presentados por la compleja realidad brasileña y latinoamericana. Se limitó a algunas frases vagas y a la reproducción de un sentido teórico común. No produjo nuevos saberes, reprodujo viejas verdades.

El espontaneísmo teórico tomaba fuerza de las energías sociales del ciclo de huelgas que inició en 1978 y a ellas se limitaba. Pero el clasismo práctico que alimentó y dinamizó la reorganización del movimiento político y sindical de las clases bajas tuvo una vida corta. No soportó el peso de las victorias electorales del Partido de los Trabajadores.

El partido, que había llevado al poder a tan sólo dos prefectos en la primera elección en que participó, en 1982, vio triunfar a 2485 candidatos suyos en la elección para ediles y a 187, en la elección para prefectos en 2000, entre ellos seis ganaron en capitales de estados, incluyendo la ciudad de São Paulo, la mayor y más importante del país. El crecimiento en las elecciones nacionales también fue impresionante: ocho diputados federales en 1982; 16 en 1986; 35 en 1990; 49 en 1994; 58 en 1998, y 91 en 2002.

El ascenso del aparato estatal en el interior vino acompañada por el fortalecimiento de una burocracia partidaria cada vez más apartada de las bases del partido. A mediados de los ochenta, los núcleos que debieran organizar a los militantes de base ya habían dado claras señales de atrofia. A principios de los ochenta, sencillamente ya no existían; habían sido sustituidos por los comités electorales de los candidatos, con lo que se reproducía la personalización de la política brasileña dictada por un voto nominal y no partidario.

Esa transformación del partido se ve gráficamente ilustrada por la creciente presencia de funcionarios políticos y por una paulatina disminución del número de sindicalistas en las reuniones del PT. En el XI Encuentro Nacional, realizado en 1997, 60 por ciento de los delegados eran profesionales políticos: 18 por ciento eran parlamentarios; 13 por ciento, asesores de éstos; 9 por ciento eran militantes asalariados de los movimientos sociales; 8 por ciento ocupaban cargos de confianza en los gobiernos estatales y municipales; 6 por ciento eran dirigentes asalariados del PT; 2 por ciento, asalariados de las corrientes internas del partido; 1 por ciento era funcionario-asesor del partido; 1 por ciento eran prefectos y gobernadores, y tan sólo 31 por ciento no eran profesionales políticos. 14

El gran espacio ocupado dentro del aparato partidario por este corpus de funcionarios políticos y estatales tuvo un costo. En poco tiempo, el clasismo práctico fue diluyendo sus referenciales sociales y conservando a duras penas su dimensión pragmática. 15 El horizonte económico-corporativo modificó su contenido social. La lógica de la diferencia que había guiado los primeros años de la atribulada vida del partido gradualmente cedió su lugar a la lógica del Estado sustentada en el gran número de parlamentarios, prefectos, gobernadores y su séquito de asesores. Tal lógica se funda en la concepción de un Estado ambivalente, supuestamente ajeno a las determinaciones de clase, portador de una elevada capacidad de adaptación a los nuevos contenidos incorporados por sus dirigentes. 16

Sin encontrar barreras ideológicas y teóricas, el crudo pragmatismo de la realpolitik inundó la vida del partido, impregnando las resoluciones de sus encuentros y congresos y, principalmente, de la práctica política de sus dirigentes. La adhesión a una lógica del Estado no fue, mientras, un proceso sencillo y mecánico. Grandes conflictos se suscitaron dentro del partido, con la expulsión de por lo menos una importante corriente, justamente aquella que, a través del periódico Versus, había propuesto la creación del PT; la institucionalización de mecanismos estatutarios que restringían la expresión pública de las divergencias; y la censura a las corrientes de la llamada izquierda petista. Pero al cabo de algunos cuantos años, la lógica estatal comenzó a preponderar. Cuando el Partido de los Trabajadores anunció el inicio de una discusión estratégica en su 1er Congreso, realizado en 1991, ya no podría estar perneada por el clasismo práctico.

La derrota de la candidatura de Lula en 1989, la derrota de las huelgas de servidores públicos en 1990 y los primeros pasos hacia la puesta en marcha de un modelo neoliberal habían disipado las energías de los movimientos sociales y pavimentado el camino a la consolidación de una lógica estatal de administración de la política dentro del partido.

Ya en los debates preparatorios al 1er. Congreso la consolidación de esa lógica se afirmaba con una fuerza y una claridad inusitadas en la tradición petista. El secretario de Relaciones Internacionales del PT, Marco Aurélio Garcia, expresó sus conclusiones de manera cristalina: “La democracia política no puede ser entendida sólo como un medio de llegar a la democracia social o a una mejor posición en la lucha por ella. La democracia política es un fin en sí. Un valor estratégico y permanente. Si esta tesis es social-demócrata, paciencia: seamos social-demócratas.” 17

La resolución final del Congreso, intitulada simplemente Socialismo , fue marcada por un sinnúmero de enmiendas presentadas por las corrientes de izquierda, sin perder por ello su carácter fundamental: la democracia sans phrase era definida como un valor universal; el socialismo era concebido como una combinación de “planeación estatal y un mercado orientado socialmente”, y, finalmente, el poder taumatúrgico dejaba de residir en las “bases” y se desplazaba hacia un “Estado [que] ejerza una acción reguladora sobre la economía, a través de sus propias empresas y de mecanismos de control del sistema financiero, de políticas tributarias, de precios, de crédito, de una legislación antimonopólica y de protección a los consumidores, a los asalariados y a los pequeños propietarios”. 18

El tema fue retomado recientemente en ocasión de una serie de debates sobre el socialismo que el Partido de los Trabajadores realizó. En una intervención que resume, en gran medida, la visión mayoritaria del partido, el economista Paul Singer desarrolló la propuesta de un socialismo de mercado:

La función del mercado socialista es viabilizar la libertad de iniciativa de personas o grupos con nuevas ideas o nuevos proyectos. Ellos deberían ser animados a ofrecer sus productos sin limitaciones y sin tener que conseguir permiso de alguna instancia de planeación. […] La competencia en esos casos habría de durar hasta que los consumidores hubieran decidido adoptar los productos nuevos o quedarse con los anteriores. 19

En su desarrollo, el argumento no aclara por qué la competencia debiera frenarse, ni por qué no generaría relaciones de explotación. Radicalizando el argumento de Singer, Lula constató, en ese debate, la contradicción:

El ser humano es eminentemente competitivo. En la medida en que se bloquea la capacidad competitiva del ser humano y se pone a todos a ganar la misma cosa dentro de una fábrica, se coartan las posibilidades de éxito de esa fábrica. Las personas son niveladas por lo bajo y no por lo alto. El socialismo no logró resolver ese problema. 20

Evidentemente, no hay programa viable cuando no hay un sujeto capaz de realizarlo. Por ello, en el corazón del proyecto petista al lado del mercado encontramos al Estado. La solución presentada por Lula al problema retoma el tema del protagonismo estatal:

El mercado sólo funciona si hay un Estado muy fuerte regulando ese mercado y obligándolo a cumplir algunas cláusulas sociales. El mercado por sí solo no es la solución. Hacer compatible el mercado con un Estado regulador, capaz de garantizar las necesidades de las personas, sería lo ideal. Cómo lograrlo es el reto del PT. 21

Los argumentos, tanto como la solución presentada, recuerdan a Proudhon. La competencia y, por tanto el mercado, se presenta como un mecanismo capaz de proporcionar la igualdad y el desarrollo social. Sin embargo, existe un lado malo de la concurrencia, su efecto más probable es que se vuelva contra quienes participan en ella.

La solución de Proudhon es análoga a la petista. Decía el filósofo francés: “Aquí no cabría la cuestión de destruir la concurrencia, tan imposible como destruir la libertad; se trata de encontrar el equilibrio; yo diría, de buen grado: la política ”. 22

Un mercado naturalizado y una esencia humana (la competencia) inamovible conforman la situación sobre la que debiera construirse el socialismo, que no sería más que el exorcismo el mal del mercado a través del Estado, rescatando lo que tuviera de potencialmente positivo, la posibilidad de permitir elegir con base en opiniones. El mercado, el lugar de la libertad; el Estado-policiaco-proudhoniano, su guardián.

Así definido, el socialismo petista se transforma en una base sólida para un programa de gobierno capitalista cuyo objetivo sea superar la crisis del modelo neoliberal. No se trata de construir el futuro, sino de administrar el presente, quitando de éste lo malo o indeseable. Un gobierno del PT posibilitaría ese acto de exorcismo del mal y permitiría valorar lo que de bueno tenga el mercado, al humanizarlo. Guido Mantega, el nuevo ministro de Planeación y uno de los principales asesores de Lula durante la campaña electoral, al responder qué esperaba del gobierno de Lula, resumió ese objetivo así:

Yo diría que el PT es un partido de izquierda moderna, parecido al Partido Socialista de Francia, al Partido Laborista inglés y a la izquierda italiana. Yo lo colocaría en ese universo de partidos que pretenden, anhelan una sociedad capitalista —porque hoy el socialismo es algo totalmente indefinido, ya no existe—. Nosotros buscamos un capitalismo más eficiente y, sin embargo, humanizado. 23

Al igual que con Proudhon, la dialéctica es anulada. La contradicción inmanente es extraíble, transformándose en algo que puede eliminarse mediante la gestión estatal. Así, la dialéctica es reducida a un juego de oposiciones bueno/malo, susceptibles de ser eliminadas al suprimir uno de sus polos.

Cabe destacar que la supresión (al contrario de la superación dialéctica) del juego mediante la cancelación política del lado malo permitiría refundar la realidad sobre nuevas bases. El resultado de esa operación es una constante reproducción de lo ya existente mediante un proceso de perfeccionamiento y armonización de lo real.

Recordemos lo que Gramsci decía al respecto de la “dialéctica” proudhoniana:

En Proudhon hay una mutilación del hegelianismo y la dialéctica, como sucede con los moderados italianos, por tanto, la crítica a esta concepción político-historiográfica es la misma, siempre viva y actual, contenida en la Miseria de la filosofía (…). El error filosófico (¡de origen práctico!) de tal concepción consiste en el hecho de que en el proceso dialéctico se presupone “mecánicamente” que la antítesis debe “conservar” la tesis para no destruir el propio proceso, que por tanto se “prevé” como una repetición infinita, mecánica, arbitrariamente preestablecida. 24

Si como método tenemos la dialéctica, mutilada, como programa político tenemos la revolución pasiva. Es éste, y no otro, el contenido del programa petista: la actualización gradual de la estructura económica del capitalismo mediante sucesivas transiciones dirigidas por el Estado, evitando la intervención activa de las clases bajas en ese proceso.

Actualización, y no superación del capitalismo, como deja claro el ministro Mantega en su declaración. Tal estrategia reproduce, con nueva dirección política, la historia del propio desarrollo capitalista brasileño, marcado por transformaciones pasivas permanentes llevadas a cabo por un Estado-guía. Lejos de haber realizado la esperanza de Brasil como “país del futuro”, tales procesos no consiguieron más que recrear el pasado a través de la administración del presente.

El social-liberalismo como programa

La perspectiva de la revolución pasiva antes esbozada es la que se basa en el Programa de Gobierno 2002. Coalición Lula presidente . 25 Carente de cualquier referencia al socialismo (la palabra no existe en las 88 páginas del documento), el programa petista para salir de la crisis del neoliberalismo descansa, principalmente, en la propuesta más incluyente de desarrollo del “nuevo contrato social” bajo la tutela de un Estado proudhoniano de corte social-liberal.

En el futuro gobierno, el Estado social-liberal asumiría el papel de la tercera instancia, garantizando, supuestamente, la mediación entre los imperativos del mercado y las demandas sociales, los intereses de dominantes y dominados, mediante el nuevo contrato social:

El nuevo modelo no podrá ser producto de decisiones unilaterales del gobierno, tal como ocurre hoy, ni será instaurado por decretado, de modo voluntarista. Será fruto de una amplia negociación nacional, que debe conducir a una auténtica alianza por el país, a un nuevo contrato social, capaz de asegurar el crecimiento con estabilidad. Premisa de esa transición será, naturalmente, el respeto a los contratos y obligaciones del país. 26

Moderador de los conflictos, fuerza motriz de la “esperanza”, con la difusión de las políticas públicas propias de la acción del gestor desarrollista, la economía dejaría de concebirse como una instancia autónoma. Procurando incorporar pacíficamente la clase trabajadora, el Estado social-liberal moldearía el universo del fetiche mercantil a costa de iniciativas reguladoras sobre los precios, salarios, inversiones, subsidios, etcétera.

Tal como lo señala el Programa de Gobierno 2002 : “la inmensa tarea de crear una alternativa económica para enfrentar y vencer el desafío histórico de la exclusión social exige la presencia activa y la acción reguladora del Estado sobre el mercado, evitando el comportamiento predatorio de monopolios y oligopolios”. 27

Al estabilizar lo contradictorio, integrando organismos de las clases bajas en el seno de su aparato, el Estado social-liberal sería capaz de construir una correspondencia entre objetivo económicos y objetivos políticos, garantizando la circularidad de las políticas públicas que reposarían sobre lo económico para promover lo social y que haría de ese un medio de sacar de apuros la economía por medio de la expansión del mercado interno. La autoridad del Estado se vería inmersa en la economía por la gestión de la demanda global, al seguir existiendo la coerción del mercado dentro del Estado social-liberal:

El Estado no puede limitar su actuación a administrar el corto plazo y las cuestiones emergentes, sino que debe procurar tener una visión estratégica de largo plazo, articulando intereses y coordinando inversiones públicas y privadas que desemboquen en el crecimiento sostenido. Esto implica reactivar la planeación económica, asegurando un horizonte más amplio para las inversiones. 28

Mediante la planeación económica, la cosmología petista busca combatir los “irracionalismos extemporáneos” de una historia despedazada por las luchas sociales. “Sólo es posible prever la lucha”, diría Gramsci. Nada más. “Sólo es posible prever el consenso”, remata el programa del PT.

Bajo el imperativo del “crecimiento con estabilidad”, ya no se busca instaurar la fuerza, aquí y ahora, un mundo mejor, sino de preparar transiciones pasivas que, progresivamente, permitirán que nos acerquemos a él. Esa representación de la historia no puede disociarse de la fetichización del Estado. Se requiere un “actor central” para conducir tales estrategias, obligar a los compañeros a aceptar “objetivos sensatos”, buscar afanosamente el “respeto a los contratos”, promover el transformismo de sus dirigentes, garantizar, en suma, el nuevo contrato social.

El gobierno petista buscará constituirse en una alternativa por excelencia entre quienes defienden la pasividad de la clase trabajadora frente a la explotación —el bloque de poder articulado por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso—, por un lado, y los partidarios de las luchas de clases —el Movimiento de los Sin Tierra (MST) e integrantes de corrientes políticas petistas y no petistas de izquierda—, por el otro. Similares en su rechazo a la negociación, neoliberales e “izquierdistas” se verían atrapados en una comprensión limitada de las posibilidades abiertas al crecimiento con estabilidad por el compromiso social en el crepúsculo de un periodo histórico marcado por la crisis contemporánea.

En el centro de la crisis del proyecto societario neoliberal, los acuerdos producto de la institucionalización del contenido de las luchas sociales garantizarían espacio para un nuevo enfoque del problema de la “exclusión social”. Los conflictos ya no los resolvería el “manejo monetario” de los acólitos mercantiles, ni la sociedad sería subvertida por la radicalización de las luchas. Negociar un nuevo contrato social capaz de superar la exclusión social, evitando, con eso, el extremismo de los “partidarios” de la violencia clasista:

Sólo un nuevo contrato social que favorezca el nacimiento de una cultura política de defensa de las libertades civiles, de los derechos humanos y de la construcción de un país más justo económica y socialmente permitirá profundizar la democratización de la sociedad, combatiendo el autoritarismo, la desigualdad y el clientelismo. 29

La vieja problemática reformista respecto de la integración de las clases en el “destino común” del proyecto de desarrollo nacional emerge con fuerza del discurso del PT. Su interpretación del papel del Estado social-liberal sustentándose como un tercero entre grupos con intereses antagónicos, traduciría la especificidad de los modos de acción de una forma estatal que administra el conflicto, de la misma manera que lo pacifica. Dicho de otro modo: la política del gobierno de Lula estará marcada por la movilización, pero con contención fiscal, de una parte de los recursos de la nación en un intento de asegurar su control y su cohesión interna:

El fortalecimiento de la economía nacional es el segundo eje de desarrollo propuesto. Más allá de un papel más activo en la consecución de los objetivos relativos a la distribución del ingreso, y del apoyo a las cooperativas de crédito y de trabajo, a las pequeñas y medianas empresas, el Estado deberá desempeñar un papel estratégico en las actividades de infraestructura, financiamiento, y ciencia y tecnología, que son fundamentales para aumentar la eficiencia de cualquier sistema económico. El Estado también tiene responsabilidad central en la articulación de políticas que aumenten la capacidad competitiva y las exportaciones del País. 30

El nuevo contrato social defendido por Lula tiende a radicalizar la aparente exterioridad administrativa de un Estado legitimado por la renovación de un cierto ideario neodesarrollista —o sea, capaz de dirigir la inversión productiva hacia el crecimiento económico y el progreso material supuestamente accesible “a todos”. No es ninguna gran novedad. Baste recordar que, durante la campaña, los cuatro candidatos con oportunidades reales de ganar, incluyendo al candidato del gobierno, José Serra, se declararon partidarios de cambios en la orientación de la política económica con vistas a retomar el desarrollo­.

No es difícil percibir que la ideología neodesarrollista buscada por el contrato social petista atribuye a la política causante de la crisis una “autonomía” en relación con las clases que el propio PT de antes había criticado. El Estado social-liberal planea el futuro al organizar los conflictos presentes, pero no cambia de parecer respecto a atender las exigencias del mercado, mediante la reiteración de una ortodoxia monetarista:

 

Nuestro gobierno creará un ambiente de estabilidad, con inflación controlada y sólidos fundamentos macroeconómicos, para que el ahorro nacional aumente y se oriente y estimule, mediante tasas de interés civilizadas, para la inversión productiva y el crecimiento. Sólo en ese escenario puede funcionar la política de metas de inflación. 31

O más aún:

La responsabilidad fiscal y la estabilidad de las cuentas públicas marcarán las políticas de nuestro gobierno. Un ambiente con sólidos fundamentos macroeconómicos y con la inflación controlada contribuirá a la caída gradual de la tasa de interés y al redireccionamiento de las energías del País para la inversión productiva y el crecimiento de la economía. 32

La preeminencia durante, prácticamente toda la campaña electoral, de un cierto discurso desarrollista sobre las tradicionales concepciones neoliberales tiene seguramente una razón. No obstante, como bien lo demuestra el programa de gobierno petista, tal asertiva sólo es válida si se le vincula a la idea de un nuevo contrato social que apunte hacia una alternativa “progresista” a la crisis del neoliberalismo latinoamericano y brasileño. Una alternativa que coloque en primer plano el debate sobre volver a las inversiones públicas, la administración democrática de los aparatos de hegemonía del Estado y las intervenciones reguladoras del ámbito de los mecanismos de mercado. Un contrato que reorganice las intervenciones e iniciativas del Estado brasileño en el sentido de la inducción del crecimiento económico sobre bases eficientes y equitativas:

La puesta en marcha de un modelo de desarrollo alternativo, que tiene lo social como eje, sólo podrá tener éxito si viene acompañado de la democratización del Estado y de las relaciones sociales, de la disminución de la dependencia externa, así como de un nuevo equilibrio entre la Unión, estados y municipios. 33

El raciocinio programático es un tanto elíptico: en el momento exacto en que el Estado neoliberal parece irremediablemente enfermo, la alternativa debe buscarse… ¡en el Estado! Capaz de descentralizar sus “prácticas democráticas” y garantizar la viabilidad de una salida progresista a la crisis, el Estado social-liberal propuesto por el petismo permitiría prefigurar las vías de la transición de la crisis neoliberal hacia la renovación del proyecto desarrollista distributivista: “El nuevo gobierno tendrá como centro de sus preocupaciones la construcción y puesta en marcha de estrategias que mejoren la distribución de ingreso y refuercen la conservación de la diversidad ambiental, la pluralidad y la singularidad de nuestras diferentes culturas”. 34

El terreno idóneo estaría abonado por la difusión cada vez mayor de los valores democráticos. En la evolución de esa especie de raciocinio se inscribe el debate sobre la alternativa programática petista.

Entre la bolsa y las políticas compensatorias

Como ya se subrayó, la propuesta del nuevo contrato social petista fundamentalmente camina en dirección de la modernización de los compromisos institucionales capaces de conciliar las exigencias del mercado y las demandas sociales. En esos términos, el programa de gobierno de Lula reserva un papel esencial a la propuesta de renovación y fortalecimiento del mercado brasileño de acciones mediante la instrumentación de los fondos salariales y de los fondos de pensión: “los fondos de pensión han constituido un mecanismo de creciente importancia de movilización del ahorro de los asalariados. Eso también daría la oportunidad de encauzar recursos adicionales a las instituciones especiales de crédito, reforzando sus fondos de préstamo”. 35

Lograr que el mercado de acciones brasileño se convierta en un instrumento eficaz de impulso de las inversiones productivas ilustra, en gran medida, la preocupación central del programa de Lula con el desarrollo estimulado de los trabajadores brasileños en el sentido de “fortalecimiento del mercado interno futuro”. La propuesta petista de financiación de garantías salariales propugna comprometer los fondos de pensión —particularmente los recursos provenientes de los fondos salariales (como el Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio), pero no sólo eso— para invertirlos en acciones con supuesta participación de los trabajadores en la administración de los recursos realmente movilizados o potencialmente utilizables.

No está de más recordar que el gobierno de Fernando Henrique Cardoso fue pionero en la utilización de los recursos de los fondos salariales para la capitalización de empresas estatales como Petrobras o empresas privatizadas como la Compañía Vale do Rio Doce. Sin embargo, recientemente, se autorizó el empleo de recursos del Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio para comprar acciones del Banco de Brasil. Es decir, el fortalecimiento del mercado de capitales brasileño mediante la utilización de recursos de los fondos salariales o de los fondos de pensión se inserta en un movimiento iniciado por el gobierno anterior, por lo que no representa gran novedad en términos conceptuales.

Sin embargo, la novedad política estriba en que la propuesta de manipular financieramente los fondos salariales esté en el programa de gobierno de un partido de izquierda que busca viabilizar la contrarreforma en el sistema de previsión social.

En realidad, la propia tesis del nuevo contrato social según el cual la colaboración de clases garantiza la prosperidad común encuentra en la propuesta petista una mediación bastante emblemática, en la medida en que serviría para apuntalar intereses del mercado y de los trabajadores en un terreno supuestamente común: el del “desarrollo nacional”. Por un lado, el mercado de capitales comenzaría a acceder a recursos del orden de 27.5 billones de reales y, por el otro, los trabajadores podrían esperar, siempre hipotéticamente, mejores jubilaciones. 36

De acuerdo con el Programa de Gobierno de la Coalición Lula Presidente :

Respecto al tercer pilar del actual sistema de previsión social, la previsión complementaria, que puede ejercerse a través de los fondos de pensión, patrocinados por empresas o instituidos por sindicatos (conforme la Ley Complementaria 109), dirigida a aquellos trabajadores que quieren ingresos adicionales además de la garantizada por los regímenes básicos, debe ser entendida también como poderoso instrumento de fortalecimiento del mercado interno futuro y fuente de ahorro de largo plazo para el desarrollo del país. Es necesario que esa institución crezca y se fortalezca mediante mecanismos de incentivo. 37

No hay dudas de que el mensaje petista es bastante claro: solamente será posible humanizar el capital con astucia y resignación, finalmente la planeación conspira en favor del progreso. Sin precipitaciones o acontecimientos espectaculares, la política acaba por transformarse en una técnica de negociación. El manejo financiero de garantías salariales sobre la base de la administración de los fondos de pensión sintetiza la iniciativa petista de intentar articular los intereses de los ahorradores y los de los trabajadores. Los sindicatos brasileños, por ejemplo, encontrarían mediaciones decisivas y capaces de influir sobre las normas de jubilación, en los fondos salariales o en los fondos de pensión.

Racionalidad, realismo, modernidad y progreso: al lado de un rendimiento máximo de corto plazo, los trabajadores serían “beneficiados” por una tasa de rentabilidad garantizada de largo plazo, en contrapartida con una estabilidad del control de propiedad. Frente a un llamado tan claro a la colaboración clasista, siempre es saludable recordar las palabras de François Chesnais sobre la versión francesa de esa propuesta:

Sin embargo, si creyéramos en nuestros gobernantes y en sus asesores, invertir en acciones representaría la solución milagrosa para el “problema de las jubilaciones”, y la bolsa, el lugar donde se produciría de manera indolora la magia de la “multiplicación de los panes” en su versión contemporánea. Puro embuste que ningún sindicalista puede apoyar o endosar sin desmoralizarse completamente. Antes de repartirse en forma de dividendos, el valor o la riqueza debe producirse, ¿por quién? por los asalariados nacionales o extranjeros que trabajan en empresas que harán todo para bajar los salarios e imponer la máxima flexibilidad del trabajo. Es así como las bolsas se transformarán en el caballo de Troya de todas las fuerzas que querían destruir el sistema de jubilación por repartición y realizar, con unos pocos asalariados privilegiados, el viejo sueño capitalista de colaboración capital-trabajo, o incluso, una nueva fórmula de participación de los asalariados en la administración capitalista de las mayores empresas. 38

Para democratizar al Estado y asegurar el crecimiento con estabilidad el programa de gobierno de Lula difunde abiertamente el viejo sueño capitalista de la colaboración de clases entre trabajadores y burguesía. En ello reside el gran objetivo de la realización de un nuevo contrato social negociado entre empresas y sindicatos, sea en torno a la propuesta del nuevo modelo de desarrollo con crecimiento, al manejo financiero de los fondos salariales, a la restauración de la competitividad nacional o en torno a cualquier otra mistificación.

Además, el nuevo contrato social debe mostrar que es capaz de mantener al trabajo como valor primordial de integración en la sociedad. El principal reto del nuevo modelo de desarrollo se encontrará en el ámbito de la lucha contra la exclusión. Precisar y difundir principios equitativos en la repartición del ingreso, de tal modo que la repartición del valor agregado global ya no sea tan desfavorable para las clases bajas. El Estado social-liberal, en esos términos, debe asumir “el papel de inductor de proyectos capaces de estimular el desarrollo de políticas de inclusión y la protección de los segmentos sociales vulnerados”, según palabras de Antonio Palocci, ex prefecto de la ciudad paulista de Riberão Preto, coordinador del equipo de transición del nuevo gobierno y actual ministro de Hacienda del gobierno de Lula. 39

Es decir, prácticamente toda la radicalidad del programa de gobierno de Lula debe medirse por su capacidad de distribuir ingreso a los “segmentos sociales vulnerados”. Construir los medios económicos aptos para sustentar los derechos incondicionales del ciudadano, evitando que el “lado malo” del mercado prevalezca sobre el “bueno”.

En la base del proyecto de inclusión petista brillan las políticas sociales compensatorias como el programa Hambre Cero (Fome Zero), presentado por el equipo de transición petista en calidad de principal política pública del primer año del nuevo gobierno. Para el PT se trata de una iniciativa a tono con los nuevos tiempos, pues es capaz de combinar las exigencias del mercado y las demandas sociales, en busca de corregir las brutales desigualdades generadas en la formación social brasileña, como es el caso del flagelo del hambre que hace víctimas a, aproximadamente, 10 millones de familias.

A decir de Frei Betto, actual coordinador de movilización social del proyecto Hambre Cero: “El proyecto Hambre Cero, que será implementado por el gobierno de Lula, pretende reducir significativamente la exclusión social que convierte a Brasil uno de los tres países más injustos del mundo”. 40

Luego del anuncio de Lula, el primero en calidad de presidente electo, de que la prioridad de su gobierno sería el combate al hambre, el programa Hambre Cero, uno de los muchos programas presentados a lo largo de la campaña presidencial, asume un papel destacado. Aparece en los encabezados de todos los periódicos brasileños y logra una amplia cobertura por parte de los medios de comunicación masiva. El debate sobre el hambre se había retomado en Brasil. Rápidamente se instaura un gran consenso a nivel nacional e internacional. A pesar de algunas críticas, los apoyos provenientes de los más diversos sectores de la sociedad brasileña y de estructuras del poder trasnacional llegan abundantemente.

En reciente visita al estado brasileño de Pará, por ejemplo, James Wolfensohn, presidente del Banco Mundial, declaró estar entusiasmado con el esfuerzo del gobierno recién electo por combatir el hambre en Brasil. Elogió Hambre Cero y afirmó que pretende “apoyar y aprender” del gobierno de Lula: “Nosotros (el Banco Mundial) queremos desempeñar un papel mayor para el país, si el gobierno quiere. El proyecto (Hambre Cero) es urgente, es posible y es práctico”, llegó a decir Wofensohn. 41 Evidentemente, la aprobación del presidente de uno de los principales instrumentos de la mundialización imperialista representa mucho en términos de recursos y credibilidad internacional. Contribuye a abonar los consensos en torno al programa petista.

A pesar de que el objetivo del programa corresponde, efectivamente, a un dramático problema para las clases bajas brasileñas, un análisis un poco más detallado de su estructura y modo de funcionamiento señala problemas muy claros. En primer lugar, viendo las limitaciones presupuestales reconocidas y aceptadas por el gobierno electo, el modo de financiamiento de Hambre Cero corresponde, sin muchos cambios, a la lógica neoliberal de “racionalizar” recursos para garantizar la “normalidad” fiscal­.

Básicamente, el dinero provendrá de fuentes ya existentes y competirá con las antiguas políticas sociales compensatorias instauradas por el antiguo gobierno.

Si consideráramos los últimos debates sobre el reajuste del salario mínimo brasileño, las negociaciones sobre la reforma de la previsión social y la reforma fiscal, no hay dudas de que faltarán recursos para la tarea propuesta por el PT. En ese sentido, Hambre Cero no rebasa las políticas sociales compensatorias ya existentes o acordadas; por tanto, insuficientes para resolver el problema brasileño del hambre. Es decir, más allá del discurso sobre la “moralización” en el uso del dinero público, la movilización de los recursos no avanza mucho respecto a lo que ya existe o se encuentra a disposición del gobierno. El cambio vendría de una modificación en el “foco” de las políticas compensatorias. El combate al flagelo del hambre se transforma en “prioridad” de la política social petista. Los demás programas se someten al nuevo “enfoque­”.

En realidad, frente a la crisis política y la certeza de un comienzo de mandato centrado en la administración de la crisis económica, Hambre Cero desempeña un papel esencial: garantizar, ante las clases bajas brasileñas, una “cortina de humo” para el primer año del gobierno de Lula. Reajuste de los servidores públicos federales (hace ocho años que no se realizan ajustes), aumento del mínimo, deudas de los estados, crisis de la deuda externa, aumento del desempleo, baja de las inversiones externas, posibilidad de una nueva guerra en el Golfo, recesión, regreso de la inflación…

El escenario de crisis se encuentra prácticamente montado y la “esperanza” claramente manifestada por los trabajadores brasileños de que haya cambios en la orientación de la política económica recesiva no tarda en agotarse ante la aceptación del PT de las “reglas” impuestas por el acuerdo con el FMI, por ejemplo. Sin embargo, si la crisis se presentara con la fuerza prevista y fatalmente comenzaran a cobrarse las facturas, siempre podrá decirse que el gobierno de Lula está prioritariamente preocupado por el combate al hambre.

En ese sentido, Hambre Cero difiere de las políticas compensatorias del gobierno de Fernando Henrique Cardoso: el atractivo mercadotécnico y político es mucho más eficiente. El programa es capaz de hacer que la lógica neoliberal de administración de la crisis social gane una evidente popularidad. Además de intentar incorporar metamórficamente al MST, mediante la reactivación de la agricultura familiar, la política de la administración de la crisis del Estado, despolitizando parte de sus tácticas, en un claro intento de frenar la lucha en el campo. No es casualidad que los asentamientos para los Sin Tierra y el apoyo a los pequeños agricultores están entre las prioridades identificadas por el programa Hambre Cero para el próximo año.

En suma, Hambre Cero representa un instrumento bastante ingenioso de disminución de los potenciales conflictos del PT con las clases bajas. La decepción popular ante un gobierno de izquierda —que se niega a reajustar lo mínimo en dirección a una etapa anteriormente defendida por los propios parlamentarios petistas— podrá ser realmente minimizada con la propaganda proveniente de la implementación del programa­.

El esfuerzo contrarreformista del gobierno electo también saldrá fortalecido; finalmente las reformas laborales, tributaria y fiscal, pero, sobre todo, la previsión social —inconclusas por el gobierno anterior— adquieren una función “social” bastante visible. O sea, el combate al hambre será realizado sobre las base de la eliminación de derechos y garantías sociales —sobre todo en el caso del funcionalismo público— conquistados a lo largo de décadas de luchas de las clases bajas brasileñas.

Conclusión

El jagunço Riobaldo del maestro Guimarães Rosa tenía toda la razón. Volver viable ese proyecto de humanización del capitalismo mediante una revolución pasiva a la brasileña puede ser mucho más peligroso que lo imaginado por la dirigencia del Partido de los Trabajadores.

El movimiento molecular de las transiciones graduales requiere tiempo y es eso lo que el nuevo gobierno está pidiendo. Pero no tendrá el tiempo que pide. Quien le quitó esa oportunidad fue el propio Fernando Henrique Cardoso que terminó su mandato con la economía en crisis, con la inflación de regreso, con niveles de endeudamiento externo e interno alarmantes, el agotamiento de las reservas cambiarias, la destrucción de parte importante del parque productivo nacional y cerca de 1.8 millones de desempleados tan sólo en la región de Grande São Paulo.

Como si no bastara la premura de la situación, la agenda también marca asuntos urgentes. En los primeros cien días de gobierno, Lula habrá de tomar dos decisiones cruciales para sus relaciones con los movimientos sociales: participar en las negociaciones sobre el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y definir el valor del nuevo salario mínimo.

A partir de enero, Brasil compartirá la presidencia del ALCA con los Estados Unidos. Asumir la co-presidencia equivale a aceptar las negociaciones. Baste recordar que en septiembre de 2002 más de 10 millones de brasileños participaron en un plebiscito extra oficial organizado por el MST, por la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), además de un gran número de sindicatos. Ahora, los organizadores del movimiento han insistido en que el nuevo gobierno necesita realizar un plebiscito oficial sobre este tema.

Durante la preparación del plebiscito, ya el PT se había retirado de la comisión organizadora. Fueron frecuentes los choques de opinión entre la candidatura de Lula y los organizadores del movimiento contra el ALCA. El carácter tan marcadamente político de las intervenciones programáticas petistas implica un evidente llamado a los trabajadores en el sentido de defender lo más activamente posible el “interés nacional” en la competencia que involucra grupos corporativos nacionales y bloques comerciales geográficos, como es el caso del ALCA: “Las negociaciones del ALCA no se realizarán en un clima de debate ideológico, pero se tomará en cuenta esencialmente el interés nacional de Brasil”. 42

En agosto, Lula llegó a afirmar que “el PT es un partido listo para ganar una elección nacional y no puede quedarse jugando al plebiscito”. 43 No sólo era una discordancia con la forma de conducir la lucha, como dejó claro el entonces candidato a la vicepresidencia al afirmar que las personas tomaban partido en contra del ALCA sin saber lo que significaba, y terminó con un elogio liberal: “Libre comercio significa el fin de las fronteras económicas, para ser exactos. Significa que los países vivirán en una economía rigurosamente abierta. ¿Esto es bueno para Brasil? Yo pienso que sí”. 44

El valor del nuevo salario mínimo es otro tema delicado. Durante la campaña electoral, el programa de la candidatura anunciaba que se duplicaría el salario mínimo, actualmente en 200 reales (69.8 dólares estadunidenses). La propuesta del programa estaba muy por debajo de lo determinado por la propia Constitución, que definía al salario mínimo como lo suficiente para la manutención de una familia, lo que incluye gastos como alimentación, vivienda, educación, salud, transporte, ropa, higiene, esparcimiento y lo relativo a la previsión social, lo que según el Departamento Intersindical de Estudios Socioeconómicos (DIESE) en el mes de noviembre de 2002 equivalía a 1357.43 reales (473.74 dólares). Pero aun esta propuesta peligra. Para cumplir la meta de 3.75 por ciento del PIB de superávit primario acordado con el FMI, el nuevo gobierno necesitará castigar los salarios.

José Dirceu, ex presidente del PT y probable ministro de la Casa Civil, ya advirtió que difícilmente habrá un aumento significativo del salario mínimo:

El compromiso del candidato Lula fue duplicar el mínimo en cuatro años. Cuando se discuten propuestas que hizo el PT, se olvida que aquel escenario económico ya no existe, en una situación presupuestal que ya no existe. […] Vamos a discutir con la sociedad la situación que estamos heredando, no la de un año atrás.”

Desafortunadamente, para el PT, la contradicción no puede ser eliminada por la administración estatal. Preocupados por administrar el presente, los dirigentes petistas pueden acabar chocando contra las esperanzas en el futuro despertadas por la propia candidatura de Lula. La nominación hecha por el nuevo gobierno de Henrique Meirelles para el Banco Central (BC), un ex presidente de la Cámara Americana de Comercio, ejecutivo de BankBoston y diputado por el Partido de la Social-Democracia Brasileña (PSDB), el partido de Fernando Henrique Cardoso; de un líder industrial, Luiz Burlan, para la cartera de Desarrollo, y de Roberto Rodrigues, un representante del agrobusiness para la Agricultura, pueden apuntar hacia lo que está por suceder.

La designación de Meirelles es particularmente irritante para los movimientos sociales. El nuevo presidente del Banco Central lleva al seno del nuevo gobierno el punto de vista de los inversionistas internacionales, como él mismo lo subrayó:

En realidad, hoy la tasa de interés en Brasil la deciden en Nueva York, Londres, y la gente de Brasil no conoce el mercado de allá. Yo viví los últimos seis años en Boston, captando y aplicando en los mercados internacionales, con grandes posiciones en Brasil, Argentina, Chile, México, Singapur, Corea, Indonesia y Hong Kong. Operé todo el tiempo en esos mercados. Mi visión de gerencia de crisis es mucho mayor que la de la gente de Brasil. En la BankBoston Corporation, yo era el responsable de la Tesorería. Es decir, de la mesa de operaciones, y no sólo de la de los mercados emergentes sino también de la del papel estadounidense. Y la posición que yo administraba allá era mayor que la que el Banco Central administra aquí. Yo manejaba 80 billones de dólares estadunidenses en el BankBoston y 200 billones en el Fleet. 45

En el debate realizado en el Senado, Meirelles reiteró su discurso y afirmó que su gestión en el BC estará marcada por la continuidad. “¿Que si seguiremos la política del señor Armiño Fraga [presidente del BC durante el gobierno de Cardoso]? Sí”, afirmó, para después continuar, refiriéndose a la administración del ex presidente: “es una política económica que trajo progresos considerables a Brasil”. 46

La designación de Meirelles ya generó las primeras protestas por parte de la izquierda. La senadora petista Heloísa Helena afirmó que no refrendaría el nombre del nuevo presidente del Banco Central en el Senado ni bajo tortura. Con todo y las amenazas públicas de parte del nuevo ministro de la Casa Civil, José Dirceu, la senadora mantuvo su posición y no compareció en la votación.

El episodio que involucra la designación del nuevo jefe del BC y a la senadora Heloísa Helena revela las tensiones existentes entre la gestión del presidente y la esperanza en el futuro.

Como subrayamos antes, los resultados electorales de 2002 expresaron un profundo deseo de cambios sociales y una nueva correlación de fuerzas sociales. Este deseo de cambios es incompatible con la continuidad de las políticas económicas neoliberales. Una actitud enérgica e inmediata por parte del gobierno respecto a las negociaciones sobre el ALCA y en la discusión sobre el salario mínimo, señalando, por un lado, una postura de enfrentamiento con la política externa norteamericana y, por el otro, una inversión de prioridades en la política económica, tendrían un impacto profundo y podrían actuar como catalizadoras de un proceso de reactivación de los movimientos sociales que le serviría de apoyo para sustentar una transmutación de los contenidos y de las formas de la política.

Tal actitud indicaría la posibilidad de cambios en el proyecto social brasileño, rompiendo con los patrones de desigualdad social y de subordinación externa que prevalecieron hasta ahora. Sin embargo, esa actitud implica una estrategia de confrontación social y teórico, una renovación programática militante que sustituiría los llamados a una transición pasiva y gradual, inviable al extremo, por una política de anti-revolución pasiva capaz de oponer al orden actual del capital una “antitesis vigorosa”. 47 La construcción de esa “antitesis vigorosa” en el terreno de la política y la teoría es el desafío, más actual que nunca, de la izquierda brasileña.

 

Notas

1. Al entrar al cangaço (organización popular originada en el sertón, que buscaba hacer justicia por cuenta propia y fuera de la ley establecida), aunque no creía en el Diablo, Riobaldo Tatarana le vendió su alma. Siempre se comportó según el pacto establecido, sin embargo, al final de su vida solitaria, sorprendido descubrió que el Diablo no había comprado su alma. (N. de la T.)

2. MST, “Carta ao povo brasileiro e ao presidente Lula”, en MST Informa , año 2, núm. 26, 8 de noviembre de 2002.

3. CUT, A CUT e o novo cenário político , São Paulo, 28 de noviembre de 2002.

4. Región obrera del Gran São Paulo. (N. de la T.)

5. Ricardo Antunes, A rebeldia do trabalho. O confronto operário no ABC paulista,1978-1979 , Campinas, Unicamp, 1992.

6. PT, Partido de los Trabajadores, Resoluções de Encontros e Congressos. 1979-1998 , São Paulo, Fundação Perseu Abramo, 1998, pp. 47-48.

7. Ibid. , p. 53.

8. Ibid. , pp. 68-69.

9. Véase, por ejemplo, a Eder Sader, Quando novos personagens entram em cena. Experiências e lutas dos trabalhadores da Grande São Paulo (1970-1980) , 2ª. ed., São Paulo: Paz e Terra, 1995.

10. Margaret Keck, PT: a lógica da diferença , São Paulo: Ática, 1997.

11. Álvaro Bianchi, “Do PCB al PT: continuidades e rupturas na esquerda brasileira”, en Marxismo vivo núm. 4, diciembre de 2001, pp. 106-116.

12. PT. Partido dos Trabalhadores. Resoluções de Encontros e Congressos , Op. cit., pp. 70-71.

13. Ibid. , p. 114.

14. Cyro García, “O PT das origens não existe mais”, en Marxismo vivo núm. 4, diciembre de 2001, pp. 93-105.

15. Para una crítica del practicismo político en Brasil véase los señalamientos de Sérgio Lessa, “Crítica ao praticismo ‘revolucionário'”, en Praxis núm. 4, julio de 1995, pp. 35-64.

16. Respecto a la crítica al Estado ambivalente véase el capítulo V de Ruy Braga, A nostalgia do fordismo. Modernização e crise na teoria da sociedade salarial , São Paulo: Xamã, 2003.

17. Marco Aurélio Garcia, “Terceira via: a social-democracia e o PT”, en Teoria & Debate núm. 12, oct.-dic., 1990.

Disponible en http://www.fpabramo.org.br/td/nova_td/colecao_td.htm

18. PT. Partido de los Trabajadores, Resoluções de Encontro e Congressos, op. cit., p. 502.

19. Paul Singer et al. Economia socialista , São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2000.

20. Ibid., p. 72.

21. Ibid., p. 73.

22. Citado por Carlos Marx, Miseria de la filosofía . Respuesta a la Filosofía de la Miseria del Sr. Proudhon , São Paulo: Ciencias Humanas, 1982, p. 136.

23. Guido Mantega, “O que esperar do governo Lula na politica e no social?”, Exame ¸ 21 de noviembre de 2002.

24. Antonio Gramsci, Quaderni del carcere, edición crítica preparada por el Instituto Gramsci (a cura di Valentino Gerratana), Turín: Giulio Einaudi, 1977, pp. 1220-1221.

25. PT. Programa de governo 2002. Um Brasil para todos , Brasilia: Coligação Lula Presidente, 2002.

26. Luiz Inácio Lula da Silva, Carta ao povo brasileiro , Brasilia: Coligação Lula Presidente, 2002.

27. PT, Programa de Governo 2002 , op. cit., p. 8.

28. Ibid. ¸ p. 42.

29. Ibid ., p. 8.

30. Ibid ., p. 42.

31. Ibid ., p. 17.

32. Ibid ., p. 48.

33. Ibid ., p. 8.

34. Ibid ., p. 68.

35. Ibid ., pp. 43-44.

36. Tomando como base el tipo de cambio del 6 de octubre de 2003, cuando a un real corresponden 0.349 dólares, se está hablando de 9.59 billones de dólares estadunidenses. (N. de la T.)

37. Ibid ., p. 27.

38. Ibid ., p. 15.

39. Cf. Antonio Palocci, “Crescimento, emprego e inclusão”. Entrevista realizada por Ricardo de Azevedo y Rose Spina para Teoria & Debate núm. 51, julio-agosto de 2002. Disponible en: <http://www.fpabramo.org.br/td/nova_td/

40. Frei Betto, “Fome Zero”, en Folha de São Paulo , 11 de diciembre de 2002.

41. Folha de São Paulo , 27 de noviembre de 2002.

42. PT. Programa de governo 2002. Op. cit. , p. 13.

43. Folha de São Paulo , 25 de agosto de 2002.

44. Folha de São Paulo , 26 de octubre de 2002.

45. Folha de São Paulo , 5 de noviembre de 2002.

46. Guilherme Barros, “Meirelles critica ‘bobagem' do mercado”, entrevista, Folha de São Paulo , 12 de diciembre de 2002.

47. Folha de São Paulo , 18 de diciembre de 2002.

 

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