No. 52
(junio-julio de 2003)

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CORREO DE PRENSA INTERNACIONAL

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Una crisis que se prolonga

Waldemar Torino y Mario Pieri*

La coyuntura de crisis se mantiene en todos sus términos, en tal sentido, reafirma la validez del análisis realizado en el III Congreso de la Corriente de Izquierda (CI): Los tres componentes claves que dieron sustento al discurso neoliberal (eficacia, estabilidad, legitimidad), se han derrumbado. Ya no se trata solamente de la crisis del paradigma presentado como el único “modelo de crecimiento” posible, sino de la crisis del Estado, de los partidos tradicionales, y del régimen político de dominación post-dictadura, instaurado por la vía de la “democracia representativa (...) La crisis capitalista y la pérdida de legitimidad del gobierno de coalición como agente político de las clases dominantes, adquiere una nueva dimensión ante la gigantesca confiscación de ingresos, empleos y ahorros para seguir pagando la deuda externa, el asalto programado contra los bancos y los servicios públicos, y el salvataje de los especuladores financieros privados y extranjeros. (De Cara al III Congreso, documento aprobado, ver Desde los Cuatro Puntos No. 46, noviembre 2002 e Inprecor No. 475/476, octubre/noviembre 2002)

Sin embargo, la crisis no ha desembocado en una derrota política del gobierno, ni en una salida alternativa de los trabajadores. La propuesta levantada por la CI de “Fuera Batlle y el FMI del Gobierno, Elecciones ahora”, expresaba esa necesidad de romper con el cuadro institucional (cronograma electoral), al tiempo que resumía la convicción de las capas populares en lucha, de terminar con este gobierno.

Decenas de muros y paredes, pancartas en las marchas, y hasta pronunciamientos de organizaciones sociales (movimiento cooperativistas, organizaciones barriales, sindicatos), y la caída en picada del apoyo al gobierno (menos del 20%), demostraron que la “consigna” sintonizaba con un nivel de conciencia real.

Pero la crisis de legitimidad neoliberal no encontró un correlato de cuestionamiento de la legalidad burguesa (disfrazada bajo el manto de la “constitucionalidad”), ni en una dinámica de ruptura, ni en un movimiento de masas capaz de imponer la caída del gobierno.

¿Sin gobierno?

El carácter reaccionario y lacayo del gobierno ha vuelto a ponerse de manifiesto. Tanto el decreto que pretende imponer una “verdad oficial” y un punto final sobre los desaparecidos (informe de la “Comisión para la Paz, organismo creado para enterrar cualquier juicio al terrorismo de Estado), como la vergonzante posición sobre la guerra imperialista contra Irak, el voto contra Cuba en Ginebra, y el apoyo incondicional a la política de Bush, confirman ese carácter del gobierno tal cual desde el mismo momento de asumir Batlle, lo denunció la CI.

Sin embargo, estas iniciativas no esconden para nadie que el gobierno de Batlle y sus socios en el gobierno sufren un aislamiento espantoso. Medios de prensa de la derecha, incluso lo reconocen abiertamente: el acuerdo con el FMI vino a desnudar aún más las mentiras y los ocultamientos que rodearon la crisis bancaria. Hasta Ramón Díaz planteó un posible juicio político al presidente: “El gobierno de Jorge Batlle parece destinado en lo que le resta a administrar las pérdidas y a distribuirlas entre la sociedad uruguaya (...) El tiempo político de grandes reformas pasó para Batlle. Le queda el tiempo para restañar heridas, para evitar desbordes sociales, para llegar a una transición ordenada en 2005.” (Alejandro Nogueira, El Observador Económico, 1-3-03).

En el terreno de la “opinión pública”, el grueso de la población opina que la responsabilidad de la crisis es del gobierno: en la encuesta citada de DOXA el 55,5% de los consultados en el ámbito nacional opina que la principal causa de la situación del país es la política del gobierno.

Sin embargo, el propio gobierno ha sacado réditos de su debilidad y del miedo de la oposición. Manejando con sabiduría ese miedo a que sucediera una crisis institucional (que permitiera una irrupción de masas como la que terminó con De la Rúa en Argentina) se aprovechó de la política de “autolimitación” que predomina en el FA.

Entre la ruptura de la coalición con el Partido Nacional y la “gobernabilidad” declarada del FA, Batlle hace los deberes que el FMI y el Banco Mundial le ponen. Logró aprobar en el parlamento la mega concesión que implica la privatización de las rutas y los peajes, y se da el lujo de subordinar en forma descarada su política exterior a la política exterior norteamericana, el sometimiento al ALCA y a la negociación bilateral con los EEUU, mientras que se distancia de Brasil y Argentina en el tema de relanzar al MERCOSUR

El gobierno acelera el chantaje represivo al plantear sistemáticamente que en la crisis de julio-agosto 2002, estuvieron en juego las libertades democráticas. Mientras que desde el Ministerio del Interior se orquesta un operativo de razzias y controles que afecta principalmente a los jóvenes, desempleados y habitantes de los barrios más pobres. Simultáneamente, se hace más fuerte el discurso de criminalizar la protesta social como “desestabilizadora de la democracia”.

Recesión y crisis económica

Esta resistencia social se despliega en un escenario económico que acumula el cuarto año consecutivo de recesión, crisis financiera, y un Estado en bancarrota. Expresión nacional y regional de las contradicciones y de la crisis recesiva que el sistema capitalista sufre a nivel mundial: los pronósticos anuncian un “freno del ciclo productivo mundial”.

Mientras que para el FMI la economía mundial crecerá un 3,2% en el 2003 (0,5% menos que antes de la guerra contra Irak), para el Banco Mundial la “guerra preventiva” de Bush le costará al mundo el 0.5% de su PIB.

En cuanto a América Latina, apenas crecerá un 1,5% de lo augurado antes del 19 de marzo. (Clarín, Buenos Aires, 10-4-03). Mientras los países de la región que se debaten en las más espantosa miseria social, se convierten en “exportadores netos de capital” al seguir transfiriendo riquezas por vía del intercambio desigual y el pago de la deuda externa. La sangría de recursos no se detiene, por el contrario, los países de América Latina y el Caribe pagaron el año pasado —para cubrir antiguas deudas— 9.000 millones de dólares, cifra muy superior a la que recibió por concepto de nuevos créditos o inversiones extranjeras directas. (Informe del Banco Mundial, citado por el diario La Jornada, México, 19-4-03).

En este contexto, una nueva expropiación de los salarios e ingresos de las clases populares y de la soberanía nacional estará al orden del día. Más todavía, cuando el presidente del Banco Mundial anuncia la próxima puesta en escena del Consenso de Washington II.

El gobierno de Batlle se somete sin chistar a la agenda neoliberal de los organismos financieros internacionales. Acaba de firmar una nueva Carta de Intención con el FMI en la que se compromete a: un superávit fiscal primario de 3.2% para el 2003; 3.3% promedio para 2004-2005; y el compromiso hacia los futuros gobiernos, de mantenerse más arriba aún, en el 4%. Una caída del PBI del 2% lo que llevará el producto del 2003 a 10.100 millones de U$S.

Si tomamos en cuenta que en 1998 el PBI fue de 22.371 millones de U$S y en 2002 de 12.276 millones de U$S se ha acumulado una caída en U$S del 45%, si se confirman las previsiones de la carta de intención la caída acumulará un 54%. En precios constantes el PBI cayó en los últimos cuatro años 17,5% pues en el 2002 acumuló una caída de 10,8%. (Cifras del Banco Central).

Según la misma CEPAL, la formación bruta de capital fijo se reduciría un 30% que acumulará en el cuatrienio 1999-2002 una reducción del 50%, lo que compromete seriamente las posibilidades de crecimiento en el corto y mediano plazo.

Para alcanzar los objetivos de la Carta de Intención se plantea la baja de los salarios y jubilaciones: el mantenimiento del impuesto a los sueldos (medidas impositivas de mayo del 2003 que en su momento se presentaron como transitorias); aumento del superávit de empresas públicas (destinado a Rentas Generales) mediante recorte del gasto y ajustes en las tarifas; aumento en el combate a la evasión impositiva; no se otorgarán nuevas exenciones impositivas ad-hoc a sectores específicos de la economía; avanzar en la reforma impositiva basada en extender la base imponible del IVA, concentrar otros impuestos bajo el paraguas del IMESI, aumentar la base impositiva y consolidar el esquema del IRIC, elaborar con ayuda del Fund´s Fiscal Affairs Department un proyecto de ley para las reformas que contribuyan a mejorar el superávit fiscal primario que se hará votar al Parlamento; se buscará además reformar el sistema de pensiones de la Caja Bancaria y Militar.”

En la misma Carta se propone “abrir a la competencia las actividades previamente reservadas exclusivamente al Estado” (léase energía, agua, mantenimiento de vías férreas, compañía aérea, carreteras, minería, y auditar la concesión de las operaciones en el puerto de Montevideo). Para hacer esto se propone incrementar en 250 millones de dólares la deuda externa contratando un nuevo crédito con el Banco Mundial. Además el Gobierno se compromete a seguir promoviendo la facilidad de crédito otorgada por el BID para apoyo al sector exportador. Se planea una inflación del 27% (ya en marzo la inflación cerró en un 28% anual) que significa un ataque a los bolsillos de quienes tienen ingresos fijos.

Se plantea también la postergación voluntaria de pagos a los tenedores de valores públicos con el objetivo de cumplir con las amortizaciones a los organismos financieros internacionales.

Es decir, ajuste recesivo, aumento de la dependencia, apuesta a las exportaciones y prescindencia del mercado interno lo que implica el empeoramiento de las condiciones sociales.

En resumen, se continúa la política económica que ha llevado al país a la situación actual, lo que transfiere el problema de la deuda para las próximas administraciones. La perspectiva será entonces más desempleo, emigración, aumento de la brecha social, de la pobreza, la marginación y la violencia.

Hay una brutal pérdida de “capital humano” (eufemismo técnico para designar a la fuerza de trabajo) pues han sido afectadas aquellas ramas de la producción que más mano de obra ocupan: comercio, industria y construcción. La tasa de actividad que en 1998 llegaba a 60,4 en el último trimestre de 2002 fue de 57,7, la tasa de empleo que era de 54, 3 fue 46,6 en el último trimestre de 2002, la tasa de desempleo que en 1998 estaba en 10,1 en 2002 llegó a 19,8. En cifras absolutas significa que entre 1998 y el último trimestre de 2002 se destruyeron 200 mil empleos, que hay unas 270 mil personas desocupadas o sea 130 mil más que en 1998.

A esto hay que agregar los empleos precarios sin cobertura social y la emigración, solo en 2002 se expidieron 70.000 pasaportes esto se agrava si consideramos según la Dirección Nacional de Migración que entre 1995 y junio de 2000 hay un saldo de no regreso de 260.975 uruguayos. En términos salariales el 2002 acumuló una caída del 20%, con una inflación del 26%, el poder adquisitivo de trabajadores y jubilados se derrumbó, y se prevé que el deterioro del ingreso este año será del 15%. Según análisis del economista del PIT-CNT, Daniel Olesker, “Los salarios cayeron a niveles de 1984”(La República 17-4-03).

No pagar la deuda

La deuda externa vuelve a estar en la agenda política inmediata. El debate (falso y tramposo) en el “sistema político” es entre quienes plantean que hay que pagar... pero “difieren” en su forma.

Sin embargo, una encuesta divulgada por la empresa DOXA correspondiente a enero de 2003, informa que el 52% de los encuestados en el ámbito nacional opina que no se puede pagar la deuda externa, y que el 39,2% de los encuestados en el ámbito nacional opina que no se debe pagar la deuda externa. Es decir, se ha abierto un espacio en la opinión pública para una propuesta consecuente de No Pago de la Deuda Externa.

En el campo de la derecha se fueron perfilando dos grandes posiciones al respecto. Quienes apostaban a un default, o cesación de pagos, entre los que se encontraban los fundamentalistas neoliberales Ramón Díaz, De Posadas y Talvi. Es decir un escenario de cesación de pagos podría ser el más indicado en estas condiciones para radicalizar las medidas de corte neoliberal sin limitaciones, en especial las privatizaciones. (Caras y Caretas No. 78, 31-1-03). Por su parte, el semanario conservador Búsqueda afirmaba: “Se llegó a un punto límite. La deuda es pagable, pero no con los ingresos mensuales ni con la ayuda externa —que no es ilimitada—, sino que lo es con la entrega de activos valiosos. Más allá de lo que se pueda obtener por los entes o parte de ellos, eso constituiría una señal de seriedad muy llamativa. La voluntad de honrar la deuda sería tan fuerte, que podría generar un giro de último momento, de tal magnitud, que hasta quizá cambiaría la historia.” (Editorial del 10-10-02).

Por otro lado, están quienes apostaron desde un principio a la reprogramación de la deuda, entre quienes inicialmente no estaba el gobierno. Es el caso del senador del FA, Danilo Astori, que integra Asamblea Uruguay (grupo de izquierda “moderada”). Analizando el tema de la deuda decía, Astori decía: “...el país no puede dejar e cumplir con sus obligaciones (...) Sobre la modalidad de la reprogramación, lo más conveniente es referirla a los plazos de los compromisos asumidos, incluyendo posibles garantías de pago que contribuyan a evitar posibles alzas en las tasas de interés” (“Economía & Mercado”, El País, 14-10-02).

El gobierno tenía como proyecto pagar deuda con deuda, una propuesta impresentable para el FMI, finalmente se avino a discutir la reprogramación para los tenedores de bonos. El acuerdo con el FMI, cerrado finalmente el 10 de marzo, parece haber abroquelado la derecha en la perspectiva de la reprogramación. En especial luego de las declaraciones de Tabaré Vázquez (presidente del FA) el 31 de marzo, en que cuestionó duramente esta propuesta.

En resumen, los ejes de la crítica eran: el país ha sido conducido a una situación de insolvencia, no de iliquidez; el Estado se encuentra en “default” con los acreedores en los Bancos Públicos, sus proveedores no cobran desde hace un año, con los trabajadores y jubilados, con los usuarios de los servicios públicos referidos a la salud, educación y vivienda. Lo distinto de la propuesta es la proposición de que los tenedores de títulos deben participar del sacrificio con determinados niveles de quitas. El problema es que con la política económica que el gobierno se comprometió con el FMI es dudosa la sustentabilidad del programa.

En el mejor de los casos, se transfiere el peso de los compromisos para las dos próximas administraciones, lo que pone en cuestión la posibilidad de un programa de reformas estructurales y de reconstrucción económica y social sin un planteamiento claro de no pago de la deuda.

Es, por todo ello, y porque la deuda externa funciona como un elemento de disciplinamiento político de los países de la periferia, y un mecanismo de transferencia de riqueza y plusvalía, que el No Pago de la Deuda es un punto programático esencial en la lucha contra el neoliberalismo y el imperialismo. Pueden plantearse consignas tácticas como la moratoria o la suspensión del pago, pero en todo caso, implican, a fin de cuentas, cortar la sangría y No Pagar.

El FA mirando al 2004

Esa es la idea predominante en los sectores mayoritarios de la dirección del Frente Amplio (FA). En este sentido, la estrategia de convertirse en la principal garantía de la “gobernabilidad” y “lealtad institucional”, logró (por ahora) imponerse, al desvincular las luchas reivindicativas socio-económicas, con la lucha propiamente política por derrotar al gobierno y acelerar la crisis del régimen de dominación. La estrategia reformista alimentó la ilusión de una “capitalismo bueno” y bien administrado por un futuro gobierno de la “izquierda plural”.

Es decir, la percepción —para amplios sectores populares— que el horizonte de superación de la crisis socio-económica, se ubica a partir del 2004 (elecciones nacionales en octubre) con la victoria de una “alternativa progresista” por sobre la derecha neoliberal, es mayoritaria. O sea, que el cambio pasa —en el imaginario y la conciencia popular— por modificar el “estado de cosas” desde adentro de la legalidad burguesa.

La decisión estratégica que se ha ido afirmando en el FA —particularmente desde sus últimos tres Congresos— implica que nada que altere la estabilidad institucional y ponga en tela de juicio las reglas de juego del sistema de dominación, puede ser integrada a una política opositora y antineoliberal.

Se trata de una estrategia de integración sistémica (al ordenamiento institucional del Estado burgués) en el cuadro de la mundialización capitalista, y de adaptación a la lógica de la economía de mercado. Tal integración sistémica se ha visto reforzada por el “modelo Lula” (alianzas con la burguesía, pacto social, y programa económico de “cumplimiento de los contratos”... con el FMI) como por el curso francamente neoliberal del gobierno de Lucio Gutiérrez en Ecuador.

Escenario de resistencia

La movilización obrera y popular continúa siendo amplia, combativa, al tiempo que dispersa, fragmentada. Ante la ofensiva expropiadora y represiva del gobierno, ante los planes de hambre que imponen el capital y los organismos financieros internacionales, resiste con los instrumentos que cuenta.

Incluso en el entendido que el desempleo, la precariedad laboral, la informalidad y la emigración, fracturan la resistencia organizada y la acumulación clasista.

Pese a esto último, se desarrollan las luchas. Paros Nacionales y marchas convocadas por el PIT-CNT (central sindical) FUCVAM (cooperativas de vivienda) manifestaciones contra la guerra imperialista (con gran participación de jóvenes y mujeres), contra los peajes instalados por la mega-concesión en el interior del país, las ollas populares, la organización de los recicladores (similar a los cartoneros en Argentina), los Plebiscitos contra las privatizaciones en ANCAP (empresa pública petrolera) en AFE (ferrocarriles) y en OSE (empresa pública del agua), procesos de autogestión obrera, de cooperativas y ocupaciones de tierra, tanto en Montevideo como el interior, la lucha de los trabajadores del transporte, los bancarios, los ahorristas expropiados por los banqueros con la colaboración del gobierno, etc. Es decir la resistencia social se amplía y confluye en la lucha contra el conjunto de la política económica neoliberal.

En tal sentido, el escenario está prefigurado por la confrontación social. Tanto, que analistas de la derecha no dejan de anotarlo: “Los líos del 2003. La segunda mitad de este 2003 estará fuertemente teñida por los debates y la agitación social derivada de la discusión de la última Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de este gobierno, previo al comicio (...) Sin embargo otros asuntos pueden dividir profundamente las aguas y gravitar decisivamente. Eso ocurriría, por ejemplo, si finalmente se realiza un referéndum sobre la ley que permite a Ancap su asociación con otras empresas. Esa cuestión se dilucidará a finales de julio y, si el recurso se abre paso, el referéndum sería convocado para septiembre o quizás octubre de 2003” (Luis Casal Beck...)

El escenario de la resistencia, que asume un carácter prolongado y se convierte en el verdadero articulador de la lucha contra el neoliberalismo, reafirma los rasgos que describíamos en el III Congreso de la CI: “Estas manifestaciones de acción colectiva son protagonizadas por la clase trabajadora (empleada o desempleada), por una “masa de asalariados” públicos y privados, y por miles de “sujetos” sociales que forman parte de un proceso tan amplio como heterogéneo de reorganización popular (...) En tal sentido, podemos afirmar que el campo de las resistencias y las protestas es amplio y diverso. Que no hay uno solo y preferido punto de acumulación social y de intervención de la militancia de izquierda. Que las tendencias a la auto-organización se fortalecen. Que el repertorio de acciones colectivas de lucha responde a las transformaciones socio-económicas y a los efectos disgregantes que las contrarreformas liberales causaron sobre los lazos sociales tradicionales (...) Un campo de resistencias que no se limita ni a las ´estructuras´ del sindicalismo organizado, ni a la oposición ´clasista y combativa´ (...) Hay un cambio en la cultura de lucha popular, y en las estrategias individuales y colectivas de sobrevivencia”. (De Cara el III Congreso...)

Bajo el golpe de los sucesivos “ajustes fiscales”, de congelación salarial en los hechos, y aumento de la inflación, las protestas y movilizaciones se ligan con la afirmación de derechos recortados o simplemente confiscados (trabajo, salario, salud, educación, vivienda) y la urgencia de solidaridad para sobrevivir (trueque, comedores, merenderos, ollas populares).

El nuevo contexto internacional, pautado por la guerra y la ofensiva imperialista, y las enormes movilizaciones de masas contra la mundialización armada del capitalismo, pueden tener un efecto espejo.

Esto permite la posibilidad de un debate programático en la vanguardia, en los movimientos sociales y en el propio FA. Debate donde junto a las reivindicaciones sociales básicas del movimiento popular, es posible replantear medidas que combinen demandas democráticas, antiimperialistas y anticapitalistas.

Si “las consecuencias de esta guerra imperialista serán muy graves y duraderas para América Latina” (“Fuera imperialistas de Irak”, declaración de la CI, 26-3-03) es de esperar que se traduzcan en una mayor ofensiva del capital contra el trabajo, en la expropiación de conquistas y derechos, y en una aceleración de la entrega de soberanía nacional.

Lo importante a tener en cuenta para una izquierda como la CI es que, sin duda, el rechazo a la guerra introduce un factor adicional de movilización, politización y radicalización, que se fusiona con el combate contra la recolonización en curso, contra el ALCA y el Plan Colombia, contra el pago de la deuda externa y el FMI, contra el golpismo en Venezuela y, en términos generales, contra la política de criminalizar la rebeldía social.

Es decir, se trata de integrar la dimensión nacional a la lucha antiimperialista y anticapitalista que se desarrolla a escala internacional. Y en cuadro de inestabilidad-ingobernabilidad política regional y de continuidad de las luchas sociales (Argentina, Bolivia, Paraguay).

La CI ya tiene un antecedente de planteamientos programático por la positiva cuando la crisis financiera de julio-agosto 2002 (Propuesta para derrotar el Hambre) y en el III Congreso (Bases de Acción Política). Hoy, esa propuesta puede y debe actualizarse para diseñar (vía una Ley de Iniciativa Popular) una campaña de agitación, organización y acción en el cuadro de la lucha, la resistencia y acumulación revolucionaria.

Acumulación revolucionaria

La política de lanzar pequeñas intifadas, absolutamente incapaz de asumir un proceso de acumulación y construcción revolucionaria de largo plazo, está condenada al fracaso. Reproduce la fragmentación al priorizar el tacticismo coyuntural y el reclutamiento oportunista, en detrimento de la organización consistente y la perspectiva ideológica y programática socialista y de ruptura revolucionaria.

En ocasión de nuestro III Congreso, adoptamos una decisión que volvemos a reiterar: “El campo radical no se cierra en la CI. Esto ya nadie se anima a discutirlo, ni tampoco a decir que la CI es la única izquierda radical existente en el país. Tanto en los movimientos sociales como en el Frente Amplio, e incluso en sectores y grupos que no integran el marco orgánico de la unidad de la izquierda, existe una práctica radical, clasista y, en algunos casos, una reflexión que apunta hacia una perspectiva de unidad revolucionaria” (De Cara al III Congreso...).

En tal sentido, el III Congreso se definía por una acumulación de fuerzas en las luchas sociales antineoliberales y en la confrontación política con el reformismo. Esta orientación contemplaba, tanto alianzas puntuales y unidad de acción amplia con la “izquierda plural”, como con la izquierda radical, clasista, anticapitalista y de “intención revolucionaria”. Esta orientación era y es válida tanto en la intervención en el Frente Amplio, como en las organizaciones sociales.

Y el documento del III Congreso, basaba esa estrategia a partir de una constatación que resultaba de la propia práctica militante y de las diversas experiencias de lucha: “En contraste con la tendencia a la integración al sistema de la mayoría de la dirección del Frente Amplio, que privilegia la acción institucional, hay una izquierda que propone otras: una radicalización democrática de “reformas estructurales” como contrapartida a las contrarreformas liberales; iniciativas que asocien la lucha cotidiana ´antineoliberal´ con una lucha anticapitalista, en el entendido que vinculamos esas luchas a una estrategia de acumulación revolucionaria y a un programa socialista (aunque este no sea el logotipo de presentación); combatiendo la ideología de los conceptos ´útiles´ que justifican las propuestas de ´humanizar el capitalismo´ o que presentan la ´globalización´ cómo una fatalidad insuperable; desmistificando las fórmulas ´sociológicas´ (como lo de ´guerra de pobres contra pobres´) que pretenden borrar de la memoria y la conciencia colectiva una visión clasista de la sociedad”. (De Cara al III Congreso...).

Pues bien, pasados ocho meses del III Congreso ¿tales condiciones se mantienen, o se modificaron? La respuesta condiciona la perspectiva de la CI y, en un sentido más amplio, el de la construcción de una izquierda radical de lucha de clases.

Porque nadie puede poner en duda que de esa construcción dependen no sólo las posibilidades de presentar una disputa estratégica en el movimiento sindical en la perspectiva del Octavo Congreso del PIT-CNT (en octubre 2003) y en el próximo Congreso del Frente Amplio, sino de romper con el círculo vicioso del electoralismo y del posibilismo.

Si hemos dicho que el sectarismo y el “ultraizquierdismo” son desviaciones a esquivar, en una situación de derechización ideológica y programática como la actual, el oportunismo y la política reformista son los peligros mayores.

En tales condiciones, la CI debe salir del laberinto y traducir su potencialidad en construcción orgánica y capacidad de propuesta política. Esto implica actuar en un doble sentido: como referencia del Programa de 1971 (fundacional del FA) y del Congreso del Pueblo de 1967 (central sindical, movimiento estudiantil, y organizaciones populares) y como referencia democrático-radical, antiimperialista y dimensión anticapitalista, de crítica a la colaboración de clases, y de negación de la integración al sistema.

Reorientar la intervención política y social de nuestra militancia, es la condición para caminar hacia la construcción de la CI: “como una organización integrada por trabajadores, concientes de la lucha por el poder y el socialismo” (Bases de Acción Política, documento aprobado por el III Congreso).

Reorientar implica... audacia. Y asumir, sin temores, que estamos ante una discusión estratégica, y quien dice estrategia dice también: “posibilidades múltiples, ganancias y pérdidas y, por tanto, riesgos”.

Porque “toda estrategia —verdad banal desde Clausewitz— puede fracasar. Su examen exige distinguir lo que se pone en juego (ganancias y pérdidas según el desenlace sea favorable o sea una derrota), y los objetivos (las metas perseguidas por la voluntad política que concibe la secuencia operativa). Concepto dinámico, la estrategia no implica un ´estado de cosas´ estable y fijo”. (Henri Lefebre, Lo Stato I. Lo stato nel mondo moderno. Dédalo Libri, Bari 1976).

La derrota del Estado burgués no se obtiene como simple acto voluntarista. Y la correlación de fuerzas desfavorable para la realización práctica de esa tarea, no significa aprobar el argumento oportunista de la “izquierda plural” (reformista) de que la perspectiva de ser gobierno es todo y el objetivo de transformación estructural es nada.

Por otro lado, negar la importancia de la lucha por las reivindicaciones sociales y económicas básicas, por la defensa y ampliación de la libertades democráticas —incluso en el marco del Estado burgués— es simplemente una renuncia suicida. Significaría negar la necesidad de acumular fuerzas, abandonar la lucha por las reformas estructurales y por las reivindicaciones parciales.

En tanto socialistas, integramos esa lucha por las reformas, en una batalla global por una nueva sociedad y por un Estado de nuevo tipo. Justamente, la clarificación estratégica es determinante para orientar la táctica y las propuestas políticas concretas capaces de acumular fuerzas en una dirección revolucionaria.

En el cuadro de lucha contra el neoliberalismo, y ante la perspectiva de un gobierno del Frente Amplio, la CI debe insistir en sus planteos: romper con toda política de pactos y concertaciones con sectores de la burguesía, reformas económicas y sociales radicales (en términos de empleo, salario, políticas impositivas, educación, salud, vivienda, derechos humanos); la nacionalización de la banca; la reforma agraria; el no pago de la deuda externa; y la ruptura con el FMI y las negociaciones del ALCA.

Es decir, con todo lo que tienen de “reformistas” estas propuestas adquieren un contenido y una dinámica antiimperialista y anticapitalista.

En tal sentido debatimos y confrontamos con el reformismo, combatimos su estrategia del “consenso” y la “unidad nacional” por considerarla el camino más seguro a la derrota y desmoralización del movimiento de la masas. De la misma forma, es que criticamos el electoralismo y el parlamentarismo como “el vivero de todas las tendencias oportunistas” (Rosa Luxemburgo) y como el principal obstáculo para el desarrollo de un movimiento popular de lucha de clases.

Montevideo, junio 2003

 

* Miembros de la Dirección Nacional de la Corriente de Izquierda, reagrupamiento de la izquierda radical integrante del Frente Amplio.

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  • Dirección: Nellys Palomo Sánchez (hasta el número 35 en noviembre de 2001) José Martínez Cruz (a partir del número 36)

    Coordinación: José Martínez Cruz.

    Edición: Ana María Hernández.

    Colaboradores: Edgard Sánchez; Claudia Cruz; Josefina Chávez.

    Traducción de textos: Alberto Nadal.

  Desde los cuatro puntos es una publicación mensual de Convergencia Socialista, Agrupación Política Nacional (apn), registrada en el Instituto Federal Electoral. Registro de la Dirección General del Derecho de Autor (en trámite). Certificado de Título y Contenido (en trámite). Publicación periódica. Oficinas y suscripciones: Xola 181, 3er. piso, Col. Alamos, C.P. 03400, Teléfono 5 90 07 08, México, D.F.