No. 49
(febrero de 2003)

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CORREO DE PRENSA INTERNACIONAL

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El nacionalismo español y la soberanía vasca

José Ramón Castaños

Capítulo I

Valoración de la propuesta del lehendakari

1. El “proyecto Ibarretxe” propone para Euskadi un estatus de libre asociación con el Estado español basado en la idea de un pacto de soberanía compartida entre iguales. Esta propuesta se diferencia de las anteriores (plan de paz Ardanza y proyecto de Lizarra), en que sale de la ambigüedad para entrar en el terreno del contenido concreto que se quiere dar al autogobierno vasco y al modelo de relación con el Estado español. Se nos plantea así pasar del actual marco de autonomía otorgada (el Estatuto vasco está sometido a la autoridad del Estado), a un nuevo “Estatuto de libre asociación”, que traslade a las instituciones vascas el poder de decisión política.

El grado de soberanía que se reclama (competencias de autogobierno), plantea añadir a las que ya se tienen (Educación, Cultura, Sanidad, Orden Público, etc.), otras nuevas en materias como Justicia (reivindicación de un poder judicial propio); Seguridad Social (sistema vasco); Política Laboral (soberanía legislativa); Relaciones con Europa (representación propia y participación junto al Estado español en las cuestiones de interés mutuo). Lo más importante de esta propuesta es que traslada la soberanía sobre la definición del modelo de las Cortes españolas (donde está ahora), al Parlamento Vasco, y que propone como garantía de ese nuevo “pacto entre iguales” una Comisión paritaria de arbitraje que sustituya al actual Tribunal Constitucional en el entendimiento sobre los conflictos que pudieran existir entre las partes.

2. Una actualización del derecho nacional a los nuevos tiempos políticos. La originalidad de la propuesta consiste en la adaptación simultánea del viejo proyecto foralista, anclado en la reinstauración del derecho foral, y de los más recientes discursos independentistas, a las teorías modernas sobre el modelo confederal de relación política entre los pueblos, (la soberanía compartida o soberanía de lo posible en el nuevo contexto de la Unión Europea­).

La idea de “nación asociada” está emparentada hasta cierto punto con las fórmulas del “constitucionalismo positivo” de Herrero de Miñón, del “federalismo asimétrico” de Maragall, o del “federalismo de libre asociación” que propone Izquierda Unida, pero difiere de todas ellas en algo importante que no ha pasado desa­percibido para nadie. Es el hecho de estar formulada “desde abajo”; desde la raíz nacional de un pueblo con identidad propia que reclama para sí la soberanía de decisión; lejos por tanto de las teorías políticas que toman la unidad del Estado como un hecho inmutable y una realidad cerrada. La diferencia entre estas dos formas de aproximarse al problema no se refiere sólo al “quantun” del autogobierno resultante (las competencias exclusivas), sino también a cuestiones que afectan a “problemas sensibles” como el reconocimiento de la nacionalidad, (sentimiento de pertenencia); al derecho nacional (quien es el depositario de la soberanía política), y al pacto entre iguales (la soberanía compartida equivale a la renuncia del “derecho de injerencia” que los Estados se reservan siempre para sí).

No estamos en presencia de un proceso secesionista porque plantea abiertamente el deseo de convivir asociados a los pueblos de España, pero el hecho que no sea ahí , en el pacto entre iguales, donde se pongan los acentos, sino en el lado contrario, en la reivindicación de soberanía, ha desatado el miedo a la secesión, llenando el imaginario simbólico de los sectores más atrasados de la sociedad española, de las ideas que presentan a los vascos como un pueblo egoísta que quiere romper relaciones con España “para no compartir el bienestar que han conseguido o que la propia España les ha dado”.

3. Una nación de ciudadanos. Precisiones necesarias al debate sobre el sujeto del derecho. ¿Quién es vasco?; ¿sólo los nacionalistas o también los otros?; ¿sólo la comunidad étnica de origen vasco o también los ciudadanos de origen español o extranjero? Estas preguntas eternas que se le han hecho siempre al nacionalismo vasco fueron procedentes en su largo proceso constituyente, cuando los discursos en que fundamentó su identidad descansaban en la raza, en la lengua o en la etnia originaria, pero carecen de fundamento hoy, en el período de madurez de un nacionalismo democrático, cuya nueva identidad descansa en el escrupuloso respeto de la pluralidad y de los derechos ciudadanos. Aún así, vuelven a formularse una y otra vez como una maldición que persigue al nacionalismo vasco

La propuesta de Ibarretxe aclara los términos del debate fijando con precisión el “sujeto de derecho” (un pueblo vasco reconocible por su identidad), y el “marco vasco de decisión política”, (cada uno de los territorios en que ese pueblo se asienta). Así, y a diferencia de otros discursos fundamentalistas sobre la nación, el proyecto del lehendakari define al pueblo vasco como al conjunto de ciudadanos censados y con derecho a voto de cada una de las administraciones políticas en que vive (Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y País Vasco-francés). Ahora bien, de este hecho objetivo no deduce como propuesta de Gobierno la que es propia del programa nacionalista (la transformación del pueblo vasco en nación vasca unificada). Su ideario nacionalista le llevaría a proponer una identidad nacional colectiva para los vascos de todos los territorios y una reunificación política en instituciones comunes (un pueblo, una nación, un estado), pero no lo hace. La izquierda abertzale se ha desvinculado del proyecto justamente por eso; porque no habla de la construcción nacional unificada aquí y ahora.

La propuesta del lehendakari tampoco cierra esa posibilidad, sino que nos propone un proyecto de Nación Vasca y de construcción nacional abierto a la libre voluntad de los ciudadanos de cada uno de esos tres territorios. Rechaza por tanto la imposición de los vascos de unos territorios sobre los vascos de otros, y a partir de esta declaración de principios que deja la puerta abierta a un estrechamiento de la unidad y de las relaciones mutuas, se centra exclusivamente en el territorio que administra (Euskadi).

4. Un método democrático de decisión política; el nuevo estatuto de nación asociada será sometida a consulta ciudadana. Más allá de la bondad incuestionable del procedimiento (la consulta ciudadana deposita el poder de decisión en la mayoría social), esta fórmula permite resolver varios problemas: 1). En el caso improbable de que la oposición (o una parte de ella), acceda a un nuevo consenso sobre la propuesta de nación asociada, la consulta popular añadirá un “plus” de legitimación social añadida que será muy necesaria en la siempre difícil y tortuosa negociación con el Estado. 2). En caso contrario; si no hay consenso con al menos una parte de la oposición política (Partido Socialista y Batasuna, o al menos uno de los dos), la consulta popular no añadirá más división política de la que ya existe, sino que permitirá, en todo caso, contar las fuerzas que se tiene; saber con qué legitimación social se cuenta, y qué grado de rechazo existe. Ello permitirá a su vez recomponer estrategias políticas y liderazgos nuevos.

La flexibilidad táctica de este procedimiento aparece limitada sin embargo por dos circunstancias que lo condicionan negativamente: por un lado el rechazo de los dos partidos que estructuran a la oposición españolista en Euskadi (PP-PSE) y, por el otro, la vigencia de la lucha armada de ETA. El Gobierno Vasco quiere hacer frente al primero con una oferta de diálogo abierta al consenso, y exige la disolución de la segunda para que todos los ciudadanos vascos puedan votar con entera libertad. El problema es que ninguno de ellos quiere abrir la vía del diálogo, de tal modo que la consulta popular (la apelación a la opinión ciudadana), aparece como el único instrumento que queda para encontrar salidas al bloqueo político.

5. A diferencia del pacto de Lizarra, la propuesta del Gobierno Vasco no trae la paz, sino que la necesita como condición previa para ser operativa. No tiene por ello mismo ni el atractivo ni la capacidad de seducción que la tregua de ETA y el final de la lucha armada le dieron a aquella. La propuesta de Ibarretxe concita por el contrario el odio de los polos extremos que actúan en el escenario vasco: el odio del PP-PSOE que no quieren otra cosa que no sea la persecución de ETA y del nacionalismo radical; y el odio de estos últimos que tampoco quieren una consulta ciudadana porque eso puede terminar vaciando de bases sociales un proyecto político cada vez más enroscado en el infantilismo y en la dependencia de ETA. En este cuadro general, la propuesta de Ibarretxe sólo podrá empezar a abrirse paso si recoge simultáneamente las dos grandes demandas en que la mayoría social se reconoce: el rechazo radical de la violencia política, y el nuevo marco de relaciones con el Estado asentado en el respeto a la pluralidad vasca, en la no injerencia del Estado y en el pacto entre iguales. Este hecho deja en el aire una pregunta sin respuesta. ¿Se hará la consulta popular aun cuando ETA siga operando? Y, en ese caso, ¿no estará obligado el Gobierno Vasco a realizar una consulta con dos preguntas, una relativa al “nuevo Estatus de nación asociada”, y otra relativa a decirle NO a ETA? Todo parece indicar que sí.

6. La reacción del Estado español ha estado presidida por la histeria colectiva de todos los agentes que lo estructuran y representan: partidos políticos de la derecha y de la izquierda, jueces y fiscales, intelectuales, medios de comunicación y grupos de presión económica. Todos ellos han sido movilizados en una grosera cruzada contra el nacionalismo vasco hecha de descalificaciones e insultos, de desprecios y amenazas, de chantajes políticos y de intentos de asfixia económica. Una campaña que no encuentra explicación más que en el miedo del Estado a perder el control político sobre las nacionalidades. Ese “nacionalismo reactivo” del Estado ha hecho del antivasquismo un “ modo natural” de pensar la democracia española. Su furiosa reacción se ha proyectado en todas las direcciones posibles:

1) Ha soldado un nuevo Pacto de Estado entre la izquierda y la derecha para oponer al nacionalismo vasco la defensa a ultranza de la Constitución centralista en su versión más dogmática e inmovilista. 2) Ha promovido la intervención judicial (criminalización política) de todas las disidencias que no acaten las normas, las sentencias judiciales y las leyes de excepción adoptadas contra la izquierda abertzale. 3) Impulsa la movilización de fuerzas sociales, políticas y culturales (colectivo de Basta Ya), dirigido a crear una fractura interior de la sociedad vasca, estructurando un movimiento de resistencia nacional española contra el soberanismo vasco. 4) Realiza una política de asimilación nacional española contra la cultura y la identidad vasca allí donde su mayoría parlamentaria lo permite, (Navarra). 5) Intenta el bloqueo institucional de la autonomía vasca mediante la oposición sistemática a la acción legislativa del Gobierno, en colaboración a veces con Batasuna, como se puso de manifiesto en el conflicto sobre el Concierto Económico, en el debate de presupuestos y en la propuesta de impugnación de la ley de partidos para la ilegalización de Batasuna. 6) Promueve una política de chantaje al empresariado vasco, orientada tanto a alejarlo del PNV como a poner trabas al desarrollo de la economía vasca. Se denuncia así en Bruselas el sistema vasco del Concierto Económico y de las ayudas a la inversión, se presiona para el desplazamiento de inversiones, para la deslocalización industrial y el traslado a Madrid de las de las sedes sociales de las principales empresas vascas, con el fin de que dejen de tributar a la Hacienda Vasca, y se amenaza con sacar a Euskadi de Europa si persiste en su proyecto soberanista. 7) El último episodio de esa política de acoso es la amenaza de anular la autonomía para recuperar la autoridad del Estado sobre Euskadi.

7. La propuesta Ibarretxe ha reabierto el debate sobre el modelo de Estado, sacándolo del terreno académico en que estaba, para llevarlo al terreno práctico de la convivencia actual entre las nacionalidades y el Estado. Se ha provocado así una profunda crisis institucional que desajusta los viejos pactos constituyentes, pues en el polo opuesto se ha estructurado un nuevo pacto de Estado contra las nacionalidades que pone los acentos de la reforma política en la centralización del Estado unitario. Se ha producido así una fractura entre la burocracia del Estado y las nuevas formas de organización política de las nacionalidades, en tanto que la rigidez y el dogmatismo constitucional abortan la posibilidad de que nazca una nueva idea de la modernidad asociada a las propuestas del “constitucionalismo abierto”. El resultado es una crisis del sistema político español que plantea abiertamente la necesidad de un nuevo reajuste del modelo de Estado. El problema es que, a la luz de cómo ha reaccionado la derecha españolista, ese reajuste puede darse en dos direcciones opuestas: o hacia una nueva transición democrática que permita redistribuir el poder político en términos de soberanías compartidas, o en dirección contraria, hacia la anulación de la autonomía vasca para cortar de raíz lo que el españolismo percibe como el peligro de ruptura de la unidad de España por contagio de la gripe vasca a Cataluña y Galicia.

 

Capítulo II

¿A qué enemigo nos enfrentamos?

Problemas relativos a la naturaleza del Estado español

8. La ocupación del Estado por la derecha conservadora ha modificado la estructura de poder, concentrando la propiedad de los principales núcleos de la economía, el control vitalicio de los aparatos judicial y represivo del Estado, de los medios de comunicación y de la burocracia política. Toda esta estructura funciona cohesionada por el mismo partido político, alterando así la relación de autonomía que debiera existir entre los tres poderes del Estado, ofreciéndonos como resultado una democracia de muy baja calidad. La nueva estructura del poder descansa en la vieja burocracia franquista renovada (son sus hijos naturales que han adaptado el discurso totalitario de sus padres a la necesidad de obtener la legitimación social por medio de las urnas), y se asemeja en sus hábitos y en su funcionamiento a los sistemas presidencialistas y de partido único. El Estado ha sido reestructurado con los mismos criterios aplicados en la reconversión del sistema productivo y financiero hasta el punto que ambos dos, el poder económico y político, aparecen cada vez más concentrados en las familias oligárquicas de la derecha mesetaria. El Gobierno de Aznar ha utilizado las privatizaciones del sector público para poner al frente de las principales empresas a personalidades relevantes del Partido Popular, al mismo tiempo que utiliza las fusiones bancarias para desalojar de sus cúpulas a las familias políticas que no ofrecen garantías suficientes de lealtad. Esta gigantesca concentración del poder ha reinstalado en él a la vieja oligarquía española, cuya característica común no sólo es la pertenencia al mismo partido político (PP, naturalmente), sino la de compartir también la misma identidad nacional (española), y el mismo interés en la centralización política del Estado (Madrid). Esto explica, por ejemplo, el porqué del desalojo de las familias vascas del control del BBV (no son suficientemente leales a la identidad española y al centralismo político), o la utilización de los resortes del Estado para que las inversiones en la nueva economía no vayan ni a Euskadi, ni a Cataluña ni a Sevilla. En los dos primeros casos, porque allí mandan los nacionalistas, y en el segundo, porque Andalucía es un feudo socialista. La voracidad centralista parece apuntar así al objetivo simultáneo de impedir que se formen centros de poder económico vinculados a administraciones públicas que escapan a su control (nacionalidades que se alejan cada vez más del centralismo madrileño, en unos casos, y socialdemócratas que le disputan el poder en otros).

La nueva concentración del poder empuja a una modificación del modelo de Estado tendente a limitar el poder de las autonomías a un papel subalterno de gestión pública delegada y vigilada por un Estado cada vez más intervencionista sobre ellas. De otra parte, el hecho de que toda la estructura de poder funcione cohesionada por el partido al que pertenece la alta burocracia del Estado, altera la relación de autonomía que debiera existir entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Tribunal Constitucional actúa por mandato del Ejecutivo, el poder judicial se pone al servicio de la Fiscalía del Estado, las diferencias políticas de la oposición se criminalizan como contrarias al sistema, y los medios de comunicación actúan como lo hicieron antes en los tiempos del franquismo; como instrumentos de agresión contra la oposición y de alabanza del Gobierno.

Todo queda alterado a partir de aquí: las relaciones con la oposición (izquierda, sindicatos y partidos nacionalistas); las relaciones entre el poder central y los poderes autonómicos; las formas políticas de gobierno, y el cuerpo de ideas dominantes en la burocracia del Estado y en la sociedad civil.

9. La ideología del Estado se ha modificado al compás de estos cambios. Las ideas dominantes en la transición y en la década socialista han sido sustituidas por otras radicalmente opuestas a aquellas. Se ha pasado así de la “ideología del consenso” como forma de hacer política de Estado, a una ideología autoritaria y arrogante, que exige sumisión antes de empezar el diálogo. Esta forma de gobernar está siendo aplicada en todas las esferas de la vida política y social. Es así como actúa contra los Sindicatos en las cuestiones económicas y socio-laborales; contra los estudiantes y colectivos docentes en la ley de reforma universitaria. Y, sobre todo, contra los nacionalismos de la periferia en general, y contra el nacionalismo vasco en particular. Se ha instalado así una especie de “maccartysmo a la española”. Una doctrina de Estado que sustituye el anticomunismo de la Guerra Fría por el antivasquismo actual, y en nombre de esta “nueva cruzada en defensa de la democracia”, se rescatan del pasado franquista los principios de la autoridad (el Estado); de la legalidad (la Constitución), de la lealtad (sumisión a las ideas de la mayoría), y de la unidad nacional (movilización de sentimientos tribales contra la “anti-España”). El nacionalismo conservador ha entrado de nuevo en escena como la ideología del Estado, en abierta contradicción con las ideas del europeismo y de la modernidad de las décadas precedentes.

10. El nuevo nacionalismo de Estado ha cambiado algunas de las formas arcaizantes con que se expresaba el viejo nacional-catolicismo, pero sus fuentes siguen siendo las mismas fuentes integristas, totalitarias y dogmáticas que unieron la idea de España al imperio, a la asimilación castellana de los pueblos con lenguas e identidades diferentes, y a los métodos doctrinarios y represivos contra el diferente o el discrepante de su pensamiento y de su autoridad.

Las ideas centrales de este nuevo impulso nacionalista son una adaptación al cambio de época de las viejas ideas conservadoras que tomó cuando fue codificado en las primeras décadas del siglo XX. El integrismo religioso no tiene la misma intensidad que en el pasado pero reaparece de nuevo en el papel del OPUS dentro del Estado, en la nueva ley de enseñanza pública, en los valores contrarios a la modernidad de los nuevos movimientos sociales, etc. El autoritarismo militarista aparece reemplazado por las lecturas autoritarias de las leyes y de una Constitución divinizada como único marco posible de convivencia democrática entre españoles. El unitarismo del Estado (presentado ahora bajo la forma de un Estado nacional descentralizado), sigue teniendo como rasgo dominante la identificación del Estado con la etnia y la cultura castellana. El nacionalismo español toma de ahí un carácter reactivo contra la estructuración política de las Naciones vasca, catalana y gallega (trabas al autogobierno, injerencias desde el Estado a las normativas autonómicas, oposición a la creación de identidades nacionales diferenciadas, etc.), que resulta tanto más agresivo y violento a como débil es la capacidad del Estado para llevar a efecto su proyecto de asimilación nacional española de las nacionalidades periféricas. De otra parte, las tendencias históricas del conservadurismo español al militarismo, si bien aparecen atenuadas por la presión del marco europeo en que nos encontramos, tampoco pueden considerarse solamente como episodios del pasado. Hay al menos dos rasgos preocupantes del presente que no pueden dejar de considerarse: las amenazas de intervención sobre la autonomía vasca (aplicación del artículo 155 de la Constitución), formuladas por algunos intelectuales, medios de comunicación y cualificados dirigentes del PP y del PSOE, de un lado, y la creciente acusación a los socialistas catalanes, a Izquierda Unida, y a los socialistas españoles sensibles a la alianza con los nacionalismos, de volver a formar la “anti.España”; aquella alianza rojo-separatista invocada como justificación del alzamiento militar-fascista de 1936.

Finalmente, el hecho que esta ideología nacionalista se exprese ahora bajo el slogan del “patriotismo constitucional”, parece remitirnos a un nuevo ideario laico y plurinacional, pero no deja ser más que una técnica publicitaria que oculta con palabras propias del léxico democrático lo que en realidad es el viejo proyecto nacional de la derecha conservadora (la unidad de España), legitimada ahora por referencia a la democracia constitucional, obteniendo de paso el consentimiento ciudadano en la persecución del nacionalismo vasco.

11. El discurso nacionalista del socialismo español se aproxima cada vez más al discurso de la derecha . El nacionalismo “laico-progresista” de los socialistas españoles se diferenció en el pasado del “nacional-catolicismo” de la derecha conservadora en que pretendía reforzar el Estado unitario para fomentar la educación, la democracia, el republicanismo y la redistribución de la propiedad. Ambos nacionalismos tenían en común la oposición más o menos radical a los procesos de construcción de las nacionalidades, pero si en el pasado se apoyaron en argumentos opuestos y en proyectos político-sociales antagónicos, en el presente tienden a unificar discursos y proyectos.

Las ideas de progreso y modernidad no están ya asociadas, si algún día lo estuvieron alguna vez en el pasado, a ese tipo de nacionalismo liberal que quiere hacer de la unidad del Estado un factor de progreso y de solidaridad entre regiones, porque esa unidad no es voluntaria sino forzosa, y porque para mantenerla no se puede apoyar en los recursos de la democracia y de la igualdad , sino en los recursos de la autoridad y de la fuerza. Esta es la primera circunstancia que empuja a los socialistas hacia la derecha, aproximando a su paso los discursos nacionales entre ambos. La segunda circunstancia que empuja en esa misma dirección se refiere al abandono de los perfiles de izquierda del socialismo español, pues este hecho ha ido desplazando del núcleo central de su ideología y de su acción práctica las ideas sociales y la democracia radical por las ideas relativas a la unidad del Estado (identificado con la democracia), frente al nacionalismo vasco, identificado con el terrorismo y la barbarie. Es más, el hecho que haga de la oposición al nacionalismo vasco el núcleo central y casi único de su actividad política, convierte al Partido Socialista en un difusor privilegiado del nacionalismo español tanto más perjudicial para la causa de la democracia por cuanto tiene la legitimidad histórica que le falta al nacionalismo conservador de la derecha­.

La contribución de los socialistas a la configuración histórica del Estado español como una cárcel de pueblos ha sido y sigue siendo decisiva. Particularmente de los socialistas vascos (uno de los componentes fundacionales del socialismo español), cuya identidad mayoritaria se ha construido en oposición al movimiento abertzale.

El discurso originario de los socialistas vizcaínos (la corriente mayoritaria del socialismo vasco), descansó en una grosera identificación de lo vasco con la derecha conservadora, y de la unidad de la clase obrera, “portadora del progreso”, con la idea del Estado unitario. Influyó en ello la combinación de tres factores: 1). El origen castellano de sus principales líderes y de la mayoría de su base social (emigración castellana a las minas y a la siderurgia vasca), que trajeron consigo un sentimiento de identidad nacional español como no podía ser de otro modo. 2). La expansión de un nuevo nacionalismo de corte liberal, asociado a la crisis del 98 (fin del imperio colonial español) y a las nuevas ideas regeneracionistas de España. 3). La aparición del nacionalismo vasco que asociaba la construcción nacional a valores fuertemente conservadores (religión contra laicismo, raza y lengua contra emigración castellana, etc...). El discurso socialista adquirió así en una mezcla de sindicalismo radical (la patronal como enemigo en el plano social), y de republicanismo español presentado como bandera de la democracia contra el nacionalismo vasco. El problema es que 100 años después de ese momento fundacional el socialismo vaso ha perdido el primero de sus referentes culturales (el radicalismo sindical contra la patronal), en tanto que ha reforzado el segundo (la oposición al nacionalismo vasco) con los mismos o parecidos tópicos nacionalistas del pasado.

Si ahondamos un poco más en la comparación entre ambos nacionalismos, apreciaremos unas cuantas paradojas significativas. Por ejemplo, 1). Que en la misma medida en que el PNV evoluciona desde el nacionalismo étnico a un nacionalismo cívico (vascos son todos los ciudadanos censados en Euskadi), trasladando la cuestión vasca del debate de identidades al debate sobre la soberanía y sobre las relaciones de la nacionalidad con el Estado, el PSE evoluciona en dirección contraria: tratando de convertir los sentimientos identitarios vasco-españoles de una parte significativa de la sociedad en un movimiento político de afirmación nacionalista español, opuesto a la identidad vasca y a la construcción política de instituciones soberanas. 2). Que el socialismo vasco ha tomado prestado del ya desaparecido “nacionalismo sabiniano” la teoría de “dos comunidades nacionales que se disputan el territorio vasco”, en la misma medida en que el nacionalismo vasco tiende a hacer de la soberanía política una reivindicación de base republicana cada vez más transversal a las identidades nacionales que se expresan en la sociedad vasca. 3). Que esa inversión de papeles y de ideologías ha terminado por modificar la naturaleza originaria de estas dos formaciones políticas, por cuanto la función progresista no corresponde ya a los “socialistas” sino al nacionalismo democrático.

12. Del autonomismo vasco al nacionalismo español. En la historia ha habido largos períodos de distensión de los socialistas hacia el nacionalismo vasco (guerra civil, resistencia al franquismo, gobiernos de coalición hasta 1998, etc.), pero incluso en esas fases, la colaboración socialista ha estado más dictada por la “razón de Estado” que por el hecho de compartir con los nacionalistas puntos de vista comunes sobre el derecho de las nacionalidades.

Si nos remontamos al presente hay que recordar por ejemplo que pactaron la exculpación de responsabilidades del franquismo, el tutelaje de los militares sobre la reforma democrática, la negación del derecho de autodeterminación de las nacionalidades, y la división territorial de Euskadi, porque la derecha española exigía separar Navarra, obstruir el proceso de construcción nacional vasca, y dejar fuera del consenso constitucional al nacionalismo vasco. Si posteriormente a eso pactó el Estatuto Vasco con el PNV, no lo hizo tanto en función de su compromiso con la autonomía como en función de la necesidad de recuperar al PNV para el consenso constitucional español del que había sido apartado. Su colaboración posterior en Gobiernos Vascos de coalición también tuvo esa misma función moderadora del nacionalismo, como bien puede apreciarse en el regateo permanente de las competencias de autogobierno, en la construcción de una identidad navarra y antivasca, o en la colaboración para la organización del terrorismo de Estado contra la izquierda abertzale.

El último episodio de esa deriva socialista hacia el nacionalismo conservador de la derecha española, no se lo ha dado la presión del Estado sino la cadena intolerable de atentados de ETA contra sus dirigentes y cargos públicos, pues la locura de “extender el dolor a quienes actúan como cómplices del Estado” segrega inevitablemente movimientos de rechazo cohesionados por el odio y el fundamentalismo ideológico, de tal modo que las identificaciones del abertzalismo vasco con la violencia, el etnicismo y la exclusión, tienden a expandirse, recuperando a su paso algunas de las viejas ideas antivascas del socialismo vizcaíno. La vieja cultura españolista en que se formó ese partido ha encontrado aquí, en la autodefensa contra ETA, los argumentos que le faltaban para presentar al constitucionalismo español y al Estado unitario como sinónimos de democracia y progreso. Ese es al menos el nuevo discurso que han levantado dirigentes como Rosa Diez, Nicolás Redondo y Javier Rojo en Euskadi, emparentando así con el nacionalismo mesetario de los Bono y Rodríguez Ibarra, de los Mayor Oreja y Aznar, dando cuerpo entre todos ellos a plataformas políticas contra el nacionalismo vasco (Basta Ya y Foro de Ermua), en colaboración con viejos dirigentes stalinistas y algunos intelectuales resentidos. Esta “unidad discursiva” en defensa del nacionalismo español se ha puesto lamentablemente por delante de los discursos socialistas y democráticos.

13. El nuevo pacto de Estado que la derecha exige a los socialistas constituye en realidad un ataque en toda regla a la democracia. Su estrategia de tensión” consiste en 1). Construir un bloque nacionalista español en Euskadi que pueda ser utilizado como una minoría de bloqueo a la autonomía apoyada en el Estado. 2). Paralizar la acción de las instituciones vascas para que no puedan gestionar los asuntos públicos y pierdan así su legitimidad social. 3). Ilegalizar a la izquierda abertzale y perseguir judicialmente a las instituciones vascas que no cumplan las medidas represivas dictadas por la Judicatura y los Tribunales españoles. 4). Aislar internacionalmente a Euskadi (particularmente en Europa), bloqueando todas las iniciativas de las instituciones vascas. 5). Penalizar al empresariado vasco para que no secunde las iniciativas del Gobierno Autónomo, y a los Sindicatos españoles para que entren a formar parte de ese pacto de Estado.

El resultado final de este proyecto se le parece mucho a una cruzada nacional utilizando al terrorismo como excusa y al juez Garzón como el nuevo Inquisidor. La figura de este Torquemeda del siglo XXI no es una figura retórica sino real, pues sus procesamientos y sentencias judiciales contra el nacionalismo se le parecen como dos gotas de agua a los “autos de fe” de la vieja Inquisición. La única diferencia es que “el martillo de Trento” levantado entonces contra el protestantismo en el nombre de Dios se aplica ahora contra el nacionalismo vasco en nombre del patriotismo constitucional español.

14. ¿Qué interés puede tener para los vascos la unidad con esta España? Absolutamente ninguno. Sin embargo, la gran mayoría de los ciudadanos vascos sabe que están unidos a los pueblos de España por innumerables lazos culturales y familiares, tejidos en el curso de una larga historia compartida, y que en razón de ello debiéramos estar mutuamente interesados en el respeto a la soberanía de las partes. Ahora bien, cada vez que se intenta encontrar los beneficios de esa unidad no se encuentran razones para desearla, pues lo único que España nos ha dado en los últimos 120 años de historia compartida ha sido abolición foral, persecución y guerras civiles, dictaduras militares, cárceles y exilio, asimilación nacional forzosa y persecución lingüística. ¿Qué interés podemos tener en seguir unidos a esa España negra de imperios decadentes, de Torquemadas y Garzones, de falangistas y militares? De esta dolorosa experiencia de convivencia en España sólo puede surgir el distanciamiento cultural, el resentimiento nacional, y la necesidad, cada vez más imperiosa, de salir de ella para poder vivir sin injerencias ignominiosas. En el pasado confiamos en las izquierdas españolas porque siempre quisimos ver en ellas una alianza democrática que permitía resolver sus problemas y los nuestros (reformar España con los españoles), pero cuando apreciamos la involución nacionalista de esa izquierda tendemos a pensar junto con Herrero de Miñón, que si socialistas y demócratas no toman en sus manos la Reforma federal del Estado, los nacionalismos periféricos se verán obligados a imponer esa reforma contra España­.

 

Capítulo III

La correlación interior de fuerzas.

Euskadi desde dentro

15. El bloqueo institucional y la contraofensiva política del PNV. La derrota electoral del bloque españolista después de la ruptura de la tregua de ETA y del fracaso del pacto de Lizarra, no fue tan contundente como para obligar al Estado a una modificación de la estrategia de tensión en Euskadi. Al fin y al cabo, la estabilidad institucional de la nueva mayoría abertzale dependía de una alianza imposible con una izquierda abertzale cada vez más dependiente de ETA, y de ese “bloqueo de la mayoría” sólo podía surgir una radicalización política de todos los actores del drama vasco.

Este hecho explica casi todo lo que ha ocurrido desde entonces. Explica al menos dos cosas importantes: 1) las altísimas cotas de una tensión política que no se corresponde con la relativa calma social de la sociedad vasca. Y, 2) la quiebra de todos los discursos y de todos los esfuerzos realizados a favor del diálogo y de la Paz. La sociedad vasca quiere la paz, pero nadie, a excepción del Gobierno Vasco quiere abrir el diálogo. El Gobierno español quiere la derrota policial de ETA y la derrota política del nacionalismo democrático, y el Partido Socialista quiere lo mismo. En el polo opuesto, ETA quiere impedir a toda costa una nueva aproximación entre el PNV y el PSE; de ahí que su campaña de atentados haya ido dirigida contra los dirigentes socialistas, en tanto que Batasuna cree disputar la hegemonía del nacionalismo al PNV bloqueando la acción parlamentaria del Gobierno si no aceptan sus condiciones para la unidad.

La paradoja vasca es que desde planteamientos políticos opuestos, los dos extremos de la situación: ETA-HB de un lado, y PP-PSE de otro, coinciden en el punto exacto de bloquear la acción del Gobierno. La ilegalización de Batasuna estrechó hasta el límite ese cerco político. El Gobierno español exigió al Vasco sumisión incondicional, pero el acatamiento de la ley le obligaba a convertirse en el brazo ejecutor de la represión política contra la izquierda abertzale. Ese camino llevaba al vasallaje político y al desgaste de la correlación de fuerzas ganada en las elecciones del 13 de mayo, y ante esa perspectiva, la dirección del PNV hizo exactamente lo contrario a lo que el Estado le pedía: rechazó las medidas de Garzón, dejó sin aplicación la disolución del grupo parlamentario de Batasuna; recurrió al conflicto institucional contra la invasión de competencias de autogobierno, y buscó el apoyo ciudadano a un nuevo proyecto de relación de Euskadi en España. En una palabra, salió del cerco político pasando a la contraofensiva.

16. Se trata, sin lugar a dudas, de una aventura política, porque no existen hoy correlaciones de fuerza que permitan abrir a corto plazo ese horizonte de reforma. Tampoco estamos, sin embargo, en presencia de una aventura inconsciente o irreflexiva, sino de una iniciativa meditada que viene obligada por las circunstancias. El Gobierno Vasco sólo puede salir de la tenaza contraatacando con una propuesta que sitúe el debate político en términos nuevos. Unos términos que siendo impecables desde el punto de vista del derecho y de la democracia, ponga sobre la mesa una solución racional a los dos problemas que lastran a la sociedad vasca: el desarme de ETA de un lado, y el fin de la asfixia españolista sobre la autonomía vasca, de otro. La propuesta de Ibarretxe es justamente eso; una contraofensiva política que mete a “la cuestión vasca” en la agenda política de la democratización del Estado español. De ahí su legitimidad democrática, pero de ahí también sus problemas para abrirse paso en la historia.

17. Ahora bien, la radicalización de las elites políticas ha ido tan lejos que deja sin margen de maniobra a los contendientes. La rectificación unilateral de uno de ellos será tomada por los otros como un síntoma de debilidad; como un plegamiento humillante a las condiciones del otro, y eso equivale a perder el liderazgo sobre sus electores. Todos sabemos que la situación camina al precipicio si continua la espiral de radicalización política, pero ninguno de los extremos del arco político quiere salir del carril en que está metido porque piensa que manteniéndose en él conserva su ventaja sobre el otro. Se equivocan sin embargo de medio a medio, porque en esta polarización extrema hay dos grandes perdedores. Pierde Batasuna porque la mayoría social no perdona su dependencia de ETA, y pierde también el Partido Socialista porque esa misma mayoría sabe bien que si ese partido sigue “comiendo en el culo” de la derecha franquista, no sólo pierde su identidad para diluirse en una posición subalterna, sino que bloquea con ello la posibilidad de resolver la cuestión vasca democratizando el Estado. También la derecha españolista es prisionera de su estrategia de tensión, porque en la ofensiva contra el nacionalismo vasco ha puesto sobre la mesa la credibilidad de la idea de España ante sus propios electores, y cuando se recurre a los sentimientos atávicos de la tribu nacional, cualquier síntoma de retroceso en la lucha contra el otro, corre el riesgo de ser tomado por los propios, como un “traición a España y a la democracia”. Los márgenes de maniobra se estrechan así hasta el límite, porque tampoco el PNV puede hacer otra cosa que no sea la resistencia democrática y la afirmación de la dignidad nacional, de tal modo que el horizonte que se abre se parece mucho a lo que en términos militares llamaríamos “una guerra de desgaste a medio plazo”.

18. La contraofensiva del PNV reafirma el liderazgo político del nacionalismo democrático, pues en la medida en que ofrece una perspectiva democrática de futuro traslada las responsabilidades de la crisis a sus opositores. La oferta del lehendakari le dice al pueblo vasco que no está inevitablemente condenado ni a la sumisión al Estado (lo que pide la derecha española), ni a la desesperación política en que nos mete la acción de ETA, y con estos dos argumentos en la mano, el nacionalismo vasco se carga de razón, realimentando la resistencia nacional con tanta más fuerza a como dura sea la agresión que reciba.

Estos efectos positivos han cortado de raíz los intentos de provocar la escisión del sector moderado del PNV, (campaña de presión sobre el empresariado vasco para que frene la deriva radical de la autonomía), pues lejos de eso, “la estrategia de tensión” del Estado ha provocado el efecto contrario: el reagrupamiento de todo el partido alrededor del sector más radical y populista. Así, en el curso de los 4 años que han pasado desde el pacto de Lizarra, el PNV se ha desprendido del ala conservadora del partido, en tanto que el Gobierno autónomo, sin dejar nunca de gobernar para los de arriba, adquiere cada vez más un carácter dual como “gobierno de gestión de los intereses del capital”, por un lado, y como instrumento de lucha democrática contra el Estado, de otro. Este sólo hecho ilustra mejor que cualquier otro la profundidad del cambio que se está operando en el nacionalismo vasco. Sin embargo, el peso de una tradición política asentada en la cultura de la moderación y del pacto deja abierta la duda sobre los límites del cambio.

19. ¿Se atreverá el PNV a llevar hasta el final una política de confrontación con el Estado? Todo depende del punto al que le obliguen las circunstancias. Por ejemplo, se habla mucho de la presión hacia la moderación que sobre él ejerce el empresariado vasco, pero esa tendencia natural del mundo de los negocios no encuentra ocasión de abrirse espacio cuando actúa con tanta fuerza desde el polo opuesto la presión asfixiante del centralismo estatal. Eso explica, de otra parte, la dureza del enfrentamiento entre el PNV y el PP por la conquista del liderazgo político sobre el empresariado vasco, así como las fuertes divisiones que se han producido en su interior a propósito del apoyo o rechazo del proyecto Ibarretxe. El PNV desearía una salida pactada al conflicto con el Estado (esa es de otra parte la oferta del lehendakari) pero si el Estado no está dispuesto a pactar se verá obligado a sostener el conflicto a pesar de lo que digan ciertos círculos empresariales. Y, en el caso que nos ocupa, la presión contra el nacionalismo vasco se le parece tanto a una política de tierra quemada que le obliga a ir más lejos de lo que él mismo quisiera. Hay que suponer por tanto que la radicalización política del PNV será de una intensidad similar a la presión que reciba, porque de no hacerlo así correrá el riesgo de perder su hegemonía política sobre el movimiento abertzale.

20. La legitimación social de la propuesta de Ibarretxe presenta rasgos contradictorios. Las encuestas de opinión hablan de un 68% de ciudadanos vascos que está a favor, lo que hace suponer que en ese porcentaje hay núcleos de población votantes del PSE que se identifican con la propuesta más allá de su identidad nacional o de su filiación política. Este hecho viene a recordarnos que los sentimientos de identidad nacional no son ni cerrados, ni excluyentes entre sí, y que en la conformación de las opiniones políticas influyen tanto o más que eso, factores tales como el rechazo a la intolerancia del Estado, el grado de satisfacción social, la estima de unas instituciones de autogobierno que han traído a los ciudadanos vascos un mayor nivel de bienestar comparado con el de otros territorios del Estado, o la valoración favorable a un sistema de autogobierno que permite un mayor control del poder político y una mejor redistribución de la riqueza. El nivel comparado de bienestar social y de satisfacción política es así un factor de legitimación social del autogobierno vasco tan importante al menos, sino más, que otros factores como la ideología nacional, la identidad cultural, o la fidelidad partidista.

Sobre este suelo de legitimación social de la autonomía, el nuevo proyecto de articulación de Euskadi como Nación asociada a España puede ampliarse por la razón democrática en que se apoya (el rechazo a la ingerencia del Estado y la afirmación del derecho de los ciudadanos a decidir por sí mismos su futuro). La sinrazón del Estado añade así nuevas razones de legitimación a un proyecto que parece tener asegurado de entrada un apoyo similar al que en su día tubo el Estatuto de Gernika, con la única diferencia (y no pequeña precisamente), que los agentes del nuevo consenso ciudadano son otros partidos políticos y otras alianzas entre ellos.

La propuesta del lehendakari tiene aquí, en la naturaleza de las fuerzas que se oponen a ella (los dos principales partidos españoles), el primero y más importante de los problemas de legitimación social, pues su oposición cerrada a toda consulta popular incorpora dudas sobre la viabilidad práctica de la propuesta. Otro problema añadido es la vigencia de la lucha armada de ETA porque genera un clima de falta de libertad y de convivencia vigilada, desatando a su vez mecanismos de oposición a todo el nacionalismo. Hay quien cuestiona incluso sobre esta base la calidad de un consenso que no incorpore a los españolistas vascos, o la legitimidad de una propuesta que no tenga una mayoría muy cualificada en las urnas. Ambas cosas resultan ser tan razonables que por sí mismas justifican el diálogo y la búsqueda del consenso con la otra parte para facilitar la convivencia democrática entre opuestos. Ahora bien, si a pesar de ello persiste la oposición radical del PP y del PSE a la reforma democrática de la Constitución, los problemas de convivencia democrática que inevitablemente provocará con el nacionalismo democrático, no son razón suficiente para ilegitimar los resultados de una consulta popular que ofrezca resultados mayoritarios muy ajustados. Los problemas de convivencia se resuelven por medio del consenso, pero cuando este no es posible; cuando se vive en el malestar perpetuo de sociedades divididas en situaciones de bloqueo, los problemas de convivencia se resuelven con más democracia; dando la palabra a los ciudadanos y restableciendo las normas de convivencia con base en dos criterios complementarios entre sí: tomando como referencia la opinión de la mayoría, y exigiendo a esa mayoría una política de mano tendida, de respeto y de coparticipación política con la minoría.

21. La radiografía de la situación nos ofrece la imagen de un choque de proyectos nacionales opuestos en una relación de poder muy desigual entre ellos . La propuesta abertzale es mayoritaria en Euskadi pero ampliamente rechazada en España. Tiene una oposición interior (minoría de rechazo muy radicalizada y apoyada en la fuerza del Estado), y una alianza exterior con los nacionalismos catalán y gallego, que puede abrir contradicciones importantes entre el socialismo catalán (PSC), y el socialismo español, en el caso de que actúe de acuerdo a un plan compartido, cosa que no ha hecho hasta ahora. Nos movemos así en tiempos políticos distintos. La articulación de Euskadi como Nación asociada a España está planteada como un problema de actualidad para los vascos porque no podemos vivir ni un solo día más entre asesinatos políticos y vetos centralistas, pero en la medida en que para llevarse a cabo hace falta una reforma constitucional y un cambio del modelo de Estado, no podrá realizarse en un tiempo político corto porque ese problema no se vive con la misma urgencia en las otras nacionalidades. Las estrategias políticas deberán adaptarse por tanto a esta correlación de fuerza y a esta perspectiva del medio plazo.

22. La desproporción de fuerzas entre el nacionalismo vasco y el Estado español no aclara en absoluto el problema de las correlaciones de fuerzas políticas porque esta cuestión es algo más dinámico y cambiante; más sutil y complejo que todo eso. La correlación de fuerzas es, sin embargo, un factor de la política que está siempre en constante movimiento. El lado del que está la razón permite ampliar las alianzas y los márgenes de maniobra de quien la tiene, y la razón democrática no está precisamente del lado del Estado unitario. También la calidad de las fuerzas propias (conciencia, combatividad, capacidad de resistencia.), parece estar del mismo lado. No puede decirse lo mismo de la calidad de la estrategia política, porque es aquí, en la nefasta influencia que la acción de ETA ejerce sobre la cuestión vasca, y en los límites que tiene el liderazgo del PNV para construir consensos y movilizaciones ciudadanas más amplias, donde están los problemas que lastran la legitimación social abertzale y la correlación de fuerzas con el Estado. Resolverlos depende, sin embargo, de nosotros mismos, lo que siempre es una ventaja.

 

Capítulo IV

Observaciones para una estrategia de resistencia

23. Desobediencia institucional y movilización ciudadana. El problema del liderazgo compartido con las izquierdas. Estos tres factores están íntimamente relacionados entre sí pero al día de hoy no parece que exista en el nacionalismo democrático una estrategia política capaz de articularlos. El Gobierno Vasco tiende a escapar de la movilización ciudadana porque ella empuja al desbordamiento político, aunque su experiencia le dice que cada vez que ha tenido un conflicto con Madrid sin apelar a los ciudadanos, lo ha perdido (negociación de competencias y del Concierto Económico), de tal modo que no podrá emprender vías de desobediencia política o de apropiación de competencias que hoy no tiene, a menos que vengan acompañadas de una movilización ciudadana general y sostenida para desactivar con ella la inevitable resistencia del Estado. El problema práctico es que el liderazgo en solitario del lehendakari al viejo estilo caudillista de los tribunos populares, no sirve para eso en sociedades complejas y altamente organizadas como la vasca. La consistencia del proyecto propio y la envergadura de la oposición que recibe, requieren un liderazgo compartido con todas las izquierdas sociales y políticas, y esto exige a su vez, buscar el consenso con ellas, pactar contenidos y ampliar la participación ciudadana.

24. Organizar la consulta ciudadana sin más dilación. La organización de esa consulta no puede dilatarse en el tiempo porque perdería el efecto revulsivo que ha tenido hasta ahora, y porque tampoco existen tiempos adicionales para obtener nuevos apoyos de los que hoy se carece (ni PSE ni Batasuna se aproximan siquiera a la posibilidad de intentarlo). El Gobierno Ibarretxe puede intentar a partir de ahí, tres salidas posibles: 1). Esperar tiempos mejores y adelantar entre tanto las elecciones autonómicas para ganar una nueva mayoría política. Ahora bien, si lleva a cabo esa “jugada de oportunismo electoral” corre el riesgo de perder una parte de la legitimidad social que hoy tiene. 2). Otra opción posible es lanzarse a organizar por su cuenta y riesgo la consulta ciudadana, en cuyo caso, corre el riesgo de perder a una parte de los aliados de izquierda que tiene (particularmente de los movimientos sociales y de los Sindicatos abertzales), que le son absolutamente imprescindibles para activar la movilización social y para obtener sobre su base una mayoría ciudadana cualificada. 3). La tercera opción es pensar en términos de liderazgos compartidos con la izquierda política y social vasca. Obtendría por ese medio la legitimación social que necesita, pero eso requiere, entre otras cosas, llenar de nuevos contenidos sociales a la autonomía vasca.

25. El “pase foral” y el contenido social de la soberanía. La estrategia del “pase foral” es un buen ejercicio de memoria histórica que puede ilustrar una forma de hacer política a condición de que no se tome al pié de la letra para aplicar las recetas del pasado a la desobediencia civil que puede hacerse en el presente. Los márgenes que hoy deja el grado de centralización política del Estado no tienen nada que ver con los de la época pre-industrial. Tampoco el peso de la economía vasca en relación a la española es el que era. Queremos decir que aquella forma de desobediencia (“la orden del Rey se acata pero no se cumple”), pudo hacerse en un época en que no existía ni un Estado centralizado ni un mercado unificado, y, todo hay que decirlo, desde un territorio como el vasco que no tenía el importante peso que hoy tiene en la economía española. La desobediencia civil que hoy puede hacerse resulta algo mucho más compleja; algo que forzosamente tiene que relacionar el consenso mayoritario de la sociedad vasca con la posibilidad de neutralizar a quienes dentro de ella no están convencidos, y a quienes fuera de ella (particularmente las otras nacionalidades), puedan apoyarse en ella porque obtienen ventajas añadidas para sí mismas. La primera posibilidad la ofrece el incumplimiento de las leyes injustas del Estado, pero resulta mucho más difícil de aplicar cuando se quiere pasar del incumplimiento de la norma a la ocupación de espacios de autogobierno que no se tiene. Queremos decir que para “tomarnos la soberanía por nuestra mano” se necesita obtener de ella mejoras sociales de las que pueda beneficiarse la mayoría social, y suscitar a su vez los apoyos externos que neutralicen la reacción del Estado. Esa segunda posibilidad requiere que la desobediencia vasca coincida en el momento apropiado y con las formas adecuadas con el interés de las otras nacionalidades (Cataluña en particular, y la izquierda española en su caso). Eso es que requiere a su vez un pacto previo o, en su defecto, la posibilidad de activar después alianzas y solidaridades. La política de desobediencia tiene que combinar así las reformas institucionales que democraticen el Estado con políticas sociales distributivas de trabajo y riqueza, y con políticas medioambientales que mejoren la calidad de vida. Dicho de otro modo, se necesita hacer del soberanismo un discurso menos nacionalista y más social.

La política de desobediencia debe combinar así las reformas institucionales que democraticen el Estado con políticas sociales redistributivas. Dicho de otro modo, se necesita hacer del soberanismo un discurso menos nacionalista y más social.

26. La soberanía vasca abre la perspectiva al federalismo español. Ahora bien, para que esa fórmula política no se convierta en un nuevo centralismo político, la soberanía originaria no puede descansar en el Estado central sino en las nacionalidades. Tiene que ser un federalismo de libre asociación y de soberanía compartida; un pacto entre iguales al modo confederal que resulte garantista de las minorías. Esas fórmulas se corresponden bien, además, con los sentimientos identitarios de la sociedad vasca, (y presumiblemente también de las sociedades gallega y catalana), pues ninguna de esas identidades nacionales es excluyente de la española o busca la secesión de España. Al menos de momento.

Se trata por tanto de buscar fórmulas que refuercen los vínculos de relación igualitaria, y en esa oferta no sólo debieran estar interesadas las nacionalidades, sino también los demócratas y las izquierdas españolas porque su propia libertad corre pareja a ellas. La soberanía vasca y la democratización del Estado son en realidad sinónimos políticos.

27. La izquierda española tiene en el federalismo la posibilidad de resolver su crisis histórica de identidad nacional . Necesita para ello aproximarse a la cuestión nacional con otra mirada distinta. Se trata de intentar abrir en ella una nueva agenda de reflexiones sobre el modelo de Estado que acabe de una vez por todas con la lacra histórica de un nacionalismo español que pone a los socialistas mirando hacia el viejo modelo franquista. Se trata de hacer otra mirada que ponga los ojos en el respeto de la diversidad, en la democracia y en la modernidad. Una nueva mirada que se aproxime a las nacionalidades apreciando lo que hay en ellas: 1). Un derecho compatible con las aspiraciones tradicionales de la izquierda, relativas a la unidad y a la solidaridad de la clase obrera y de los pueblos. La realidad de los hechos demuestra incluso que es la única posible, toda vez que el respeto a los marcos estatales que hemos heredado de la historia, se convierten siempre en opresiones intolerables para las minorías nacionales. 2). Que los movimientos democráticos de las nacionalidades son aliados necesarios de las izquierdas en la lucha contra el nacionalismo de Estado, como lo fueron siempre en la República, bajo el franquismo y en la transición. 3). Que si los socialistas toman a tiempo el debate sobre el federalismo, abriéndose a una interpretación compartida sobre el modelo de relación entre los pueblos, se podrá llevar a cabo una democratización general del Estado, una redistribución del poder político, una articulación solidaria de las nacionalidades, y un reforzamiento de los vínculos de solidaridad entre ellas.

28. Una nueva estrategia para la izquierda abertzale que coloque en el centro el abandono de la lucha armada de ETA y la recuperación (corregida y mejorada) de la política de alianzas de Lizarra. Ambas cosas son condiciones necesarias para resolver los tres problemas que hoy tiene: 1). Restablecer el respeto a los derechos humanos que ella misma demanda al Estado. 2). Restablecer la legitimidad democrática de su proyecto político (no puede haberla cuando se asesina al oponente). 3). Restablecer la dialéctica de relación entre la ética y la política (recuperar la razón practica). ETA tiene que renunciar a ser la vanguardia militar que impone sus tesis a la izquierda abertzale por la fuerza de los hechos, y si no lo hace por voluntad propia, las organizaciones civiles de esa izquierda tienen la obligación de demandárselo para evitar en lo posible el suicidio político colectivo.

La ilegalización de Batasuna ha tenido sin embargo efectos contradictorios. En un primer momento ha provocado un cierre de filas que ha elevado su sectarismo hasta extremos insólitos: conversión del aliado (PNV), en enemigo (acusación de “colaboracionismo con el fascismo español”). De otra parte, la activación de los mecanismos de solidaridad interna con quienes sufren una persecución injusta tiende a frenar las reflexiones críticas de quienes perciben la lucha armada como un error político. No se trata sólo de la escisión de Aralar, sino del más amplio movimiento de contestación social que existe con motivo de la ruptura de la tregua. La autodefensa del aparato militar contra ese movimiento crítico ha sido del mismo tipo que hicieron siempre los aparatos stalinistas contra sus contestaciones internas: convertir al crítico en traidor y al aliado en enemigo. Sin embargo, ”las virtudes” que en el pasado pudo tener ese método no funcionan ya de igual modo que antes, pues las manifestaciones de protesta contra las medidas del juez Garzón no ocultan la crítica de la violencia de ETA ni el malestar con la militarización de la política que ella introduce. El alejamiento crítico y la pérdida de decenas de miles de votos constituyen una verdadera novedad por cuanto modifican la relación de fidelidad que ha tenido siempre la masa social de la izquierda abertzale con sus direcciones político-militares, pero está por ver si el cierre de filas contra la represión confirma o no esa tendencia. Lo que sí se puede afirmar al día de hoy es que la fractura entre base social y dirección político-militar tiende a agrandarse; que la dirección de ETA representa cada vez menos a la masas social que se autoidentifica como independentista; que el agotamiento de la estrategia militar de ETA es un hecho evidente (su tiempo histórico está agotado aún cuando quede el pequeño aliento de unos pocos comandos militares formados en la desesperación de una derrota inevitable), y que el tiempo político que se necesita para recomponer nuevas estrategias y liderazgos, es, sin embargo, un tiempo político más largo.

Conviene no olvidar, además, que la derrota de esa estrategia no equivale afortunadamente a la desaparición del movimiento político que le dio vida, porque sigue existiendo y expresándose como un movimiento de resistencia que puede alumbrar una izquierda nueva y renovada a condición de que encuentre nuevos liderazgos y nuevas estrategias que pongan los acentos en la acción democrática y en la desobediencia civil desarmada. En ella depositamos nuestra esperanza para poner fin de una vez por todas a una de las páginas más negras de nuestra historia.

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Aclaración sobre siglas políticas, términos y conceptos relativos­ a la política vasca

• Lehendakari Ibarretxe = Presidente del Gobierno Vasco. En la historia reciente ha habido 3 lehandakaris. Todos del PNV, Garaikoetxea, Ardanza y el actual, Ibarretxe.

• Abertzale = patriota. Define al militante comprometido en la causa vasca desde planteamientos ideológicos que no son necesariamente nacionalistas.

• PNV = Partido Nacionalista Vasco fundado a finales del XIX y principios del XX. Es el Partido-nación por excelencia.

• Eusko Alkartasuna. Es una escisión del PNV de los años 80. Presenta rasgos más independentistas en lo político, y más socialdemócratas en lo social.

• Ezker Batua = Izquierda Unida (Organización vasca de IU).

• El actual Gobierno Vasco es un gobierno de coalición formado por el PNV, EA e IU. Reúne a la mayoría del Parlamento Vasco salvo en los casos en que suman sus votos el Partido Popular (PP), el Partido Socialista (PSE), y Batasuna (izquierda abertzale), lo que ha ocurrido ya en 3 ocasiones: presupuestos de 2001, conflicto con Madrid sobre el Concierto Económico, y ley de partidos políticos para la ilegalización de Batasuna.

• La propuesta de Ibarretxe representa a todo el Gobierno de coalición, incluido naturalmente a Izquierda Unida, quien, de otra parte, ha resistido hasta el momento las fuertes presiones del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida Federal para que abandone un gobierno que, por nacionalista, ellos consideran ajeno a los intereses de la izquierda.

• Batasuna = Euskal Herritarrok= Herri Batasuna. Comparte los mismos fines políticos que ETA. En las últimas elecciones perdió a favor del PNV la mitad de sus votos y de sus escaños. Pasó de tener 14 a 7.

• Elkarri y Gesto por la Paz, son dos organizaciones pacifistas que desde planteamientos diferentes coinciden en proponer el diálogo y la negociación como vías de solución al conflicto vasco.

• “Basta Ya” y “Foro de Ermua” son dos plataformas cívicas que utilizan la oposición y el rechazo de ETA para crear un movimiento de oposición al nacionalismo vasco. Agrupan a dirigentes del PSE (Rosa Diez, Angel Rojo, Nicolas Redondo), a exdirigentes del PCE y de CCOO (Katy Gutiérrez, Santi Bengoa, etc.), a exdirigentes de ETA (algunos de los sentenciados a muerte por el franquismo en el proceso de Burgos), y a varios intelectuales resentidos (Azurmendi, Sabater...). Todos ellos se han puesto a las órdenes de Mayor Oreja y del PP cuando los ha necesitado para activar la campaña electoral contra el nacionalismo, para defender los símbolos identitarios del Estado español en Euskadi, o para deslegitiminar al nacionalismo vasco con calumnias relativas a la limpieza étnica. Su último acto consistió en una gran manifestación contra el nacionalismo y en defensa de la bandera española, presidida por ministros de Madrid y dirigentes del PP y PSOE.

• Entre las personas que han pedido públicamente la anulación de la autonomía vasca mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, cabe señalar a intelectuales como A. De Blas o Jordi Solé Turá, a dirigentes del PP como Manuel Fraga, del PSOE como Rodríguez Ibarra y Bono, a periódicos (ABC y La Razón), y cadenas de radio de la derecha española. En el polo opuesto se han situado los menos (Perez Royo y algunos intelectuales vinculados al diario El País , a la cadena Ser y a Izquierda Unida, como Gabilondo y otros).

• La mayoría del empresariado vasco es afín a las tesis políticas del PNV, pero recibe muy fuertes presiones del Estado español de un lado (la última ha sido el traslado a Madrid de la sede social y, por tanto, de la tributación a la hacienda estatal, del principal consorcio aeronáutico español cuyas empresas están radicadas en Euskadi), y también de ETA (se calcula en varios miles los empresarios obligados a pagar el “impuesto revolucinario” que les exige.

• La Iglesia recibe presiones parecidas a las del empresariado, con resultados similares. La Iglesia Vasca es afín al nacionalismo. Participó activamente en la lucha contra el fascismo (guerra civil y dictadura franquista). Vinculada a la teología de la liberación, a la que aporta algunos dirigentes (Ellacuría, Jon Sobrino, etc.), está fuertemente arraigada en órdenes religiosas y comunidades de base (jesuitas, escolapios, etc.). El pasado mes de junio publicó una pastoral muy crítica con la política del Estado en Euskadi (rechazo de la ilegalización de Batasuna y reclamación del derecho del pueblo vasco a decidir su futuro). Algunos de sus Obispos forman parte del grupo de asesores del Lehendakari. La Iglesia española es de signo opuesto. Participó en el alzamiento fascista de 1936; colaboró en la organización de la dictadura, y está vinculada al OPUS DEI, radicalmente opuesto a la teología de la liberación y a kla iglesia de base. El cisma entre ellas, a propósito de la cuestión vasca, puede saltar en cualquier momento.

• El Pacto de Lizarra fue una alianza democrática de todos los partidos, sindicatos y movimientos sociales abertzales: PNV-EA-Batasuna-Zutik-Batzarre-IU (+) ELA-LAB-ESK-STEE (+) movimientos pacifistas y redes de solidaridad. Planteó para Euskadi una solución similar a la Irlandesa (respeto del Estado español a la libre decisión de los vascos). Obtuvo una gran legitimación social porque vino acompañado de una declaración de tregua indefinida de ETA. La ruptura posterior de esta tregua destruyó aquel pacto, pero sus planteamientos han sido recogidos hoy por el Gobierno Vasco.

• Dentro del Partido Socialista Vasco hay una minoría agrupada alrededor de la parlamentaria Genma Zabaleta y del alcalde de San Sebastian Odón Elorza (el nuevo socialismo vasco). Sus tesis sobre la cuestión vasca son similares a las de Maragall y el Partido Socialista Catalán (federalismo asimétrico). En el último Congreso agrupó al 7% de delegados, porque la fuerte oposición del aparato (incluida la descalificación pública), le retiró la mayor parte de los apoyos que en realidad tiene.

• Batasuna ha tenido 3 escisiones en los últimos 2 años: la corriente Aralar, particularmente en Navarra, Batzarre, vinculada a Zutik, pero también en Navarra, y Abertzalen Batasuna (AB), en el País Vasco francés. Todos ellos, junto a Eusko Alkartasuna, forman el Foro de Baiona, un agrupamiento para la defensa del soberanismo político desde la izquierda y sin armas.

 

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  • Dirección: Nellys Palomo Sánchez (hasta el número 35 en noviembre de 2001) José Martínez Cruz (a partir del número 36)

    Coordinación: José Martínez Cruz.

    Edición: Ana María Hernández.

    Colaboradores: Edgard Sánchez; Claudia Cruz; Josefina Chávez.

    Traducción de textos: Alberto Nadal.

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