No. 44  (septiembredel 2002)

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CORREO DE PRENSA INTERNACIONAL

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Los pueblos indios después del fallo de la SCJN

Para el Profr. Gregorio Alfonso Alvarado López.
Desaparecido desde el 26 de septiembre de 1996 en Chilpancingo, Gro.

Para Sabino Estrada Guadalupe
Muerto el 9 de septiembre de 1996, en un accidente automovilístico sospechoso nunca investigado, en Chilpancingo, Gro.

Para Don Crispín Vargas Álvarez
Muerto a sus ochenta y tantos años el 3 de septiembre de 1996 en San Miguel Tecuiciapan, Gro.

A todos ellos, que por una razón u otra no están hoy presentes entre nosotros, los recordaremos siempre en este mes de la Patria.

Marcelino Díaz de Jesús*

El pasado 5 de septiembre del 2002 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer un fallo adoptado por ocho de los once magistrados que componen esa instancia del Poder Judicial de la Federación, teniendo como base el Art. 105 de la Constitución, dando una torpe explicación sobre el porque no darle entrada a la revisión de estas controversias constitucionales presentadas por 322 municipios y el Gobernador del estado de Oaxaca, sobre las reformas constitucionales aprobadas por la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión el pasado 28 de abril del 2001; diciendo al respecto: “el artículo 105, permite entender que la Corte ejerce, en vía judicial, el control constitucional de las Constituciones Locales, de leyes federales, de leyes locales, de tratados internacionales, de reglamentos, de circulares y aun de actos en sentido estricto, pero no señala facultades para establecer dicho control sobre normas constitucionales, ni sobre su proceso constitucional de creación”.

Con esto la SCJN, renuncia a su condición de instancia facultada para ir al fondo del asunto no revisando estas controversias, y contrario a otros pronunciamientos importantes que sobre leyes a hecho, en esta ocasión renuncia a esa facultad aduciendo que no esta facultada para revisar el proceso de origen o creación de las normas constitucionales, con ello, permite la entrada plena en vigor a las reformas constitucionales promulgadas el pasado 14 de agosto del mismo año en el Diario Oficial de la Federación por el Presidente Vicente Fox Quezada. Así la SCJN, mostró de nueva cuenta, como en los viejos tiempos de Gobiernos priístas, su sumisión al Poder Ejecutivo, que a todas luces se ha mostrado complaciente con esa reforma producida por la alianza PRI-PAN, con el consabido resbalón del PRD que terminó brindando su apoyo en la Cámara alta, a esa iniciativa.

Ante esta cerrazón, los pueblos indios, que pretendan seguir transitando por la vía de la legalidad, ajustándose a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que por ahora los excluye y los niega, sólo les queda el recurso del amparo, aunque este, únicamente proteja de manera individual los actos reclamados de quienes lo soliciten; así como acudir ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, para reclamar por sus derechos violados por el Estado mexicano, y solicitar la protección de la justicia de esas instancias. Aunque éstas dos últimas posibilidades, están plagadas de trámites engorrosos y burocráticos que tardarían muchos años en conocerse una resolución al respecto, además de que las tesis jurisprudenciales, en el ámbito internacional pudieran variar, debido a la discusión que está en boga por la aplicación de la justicia en países con marcos multiétnicos con organización política específica que también es cambiante. Con todo eso, por ahora, en el aspecto legal, quedan esos caminos.

Ante esta situación, cobra mayor vigencia el otro camino que han iniciado desde el año pasado tres iniciativas de organizaciones indígenas; con patrocinio de algunos sindicatos mexicanos; entre ellas la ANIPA que desde el pasado 4 de septiembre del 2001, con el co-patrocinio del Sindicato de Trabajadores de La Jornada (SITRAJOR) y el Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) han acudido ante la OIT, para presentar una Reclamación por Incumplimiento In Toto al Convenio 169 por el Gobierno Mexicano, alegando la no observancia total de éste Convenio, principalmente por las reformas constitucionales en materia indígena, que lo contradicen en su esencia conforme al derecho positivo internacional. Este instrumento jurídico de carácter internacional, de acuerdo al Art. 133 Constitucional es de observancia plena en toda la nación mexicana, a pesar de que la misma SCJN a determinado que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente en un segundo plano respecto a la Constitución Federal ( Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta . Pleno, novena época. T. X. Noviembre de 1999, tesis LXXVII, p. 46, materia constitucional, tesis aislada). Sin embargo, dicha reclamación, ha sido plenamente admitida, y ha sido nombrado un Comité Tripartito desde el pasado mes de marzo de éste año, durante la Reunión de Expertos en Aplicación de Convenios de la OIT, que revisa éste procedimiento de queja minuciosamente desde entonces.

La ANIPA y sus organizaciones miembros y solidarias hemos estado dando seguimiento puntual a esta reclamación, en el entendido de que hemos entrado a la fase de confidencialidad del procedimiento, lo cual, nos impide publicitar más información al respecto, so pena de perder este juicio si se viola el procedimiento, éste solo nos permite seguir surtiendo de información a esa instancia sobre violaciones graves, sistemáticas y reiteradas a los derechos de los pueblos indígenas de manera confidencial, que en el curso de esa reclamación se llegaran a producir en México, lo cual, serviría como acumulación de pruebas fehacientes y recientes de la no vigencia y observancia plena de los derechos humanos y libertades fundamentales en nuestro país.

Parece ser que, por ahora, el Gobierno Mexicano, cómodamente enfrenta en ésta instancia internacional solo ese procedimiento de reclamación; confiados en que también nos ganarán, junto a otros dos casos que también se siguen en esa instancia, en el ámbito de los derechos humanos y libertades fundamentales, haciendo énfasis en los derechos colectivos y específicos de los Pueblos Indígenas, conculcados, violados e históricamente negados.

Más allá de alegatos jurídicos y de escapes olímpicos de la SCJN, al lavarse las manos como Poncio Pilatos y devolver la pelota al ámbito legislativo y del Ejecutivo Federal, lo que es altamente cuestionable es que hasta hoy, en el inicio del siglo XXI y después de más de 500 años de resistencia de los pueblos indios originarios de esta Nación Pluriétnica Mexicana; se siga negando la inclusión de sus derechos en la Carta Magna, que se supone nos da cohesión e identidad nacional a todos los mexicanos, en este pretendido pacto federal.

La realidad es terca y nos demuestra una y otra vez, que la diversidad negada de nuestra nación, no esta sustentada originalmente y esencialmente en sus pueblos indígenas como rezaba el antiguo párrafo del Art. 4º. Constitucional. Y que alcanzar la paz en Chiapas y en el resto de país, así como el reconocimiento a la libre determinación y autonomía en el marco de nuestra Constitución, si seguimos esperando respuestas favorables de los tres poderes que componen la República Mexicana, seguirá siendo un tema que tendrá que esperar tal vez otros 500 años. De las organizaciones de los pueblos y sus comunidades indígenas, depende que no tengamos que aguantar más sufrimientos, negaciones y exclusiones en esta gran Nación mexicana otros 500 años.

Es importante saber que nuestra lucha ha sido y es históricamente justa y, por lo tanto, las situaciones coyunturales como ésta, adoptada por la SCJN, no nos debe hacer perder la esperanza de que nuestra nación mexicana un día en el futuro mire y se reconozca a si misma en el espejo de la historia con tolerancia e inclusión, el rostro de la diversidad cultural hasta hoy negada. Por eso, hoy más que nunca, se hace necesario plantearnos la reforma de la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena. Y si fuere necesario plantearnos la propia refundación del Estado-Nación para ser tomados en cuenta, no dudemos ni un momento en platearlo como meta. Y sí por eso nos acusan de soñadores y alentadores de la destrucción del orden establecido, de una vez planteémonos alcanzar las estrellas, aunque sea parados de puntitas. Total, aquí en Guerrero, a los soñadores constructores de utopías como nosotros, ya nos han acusado de todo; sino, recuerden de lo que nos han acusado a los que tomamos el Congreso Local en junio del año pasado.

Por eso, en ocasión del Encuentro Nacional Indígena a celebrase los días 12 y 13 de septiembre de este año en el marco del Onceavo Aniversario del CG500ARI, convocado con antelación a la resolución adoptada por la SCJN, es una oportunidad nada despreciable para que salgamos unidos y fortalecidos con un plan de acción no únicamente coyuntural, sino de mayor visión de futuro y compromiso que nos incluya a todos, y nos dé a cada uno, la oportunidad de ocupar las trincheras desde la humildad de cada una de nuestras acciones.

¡Bienvenidos hermanos de otros rincones del país a estas tierras donde también la Patria nos olvido!

Que el corazón del cielo y nuestra madre Tierra alumbren sus pensamiento y sus caminos.

En hora buena, hermanos.

* Miembro del Consejo Directivo del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena (CG500ARI) y de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA).

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  • Dirección: Nellys Palomo Sánchez (hasta el número 35 en noviembre de 2001) José Martínez Cruz (a partir del número 36)

    Coordinación: José Martínez Cruz.

    Edición: Ana María Hernández.

    Colaboradores: Edgard Sánchez; Claudia Cruz; Josefina Chávez.

    Traducción de textos: Alberto Nadal.

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