No. 44  (septiembredel 2002)

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CORREO DE PRENSA INTERNACIONAL

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La SCJN cerró la última puerta del Estado

Las controversias constitucionales sobre derechos­ indígenas y el fallo de la SCJN

José Martínez Cruz (Redacción de Desde los 4 Puntos)

L as últimas voces del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) sobre la controvertida reforma indígena se escucharon aquel día primero de mayo, cuando la comandancia rechazó la aprobación de una enmienda constitucional que el subcomandante Marcos bautizó como originaria de la maldita cuarteta: “Diego (Fernández de Cevallos), Jackson (Enrique), Bartlett (Manuel) y Chucho Ortega”.

Ese comunicado del 29 de abril se conoció el Día del Trabajo del año pasado, más de un mes después —22 de marzo— de que los zapatistas habían abandonado la capital luego de realizar su caravana. “La reforma no responde en absoluto a las demandas de los pueblos indios, del Congreso Nacional Indígena, del EZLN ni de la sociedad civil nacional e internacional.

El EZLN desconoce esta reforma porque no retoma el espíritu de los acuerdos de San Andrés y soslaya la demanda de reconocimiento de los derechos y cultura indígenas, saboteando el incipiente proceso de acercamiento entre gobierno y EZLN. “Revela un divorcio total de la clase política respecto a los reclamos populares.

El EZLN seguirá en resistencia y rebeldía.” La misma reforma que ignoró a los indígenas como sujetos y dueños de su futuro fue avalada ayer por la Corte. Fueron los 16 días que conmovieron al país en una caravana de aquellos del “color de la tierra”. 1

La respuesta de las organizaciones civiles ante el fallo de la SCJN en contra de las 332 controversias constitucionales fue inmediata. Una ola de indignación recorrió el país. Los organismos civiles aglutinados en torno a SERAPAZ y la red de la sociedad civil emitieron un comunicado señalando 4 puntos:

1. Con profunda consternación y creciente indignación hemos venido observando el incremento de la escalada de violencia en contra de los pueblos indígenas de Chiapas, especialmente contra municipios autónomos y contra presuntos miembros o bases de apoyo del EZLN: agresiones, persecuciones, emboscadas, desplazamientos y hasta asesinatos se han venido incrementando en aquella región, ante la mirada ciega y los oídos sordos de autoridades civiles, policíacas y militares del estado­.

2. Por testimonio directo de múltiples organismos defensores de derechos humanos, tal como lo han venido denunciando reiteradamente, las acciones criminales antes enunciadas, han sido responsabilidad de presuntos grupos paramilitares como OPDIC, MIRA, “Paz y justicia”..., y un largo etcétera. Estos grupos no sólo gozan de impunidad sino además de protección del ejército federal mexicano y de diversas corporaciones policíacas (estatales y federales­).

3. A lo anterior, que entra de lleno en el contexto de guerra de exterminio o guerra de contrainsurgencia (verdadera guerra sucia), debemos sumar ahora el fallido fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, calificado por personalidades sensibles y éticas —como José Saramago y Ernesto Sábato— de una verdadera bofetada infame.

4. En consecuencia, le exigimos, Sr. Presidente, como supremo comandante de las fuerzas armadas, que detenga esta ola de barbarie genocida en contra de los pueblos indígenas. Y mucho ayudaría que Ud. se comprometiera a lograr el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, a promover la liberación de todos los zapatistas presos y a desmilitarizar al país, pero muy particularmente al estado de Chiapas, pues ahí y en otras parte, el ejército ha servido, muy frecuentemente, como promotor y protector de grupos paramilitares, y ha sido coautor de hostigamientos y violaciones a derechos humanos fundamentales. 2

A su vez, cerca de un centenar de ONGs de derechos humanos emitieron un comunicado señalando:

Con su resolución la Corte cierra a los pueblos indígenas la última puerta del Estado­.

Los pueblos indígenas mexicanos históricamente han vivido una realidad de pobreza, despojo de tierras, violencia política, abusos policíacos y militares, así como de exclusión de las políticas gubernamentales. A pesar de ello, gracias a su resistencia y en ejercicio de su capacidad de propuesta, apostaron por el diálogo que dio como resultado los Acuerdos de San Andrés y la propuesta de la COCOPA.

El Presidente Fox presentó la iniciativa pero no la defendió como sí lo ha hecho con otras propuestas como el IVA y ahora la de privatización de la industria eléctrica. Los legisladores distorsionaron la iniciativa COCOPA y la hicieron rehén de sus negociaciones e intereses partidarios y pese a la reacción en contra de su dictamen inicial y del voto en contra de las entidades con mayor presencia indígena, terminaron aprobándola hace un año, sin importar que se estaba cerrando la posibilidad de reanudar el diálogo. Así los Poderes Ejecutivo y Legislativo le daban la espalda a los acuerdos firmados con los pueblos indígenas.

Ante ello los pueblos a través de 330 municipios indígenas acudieron a la Corte con la expectativa de que ésta diera muestras de que el Estado posee mecanismos de control frente a violaciones a la Constitución por parte de órganos gubernamentales. Pretendían la aplicación del Convenio 169 de la OIT y de los derechos ahí reconocidos como el derecho a la consulta.

El día de ayer, la Corte notificó la resolución negativa de las reclamaciones presentadas contra el rechazo de las pruebas ofrecidas por los municipios, demostrando su desdén frente a la demanda de garantías de debido proceso y de una impartición de justicia que tome en cuenta los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Citó a los municipios a desahogar audiencias los días 11 y 12 de septiembre próximos, cita que es más bien una burla y una muestra de la distancia que se tiene con el principio de dignidad que ha caracterizado a los pueblos indígenas.

Hoy a través de los medios de comunicación, nos enteramos de que la Corte en Pleno decidió declarar la improcedencia de 322 controversias, bajo el argumento de que la Corte no tiene facultad de control sobre los actos del llamado órgano reformador de la Constitución. Con ello, deja a los legisladores una potestad ilimitada para desvirtuar a la Constitución misma si así lo deciden y pasar sobre los derechos fundamentales reconocidos en ella y en los convenios internacionales.

Una resolución como la que hoy difundieron los medios de comunicación, sólo demuestra la falta de voluntad y capacidad de la Corte para ser verdadero garante de la Constitución, así como su carencia de autonomía frente a los demás poderes, dejando su actuación sin contrapeso alguno. No sería extraño que la prepotencia que prevalece en el Congreso de la Unión se vea reforzada para sacar adelante la reforma laboral y la de energía eléctrica.

La noticia conocida el día de hoy representa una agresión a los pueblos indígenas de México. Constituye también una burla a quienes hemos apostado a la construcción de un México más justo, democrático e incluyente. Así lo ha querido la Corte y con ello han reproducido la discriminación, el racismo y toda la actitud colonialista al cual han estado sometido los pueblos indígenas de México. Con la resolución de la Corte, la paz en México se ha alejado y el reconocimiento constitucional de los derechos indígenas conforme a los acuerdos de San Andrés y la iniciativa de la COCOPA, ha sido nuevamente pisoteado.

El camino de la legalidad está agotado. Las puertas del Estado mexicano se han cerrado para los pueblos indígenas. Ninguno de los tres poderes del Estado ha tenido la capacidad, para responder en términos justos y dignos, a las demandas de los pueblos indígenas. En consecuencia nadie tiene ya la autoridad moral para juzgar el camino que libremente escojan los pueblos indígenas para conseguir sus justos propósitos de autonomía y dignidad. Ellos sabrán, como históricamente lo han demostrado, cuál es ese camino y cuál es esa esperanza. 3

Reunidos en Tlayacapan, Morelos, los pueblos nahuas emitieron a su vez un comunicado que fue leído ante la SCJN, en el que se dice:

Nuestra voz no fue escuchada

Los pueblos nahuas de Morelos integrantes del Congreso Nacional Indígena y los 4 ayuntamientos que interpusimos controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación protestamos enérgicamente por la resolución emitida en la obscuridad de una audiencia que siempre nos fue negada para que se escucharan nuestros argumentos.

Nuestra voz no fue escuchada. La tierna furia de nuestros hermanos y hermanas zapatistas fue despreciada. Nuestra historia ha sido vilipendiada. Nuestra sangre derramada ha sido pisoteada. ¿Por qué se burla de nosotros el poder judicial como lo hicieron antes el poder legislativo y el ejecutivo? ¿Quién asumirá las consecuencias jurídicas y políticas del desastre que se avecina contra nuestros pueblos por esta infame y estúpida decisión de una corte de justicia que reniega de asumirse como suprema­?

La SCJN ha cerrado la puerta de una solución pacífica y mediante el diálogo para obtener el pleno reconocimiento de nuestros derechos como pueblos indígenas.

Con esta decisión de 8 magistrados que cerraron sus oídos a 330 municipios se impone una decisión que para los de arriba es inapelable. Para nuestros pueblos es una afrenta más que se suma a la larga lista de infamias que hemos padecido durante 510 años. No cualquier agresión. Un ataque desde las alturas del poder que nos deja en la indefensión jurídica. Otros caminos se abrirán. Los abriremos. No hay duda. Así lo hemos hecho aún en la más obscura de las noches. Es la hora de los pueblos, y nada ni nadie podrá detener nuestro andar. Se equivocan señores ministros si piensan que nos han derrotado. No es nuestro fin. Es su propia derrota. Es el precipicio al que ustedes mismos se dirigen junto con el ejecutivo arrogante y el legislativo sordo a nuestros reclamos.

Nuestros pueblos jugamos limpiamente dirigiéndonos a ministros de la ley . Nos contestan con chicanadas de juez de barandilla. Renuncian a reconocer nuestra autonomía porque ustedes mismos se negaron a asumirla como uno de los tres poderes. Nos niegan los derechos que dicen defender­.

¿Qué camino nos dejan?

La sabiduría de nuestros pueblos es mayor que la desesperanza y la frustración. Sabremos encontrar la luz que alumbra el final del sendero. Lo que es claro para nosotros es que no renunciamos a nuestros derechos negados por la SCJN, no claudicamos ante la cerrazón y el autoritarismo, no abandonamos nuestras raíces.

Somos los más pequeños pero también los más dignos. Que no se les olvide a los poderosos.

Nuestro llamado a la SCJN no fue escuchado. Hoy no venimos a reconocer su poder. Venimos a expresar nuestro repudio a lo que hicieron. Venimos a contradecir. También venimos a ratificar nuestro compromiso con nosotros mismos. Con nuestra historia que es agua viva. Desde tierras zapatistas nuestro grito sigue siendo el de luchar por la tierra, la justicia, la libertad.

Nuestros siete mensajes emitidos en este mismo espacio los días 12 y 13 de junio llegaron a sus destinatarios. Los primeros tres dirigidos a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, encontraron oídos sordos. Los dirigidos a la sociedad civil nacional e internacional han encontrado una respuesta con la ola de indignación que ya se escucha y la preparación del Segundo Encuentro Nacional por la paz con justicia y dignidad. El dirigido al CNI ya está siendo abordado en las reuniones para preparar las movilizaciones que están en curso y que harán el 12 de octubre con un 510 aniversario histórico. El dirigido a nuestras hermanas y hermanos del EZLN es para decirles que hoy más que nunca no están solos. 4

Desde esta tribuna reiteramos:

¡Nunca más un México sin nosotros!

¡Por la reconstitución integral de los pueblos indígenas!

En este mismo acto enfrente de la SCJN después del fallo declarando improcedentes las Controversias Constitucionales en materia indígena, Damián G. Camacho Guzmán, abogado en las Controversias Constitucionales de Tlayacapan, Tepoztlan, Yecapixtla y Tepalcingo, expresó estas palabras:

!Que la indignación levante!

Nuevamente el poder enseña su verdadero propósito para los sectores excluidos de México, nuevamente quienes tienen la verdad como única dádiva de imposición vinieron a decirle a los pueblos indígenas que no existen, que son historia pasada, que son memoria olvidada. Así como hace 510 años, los pueblos indígenas para ellos están condenados al exterminio.

Nuevamente.

Sólo faltaba oír una voz más del Estado Mexicano para dejar claro que los ignorados seguirán siendo excluidos de toda decisión entorno a ellos, que el designio unánime de quienes de la política hicieron su propiedad no los considera por lógica competencia estructural. Que no hace falta que vengan otros a alterar el statu quo que llena de privilegio su verborrea petulante.

Hoy pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado un golpe más a los pueblos indígenas y a todos los que de la verdad y justicia queremos que se vista la palabra México. El fallo del Poder Judicial Federal al declarar improcedentes la controversias constitucionales viene a confirmar el lugar en donde se encuentran los juzgadores que deciden los conflictos en nuestra sociedad, el lugar del autoritarismo, de la miopía social y cultural, del sometimiento político, el lugar del imperio del estado de derecho como consigna política por quienes la palabra justicia sólo existe en el diccionario de la falsedad.

Vergüenza da saber que 11 personas en la Suprema Corte, que 500 personas en la Cámara de Diputados, que 128 personas en la Cámara de Senadores, o bien, una persona en la Presidencia de la República deciden por todos en México. Tiempo es para reconocer que la existencia de un Poder Judicial sin independencia, sin el escrutinio directo de la sociedad, sin la firme convicción del encuentro con la justicia constituye un verdadero cáncer para el país que deseamos transformar. Así como, la existencia de un Poder Legislativo caracterizado por las pugnas e intereses de partidos políticos que sólo parten a la sociedad y que representan la mínima expresión del pensamiento político de México, constituye un grave obstáculo para la democracia que queremos construir. Al igual, que la existencia de la figura del Presidente de la República, reproducción monárquica del verticalismo impositivo del sistema político, que en sí junto con los otros poderes han venido a demostrar su ineficacia para la conducción del país y la sobrada facultad arrebatada de que nuestra soberanía se deposite en sus manos constituye el más serio peligro para abrazar la justicia, la democracia, la libertad y la paz en México.

No oyeron hace más de un año la palabra de los pueblos indígenas y de la sociedad para buscar una nueva forma de hacer política en donde los pensamientos y mundos de los más fuera también considerada dentro de proyecto de Nación que vienen construyendo, y hoy nuevamente con la resolución de la Corte no quisieron escuchar ese grito. Uno a uno, todos esos poderes han hecho menos la demanda social que viene de las cañadas, de los montes, de la sierra, de la selva, de los llanos, de la ciudad, así al viejo estilo de la negociación cupular creen que la demanda que viene con un grito de cinco siglos será callada con los arreglos partidistas, creen que todo seguirá igual si le apuestan a la amenaza violenta como remedio silenciador del hambre contenida. Sin embargo, la necedad de los que en sus ojos miran la esperanza no tiene fin.

Tampoco quieren saber que ya estamos hartos de ellos, que ya nos cansamos, que no los queremos, que tampoco nos hace falta su estructura de laberinto político y administrativa que marea a todos, que seguiremos luchando porque sabemos que la resolución que han dictado viene a recordarnos que ustedes mismos son producto de un sistema político que solo se vistió con el eslogan del “cambio” pero que el fondo es la misma concepción la que lo sostiene­.

Hoy pues, venimos a advertirles que de la madre tierra saldrá la lucha que sus hijos indígenas y campesinos darán por defenderla, así como no se resisten a ser olvidados en el reconocimiento de sus derechos colectivos, tampoco se resisten a que se privaticen sus ejidos, de esa unión también vendrá la lucha que de las ciudades los obreros llenen de dignidad para defender los derechos laborales que de la sangre se regó para alcanzarlos y los recursos energéticos que garantizan la soberanía de nuestro país, y así, juntos todos juntos en contra del sistema económico de muerte, de miseria y de dolor que es el neoliberalismo, bandera del imperio que riega odio y desprecio para aquellos que creamos en un mundo mejor, de justicia, democracia y paz. 5

¡Porque siempre hemos tenido nada, por eso queremos todo!

La claudicación como sistema de gobierno, insistió la organización Ce-Acatl, integrante del CNI, al concluir que el 6 de septiembre se cierra el tortuoso y tedioso ciclo que comenzó desde que la clase política aprobara la reforma constitucional en materia y derechos indígenas en el Senado de la República el 25 de abril del año 2001. Las muchas voces de protesta que se levantaron no fueron suficientes para impedir que la maquinaria de Estado arrollara cualquier intento de resistencia en la Cámara de Diputados y en los sucesivos Congresos estatales para que finalmente el presidente de la República promulgara los cambios constitucionales el 14 de agosto siguiente, pese a la denuncia de las múltiples fallas de procedimiento cometidos a nivel estatal y federal.

Esta fue la segunda vez que claudicó el Presidente de la República en su juramento de “cumplir y hacer cumplir la Constitución” como juró al tomar posesión en diciembre del año 2000. La primera vez, fue cuando presentó ante el propio Congreso de la Unión la iniciativa de reformas constitucionales elaborada por la C ocopa (Comisión de Concordia y Pacificación), misma que abandonó a su suerte en la arena-coliseo de intereses partidistas que representa el Congreso de la Unión. Nunca la defendió ni argumentó a su favor, a no ser por los grises esfuerzos de una empresaria metida a novicia funcionaria pública defensora de los indios.

En el escenario de la enorme movilización social de la Marcha Zapatista que recorrió 13 entidades federativas y culminó con su participación en el salón de sesiones del Congreso de la Unión, es que se da la claudicación de los legisladores en su papel equilibrador de intereses públicos y privados. Ante la demanda social, expresada en las muchas consultas y encuestas realizadas a lo largo de más de cinco años de la firma de los primeros acuerdos entre el EZLN y el gobierno federal, los legisladores antepusieron sus intereses de clase política: tanto la derecha como la centro-izquierda parlamentarias decidieron que era suficiente aprobar un texto legal que mediatiza las demandas centrales de los pueblos indígenas a ser reconocidos plenamente como sujetos de derecho y a aplicar decididamente el marco jurídico internacional vigente en México desde hace 10 años. Haciendo a un lado a quienes dicen representar, todas las fuerzas políticas pactaron una ley que diluye en los hechos la pretensión explícita de establecer verdaderamente una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado mexicano por la vía de su reconocimiento como pueblos y la autonomía como forma de ejercicio.

330 autoridades de los estados con mayor población indígena del país presentaron entonces recursos legales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abogando por la anulación de la entrada en vigor de la reforma constitucional, en tanto no se cumplieran a cabalidad los procedimientos legales para su aprobación, particularmente la consulta a los municipios y a las regiones indígenas, tal como establecen los ordenamientos estatales y particularmente el Convenio 169: a través de consultas “adecuadas” y de acuerdo con sus propios procedimientos. Luego de tantos meses transcurridos y de múltiples escaramuzas, los ministros de la Suprema Corte han claudicado también de su papel de fiel de la balanza en un conflicto de sobrada relevancia nacional: han argumentado su incompetencia para siquiera conocer del caso, y han sentado el precedente de que en el Congreso puede hacerse lo que sea de nuestra Constitución, sin que haya ningún otro poder que verifique que dichos cambios hayan sido elaborados “conforme a derecho”.

Vivimos entonces, en las tres esferas del poder constituido en el país, una práctica cotidiana de la claudicación como la mejor forma de “dejar hacer” lo que sea, a la clase política que por décadas ha gobernado a la Nación.

 

Notas

1. México: Desde abril de 2001, el EZLN espera en silencio las respuestas.

2. Carta enviada a Fox por cientos de personas y organizaciones.

3. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y otras organizaciones.

4. Documento firmado por los Pueblos nahuas de Morelos miembros del Congreso Nacional Indígena: Xoxocotla, Cuentepec, Santa Catarina, Hueyapan. Ayuntamientos de Morelos que interpusieron controversias constitucionales: Tlayacapan, Tepoztlán, Yecapixtla, Tepalcingo. Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A.C.

5. Discurso de Damián Camacho ante la SCJN, México, Distrito Federal a 9 de septiembre de 2002).

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  • Dirección: Nellys Palomo Sánchez (hasta el número 35 en noviembre de 2001) José Martínez Cruz (a partir del número 36)

    Coordinación: José Martínez Cruz.

    Edición: Ana María Hernández.

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    Traducción de textos: Alberto Nadal.

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