No. 41
(junio del 2002)

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CORREO DE PRENSA INTERNACIONAL

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Apostando al Socialismo

Claudio Katz

El desmoronamiento de la economía argentina ha propinado un severo golpe al credo neoliberal y está demostrando también que el modelo vigente no es la única causa del colapso. El derrumbe es una producto combinado de este esquema, los efectos de la dependencia y la irracionalidad capitalista. Sobre estos tres campos hay que actuar simultáneamente con un proyecto orientado al socialismo.

Impunidad neoliberal

Los neoliberales intentan probar que no tienen ninguna responsabilidad en la fulminante depresión actual y simplemente olvidan que en la Argentina se ensayó el mayor experimento contemporáneo de privatiza­ciones, desregulaciones y apertura comercial. Sus artífices gozaron de total impunidad para rematar empresas públicas, desnacionalizar la industria, flexibilizar el empleo y liberalizar el sistema financiero. Tuvieron las manos libres para operar sin anestesia y los resultados de su gestión están a la vista. Nadie puede argumentar seriamente que la crisis es ajena a la política neoliberal o que proviene de las asignaturas que dejó pendiente esta orientación.

Los economistas del establishment continúan despotricando contra el déficit fiscal, como si el quebranto fiscal fuera una herencia de otro sistema. Critican el despilfarro de fondos públicos, ocultando que firmaron todas las resoluciones de salvataje estatal de los bancos y empresas de sus socios y patrones. Se enfurecen contra el endeudamiento externo que ellos mismos agigantaron para financiar las fugas de capital, los autopréstamos, el lavado de dinero y la corrupción organizada. Si López Murphy, Broda, C. Rodríguez, R. Fernández, Melconian o Redrado pueden seguir pontificando desde los medios de comunicación es porque la clase dominante solventa su mensaje, contra el repudio mayoritario de la población.

También la predica del FMI se apoya en este ejercicio descarado del poder. El Fondo no pretende convencer a nadie. Simplemente envía directivas a sus empleados del Banco Central y el Ministerio de Economía, recurriendo a veces a un breve trámite por el Congreso y los Tribunales. Los banqueros ya no exhiben “las reformas realizadas“ como un ejemplo mundial de modernización. Ahora buscan ocultar su paternidad del colapso, atribuyendo la culpa del desastre a los argentinos. Afirman que somos gente desorganizada, irresponsable y desanimada y declaran que “merecemos sufrir”, padeciendo el trato de una “república bananera”.

Este discurso despectivo es también asumido por el gobierno y sus aliados radicales, en abierta oposición con los sentimientos populares y por eso el abismo que separa a la clase dominante del grueso de la población se acrecienta día a día. El servilismo cotidiano de todos los funcionarios reactiva el deseo de “que se vayan todos”, porque resulta especialmente chocante observar cómo los hombres del gobierno suscriben cada nuevo insulto de las elites norteamericanas o europeas. Invariablemente aceptan que “los argentinos somos así” y convocan a superar “nuestra indisciplina con más ajuste”. Pero como ningún funcionario sobrevive con bonos lecop, ni revuelve la basura para alimentarse, pueden repetir una y otra vez este llamado al padecimiento colectivo. Ellos no tienen hijos que se desmayan de hambre en la escuela, ni familiares inmolados por la estafa a los ahorristas. Por eso desde su burbuja de bienestar siguen adelante con recortes que empujan al país a la africanización social y al eventual desmembramiento de la nación.

Las acepciones del modelo

La caracterización de la crisis como un resultado del modelo neoliberal —y no tan sólo de errores de política económica— goza actualmente de un alto nivel de aceptación. Pero el problema aparece cuando se debe definir que significa exactamente el modelo, porque esta denominación tiene múltiples acepciones. Hasta principio de año era corriente identificarlo con la convertibilidad y se esperaba revertirlo mediante la devaluación. Pero el fin de la paridad fija sólo desembocó en un rebrote inflacionario y en una caída adicional del producto bruto.

Como siempre ocurre en estos casos, los promotores de la devaluación ahora afirman que el giro cambiario fue “excesivo”, “mal aplicado” o “instrumentado sin medidas complementarias”. Olvidan que este descontrol es la norma de las devaluaciones, que habitualmente apuntan a perpetrar transferencias regresivas del ingreso. Y este propósito fue plenamente alcanzado durante el primer cuatrimestre con el aumento de los precios minoristas (21%) y los mayoristas (57%). Dada la baja incidencia que tienen las exportaciones sobre el nivel del empleo y el enorme costo actual de la financiación industrial, no es para nada sorprendente el efecto depresivo de la devaluación sobre la producción y el consumo­.

Una segunda acepción identifica al modelo con la apertura comercial, la desindustrialización y la pérdida de rentabilidad de los grupos empresarios locales. Sus exponentes de la UIA esperaban atacar estos males mediante la pesificación y la licuación a costa del erario público. Todavía nadie sabe a cuánto ascenderá la cuenta final de este subsidio, que no sirvió para detener el derrumbe industrial. Las ganancias que Perez Companc o Telefónica obtuvieron con la licuación se están esfumando con la profundización de la recesión y la morosidad de la cobranza. La violenta caída del poder adquisitivo y la consiguiente contracción de las ventas diluye actualmente el impacto de una subvención directa al capital­.

En esta evidencia se apoya la tercera acepción de modelo que subraya su carácter excluyente y regresivo, es decir contractivo de la demanda. Este rasgo se ha reforzado dramáticamente con el gobierno de Dhulade, que en sólo un cuatrimestre ha sumado dos millones de nuevos pobres al ejército de 14 millones de personas sumidas en la miseria. La activa participación de Mendiguren y la UIA en este agravamiento de la pauperización confirma que los actores del “shock redistributivo” no serán —como esperan los economistas de la CTA— los empresarios locales.

Los capitalistas siempre piensan individualmente en sus ganancias y no en el mejoramiento general del poder de compra y por eso aspiran a que su competidor —y no ellos— impulsen las ventas cargando con el costo de un aumento del ingreso. La prioridad de la UIA no es la reactivación de la demanda, sino la conversión del miserable subsidio al desempleo en un nuevo piso salarial, mediante la eliminación de las indemnizaciones y la consolidación de los atropellos sociales de los últimos años. Para recomponer el poder adquisitivo hay que recurrir a otra vía: la lucha y la movilización popular.

Dependencia y endeudamiento externo

Desde que la Argentina se convirtió en la oveja negra del mercado financiero mundial, muchos economistas han descubierto que el pago de la deuda externa imposibilita la respiración de la economía nacional. Por eso dejaron de considerar a esta hipoteca cómo un dato inamovible, un obstáculo menor o un problema exclusivamente continental. Por ejemplo, los autores del Plan Fénix, que en septiembre pasado postulaban la renegociación de la deuda, ahora proponen la suspensión de los pagos.

También los economistas de la CTA se han sumado a esta exigencia. Aunque continúan deduciendo de la asociación de los acreedores con los grupos capitalistas nacionales la inutilidad de batallar por el desconocimiento de la deuda, han aceptado que la suspensión de pagos resulta imprescindible frente al actual default de gran parte del pasivo. Este reclamo implica reconocer que la crisis también obedece al sometimiento a los acreedores.

Pero este diagnóstico no es explicitado por ningún defensor del distanciamiento con el FMI. Sus artífices no hablan de la dependencia, de la subordinación al imperialismo, ni interpretan a la deuda como una expresión de relaciones de recolonización. Al contrario, conciben la suspensión de los pagos como una breve etapa de ostracismo que concluirá con el retorno a la “comunidad financiera internacional”, una vez lograda la reactivación, la acumulación de divisas y el acuerdo con los bancos. Pero olvidan que esta política ya fue intentada en los 80 con Grinspun en la Argentina y A. García en Perú. Y tampoco recuerdan que en ambos casos el conflicto con el FMI concluyó con pedidos de perdón y aceptación de las exigencias de los acreedores, que en la actualidad serán mucho mayores.

Una tregua con el FMI no resuelve el problema de la deuda. Esta hipoteca expresa en el plano financiero la misma relación de dependencia que refleja el intercambio desi­gual en el campo comercial, o la remisión de utilidades en la esfera industrial. Y esta subordinación múltiple —que bloquea el crecimiento, segmenta la fuerza de trabajo, desarticula la acumulación y fragmenta el mercado interno— no es patrimonio exclusivo de la Argentina. Afecta a todas las naciones periféricas y es la causa inmediata de las crisis que durante los 90 golpearon a México, Brasil, Rusia y el Sudeste Asiático.

La suspensión de los pagos de la deuda será provechosa si constituye el punto de partida de una política antiimperialista. Como medida transitoria de renegociación con el FMI conduce a un previsible aumento de las tensiones con final desfavorable para el país. En cambio, una moratoria real implicaría poner fin a la parodia de default que festejó el Congreso y que no significó ninguna interrupción efectiva de los pagos. El reciente desembolso de 680 millones de dólares, por ejemplo, constituye tan solo el episodio más reciente del cronograma de pagos que el gobierno pretende llevar a cabo mientras aguanten las reservas. La Argentina le paga al FMI para que sus inspectores definan cuántos despidos soportarán las provincias, cómo deben cerrarse las causas judiciales de Rohm y Moneta y cuál es la ley de quiebras que facilita la próxima oleada de extranjerización industrial. El dinero que se niega a los pequeños ahorristas lo reciben puntualmente los organismos que auditan el ajuste.

Reconstruir la economía exige poner fin a este sometimiento, mediante una ruptura con el FMI que concretamente anule las misiones de sus enviados. Mientras el Ministerio de Economía continúe efectivamente manejado por A. Krueger y A. Singh no será posible diseñar ningún presupuesto autónomo, ni fijar cuánto se gastará en las prioridades de alimentación, educación, salud o inversión pública.

Nadie puede argumentar seriamente que esta ruptura “nos alejará del mundo”, porque el país tiene cortado el crédito internacional desde hace más de un año, no recibe un solo dólar de inversión y hasta soporta la humillación del visado para cualquier ciudadano que pretenda viajar al Primer Mundo. Quiénes empujaron al país a esta situación de paria dentro del capitalismo, no tienen gran autoridad para atemorizar a la población con los eventuales efectos de una política independiente.

Como la Argentina ya se encuentra aislada, el problema radica en definir a qué mundo quiere insertarse. El planeta de los banqueros, burócratas y empresarios que frecuentan Washington y Davos es el universo que empujó al país a su actual desmoronamiento. Otro mundo es habitado por millones de trabajadores, jóvenes y deso­cupados que encabezan en las calles de Seattle, Barcelona y Porto Alegre la protesta global contra el capital. Con ellos puede contar la Argentina si resuelve ponerse de pie frente al Fondo Monetario.

Lecciones del capitalismo real

La dimensión del desplome económico ha reavivado el interés por indagar cuál es la relación entre la crisis actual y los desequilibrios intrínsecos del capitalismo. En gran medida esta atención proviene de la expropiación que han sufrido los pequeños ahorristas por parte de los banqueros. No fue el fantasma comunista quién confiscó las magras indemnizaciones y reservas de los depositantes, sino los bancos que simbolizan la confianza social en el sistema. Estas instituciones vulneraron los contratos, desconocieron la propiedad privada, ignoraron sus compromisos y estafaron a millones de personas. La población ha podido experimentar en carne propia que la realidad del capitalismo es muy diferente al ideal que difunden sus apologistas. Han podido verificar como este régimen, lejos de retribuir el esfuerzo individual y premiar la acumulación personal, recurre a la apropiación directa de los ingresos familiares.

Ya es, por otra parte, inocultable que tampoco la pauperización masiva de la población es ajena a la acción del capitalismo. Quiénes identificaban a este régimen social con la prosperidad, nunca imaginaron que en el granero del mundo se carnearían caballos y se comerían gatos. Y jamás supusieron que una generación de niños sufriría la pérdida de peso, altura y coeficiente mental como consecuencia de la desnutrición. Aquí no hubo guerras, ni catástrofes naturales, sino un desastre social que lejos de “afectar a todos” favorece a los grupos concentrados del capital. Estos empresarios aprovechan el desempleo masivo para desconocer las conquistas laborales y alargar las jornadas de trabajo a cambio de salarios irrisorios. Hoy puede observarse sin ningún velo hasta que punto el capitalismo es un sistema de explotación que no puede “humanizarse”, porque se basa en ganancias surgidas de la plusvalía extraída a los asalariados.

También las privatizaciones han desenmascarado la realidad del capitalismo. Su asimilación inicial con la eficiencia, la inversión y la creación de empleo ha quedado completamente desmentida. La venta de las empresas públicas creó el botín de una gran depredación, liderada por compañías que operan sin riesgo y con ganancias aseguradas por el Estado. Pero este saqueo no obedece a la “falta de capitalismo”. Al contrario, es el crudo efecto de la acción de este sistema. Los monopolios, las rentas financieras, las manipulaciones de precios, la corrupción y los desfalcos son rasgos corrientes de este régimen.

El rostro brutal del capitalismo no tiene maquillaje en la Argentina, ni en la mayor parte de los países periféricos. Por eso muchos sueñan con emular la vertiente norteamericana, suiza o alemana de este régimen, como si la ubicación de cada país en la estratificada división mundial del trabajo fuera electiva y no compulsiva. A ningún­ habitante de Asia, África o Latinoamé­rica le agrada la ubicación que le ha tocado a su país en la economía mundial. Pero esta inserción es el producto histórico de un sistema caracterizado por la polarización y la transferencia sistemática de recursos de la periferia al centro. Especialmente en la mundialización actual no hay lugar para la prosperidad colectiva y por eso día a día se acentúan las asimetrías del ingreso, el consumo y el beneficio, incluso en los países del Primer Mundo.

La ilusión de escapar a esta realidad “construyendo otro capitalismo” ha sido el sueño repetido de todos los desarrollistas. Pero al cabo de varias décadas de frustrados experimentos, convendría reconocer que este objetivo es inalcanzable en un sistema mundial dominado por el poder imperialista. De esta conclusión se puede deducir la inutilidad de cualquier acción, mayores lamentos por el destino que “nos tocó a los argentinos” o indagar cual es la vía no capitalista para a revertir la decadencia del país.

Por este camino se avanza elaborando un programa concreto de emancipación socialista y no sólo proclamando que el capitalismo es el origen de la hecatombe nacional. La catástrofe de la economía argentina no es un resultado exclusivo, ni directo de la “crisis mundial”, como lo prueba el impacto diferenciado de la recesión global sobre cada país. La depresión que acumula Japón desde hace una década no ha provocado, por ejemplo, un desastre social comprable a la devastación argentina. E incluso dentro del mapa periférico el resultado de la crisis ha sido desigual.

Reconocer que el “problema es el capitalismo” es vital para concebir una alternativa. Pero resulta necesario dotar a esta propuesta de un contenido concreto para evitar que el socialismo aparezca como un objetivo tan inalcanzable como irrealizable. Demostrar que un régimen basado en las reglas de mercado y la competencia puede ser reemplazado por otro sistema de organización racional de la producción, orientado a la satisfacción de las necesidades sociales prioritarias de la población es la principal tarea de los economistas de izquierda. La terrible realidad del país nos empuja a un compromiso mayor en la elaboración de un proyecto anticapitalista viable­­.

Las pautas de la construcción socialista

La crisis argentina es un resultado combinado del modelo neoliberal, la inserción periférica y los desequilibrios del capitalismo. Estas tres causas explican el estallido, la profundidad y la singularidad de la actual depresión. La economía colapsó porque funciona en torno al beneficio, en condiciones de creciente dependencia y sometida a políticas desreguladoras. Los traumáticos efectos de esta triple combinación no pueden ser superadas en favor de la mayoría si se adoptan medidas acotadas en cada uno de estos tres planos. No alcanza con revertir la política antiliberal, cortar con la dependencia o emanciparse del capital. Se requiere intervenir simultáneamente en todos los terrenos, con distintos tiempos e intensidades. Este es el sentido de un programa socialista regido por la planificación, pero conectado a la acción del mercado bajo una gestión participativa y democrática­.

La aplicación de este programa apunta, en primer término, a lograr la recuperación del poder adquisitivo mediante un aumento general de salarios mínimos y efectivos junto al establecimiento de un seguro de desempleo indexados, que permitan comenzar a elevar los ingresos básicos al nivel del costo de la canasta familiar. Una parte de las empresas puede absorber este aumento con las ganancias acumuladas en los últimos años, mientras que en el sector público (y en parte de las pequeñas empresas) la mejora sería financiada con impuestos progresivos (especialmente a las compañías beneficiarias de la pesificación y la devaluación), el cobro efectivo de impuestos a los grandes evasores y la estatización del sistema previsional. Recurriendo al control popular de los precios y de los abastecimientos se afrontaría el eventual peligro de un rebrote inflacionario, que en condiciones de aguda depresión y altísima capacidad ociosa no debería ser significativo. Para favorecer el repunte de la demanda se buscará disminuir drásticamente la tasa de desem­pleo, reduciendo la jornada laboral mediante la distribución de las horas de trabajo y la contratación de nuevos empleados.­

El objetivo es poner en marcha un proceso de reindustrialización aprovechando los abundantes recursos del país y sin fantasear con el ingreso masivo de inversiones externas. Pero esta estrategia de crecimiento no apunta a “vivir con lo nuestro” aislando la economía nacional del circuito mundial, porque la utopía de edificar un socialismo puramente nacional en el siglo XXI es más ilusoria que la fantasía de erigir —en esta misma etapa— un capitalismo pujante restringido a sus propias fronteras. Por eso el rechazo del ALCA debe ir asociado con la reformulación completa de las alianzas regionales, en función de los intereses de los trabajadores del Cono Sur.

Una reindustrialización acelerada exige la vigencia de múltiples formas de propiedad, articuladas en torno a las políticas establecidas en el sector industrial, de servicios y del comercio exterior nacionalizados. La propia dinámica de la crisis tenderá a fisonomizar cuál será la gravitación proporcional de la propiedad privada, cooperativa y estatal en el campo industrial. Hay que prestar particular atención al proceso de recuperación de las empresas abandonadas por sus dueños y retomadas por los trabajadores. Aquí se puede alentar la gestión cooperativa, siempre y cuándo se establezcan medidas para evitar el ahogo de estas empresas por la falta de abastecimientos, mercados y financiación. Para asegurar la viabilidad de estos emprendimientos resultan decisivos los convenios con el Estado y su integración a la planificación industrial. Lo que debe descartarse es la devolución de las empresas quebradas a sus viejos o nuevos dueños capitalistas.

La reconstrucción económica exige destinar el grueso de los recursos generados por el no pago de la deuda externa a programas de educación, salud y alimentación gratuita para toda la población. La ruptura con el FMI implica el desconocimiento de la deuda fraudulenta, pero no el aislamiento financiero y comercial del país. Se apuntaría a realizar un replanteo radical de los flujos de exportaciones e importaciones, utilizando los excedentes de la producción agroexportadora en favor de la modernización industrial, que en el pasado se frustró por la sistemática subvención a los grupos empresarios. Este programa exige no sólo el control de cambios, sino también el monopolio estatal del comercio exterior, porque si una veintena de compañías maneja el ingreso de divisas la política cambiaria queda aprisionada por estas maniobras especulativas­.

Como el sistema financiero se encuentra al borde de la bancarrota, el desafío actual es definir cuál será su reemplazo. Ya no está en juego sólo el ahorro de los pequeños depositantes, sino el trabajo de 50.000 bancarios y el crédito a miles de empresas. La reconstrucción del sistema financiero en torno a una estructura integralmente nacionalizada es la única forma de asegurar un manejo racional de los préstamos en función de las prioridades de inversión y consumo.

Pero esta nacionalización no repetirá el salvataje de los banqueros, sino que implicará ante todo una transferencia sin indemnización de las propiedades y activos de los bancos que se nieguen a devolver el dinero confiscado a los ahorristas, o que amenacen con irse del país. La secuencia de medidas en favor de los ahorristas debería ser: intervención de los bancos bajo control de los empleados para verificar el estado real de cada entidad, análisis de los grandes créditos que podrían precan­celarse, intimación de los bancos a devolver el dinero robado y comienzo del proceso de nacionalización del sistema. A partir de aquí debería constituirse un fondo general destinado a devolver el dinero robado a los pequeños ahorristas, dentro de las posibilidades del proceso de reconstrucción económica. La devolución es más factible con esta propuesta que con el bono o la hiperinflación que prepara el gobierno y, por otra parte, asegura justicia a los estafados y castigo a los estafadores. Además, garantiza al pequeño ahorrista los mismos niveles de empleo e ingreso básicos que obtendrá el conjunto de la población­.

Se debe instrumentar una secuencia equivalente de medidas en el terreno de las empresas privatizadas. Primero hay que prohibir cualquier aumento tarifario, frenando la fuga de divisas y el vaciamiento organizado que las compañías están instaurando para cubrir sus pérdidas con el deterioro de los servicios y la anulación de las inversiones. Posteriormente hay que iniciar el proceso de recuperación estatal de las empresas estratégicas, mediante la renacionalización sin ningún tipo de indemnización. Pero en este terreno resulta vital impedir el retorno al pasado de gestión burocrática al servicio de los contratistas privados. La constitución de organismos de control independiente de carácter electivo y popular, que auditen la transparencia de las inversiones, los costos y los rendimientos de cada compañía es el camino para evitar la repetición de la ineficiencia y el derroche burocráticos. Un organismo público puede controlar efectivamente a otro si participa la población, porque en este caso no influirá ningún lobby privado distribuyendo coimas y repartiendo privilegios.

La aplicación de este programa permitiría inaugurar una economía de transición socialista, estructurada en torno a la planificación democrática, la gestión popular y la propiedad colectiva, pero enlazada a la vigencia del mercado y a variadas formas de acumulación privada en distintos sectores de la producción, el comercio y el agro. Esta opción corresponde al carácter de la crisis y a la situación periférica del país y permite actuar de manera simultánea sobre los efectos más nocivos del modelo neoliberal, la inserción periférica y la irracionalidad capitalista. Se apunta a combinar en diversos grados la aplicación de medidas antiliberales, antiimperalistas y anticapitalistas para favorecer la construcción socialista.

Estas propuestas sintetizan los lineamientos básicos de una iniciativa que cobrará fuerza si los trabajadores y el pueblo aceptan su conveniencia y viabilidad. Serán ellos y no un grupo de tecnócratas quiénes definan, cuándo y de qué forma podría aplicarse esta plataforma. Los economistas de izquierda sólo contribuimos con nuestra elaboración a la construcción colectiva del poder popular que podría desarrollar este proyecto. Mientras que los economistas del régimen desarrollan su carrera rindiendo cuentas a la clase dominante, nuestro proyecto está sometido a la consideración de las asambleas de vecinos, piqueteros, trabajadores, estudiantes, profesionales, organizaciones de derechos humanos y partidos de izquierda. Ellos son nuestros interlocutores y nuestros jueces. El programa socialista es una propuesta abierta a la discusión de todas las instancias de la lucha popular.

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  • Dirección: Nellys Palomo Sánchez (hasta el número 35 en noviembre de 2001) José Martínez Cruz (a partir del número 36)

    Coordinación: José Martínez Cruz.

    Edición: Ana María Hernández.

    Colaboradores: Edgard Sánchez; Claudia Cruz; Josefina Chávez.

    Traducción de textos: Alberto Nadal.

  Desde los cuatro puntos es una publicación mensual de Convergencia Socialista, Agrupación Política Nacional (apn), registrada en el Instituto Federal Electoral. Registro de la Dirección General del Derecho de Autor (en trámite). Certificado de Título y Contenido (en trámite). Publicación periódica. Oficinas y suscripciones: Xola 181, 3er. piso, Col. Alamos, C.P. 03400, Teléfono 5 90 07 08, México, D.F.