No. 31
(julio de 2011)

 

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Guanajuato: criminalización de mujeres que ejercieron su derecho a decidir

Verónica Cruz*

En el estado de Guanajuato los médicos de los hospitales públicos que tienen la obligación de salvaguardar la vida de las mujeres y guardar confidencialidad, entregaron a las autoridades judiciales los expedientes de las mujeres con presencia de aborto en evolución.

Son los mismos médicos que persistentemente se han negado a otorgar servicios de aborto legal a las mujeres víctimas de violación; que se han negado también a dar parte a las autoridades cuando tienen “sospecha” de violencia, de violencia sexual contra mujeres, niños y niñas; los mismos médicos que en su práctica privada sí hacen abortos clandestinos por 10,000 o 20,000 pesos.

Las mujeres criminalizadas relatan como un calvario su paso por los hospitales públicos en donde encontraron desde vigilantes, enfermeras, trabajadoras sociales, hasta médicos, practicantes, residentes, es decir, un conjunto de servidores públicos que antepusieron sus juicios de valor a su función pública diciéndoles frases como: “eres una perra”, “lo que hiciste no tiene perdón de Dios”, a una le colocaron un crucifijo y le decían “arrepiéntete de lo que hiciste y di la verdad”, “eres la peor persona del mundo”, “ni los animales tratan así a sus hijos”. Un sinfín de palabras hirientes, culpabilizadoras y satanizantes sin importar que las mujeres pasaban por una situación crítica de salud física, mental y emocional.

Después de los hospitales públicos, siguió el calavario en el Ministerio Público y con los policías ministeriales, que sin investigar, consignaron a las mujeres de acuerdo a sus creencias personales y morales, católicas, abusando de su poder, excediéndose en el uso del derecho penal. Las detuvieron si una orden de aprehensión, ninguna supo por cuál delito la había detenido hasta que estaban en la cárcel. Ninguna tuvo derecho a la presunción de inocencia y menos a una defensa adecuada. Además de que a todas las hicieron que se culparan con engaños, amenazas, tortura física, psicológica y sexual. Los ministerios públicos las sentenciaron por infidelidad, por no acudir a los servicios médicos, porque ya habían sido madres, porque no fueron a la escuela, por no tener información, por ser mujeres, pobres, jóvenes, campesinas, jornaleras, solteras, sin pareja, con hijos y sin dinero. Los jueces y magistrados sentenciaron la marginación, la discriminación, la falta de oportunidades, la desvalorización social contra las mujeres, la violencia contra las mujeres, la violación sexual, la violación sistémica a sus derechos humanos. Las nueve mujeres fueron sentenciadas por homicidio en razón de parentesco con penas máximas de 25 a 35 años, como castigo ejemplar para todas las mujeres.

Los jueces y magistrados del poder judicial del estado de Guanajuato las sentenciaron sin darles oportunidad a un juicio justo, a un debido proceso a una adecuada defensa, solamente enjuiciaron sus creencias en una sentencia que las dejaba para el resto de sus vidas en las cárceles como ejemplo para las mujeres que, según ellos, alteran los valores morales de una sociedad moderna y equitativa.

Mientras el Juez Llamas de San Miguel de Allende sentenciaba la infidelidad de Alma Yareli a 29 años 7 meses de prisión, liberaba a un cura pederasta.

La defensa

En ninguno de los casos las mujeres tuvieron una defensa adecuada. A tres de ellas les tocó la misma defensora de oficio, la Lic. Cruces, quien desde el mismo momento en que las vio, las sentencio: “yo me voy a encargar de que ustedes se pasen el resto de sus vidas en la cárcel porque lo que ustedes hicieron no lo pagan ni con sus vidas”. Les pidieron grandes cantidades de dinero, 20,000, 30,000 y hasta 50,000 pesos por no hacer nada o por hundirlas más. Lo mismo pasó con los defensores privados, durante el proceso, las familias vendieron animales, la casa para pagar a abogados sin escrúpulos que sólo les robaron.

El recuento de las cifras

Del 2000 a 2010, se tienen 166 denuncias por aborto hechas por hospitales públicos, la mayoría contra mujeres que se indujeron un aborto con medicamentos, son jóvenes, algunas estudiantes de preparatoria o universitarias, viven en las ciudades que corresponden al corredor industrial del estado de Guanajuato. Para agosto del 2008 habían sido encarceladas 14 mujeres por aborto, sujetas a proceso penal; 11 de éstas habían sido sentenciadas condenatoriamente por el delito de aborto con penas desde 9 meses hasta 2 años con libertad bajo caución. Algunas tuvieron que pagar una fianza de 10,000 pesos para salir y purgar su sentencia fuera de la cárcel. Al concluir su sentencia tienen que dejar pasar 3 años antes de borrar sus antecedentes penales.

Los nueve casos

En la cárcel de Puentecillas en la ciudad de Guanajuato y en el CERESO MIL de Valle de Santiago Guanajuato ubicamos 9 mujeres que desde el 2000 se encontraban presas por abortar. Sus situaciones evidenciaron una política de Estado que castiga el embarazo a temprana edad, así como la marginación en que vivien las mujeres guanajuatenses que no tienen acceso a la educación básica, ni a los servicios de salud. Los hombres que las embarazaron no se responsabilizaron ni de la reproducción, ni de la paternidad, ni siquiera de la pensión alimenticia. Más aún cuando los citaron a declarar señalaron que fueron objeto del “deseo de ellas”, "que los buscaron, los sedujeron, se les ofrecieron, y se les metieron en sus vidas y en sus camas", "ellos sólo se resignaron a ser hombres y actuaron como tal”, “yo tengo mi esposa y mis hijos”, “yo ni la conozco”.

Las 9 mujeres son originarias del estado de Guanajuato, de comunidades rurales de los municipios de Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende, campesinas, jornaleras, sostén económico de sus hogares, domésticas o empleadas, con un hija o hijo que tuvieron entre los 12 y 18 años, que tuvieron que dejar al cuidado de sus madres, sin saber leer y escribir, o con primaria incompleta, sólo una de ellas estudiaba el primer semestre de preparatoria.

La estrategia de la defensa

El 20 de julio del 2010, realizamos una rueda de prensa en la ciudad de Guanajuato para dar a conocer que Alma Yareli —una de las 9 mujeres—, había sido absuelta por resolución judicial; pues no había cometido ni el delito de aborto y mucho menos el delito de homicidio en razón de parentesco y con ese respaldo jurídico se dio a conocer los expedientes de otras seis mujeres en la misma situación. La defensa, en segunda instancia, de Alma Yareli la llevó a cabo la Clínica de interés público del CIDE, mejores —excelentes abogados penalistas mexicanos—, un grupo de estudiantes de derecho y "Las Libres" que desarrollaron una alianza muy efectiva y afectiva de trabajo colectivo, basado en la confianza y la sensibilidad social.

A todos los medios de comunicación se les entregaron síntesis de cada uno de los seis casos, donde se daba cuenta de su historia personal de vida y su historia jurídica. Los medios tomaron como suya la defensa y empezaron a indagar má, que concluyó en la generación de una presión social mediática que duró del 20 de julio al 7 de septiembre día en que fueron liberadas tras una reforma “exprés” que el gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, mandó al congreso para adicionar al párrafo del delito de homicidio en razón de parentesco, una reducción de pena para las mujeres que dentro de las 24 horas de nacidos los productos las madres los priven de la vida en un contexto psicosocial que les afecte. Una reforma que fue utilizada por esa única ocasión, ya que fue la forma más viable que encontró el gobernador de sacarse de encima la presión social, política nacional e internacional.

A manera de conclusión

El trabajo de investigación, documentación, litigio y defensa de las mujeres que en Guanajuato han sido criminalizadas por aborto evidenció una práctica, una política y una intención gubernamental de castigar a las mujeres que deciden sobre su cuerpo; que optan por un mejor proyecto de vida, por su salud, por su vida.

Para Las Libres ha sido motivo de una profunda reflexión todo lo realizado hasta ahora, tanto interno del grupo como externamente hacia el movimiento feminista. Lo anterior nos ha llevado a preguntas como las siguientes: toca despenalizar el aborto en todo el país, ¿con qué estrategias?, toca luchar por quitar el tipo penal de aborto, ¿cómo, con qué estrategias, con qué alianzas? ¿El aborto se debe despenalizar hasta las 12 semanas?, ¿a las 20? ¿o sin límite? Se trata de hacer estrategias nacionales, regionales o locales. Qué hacer en un contexto adverso social, política y económicamente para el avance de los derechos humanos de las mujeres ante un Estado que se desentiende de su quehacer central: la garantía de los derechos de los y las ciudadanas.

Tenemos un reto al interior del movimiento feminista: pensar, reflexionar y actuar articuladamente, sin jerarquizar las estrategias, más bien respetando las diversas estrategias, sin un solo liderazgo: más bien con todos los liderazgos. Sin recursos, más bien con todos los recursos mejor distribuidos, sin centralismo más bien descentralizando los conocimientos, las experiencias, los recursos, las estrategias, las decisiones.

Las Libres tiene claro su opción por las mujeres, proseguir hasta obtener el derechos de todas y sabemos que no seremos libres hasta lograr la libertad de todas.

Existen casos de mujeres que han sido denunciadas, procesadas, sentenciadas y encarceladas por aborto en los estados de: Querétaro, Aguascalientes, Guerrero, Campeche, Jalisco y Veracruz. Algunas mujeres nos han pedido que llevemos la defensa de sus casos. Sin embargo, la defensa caso por caso es muy difícil de resolver, habrá que pensar en la posibilidad de juntar todas las acciones de las y los que estamos a favor del derecho a decidir, para llevar a cabo una estrategia nacional, con el objetivo de lograr que no exista una mujer privada de su libertad, por haber optado por su vida o sólo por DECIDIR.


Las Libres

El centro Las Libres fue fundada el 7 de noviembre del 2000 impulsadas por el contexto adverso que eliminó, en el 2000, la causal de violación del código penal y pretendía encarcelar a las mujeres víctimas de violación que intentaran un aborto con hasta 8 años de cárcel.

El movimiento feminista a nivel nacional y nosotras una vez que logramos que se vetara esa ley, concluimos que lo hecho no sería suficiente, estamos seguras que las autoridades no cumplirían su palabra y encarcelarían a mujeres víctimas de violación, por ello habría que estar haciendo seguimiento y estar en una alerta permanente.

Las Libres tenemos un trabajo sostenido desde hace 10 años en el acompañamiento a mujeres víctimas de violación para el acceso a servicios de aborto legal, indagando sobre las percepciones, actitudes, tratamiento que la población, gobierno y medios de comunicación le dan al tema, conociendo a profundidad que pasa en Guanajuato en todos los aspectos de la vida cotidiana de las mujeres en relación al aborto para perfilar estrategias que nos ayuden a despenalizar el aborto, jurídica, social y mentalmente.

Hemos avanzado al lograr que las mujeres violadas tengan acceso a un aborto legal, información y estén acompañadas durante todo el proceso; a las mujeres que deciden un aborto con medicamentos, se les proporciona una defensa integral y litigio especial en los casos de criminalización por aborto, así como impulsar mecanismos legales que garanticen el acceso para todas, desarrollando protocolos, manuales de procedimientos administrativos, capacitando a prestadores de servicios de salud y de justicia que garanticen servicios de aborto legal con calidad.

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Directora:
Josefina Chávez

Edición:
Ana María Hernández.

Comité Editorial:
Fanny D'Argence, Rocío Duque, Liz Maier,Sylvia Marcos, Marcela Lagarde, Sara Lovera, Nellys Palomo.