No. 24
(octubre-diciembre
de 2003)

 

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Por la vida de las mujeres, fin al feminicidio

Marcela Lagarde de los Ríos*

A lo largo del siglo XX millones de mujeres abrimos espacios, creamos oportunidades y participamos en los más diversos ámbitos de la sociedad, la cultura y la política. Mujeres de distintos países damos vida a la cultura feminista al denunciar la opresión de género y crear una conciencia crítica sobre la condición de las mujeres, así como normas y prácticas sociales modernas y democráticas. Nombramos y definimos la discriminación, la marginación, la explotación y la enajenación genéricas, enfrentamos la falsa creencia sobre la inevitabilidad de la violencia, la sacamos del encierro y el silencio, del tabú y la complicidad.

En las últimas décadas del siglo XX construimos una visión integral sobre los derechos humanos de las mujeres y los definimos. En ese marco, logramos que la violencia de género sea percibida como un atentado a los derechos humanos de las mujeres y uno de los más graves problemas sociales y de urgente atención. Probamos que no es natural: la violencia se incuba en la sociedad y en el Estado debido a la inequidad genérica patriarcal.

La violencia de género es un mecanismo político cuyo fin es mantener a las mujeres en desventaja y desigualdad en el mundo y en las relaciones con los hombres, permite excluir a las mujeres del acceso a bienes, recursos y oportunidades; contribuye a desvalorizar, denigrar y amedrentar a las mujeres y reproduce el dominio patriarcal.

La violencia de género contra las mujeres y entre los hombres recrea la supremacía de género de los hombres sobre las mujeres y les da poderes extraordinarios en la sociedad.

Desde una perspectiva feminista colocamos la violencia de género como un problema político en el mundo. A través de investigaciones científicas, diferenciamos las formas de violencia, erradicamos conceptos misóginos no científicos como el de crimen pasional y concepciones culpabilizadoras de las víctimas, definimos jurídicamente la violencia sexual —la violación, el estupro, el incesto, el acoso—, la violencia conyugal y familiar, la callejera, y otras formas de violencia de género: laboral, patrimonial, psicológica, intelectual, simbólica, lingüística, económica, jurídica y política.

En México, la mayoría de las mujeres vive alguna forma de violencia de género, y muchas mujeres viven además, violencia de clase, racista, religiosa, judicial y política.

Mujeres y hombres conscientes impulsamos acciones y creamos instituciones para erradicar la violencia. En pos de eliminar de nuestras mentalidades y de la sociedad el machismo y la misoginia, así como las relaciones patriarcales, formamos especialistas en género en las ciencias sociales y políticas, en los ámbitos jurídico y judicial y de la salud integral para atender a las víctimas de la violencia, incluso a los violentos.

Nos falta mucho más.

Hace una semana identificaron los restos de Neyra Azucena hija de Patricia Cervantes, encontrados el 14 de julio en Ciudad Juárez. Un asesinato más y el feminicidio continúa. ¡Ya basta!

Ante este crimen, como ante todos los anteriores, exigimos fin al feminicidio y garantías al gobierno de la república para la seguridad y la vida de las mujeres.

En el Día Internacional para Eliminar la Violencia Contra las Mujeres es preciso que la LIX Legislatura se manifieste sobre la gravedad de la violencia de género en nuestro país y legisle sobre el feminicidio y que, como representación del pueblo y de la federación, vigile el esclarecimiento de los asesinatos y las desapariciones de niñas y mujeres, y exija políticas públicas y acciones preventivas para erradicar el feminicidio y todas las formas de violencia contra las mujeres.

La violencia de género es prevenible y evitable desde el paradigma que valora la vida y la libertad de las mujeres.

El derecho a la vida de las mujeres es expropiado cuando no sólo no se resuelve cada crimen ni la desaparición de centenares de éstos, sino que, además de Juárez, Chihuahua y otras ciudades del estado, el feminicidio se presenta también en Jalisco, Guanajuato, Coahuila, el Distrito Federal y el Estado de México.

El feminicidio ha trascendido nuestras fronteras porque, con legítima desesperación, se ha recurrido a organismos internacionales como la ONU, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a congresistas y organizaciones de los Estados Unidos y de otros países, y se han pronunciado al respecto dos parlamentos del Estado Español, el Parlamento de Andalucía y el Congreso de los Diputados. Pronto, lo harán el Parlamento Europeo y los parlamentos de los países miembros.

Es preciso aclarar qué es el feminicidio porque hay la falsa creencia en que esta voz se refiere sólo a asesinatos de mujeres. Ése no es su significado.

El feminicidio es el genocidio contra mujeres y sucede cuando se conjugan atentados contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de las mujeres con impunidad.

Hay feminicidio en condiciones de guerra y de paz. En él coinciden en tiempo y espacio, daños contra mujeres realizados por conocidos y desconocidos, por violentos, violadores y asesinos individuales y grupales, ocasionales o profesionales, que conducen a la muerte cruel de algunas de las víctimas. No todos los crímenes son concertados o realizados por asesinos seriales: los hay seriales e individuales, algunos son cometidos por conocidos: parejas, parientes, novios, esposos, padres, acompañantes, familiares, visitas, colegas y compañeros de trabajo; pero también son perpetrados por desconocidos y anónimos y por grupos mafiosos de delincuentes ligados a modos de vida violentos y criminales.

Sin embargo, todos los casos que conforman el feminicidio tienen en común que las mujeres son desvalorizadas, usables, prescindibles, maltratables y deshechables. Y, desde luego, todos coinciden en su infinita crueldad.

Para que se dé el feminicidio concurren de manera criminal, el silencio, la omisión, la negligencia y la colusión de autoridades encargadas de prevenir y erradicar estos crímenes. Hay feminicidio cuando el Estado no da garantías a las mujeres y no crea condiciones de seguridad para sus vidas en la comunidad, en la casa y en los espacios de trabajo y estudio, de tránsito y esparcimiento. Más aún, cuando las autoridades no realizan con eficiencia sus funciones y, en cambio, prevalecen la negligencia, la corrupción y la complicidad. Por eso el feminicidio es un crimen de Estado.

El feminicidio se conforma por el ambiente ideológico y social de machismo y misoginia, de violencia normalizada contra las mujeres y supremacía violenta de los hombres. Se debe también, a ausencias legales y de políticas de gobierno para el avance de la democracia genérica, lo que crea condiciones de convivencia insegura para las mujeres, pone en riesgo la vida y favorece el conjunto de crímenes que exigimos esclarecer y eliminar.

Contribuyen al feminicidio el silencio social, la desatención, la idea de que hay problemas más urgentes, y la vergüenza y el enojo que no conminan a transformar las cosas sino a disminuir el hecho y demostrar que no son tantas “las muertas”.

El PRD apoya a las madres y los familiares de las niñas y mujeres asesinadas y las desaparecidas en su exigencia de que el presidente de la república hable con la verdad y promueva la justicia, y se comprometa para que las investigaciones sean realizadas por profesionales con visión de género y protocolos internacionales, que la valoración pericial sea confiable, se erradique la tortura en las investigaciones y se finquen responsabilidades a los funcionarios conforme a la recomendación 44/98 de la CNDH, que garantice la presencia de la Policía Federal Preventiva en los lugares de riesgo, y cesen el hostigamiento, las campañas de desprestigio y las amenazas a las familiares de las víctimas, las abogadas, y las organizaciones. Exigimos al presidente de la república y a su gobierno la reparación integral del daño.

Asimismo, el PRD exige a los tres niveles de gobierno facilidades y recursos a Guadalupe Morfin Otero Comisionada de la Presidencia de la República para coadyuvar con políticas urgentes y eficaces para enfrentar el feminicidio. Pero su intervención no será suficiente.

La sociedad reclama y el PRD exige la creación de un Ministerio Público Federal Especializado en el Feminicidio confiable y autónomo, cuyos miembros no estén involucrados en los hechos, y que aplique las normas internacionales de derechos humanos. Exigimos saber quiénes violentaron a cada una de las mujeres y que sean entregados a la autoridad judicial correspondiente en la búsqueda de la justicia.

Exigimos a las Procuradurías General de la República y de los estados de Chihuahua, Coahuila, Sonora, Guanajuato, Jalisco, el Estado de México y del Distrito Federal donde se reporta feminicidio, que cumplan su deber con legalidad y transparencia en el esclarecimiento y fin de los crímenes.

El PRD exige el cese de informaciones, cifras y visiones que no coinciden entre sí, y del discurso de los representantes del Estado en foros nacionales e internacionales que minimiza los hechos: crean confusión, aumenta la desconfianza de la ciudadanía en el gobierno y el descrédito de las autoridades y se alienta la impunidad.

El PRD exige investigaciones profesionales y científicas con perspectiva de género, respuestas transparentes y verídicas y procesos de justicia certera. Si el Estado falla, la delincuencia prolifera y el feminicidio no llega a su fin. La Constitución asigna al Estado el deber de preservar la seguridad de las personas y las comunidades. Exigimos que el Estado mexicano garantice la justicia en cada caso, la atención a las víctimas y el respeto a sus derechos, así como la seguridad y la vida de las mujeres.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoce 263 mujeres asesinadas y 4,500 desaparecidas en Ciudad Juárez. Aunque la Comisionada reconoce 326 y Amnistía Internacional 370. Cualquiera que sea la cifra, sólo es posible llegar a ese grado de impunidad si hay negligencia y complicidad de las autoridades. Exigimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos consecuencia, y que promueva el juicio y el castigo, conforme a la ley, a las autoridades responsables de la violación de los derechos humanos de las mujeres.

Las diputadas y los diputados del PRD exigimos la ejecución de políticas públicas que erradiquen la desigualdad y la inequidad de género y creen condiciones para una convivencia igualitaria y equitativa entre mujeres y hombres. Exigimos al sistema educativo nacional y a los medios de comunicación que favorezcan una cultura de valoración y respeto de los derechos humanos de las mujeres, en particular, el derecho a vivir una vida sin miedo y sin violencia.

Quiero recordar ante esta soberanía la reflexión sobre la democracia que hiciera María Zambrano, entrañable filósofa española transterrada en México: “la democracia… es la sociedad en la cual no sólo es permitido, sino exigido, el ser persona”… Y “ser persona es ser individual, lo que además insinúa en la mente algo de positivo, algo irreductible por positivo. Por ser un ‘más'; no una diferencia, solamente”.

El PRD se solidariza con las víctimas y sus familiares, con los movimientos de mujeres y feministas, con los movimientos civiles por los derechos humanos, la democracia, la seguridad y la soberanía nacional, y con las fuerzas políticas y sociales que luchan por erradicar la violencia de género contra las mujeres y poner fin al feminicidio como un paso imprescindible para transitar a la democracia del siglo XXI.

Para el PRD, el grado de seguridad de las mujeres es la medida de la democracia. Por eso, nuestro afán en construir una nación democrática que asegure la vida y las libertades de las niñas y las mujeres, para que en México, en voz de María Zambrano, la condición democrática de persona sea la condición de las mujeres todas.

Por la vida y la libertad de las mujeres. Fin al feminicidio.

* Discurso pronunciado por la Diputada Federal Marcela Lagarde en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a propósito del Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres, México, D. F. , 25 de noviembre del 2003.

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