No. 24
(octubre-diciembre
de 2003)

 

<< Índice de artículos

La reforma laboral y el trabajo en el campo

Carmen Antuna*

México ha registrado cambios en su estructura de poder, sin embargo, está lejos de ser una verdadera transición democrática, si acaso la transición ha sido sustituida por una alternancia en el poder. El gobierno del cambio ha sido ineficiente para abordar los grandes y graves problemas nacionales.

Una asignatura pendiente es la que tiene que ver con la reforma laboral, misma que plantea la necesidad de transformar el universo laboral para el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos de las y los trabajadores, así como la urgente necesidad de la democratización de los sindicatos.

El Artículo 123 Constitucional, considera el trabajo rural únicamente a partir del jornalero con contrato de trabajo y la Ley Federal del Trabajo señala en su Artículo 279 que los trabajadores del campo son los que realizan actividades propias y habituales de la agricultura al servicio de un patrón. Es decir, que la Constitución y la Ley Federal del Trabajo sólo protegen a los trabajadores del campo que establecen una relación contractual, omitiendo al resto de los trabajadores del campo que no establecen dicha relación.

El Artículo 27 constitucional establece lo relativo a la propiedad de la tierra, omitiendo el valor de la fuerza de trabajo de los campesinos considerándolos únicamente como sujetos agrarios, no como trabajadores del campo que pudieran establecer derechos análogos como el resto de los trabajadores en otros sectores de la economía.

Desde nuestra perspectiva no existe una concepción del trabajo amplia, integral e incluyente que diferencie las particularidades del trabajo rural del resto de los sectores de la economía, por lo que es necesario que el marco jurídico mexicano incluya estas diferencias.

Unas de estas particularidades poco conocidas y menos aún reconocidas es la estacionalidad agrícola, misma que se refiere a que en tanto en los otros sectores de la economía la producción de bienes y servicios es permanente, hecho que permite que el trabajador tenga un ingreso constante que le genere condiciones de vida digna, incluso para la reproducción de su mano de obra, en el sector primario la mayoría de los trabajadores están sujetos a la temporalidad de su producción, por lo cual su ingreso es tan temporal como su propia producción, pero además alejado de cualquier beneficio de carácter social.

Es importante reconocer que una mayoría de trabajadores rurales no establecen relaciones contractuales para realizar su trabajo, por lo cual ni la Constitución Política ni la Ley Federal del Trabajo considera esta situación por lo que no son garantes de los derechos del trabajador rural.

El alcance legal que pudiera tener a su favor los trabajadores del campo según lo señala la Constitución de la Ley Federal del Trabajo beneficiaria en el mejor de los casos a 5 millones de jornaleros aproximadamente de un total de población rural de 25 millones, es decir, la mayoría de los trabajadores del campo son considerados en términos de ley como trabajadores.

La seguridad social y las prestaciones con las que cuentan los trabajadores se da en razón de la relación contractual que establecen (salud, vivienda, aguinaldo, pensiones, jubilaciones, etcétera), en el campo simple y llanamente no existen, luego entonces el campesino como trabajador no tiene en el marco de la ley a quien reclamarle para poder acceder a los beneficios del trabajo y de la previsión social, el papel del Estado debiera replantearse para convertirse en un Estado solidario y garante de los beneficios del trabajador rural y del cumplimiento de las garantías individuales según lo señala el 4to. Constitucional.

Los planteamientos anteriores nos permiten reflexionar sobre las condiciones laborales de las y los trabajadores del campo que como tales no tienen el reconocimiento de sus derechos individuales ni colectivos derivados de su trabajo, por lo cual es imperioso señalar que el marco jurídico es excluyente y discriminatorio.

Para las mujeres rurales la problemática se agrava; por que no existe reconocimiento a su trabajo en el ámbito del derecho laboral, además de que en términos del derecho agrario hemos retrocedido con la reforma del Artículo 27 Constitucional.

De 12 millones de mujeres rurales, un millón son dueñas de su parcela, 2.5 millones son jornaleras, el resto ni están consideradas en el mercado laboral, ni perciben ningún ingreso económico por el trabajo que realizan en la parcela familiar.

Si atendemos a que el derecho colectivo se refiere a la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga y que los derechos individuales se refieren a jornadas laborales de 40 horas a la semana, día de descanso obligatorio, derechos de vacaciones, reparto de utilidades, para las mujeres el derecho a la protección de la maternidad, periodos de licencia de maternidad, de lactancia y un ambiente laboral libre de riesgos y violencia entre otros, para las mujeres rurales ninguno de estos derechos existen.

Lo que sí es una realidad es que el trabajo de las mujeres del campo es cultivar la tierra, producir alimentos y en algunos casos asumen la jefatura de sus familias en un alto porcentaje, pero también son comerciantes, trabajadoras domésticas, artesanas, lo cual arroja que la jornada de trabajo de las mujeres se estiman en 18 horas diarias.

Algunas conclusiones en torno a la problemática de las mujeres del campo nos indican: una creciente feminización de la agricultura, la feminización de la pobreza y la sobre explotación del trabajo femenino en el campo.

Derivado de todo lo anterior, apuntamos que para que exista una verdadera reforma laboral integral es necesario reconocer las diferencias que prevalecen entre los trabajadores del campo y la ciudad; por tanto la razón de que no existen derechos para el trabajador del campo se requieren reformas de carácter estructural que obliguen al Estado a un nuevo pacto social para que los campesinos no sean considerados únicamente sujetos agrarios, sino además trabajadores para acceder a los derechos universales de su trabajo.

El Estado de derecho que priva en México, nos señala que para acceder a los beneficios de carácter social, individuales y colectivos éstos son otorgados a partir del establecimiento de una relación contractual, en razón de que en el campo ya señalamos que no existe, los derechos y beneficios deberían estar considerados como derechos de carácter universal.

Es necesario que el 123 Constitucional y la Ley Federal del Trabajo regulen las particularidades del trabajador del campo, para poder insertar a los hombres y mujeres rurales a partir de la perspectiva laboral a la dinámica de desarrollo socioeconómico y que las acciones de gobierno dejen de establecer políticas asistenciales en lugar de reconocer derechos reales.

La ley no puede inferir condiciones de igualdad sino generar condiciones de equidad considerando las diferencias de género, y diferencias del trabajo en los distintos sectores de la economía.

Es importante que la alianza que se establece con las organizaciones sindicales se dé en el marco del reconocimiento del campesino como trabajador y que las desventajas comparativas con el resto de los trabajadores, se convierta en un activo de la alianza de clase para que se pueda luchar por la homologación de los derechos y beneficios sociales de la clase trabajadora del campo y la ciudad.

Reconozcamos la legítima aspiración de que el trabajo campesino sea incorporado de forma específica en la reforma laboral que estamos construyendo, defender el derecho al trabajo debe ser un acto y una acción irrenunciable, no concedamos actos voluntarista sino por el contrario la defensa de los derechos sociales ganados de manera histórica, si el trabajo dignifica al hombre, las mujeres dignificaremos el trabajo.

* Integrante de la Central Campesina Cardenista. Ponencia presentada en el Foro: “Los desafíos de las trabajadoras ante la reforma laboral”, Cámara de Diputados, 27 de marzo del 2003.

<< Índice de artículos

Directora:
Josefina Chávez

Edición:
Ana María Hernández.

Comité Editorial:
Fanny D'Argence, Rocío Duque, Liz Maier,Sylvia Marcos, Marcela Lagarde, Sara Lovera, Nellys Palomo.