No. 23
(julio-septiembre de 2003)

 

<< Índice de artículos

Las mujeres mexicanas organizadas ante la V Reunión Ministerial de la OMC

Ante la próxima V Reunión Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), a realizarse en Cancún, las mexicanas sumamos nuestro análisis al mosaico de situaciones diversas que estamos viviendo las mujeres en el mundo para construir, colectivamente, con todas las redes de mujeres hemisféricas e internacionales las propuestas a ser posicionadas ante la OMC, y que serán consensuadas durante los días del Foro Internacional “Los Derechos de las Mujeres en los Acuerdos Comerciales” que se llevará a cabo en el marco del Foro de los Pueblos por una alternativa ante la OMC. Como primer punto reconocemos el efecto negativo del modelo económico vigente que se nos impone por un proceso de relaciones inequitativas entre naciones promovidas por el desmesurado interés de ganancia de las corporaciones trasnacionales y que, en el contexto de sociedades patriarcales, alientan las relaciones inequitativas entre hombres y mujeres.

A partir de estas consideraciones, las mujeres coincidimos con lo planteado en la reciente llamada de “La Asamblea Hemisférica y Global contra el ALCA y la OMC para descarrilar la V Reunión Ministerial de la OMC” que se llevó a cabo en la ciudad de México en el mes de mayo, 2003, de que los países se encuentran en un contexto de pertinaz guerra económica y en un momento de tendencia hacia un control unipolar del mundo en donde el mercado conduce a la acumulación privada de la riqueza y no a la atención de las necesidades de los pueblos, deshumanizando las relaciones económicas. El ambicioso proyecto neoliberal que impulsan los países desarrollados se propone subyugar a los países del sur, cuestión que incrementa la pobreza, en una producción insustentable, en creciente injusticia y en las persistentes relaciones inequitativas de género.

Las investigaciones no oficiales afirman que la pobreza en México responde a una tendencia estructural de crecimiento y que el número de personas pobres llega a 70 millones, 40 de los cuales están en extrema pobreza y cuenta con un doble rostro: los pobres de la ciudad y del campo.1 Nosotras agregamos que de éstos, el 70% son mujeres.

Según fuentes internacionales la desigualdad de género en el mundo se expresa, entre otros aspectos, porque el 67% de las mujeres adultas son analfabetas, el 68% no tienen acceso a la educación, el 36% sin acceso a la secundaria; son el 41% de los infectados totales con SIDA; el 70% se encuentran en pobreza extrema; solo el 12% tienen representación en Parlamentos y las mujeres en países en desarrollo tienen el 113% de la carga de trabajo en relación con el trabajo masculino y de las 500,000 muertes maternas al año el 90% ocurre en países en desarrollo.2

La OMC, surgida en 1995 (sustituyendo al GATT, 1948) para regular el comercio internacional, opera con base en relaciones antidemocráticas, convirtiéndose en arma contra el desarrollo sustentable que agrede a los pueblos pobres, así presiona a los países en vías de desarrollo para una agenda corporativa y que acepten las medidas que diseñan unos cuantos países ricos que se reúnen en mini-reuniones previas o “a puerta cerrada” (green room) para decidir a favor de sus propios intereses, tal y como sucedió en Doha y en contradicción a cualquier tipo de política de cooperación al desarrollo. Muy lejos de este modelo se encuentra el que las organizaciones de sociedad civil cuenten con posibilidad de incidir, aún cuando sean asuntos en que están comprometidos el presente y el futuro de la humanidad. Por cierto, las relaciones antidemocráticas y discriminatorias son las que históricamente hemos experimentado las mujeres al no participar, entre otros aspectos, en la gesta de las decisiones macro económicas que una sociedad patriarcal se atribuye en exclusividad.

Llevamos diez años de apertura indiscriminada de la economía mexicana por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá que, por cierto, es el tratado más desventajoso del mundo como lo señalan algunos analistas, experiencia que tiende a ser replicada en el hemisferio a través del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas con el soporte de la OMC. Las redes mexicanas vinculan esta apertura comercial, entre otros aspectos, al desempleo que es ya del 34% de la fuerza laboral de la PEA.3

Las mujeres se ven afectadas diferenciadamente por estas medidas. Este proceso les ha llevado a la búsqueda del trabajo informal, que en México, según cifras autónomas llega al 40% de la PEA desempeñando generalmente el trabajo sub-contratado a domicilio y/o el ambulantaje. La participación de las mujeres en el trabajo formal ha crecido en los últimos 30 años. En 1970 la tasa de participación económica era de 17.6%, en 1991 fue de 31.5% y en el 2000 fue de 36.4%.4

La industria maquiladora utiliza la condición de las mujeres y las contrata con bajos salarios y les exige tiempos extra, tampoco les proporciona protección laboral y seguridad. A nivel hemisférico se consigna que las mujeres ganan un 64% menos que los hombres y la cobertura social es 5% menor a la de los hombres, aun cuando cuenten con mayor escolaridad.5 En México, la discriminación laboral para las mujeres no se ha modificado con la apertura comercial y continúan pasando por las pruebas de embarazo; no suelen recibir incapacidad por maternidad y atención médica ante enfermedades contraídas por tóxicos, a la que tendrían derecho según la ley laboral y, así mismo, continúan enfrentándose al acoso sexual de patrones y líderes sindicales que ellas muy pocas veces denuncian por temor a distintos tipos de represalias, entre otras, la pérdida del empleo.6

En México, el tratado de Libre Comercio ha dejado en gran vulnerabilidad a los y las trabajadoras ya que por presión de las corporaciones trasnacionales se ha inducido la reforma laboral socavando los derechos conseguidos históricamente por l@s sindicalizad@s. La política de contención salarial seguida por el gobierno mexicano desde la década de los 80, ha sido un factor determinante para que México ofrezca ventajas comparativas, lo que ha traído una mayor precariedad a las mujeres. Las prestaciones que la ley laboral señalaba para las mujeres ahora se encuentran en riesgo de desaparecer ante las reformas que está proponiendo el gobierno mexicano para facilitar la entrada de inversiones con las máximas ganancias.7 Es notable el incremento en la brecha entre los salarios más altos y los más bajos que ya asciende 300 veces, según afirmación del Secretario del Trabajo, lo que hace suponer como posible que la cifra sea más alta porque las informaciones oficiales suelen ser maquillada.8

Las nuevas situaciones que ha traído la apertura comercial como la pérdida de servicios estatales con la generalizada baja en la calidad de vida, ha incrementado el trabajo doméstico de las mujeres que, por cierto, ellas continúan desempeñando casi en exclusividad. En México, las cifras nos muestran que en el año 2000 de 27.1 horas que ellas dedicaron al trabajo doméstico, los hombres dedicaron 10.6 horas.9 El valor global del trabajo no remunerado de las mujeres en el mundo que no es reconocido como parte del PIB en los países, ha sido calculado por Naciones Unidas en once billones de dólares anuales que absorben parte de los costos de producción de la fuerza de trabajo, asegurando márgenes de ganancia más altos para los empresarios nacionales y las trasnacionales.

El caso de las mujeres en Ciudad Juárez

Aproximadamente el 50% de mujeres violadas y asesinadas corresponden a crímenes seriales ya que son identificadas como empleadas de la maquila y de servicios10 y, generalmente, con características étnicas del sureste. También se vinculan los más de 300 asesinatos en la ciudad fronteriza con las actividades del narcotráfico y la industria del sexo necrofílico; fuertes intereses económicos parecen estar atrás de estos crímenes. Esta situación resulta escandalosa, entre otros aspectos, por la impunidad y la negación de las autoridades a esclarecer los casos.

Las redes de mujeres en México han realizado un intenso trabajo de información a la opinión pública y de presión hacia las autoridades y han solicitado la solidaridad de todas las redes internacionales de mujeres y mixtas para impedir que continúen siendo las mujeres mexicanas consideradas como cuerpos desechables. Estas acciones de información y solicitud de solidaridad nacional e internacional continuará muy presente en el programa de las organizaciones de mujeres y mixtas en Cancún.

Agricultura

Entre los temas más debatidos y que van a ser tratados en la próxima reunión de la OMC, está el de la Agricultura.

La economía campesina es vital para el desarrollo de los países, es muy diversa porque combina la agricultura mixta con servicios ambientales como la silvicultura y el eco-turismo. Conservan el medio ambiente: agua, suelos, biomasa, biodiversidad, flora y fauna. Las mujeres en los países pobres producen entre el 60 y el 80% de los alimentos y la mitad de la producción mundial de alimentos. La economía campesina crea empleos, estabilizan la migración y propicia el desarrollo de los pueblos, rescata valores y tradiciones y las cultiva, contribuyendo al enriquecimiento cultural de los países.

El efecto del Tratado de Libre Comercio del Norte en el campo mexicano ha sido devastador. En los diez años que lleva funcionando ha expulsado a 1.780,000 personas; dos de cada tres campesin@s viven debajo de la línea de pobreza y ha traído la pérdida de la soberanía alimentaria por la importación de granos básicos que colocan en el país las corporaciones trasnacionales que están obteniendo grandes ganancias. Los gobiernos de los países desarrollados están subsidiando sus producciones agrícolas y en forma de “dumping” están terminando con la forma de vida de millones de campesinos y campesinas.11

En este sentido deberá exigirse se desenmascare el engaño de la Unión Europea que afirma que ya dio fin a estos subsidios pero que a través de otros mecanismos continúa pasando recursos económicos en igual magnitud a su producción agrícola sólo que en forma menos transparente. Por su parte, los Estados Unidos ni siquiera desean considerar la posibilidad de disminuir los subsidios que, al contrario, han incrementado. En realidad, la pretensión es el control del negocio agrícola por unas cuantas trasnacionales.

Las redes mexicanas de mujeres nos adherimos a la propuesta de las organizaciones sociales de mujeres y mixtas de todo el mundo, en defensa de la soberanía alimentaria, exigiendo reglas justas en el intercambio, por la creación de mecanismos de seguridad alimentaria que protejan, al mismo tiempo, la producción doméstica de alimentos y la de pequeños productores. Solicitaremos que se eliminen los subsidios a las producciones agrícolas de los países desarrollados.

En Cancún las mujeres impulsaremos el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas agropecuarias y alimentarias y de desarrollo económico y social, en el marco de sociedades democráticas gobernadas por hombres y mujeres y no por las leyes del mercado. Esto tiene particular significado para las mujeres y los pueblos del mundo rural.

Las mujeres indígenas

La situación de las mujeres rurales, particularmente las indígenas, resulta más dramática ya que muchos de los pueblos indígenas del sureste habitan en algunas de las zonas más ricas en biodiversidad y que están en la mira de las corporaciones trasnacionales. El Plan Puebla Panamá (PPP) es publicitado como promotor del desarrollo económico para incorporar a esta región en la “modernidad”; lo que no se informa es que estaría arrasando con la forma de vida de los pueblos sin tomar en cuenta el desarrollo económico humano porque no tolera que sus habitantes participen y conduzcan el proceso.

La propuesta gubernamental es “más de lo mismo”, ofrece a hombres y particularmente a las mujeres, la incorporación a la maquila que instalada recientemente en el sureste del país trata de detener el flujo migratorio de nacionales y centroamerican@s. El PPP promete un desarrollo humano, pero en realidad el futuro inmediato de mujeres y hombres estará destinado a que sean servidores domésticos en centros comerciales, restaurantes y otros. Entre tanto los pueblos indígenas se ven asediados por el cerco de los paramilitares, el ejército mexicano y la amenaza de invasión, mientras el gobierno federal se resiste al reconocimiento de los Acuerdos de San Andrés, incumpliendo las normas del derecho internacional para las poblaciones indígenas, Convenio 169 de la OIT, lo que conduce a la violación sistemática de los derechos: económicos, sociales, políticos y culturales de esta singular población mexicana.

Las mujeres indígenas, en varias de sus reflexiones llamaron a los programas de política social llevados a cabo por el actual gobierno federal “proyectos de contrainsurgencia” ya que son selectivos y dividen a las comunidades, además condicionan a las mujeres a trabajar más a cambio de recibir sus “beneficios”. Ellas continúan esperando el reconocimiento de los Acuerdos de San Andrés para emprender, con mayor ahinco, un proceso evolutivo y creativo en la construcción democrática de sus pueblos, que superando las estrategias estrictamente defensivas y de resistencia, les permita cambiar aquellas costumbres ancestrales que impiden su plena liberación, ya que, entre otros aspectos, no son reconocidos plenamente sus derechos ciudadanos y el monolingüismo es más alto entre la población femenina. El desarrollo humano para los pueblos indígenas comprendería, así mismo, la conducción de sus propios procesos por parte de hombres y mujeres, como ya existen en algunos de los municipios autónomos. Levantar programas de capacitación y abatir del monolinguismo en las mujeres sería prioritario, como enriquecer sus potencialidades de desarrollo sobre cultivos ancestrales, alimenticios y curativos con la posibilidad de establecer intercambios comerciales entre las mismas regiones indígenas.

Productos genéticamente modificados

En esta guerra sin cuartel, contra productores y consumidores que los países desarrollados han emprendido y por la que se proponen exterminar la agricultura de los pueblos pobres y que solamente queden las corporaciones para vender las semillas y productos del campo, existe el frente de países con el tema relativo a los organismos genéticamente modificados (OGMT). Estados Unidos pretende subordinar a la OMC a los países que firmaron el Protocolo de Cartagena. El Protocolo entrará en vigor el 11 de septiembre próximo y ha sido creado por muchos países para ejercer su derecho a consumir o no, los productos genéticamente modificados, ya que la introducción de los OGTM destruyen la biodiversidad desarrollada por siglos, así como hacen perder el control de sus cultivos a los países del sur y la posibilidad de orientarlos al propio desarrollo. Lastimosamente el gobierno mexicano, sin consultar a la sociedad civil, ha permitido que en el país se experimente el cambio de los cultivos naturales por los trasgénicos, experiencia que ya se toleró en diversos estados, entre otros, Puebla y Oaxaca. Las redes de mujeres mexicanas no permitiremos que Estados Unidos defina como “barreras comerciales” el consenso global de bioseguridad aprobado por el Protocolo para someterlo al control de la OMC.

Algunas organizaciones de mujeres rurales, particularmente del sureste mexicano, hemos acordado rechazar las semillas trasgénicas, aunque nos las regalen, porque deseamos continuar cultivando las semillas tradicionales en nuestras regiones, sin permitir la contaminación. Igualmente, rechazamos el cambio de costumbres alimenticias, no consumir productos que dañan la salud porque los productos genéticamente modificados ni siquiera traen etiquetas que lo avisen. Analizamos que si las clases poderosas norteamericanas y de todo el mundo están en busca de “alimentos naturales”, por ser más sanos, sería un error por parte nuestra el consumir la “chatarra” que nos llega, además del ya citado daño a la agricultura nacional y añadimos que en cuanto al consumo de los productos trasgénicos ni siquiera existen investigaciones que señalen el daño que producen a la salud humana y pensamos que se esconde un objetivo de acabar con las y los pobres.

Acuerdos sobre los derechos de propiedad intelectual relacionadas con el comercio (TRIPS por sus siglas en inglés)

En México, las comunidades particularmente rurales e indígenas están recibiendo delegaciones de investigadores y funcionarios de corporaciones trasnacionales que llegan en búsqueda de la biodiversidad para patentarla y explotarla comercialmente. Ante esto, el gobierno mexicano no ha decretado ninguna norma que asegure y proteja los derechos de los pueblos, al contrario, en el marco de la OMC ha convocado al grupo de países megadiversos para compartir “las ganancias” de lo que se privatice.

Organizaciones de sociedad civil como asociaciones de agricultores y ambientalistas en las que están participando activamente las mujeres como en el caso de las cafetaleras, están realizando intensos programas en la defensa de su producción.12 Otras organizaciones están luchando por la defensa de la variedad de semillas mexicanas como es el caso del frijol amarillo de Sonora que empresarios de Estados Unidos han pretendido robar para patentarla con el nombre de Enola. Las organizaciones sociales están utilizando —como una herramienta—la comunicación por internet, para informar sobre los riesgos de la biopiratería y estimular el surgimiento de organizaciones del pueblo que actúen en defensa de sus recursos, exigiendo, entre otros aspectos, moratorias a los proyectos de bioprospección (exploración de la biodiversidad) hasta que los pueblos se informen y cuenten con la oportunidad de participar activamente.

La aprobación de las medidas de Trips afecta la posibilidad de avance tecnológico de los países en vías de desarrollo, porque despojados de su riqueza y los productos derivados, así como de la investigación que se da en torno a estos, les obligaría a comprar las patentes corporativas a los desarrollados. Un gran debate se está dando en relación a la salud privada y salud pública y la presión para que los países en vías de desarrollo no fabriquen sus propios medicamentos, negándoles así el derecho a la salud pública.

Las mujeres analizamos que la guerra ciertamente parece ser de exterminio de los y las pobres y afirmamos que no permitiremos que la OMC asuma este tema que no le compete ya que se propone transformar toda nuestra existencia en mercancía.

Servicios

Este es un tema particularmente significativo para las mujeres y la exigencia del cumplimiento de sus derechos humanos. México es otro más de los países que está ofertando a las corporaciones trasnacionales la posibilidad de privatizar, adueñarse del gran negocio de servicios: agua, electricidad, salud, cultura, educación, servicios ambientales y de comunicación, sin informar ni consultar a la sociedad civil y dada la cultura patriarcal, mucho menos a las mujeres. Tampoco las cámaras legislativas se han opuesto claramente, ya que en torno a este proceso se teje una gran desinformación, aún cuando atañe directamente a los derechos sociales, económicos y culturales de la población.

Las noticias que tenemos es que el gobierno mexicano está entregando la riqueza de la producción petrolera a las trasnacionales a través de Contratos de Servicios Múltiples, entregando la exclusividad sobre territorios enteros en un proceso de exploración, explotación, transformación y conducción del producto y de esta forma el país ya no contará con el control sobre las reservas, perdiendo en esta entrega 7,000 millones de dólares en 20 años. Las mujeres vemos el futuro como incremento de la pobreza, incluyendo a los sectores medios.13

Por esta privatización las mujeres estamos siendo obligadas a cubrir un mayor número de horas de trabajo para atender a los integrantes de la familia en servicios como salud, que históricamente correspondían al Estado. Esta situación pareciera una estrategia de mayor empobrecimiento sistemático de mujeres y hombres ya excluid@s. Exigimos la elaboración de normatividad a nivel federal que limite el accionar de las corporaciones trasnacionales y se llame a las organizaciones sociales y civiles a participar en amplios debates sobre los temas y en el marco de la equidad de género.

Temas nuevos

Finalmente, las mujeres decimos no a los temas nuevos que la OMC quiere tratar durante la V Reunión Ministerial de Cancún y que consideramos no le atañen como son: inversiones, competencia, compras gubernamentales y facilitación del comercio que diseñadas en la misma lógica conducirán al empobrecimiento de los países en desarrollo y contribuirán con mayores obstáculos a la superación de la inequidad de género y con el riesgo de incrementar la violación de nuestros derechos económicos, sociales, sexuales, reproductivos, culturales y de ciudadanía.

México, D. F., Agosto, 2003.

 

Fuentes consultadas

Memoria del Foro Internacional: “Los Derechos de las Mujeres en los Tratados de Libre. Comercio y la OMC”. México, D. F., febrero, 2003. Declaración del XIII Encuentro Regional de Mujeres Campesinas e Indígenas del Sureste (COREMUS) en ciudad de Oaxaca, agosto, 2002. Declaración del Foro “Los Derechos de las Mujeres Indígenas en el Estado de Chiapas”, mayo, 2003. Acuerdos y Declaración de la Mesa de Mujeres del “II Encuentro Nacional: Respuesta y Resistencia Mesoamericana a la Globalización Neoliberal”, en San Juan Guichicovi, Oax., mayo, 2003. Declaración de la Red Internacional de Género y Comercio (IGTN). Río de Janeiro, junio, 2003. Encuentro Nacional de la Red Nacional Género y Economía, Cuernavaca, Mor., abril, 2003. Acuerdos del Seminario El ABC de la OMC, ciudad de México, mayo, 2003. Documentos de la Alianza Social Continental. Documentos de Oxfam-Internacional. Documentos de la Fundación Heinrich Böll. Impactos socio-ambientales del TLC: RMALC. Resultados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en México. RMALC. Documentos de Green Peace. México, D. F.

 

* El presente documento recoge las declaraciones y posicionamientos que las redes de mujeres hemos emitido en los distintos Encuentros y Foros llevados a cabo en ciudad de México, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en Guichicovi, Oaxaca, en la Ciudad. de Oaxaca, en Cuernavaca, Morelos, y en el Seminario el ABC de la OMC del Distrito Federal.

 

Notas

1. Araceli Damián y Julio Boltvinik. Revistas Comercio Exterior, mayo y junio, 2003.

2. UNFPA, 2000 y UNAIDS, 2000, en Ursula Oswald, Organización Mundial de Comercio, Agricultura y Soberanía Alimentaria. Seminario el ABC de la OMC, México, mayo, 2003, organizado por Mujeres hacia Cancún.

3. Comentaristas en Canal 11 de Televisión.

4. Datos del INEGI en “Las Mexicanas y el Trabajo” del Instituto nacional de las Mujeres (INMUJER).

5. Asociación Aurora Vivar, Lima, Perú, noviembre, 2002.

6. La construcción de sujetos ciudadanos colectivos. Alianza Cívica. Derechos y Democracia. México, D.F., enero, 2003.

7. Primer Foro de Diálogo con la Sociedad Civil. México-Unión Europea.

8. Secretario del Trabajo. Periódico La Jornada, 19 de junio, 2003. En Estados Unidos la diferencia es 52 veces; en Japón 10 veces y en Europa variando el país de 30 a 60 veces.

9. INEGI-Inmujer, op. cit.

10. Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2002 y 2003.

11. Ursula Oswald, op. cit.

12. Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca.

13. Ricardo Ravelo. Revista Proceso, 3 de agosto, 2003.

<< Índice de artículos

Directora:
Josefina Chávez

Edición:
Ana María Hernández.

Comité Editorial:
Fanny D'Argence, Rocío Duque, Liz Maier,Sylvia Marcos, Marcela Lagarde, Sara Lovera, Nellys Palomo.