No. 23
(julio-septiembre de 2003)

 

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LVIII Legislatura

Balance del Pacto entre mujeres hacia una agenda legislativa y de gobierno por la equidad*

Los logros in extenso

Instituto Nacional de las Mujeres

Congruente con compromisos internacionales para fortalecer y crear instrumentos para promover el desarrollo de las mujeres, se creó el Instituto Nacional de las Mujeres, instrumento esencial para el logro de la institucionalización de la perspectiva de género, es decir, la incorporación transversal de tal perspectiva en el conjunto de las políticas públicas y acciones legislativas.4 La respectiva Ley aprobada el 29 de noviembre de 2000, crea un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene como misión impulsar y fortalecer el avance de las políticas públicas a favor de la igualdad jurídica y la equidad de género.

Comisión Bicamaral: Parlamento de Mujeres de México 2001, 2002 y 2003

Hoy, las Comisiones de Equidad y Género construyen y comparten, conjuntamente con organizaciones civiles, la apuesta de mantener y perfeccionar el espacio inédito de interlocución con la ciudadanía que representa el Parlamento de Mujeres. La LVIII legislatura realizó las reuniones anuales tercera, cuarta y quinta del Parlamento de Mujeres de México. En junio del año 2001 el Palacio Legislativo de San Lázaro recibió a cerca de dos mil mujeres, convirtiéndose en el evento más concurrido de su historia hasta la fecha. El Parlamento 2002, que tuvo como sede el Senado de la República, se dio en un contexto poco propicio para la participación ciudadana. Una convocatoria unilateral y límites a la participación colocaron a nuestras organizaciones en la disyuntiva de asistir o no a este espacio. Afortunadamente, gracias al diálogo, se logró la inclusión de una mesa especial sobre el Reglamento del Parlamento, aspecto central del proceso de institucionalización que demandamos desde su creación. Esta mesa acordó la integración de una comisión formada por representantes de organizaciones civiles que trabajó durante siete meses una propuesta que fue sometida a la aprobación de la Comisión Bicamaral y puesta en práctica en el Parlamento 2003, parteaguas de la relación ciudadanía-legisladoras en México. Dicho Reglamento además prevé además la constitución del Organismo de Interlocución Ciudadana el cual deberá concretar su existencia en septiembre de este año según acuerdo entre las legisladoras de la Comisión de Equidad y Género y organizaciones civiles. Fue en esta última sesión del Parlamento, tanto en el pleno como en la declaración política, que se registró un pronunciamiento unánime de rechazo a la guerra que emprendía el gobierno estadounidense contra el pueblo iraquí y por la atracción federal de los casos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez 5 , perfilando de esta manera, el Parlamento como espacio de debate y generación de propuestas en torno a los grandes problemas nacionales. Desde el Senado se presentó el dictamen que institucionaliza el Parlamento de Mujeres de México en la Ley Orgánica del Congreso, el cual deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados para lograr su permanencia.

Violencia de género

En el senado de la República fueron presentados nueve puntos de acuerdo relativos a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, esta intensa actividad legislativa en torno a estos casos de violencia de género, deberán concretarse en acciones coordinadas con el resto de los poderes para dar solución a esta emergencia nacional, terminar con la impunidad y los crímenes.

Presupuestos sensibles al género

La Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados ha logrado modificar en el proceso de discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación de los años 2002 y 2003 para otorgar más recursos a favor de programas que atienden específicamente a las mujeres. Tal es el caso de aquellos que tienen que ver con la salud reproductiva, el cáncer cérvico-uterino y mamario; los programas Mujer y Salud y Arranque Parejo en la Vida, para mujeres con VIH SIDA, así como para refugios de mujeres violentadas y para apoyar proyectos productivos –sólo por citar algunos-. El aumento de recursos etiquetados para mujeres, se considera un primer paso fundamental para lograr Presupuestos Públicos con Enfoque de Género.

Participación política de las mujeres

La aprobación en esta legislatura de la reforma electoral en materia de cuotas de género es un hito en la historia por los derechos políticos de las mujeres. Por primera vez en México los partidos políticos, incluyeron en sus listas de candidaturas a puestos de elección popular, un porcentaje no mayor a 70% ni menor a 30% de personas de un mismo género, de manera obligatoria tanto de suplentes como de propietarios por ambos principios de representación, y aunque debe ser revisada a la luz de los resultados electorales del 2003, mantenemos la expectativa de que contaremos con una mayor inclusión de diputadas mujeres en la Legislatura LIX. Esta acción afirmativa, remonta las desigualdades históricas en términos de elegibilidad de las mujeres y debe apuntar a la paridad, a un reparto igualitario de las responsabilidades o de las funciones, que exprese el sentido mixto de la humanidad

Derecho a vivir sin discriminación

En el senado de la República, contando con una intensa participación de las senadoras mujeres, se logró elevar a rango constitucional el derecho a vivir sin discriminación 6 incluyendo la de género, marco que posibilitó la presentación y aprobación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 7 , cuyo mayor logro es el reconocimiento de que en nuestro país la discriminación es un grave problema social que debe combatirse. La aprobación del Dictamen que señala que en los títulos profesionales se emplee el genérico femenino o masculino según sea el caso 8 , apunta a un eje central del combate a la discriminación de género, este esfuerzo por nombrar, visibiliza a la mitad de las profesionistas y apunta a lo que esperamos sea un cotidiano en un futuro cercano, la legislación con un uso no sexista del lenguaje. El decreto que reforma la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres a favor de las mujeres indígenas 9 , destaca la inclusión en el artículo 7 inciso IV) “Proponer, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres. Este debe incluir estrategias y acciones específicamente diseñadas para evitar la discriminación de la mujer indígena. Asimismo, evaluar periódica y sistemáticamente, la ejecución del mismo”. Además de la inclusión de una consejera social indígena, la promoción de la publicación de programas en lenguas indígenas y la consideración de las mujeres indígenas como sujetas prioritarias de la ley. De esta manera, se da un paso importante en la erradicación histórica de quienes sufren una discriminación exponencial en nuestro país.

Trabajo

La eliminación del examen de ingravidez y el despido o negación del empleo por embarazo, discapacidad y edad son viejas reivindicaciones promovidas por las mujeres, por lo que la reforma al articulo 133 fracción I de la Ley Federal del Trabajo, que prohíbe expresamente a los patrones “I.- Negarse a aceptar trabajadores por razón de edad o de sexo; así como exigir o solicitar a las mujeres la presentación de certificado médico de no embarazo, como condición indispensable para la contratación.”10 Aprobada en el Senado de la República deberá ser retomada en la Cámara de Diputados para hacer realidad un avance central en la búsqueda de condiciones de equidad en el trabajo.

Compromisos internacionales

La ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 11 , dado en el Senado de la República en esta legislatura, implica que nuestro país asume la vigilancia multilateral sobre su aplicación, más allá de la expresión de la voluntad para realizar acciones en contra de la discriminación de las mujeres. El dictamen del Senado señala que “El espíritu de la Convención es que los Estados Parte promuevan ciertas medidas correctivas que equiparen y pongan en situación de igualdad a hombres y a mujeres. En este sentido, la Convención constituye un reconocimiento por parte de los Estados de que ellos son los responsables primeros de eliminar todos aquellos obstáculos políticos, económicos, sociales e, incluso, culturales que discriminan o violentan los derechos de las mujeres.” Además, en comisiones unidas, la Comisión de Equidad aprobó la ratificación del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 12 . Dicho instrumento internacional previene y combate la trata de mujeres y niños especialmente en un marco de cooperación internacional y define a “trata de personas” como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.

Renovar nuestros Pactos

A diferencia de otros temas, en la legislación en materia de equidad de género, las mujeres han “pactado puntualmente, para luego discrepar” como dice la filósofa Celia Amorós. Siguiendo una agenda trazada desde las organizaciones civiles, mujeres de todos los partidos políticos han recuperado una parte de las prioridades parlamentarias planteadas en diversas agendas feministas desde la Convención Nacional de Mujeres de 1996 hasta el documento objeto de este balance, el “Pacto entre mujeres: hacia una agenda legislativa y de gobierno por la equidad” del 2000, que fue suscrito por candidatas de todos los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados, salvo Acción Nacional cuya dirigencia decidió un día previo al evento no suscribir el documento. La cultura parlamentaria es un reflejo inequívoco de la cultura general de una nación. Así, la discriminación hacia las mujeres también se da en el poder legislativo, y aunque en términos formales las comisiones en el Congreso tienen la misma calidad, en realidad, las de Equidad y Género, tienen un limitado peso político en el concierto de las comisiones importantes, como la de Presupuesto y Cuenta Pública. Muestra de ello es la grave denuncia de organizaciones civiles de mujeres, de combate al VIH y de diputados y diputadas 13 , respecto a las acciones del Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública quien pretendió asignar unilateralmente recursos a una asociación civil ultraconservadora, con lo cual se violentaría el cumplimiento a las decisiones del pleno, así como los acuerdos con las legisladoras de la Comisión de Equidad y Género.

Los retos

La inserción de la perspectiva de género en la práctica parlamentaria mexicana implica múltiples retos. De cara a la integración de la LIX legislatura resulta fundamental para las futuras legisladoras y legisladores, conocer y reconocer el trabajo realizado por quienes les antecedieron, por las senadoras que les acompañarán y les apoyarán en estos tres años venideros; así como las acciones y propuestas generadas desde la sociedad civil organizada. Así, representan deudas fundamentales del Congreso con la equidad de género las siguientes:

• Fortalecimiento de la perspectiva de género en el Congreso de la Unión

Institucionalizar la perspectiva de género, para fortalecer su transversalidad, en el quehacer las Comisiones de la Cámara de Diputados, ampliando la interacción y posicionamiento de las Comisiones de Equidad con otras comisiones legislativas. Dar continuidad y fortalecer al Parlamento de Mujeres, garantizando su institucionalización y la del Organismo de Interlocución Ciudadana.

• Reforma Laboral

Incorporar la perspectiva de género en la reforma laboral, con énfasis en: la distribución de las responsabilidades familiares, el combate al hostigamiento sexual, la sanción a quienes exigen el examen de no gravidez y realizan despidos por embarazo, así como el aumento de espacios de cuidado infantil en centros de trabajo gubernamentales y privados. Promover beneficios fiscales a aquellos empleadores que incorporen acciones afirmativas en sus políticas laborales. Instrumentar programas de apoyo a trabajadoras migrantes y jornaleras agrícolas para que se respeten sus derechos humanos y laborales.

• Distribución equitativa de las responsabilidades familiares

Reconocimiento económico y social al trabajo doméstico, ampliación de los espacios gubernamentales para el cuidado de hijas e hijos y harmonización de los horarios escolares con los laborales.

• Defensa del estado laico

Defender la separación entre el estado y las iglesias como marco imprescindible para garantizar el respeto del Estado Laico, las garantías individuales y la paz social.

• Responsabilidad pública en el combate a la violencia de género

Elaborar una nueva propuesta federal en materia civil y penal de derechos mínimos y modificar el código de procedimientos penales federal en materia de violencia sexual y familiar. Resolver los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y otros estados del país y colocar la lucha contra la violencia de género como un eje transversal y prioritario de emergencia nacional. Pugnar por el aumento de presupuestos destinados al combate a toda forma de violencia de género.

• Presupuestos públicos sensibles al género

Asegurar que los presupuestos anuales de la federación sean diseñados desde la perspectiva de género, incluidos los ingresos y los egresos: a) Con relación al ingreso: realizar el análisis de la incidencia del ingreso desagregada por sexo, 11b) Con relación al gasto: Calcular la distribución de recursos presupuestarios asignados, o recortes de estos recursos, entre hombres y mujeres. Realizar una evaluación desagregada por sexo del beneficio de los programas y sus impactos. c) Incluir el reconocimiento de las contribuciones que las mujeres hacen de manera gratuita al país, incluido el trabajo doméstico y comunitario. d) Promover que el presupuesto público responda a un diagnóstico elaborado desde la perspectiva de género de los programas gubernamentales. e) Diseñar las reglas de operación de los programas sociales desde la perspectiva de género. f) Los programas gubernamentales para el campo deben considerar además de las desigualdades de género, las diferencias regionales del país.

• Salud y Derechos sexuales y reproductivos

Garantizar el acceso universal a los servicios de salud, con especial énfasis en los servicios de salud sexual y reproductiva: asegurar el derecho a la información laica, veraz y objetiva en materia de sexualidad y reproducción, tanto en la educación como en las políticas públicas sanitarias. Acceso universal y sin discriminación a todos los métodos anticonceptivos científicamente probados, acceso gratuito y de calidad al aborto legal, impedir la expulsión de las jóvenes de las escuelas y centros de trabajo debido al embarazo, atención integral al cáncer cérvicouterino y de mama y combate a la mortalidad materna, especialmente en zonas rurales y urbanas de alta marginalidad. Además, detener las iniciativas que pugnen por la eliminación de derechos ya ganados por las mujeres.

• Conferencias internacionales y mecanismos de seguimiento

Generar mecanismos de seguimiento y evaluación de los compromisos adquiridos por México en las diferentes Cumbres y Conferencias Internacionales. El seguimiento al cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de equidad de género tiene el objetivo de promover que desde el Congreso se impulsen acciones para el cumplimiento de sus planes, programas y plataformas de acción.

• Desarrollo sustentable

Impulsar los cambios legislativos para las mujeres campesinas e indígenas de las localidades y comunidades de México en el pleno acceso, manejo, control, toma decisión y beneficios sobre los recursos naturales, tales como tierra, bosque, agua, etc.

• Derechos políticos de las mujeres

Incluir acciones afirmativas en todo el proceso electoral hacia el logro de la paridad en la representación política. Establecer mecanismos eficientes, claramente definidos y democráticos que propicien la participación ciudadana en la evaluación del trabajo parlamentario hacia una efectiva rendición de cuentas.

* Balance presentado el día 19 de junio del 2003, ciudad de México, en la Universidad del Claustrode Sor Juana. Para su publicación en este número de Cuadernos Feministas se utilizó sólo una parte del texto. El documento se puede encontrar en su versióin completa en la página Web del Consorcio por el Diálogo Parlamentario y la Equidad: www.consorcio.org.mx

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Directora:
Josefina Chávez

Edición:
Ana María Hernández.

Comité Editorial:
Fanny D'Argence, Rocío Duque, Liz Maier,Sylvia Marcos, Marcela Lagarde, Sara Lovera, Nellys Palomo.