No. 23
(julio-septiembre de 2003)

 

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Un trecho más por la ciudadanía plena de las mujeres en México

Pacto 2003 por la Equidad de Género

La firma de pactos es una práctica política que ha contribuido a dignificar y enriquecer la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida; así como para crear una cultura política de reconocimiento y respeto a la diversidad, en donde el género no implique desigualdad de oportunidades.

La Campaña Nacional de “la A a la Z” a principios de los años noventa; la firma del Compromiso “Avancemos un Trecho” entre partidos políticos y Diversa-APN en 1997; la Comisión Ordinaria de Equidad y Género en ambas Cámaras del H. Congreso de la Unión; la Ley que crea el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres); la firma del “Pacto entre Mujeres: Hacia una Agenda Legislativa y de Gobierno por la Equidad de Género” del año 2000, como la celebración anual del “Parlamento de Mujeres de México”, son hechos que han marcado la relación de corresponsabilidad entre el Poder Legislativo y la sociedad civil organizada.

Reconocer la labor decidida y tenaz de la sociedad civil organizada de mujeres en la construcción de una sociedad más democrática y justa, en el contexto de una de las décadas más prolíferas a favor de la agenda de género es para las legisladoras un compromiso ineludible.

A 50 años del voto de la mujer en México; reafirmamos un pacto entre los partidos políticos y la sociedad civil para continuar promoviendo cambios legislativos y políticas públicas en favor de la equidad de género, el pleno ejercicio y goce de los derechos de las mujeres, al tenor de los siguientes principios:

1. Fortalecimiento de la perspectiva de género en el Congreso

• Institucionalizar la perspectiva de género en el quehacer de las Comisiones del H. Congreso de la Unión, ampliando la interacción y posicionamiento de las Comisiones de Equidad y Género con otras comisiones del quehacer legislativo.

• Asegurar la continuidad y fortalecimiento del “Parlamento de Mujeres de México”, garantizando su institucionalidad y la del Organismo de Interlocución Ciudadana.

2. Reforma Laboral

• Incorporar en el proyecto de reforma laboral la perspectiva de género, considerando aspectos como la distribución de las responsabilidades familiares, el hostigamiento sexual, la discriminación en el acceso, permanencia y promoción en el trabajo, así como la aplicación de sanciones a quienes exigen el examen de no gravidez y realizan despidos por embarazo.

• Garantizar, por parte del Estado, el derecho de la niñez y los trabajadores a los centros infantiles de atención y a los de desarrollo integral, entre otros.

3. Respeto del Estado Laico

• Respeto del Estado Laico, como marco imprescindible de las garantías individuales y del fortalecimiento de la paz social.

4. Responsabilidad pública en el combate a la violencia de género

• Modificar los Códigos Federal y locales de Procedimientos Penales en materia de violencia sexual y familiar.

• Participar en la prevención, vigilancia y seguimiento de las investigaciones y el combate de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y, de casos similares en el país.

• Posicionar la lucha contra la violencia de género como un objetivo transversal prioritario de emergencia nacional, a través del quehacer legislativo.

5. Presupuestos públicos

• Examinar, discutir y aprobar en la Cámara de Diputados el Presupuesto de Egresos de la Federación y en ambas Cámaras la Ley de Ingresos, incorporando en el análisis la perspectiva de género.

• Promover beneficios fiscales a aquellos empleadores que incorporen acciones afirmativas a favor de las mujeres en sus políticas laborales.

• Pugnar por el aumento de presupuestos destinados al combate y atención a todas las formas de violencia de género.

• Asegurar recursos etiquetados para el combate a la mortalidad materna e infantil.

• Realizar análisis desagregados por sexo de los presupuestos públicos.

• Con relación al gasto público: realizar el seguimiento y evaluación de la distribución de recursos presupuestarios asignados a los programas de género.

• Reconocer en la cuenta pública nacional las contribuciones del trabajo doméstico y comunitario.

• Vigilar que las reglas de operación de los programas sociales integren la perspectiva de género.

• Reconocer y visualizar la incidencia de la recaudación en hombres y mujeres, con el objetivo de construir propuestas que se diseñen sobre la base de la equidad de género.

6. Derechos sexuales y reproductivos

• Garantizar el derecho a la información en materia de salud sexual y reproductiva, tanto en la educación como en las políticas públicas de salud.

• Acceso universal y sin discriminación a todos los métodos anticonceptivos.

• Pugnar por el acceso gratuito y de calidad a los servicios de salud sexual y reproductiva, que coadyuven a la prevención de enfermedades de transmisión sexual, así como garantizar el derecho a elegir el número y espaciamiento de hijos e hijas.

7. Compromisos internacionales y mecanismos de seguimiento

• Realizar el seguimiento a los compromisos adquiridos por México a través de los diferentes instrumentos internacionales, así como crear mecanismos internos que aseguren su cumplimiento.

8. Desarrollo sustentable

• Incentivar la participación de las legisladoras en comisiones estratégicas que impulsen el desarrollo económico del país y el fortalecimiento de la democracia.

• Promover que en el H. Congreso de la Unión se impulsen acciones para el cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de Desarrollo Sustentable como el Protocolo de Kyoto, la Cumbre Mundial de Johannesburgo y la Conferencia Mundial sobre Financiación para el Desarrollo (Consenso de Monterrey) y así dar cumplimiento a los planes, programas y plataformas de acción nacional.

9. Derechos políticos de las mujeres

• Profundizar en la aplicación de las acciones afirmativas en los procesos electorales, hacia el logro de la paridad de género en la representación política y la administración pública.

• Institucionalizar la participación ciudadana en el poder legislativo, hacia la construcción de una democracia que trascienda el voto, como único espacio de participación y voluntad política de los representantes populares.

• Establecer mecanismos democráticos eficientes, claramente definidos que propicien la participación ciudadana en la evaluación del trabajo parlamentario, hacia una efectiva corresponsabilidad y rendición de cuentas.

10. Reformas estructurales por la mejora en la calidad de vida

• Garantizar que toda reforma estructural incorpore el pleno ejercicio y goce de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

11. Reconocimiento y apoyo a las mujeres y comunidades indígenas

• Diseñar e impulsar reformas legislativas adecuadas a las necesidades particulares de las mujeres campesinas e indígenas, tomando en cuenta el entorno en el que se desenvuelven.

• Promover el diseño de políticas públicas que respondan a las necesidades particulares de las mujeres indígenas, especialmente de las mujeres migrantes o de aquellas cuyas familias dependen de los ingresos de trabajadores migrantes.

• Impulsar la instrumentación adecuada de programas dirigidos a las mujeres indígenas, de manera que los beneficios que se proporcionen les sean realmente accesibles y efectivos.

Para fortalecer la firma de este pacto, una vez concluido el proceso electoral, lo ratificaremos, las legisladoras electas, legisladoras salientes y las senadoras en funciones con las organizaciones civiles. El miércoles 6 de agosto del año 2003, en el Senado de la República del H. Congreso de la Unión.

* El presente Pacto se firmó el día 26 de julio en el IFE y ratificado el día 6 de agosto en el Senado de la República.

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Directora:
Josefina Chávez

Edición:
Ana María Hernández.

Comité Editorial:
Fanny D'Argence, Rocío Duque, Liz Maier,Sylvia Marcos, Marcela Lagarde, Sara Lovera, Nellys Palomo.