No. 21
(enero-marzo de 2003)

 

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El caso de Ciudad Juárez. Relatoría y Conclusiones

Las legisladoras integrantes de la Comisión Bicamaral Parlamento de Mujeres considerando la situación de feminicidio en Ciudad Juárez, tomaron la decisión de incluir una mesa específica denominada “El caso de Ciudad Juárez”.

La conclusión de ésta mesa por acuerdo de la bicamaral correspondió al Partido de la Revolución Democrática representado por la Senadora Maricarmen Ramírez García y por la Diputada federal María de los Angeles Sánchez Lira, quienes reconociendo la labor de la sociedad civil organizada y las demandas de las familiares de las víctimas, decidieron proponer al Pleno de la mesa que la conducción estuviera a cargo de las participantes. El Pleno designó a Maricela Ortiz y Patria Jiménez como conductoras, a Diana Alvarez y Alma Gómez como relatoras y a Elizabeth Muñoz y Berta Solórzano como escrutadoras.

El pleno de la mesa considera que Ciudad Juárez se ha convertido en la representación más lamentable y dolorosa de violencia contra el sexo femenino por el sólo hecho de tener cuerpo de mujer, ser joven, pobre y empleada de la maquila. México es el único país del mundo en el que se mata a jóvenes sistemática y regularmente con torturas, incluida la violación, y mutilaciones, convirtiéndose en causa de “vergüenza nacional” y motivo de escándalo en toda la comunidad internacional.

Nos congratulamos porque el comité de la CEDAW de Naciones Unidas determinó tomar el caso de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez como su primer asunto a esclarecer.

La ineptitud, complicidad, corrupción y negligencia del sistema de procuración e impartición de la justicia estatal, hace que la población sienta desconfianza y desprotección. Además, ante la descomposición y deterioro del tejido social que esta impunidad e incompetencia provocan, la violencia se incrementa y alcanza hasta el seno de las familias que han sido privadas de sus seres más queridos, los cuales no pueden ni siquiera elaborar su legítimo duelo ni obtener una reparación justa del daño moral que se les ha causado. La impunidad es total, las posibilidades de una vida digna son mínimas. Por tanto esta mesa declara al Estado de Chihuahua y en particular a Ciudad Juárez como zona de Desastre Social, y exigimos se canalicen todos los recursos humanos, materiales y legales con que cuenta el Estado mexicano para erradicar este feminicidio.

Con la aprobación del Pleno se desahogaron 26 ponencias, 13 de ellas previamente registradas, de las cuales se derivan las siguientes:

Propuestas

1.Con fundamento en el 2º Párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos que por lo menos una de las Cámaras del H. Congreso de la Unión pidan la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que nombre uno o varios comisionados especiales que investiguen o averigüen la grave violación de las garantías individuales en el caso de los homicidios de mujeres en el Estado de Chihuahua. La intervención de la SCJN sería para investigar la verdad hasta encontrarla, indicaría la alta prioridad que constituye resolver este problema y la resolución que por la reconocida probidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sería imparcial y sin sesgos políticos.

2.Instamos al Congreso de la Unión la creación de una Comisión con peritos expertos nacionales e internacionales para la formulación de un protocolo de investigación de los crímenes de mujeres de Chihuahua.

El Parlamento de Mujeres exige:

3.Al Ejecutivo Federal la atracción de los casos de los crímenes de mujeres en el Estado de Chihuahua y la investigación, prosecución hasta sus últimas consecuencias de los delitos federales conexos.

4.La coordinación de las autoridades municipal, estatal y federal, para la investigación y esclarecimiento de los crímenes de mujeres en el Estado de Chihuahua. Y para impulsar políticas públicas de procuración y atención a la violencia contra las mujeres en el estado de Chihuahua con presupuesto etiquetado.

5.El cumplimiento del punto de Acuerdo del Senado de la República del 12 de diciembre de 2002, para que la Comisión de Equidad y Género inicie un procedimiento parlamentario en el que obtenga, toda la información sobre la comisión de Delitos Federales conexos a estos crímenes.

6.La aprobación de leyes que brinden protección a víctimas y ofendidos.

7.Que las comisiones de equidad y género del Congreso de la Unión y del estado de Chihuahua en el ámbito de sus competencias vigilen el derecho constitucional de reparación del daño moral y económico a las familias ofendidas.

8.Que los Poderes Legislativos Federal y del Estado de Chihuahua creen Comisiones de Investigación y de Control Evaluatorio en el ámbito de sus competencias, para deslindar la responsabilidad legal de los servidores públicos que por acción u omisión cometieron ilegalidades en las investigaciones que les correspondían; y que en su caso se inicien los juicios políticos correspondientes y se presenten las denuncias penales que procedan.

9.Que las denuncias de jóvenes desaparecidas sean investigadas de manera inmediata y que se tomen todas las medidas administrativas y legales para tal efecto.

10.Las mujeres aquí reunidas reivindicamos nuestra corresponsabilidad en vigilar y dar seguimiento a todas las acciones que en este Parlamento se aprueban, por lo que nos daremos a la tarea de crear una instancia de la sociedad civil que vigile el desempeño de las autoridades estatales y federales involucradas en la investigación y esclarecimiento de los casos.

11.Solicitamos que las Comisiones de Equidad y Género y el Instituto Nacional de las Mujeres den todas las facilidades a su alcance, tanto económicas como de asesoría, para que las familias de las víctimas en el estado de Chihuahua puedan acudir a foros nacionales e internacionales, para hacer denuncia pública y que los y las legisladoras donen un día de salario para tal efecto.

12.Para finalizar se sugirieron realizar diversas acciones dirigidas a visibilizar y denunciar la impunidad que prevalece en el estado de Chihuahua entre las que se acordó portar permanentemente un moño rosa y negro como símbolo de esta lucha y proponer a las legisladoras que la declaración de éste Parlamento sea signado por todas las legisladoras asistentes al mismo.

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Directora:
Josefina Chávez

Edición:
Ana María Hernández.

Comité Editorial:
Fanny D'Argence, Rocío Duque, Liz Maier,Sylvia Marcos, Marcela Lagarde, Sara Lovera, Nellys Palomo.