No. 21
(enero-marzo de 2003)

 

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Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana (1789)

¡A decretar por la Asamblea Nacional en sus últimas sesiones o en las de la próxima legislatura!

Preámbulo

Las madres, las hijas, las hermanas, representantes de la Nación, solicitan ser constituídas en Asamblea nacional. Considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos, han decidido exponer en una solemne declaración los derechos naturales, inalienables y sagrados de la mujer, con el fin de que esta declaración, presente continuamente en la mente de todo el cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y deberes; con el fin de que los actos de poder de las mujeres y los actos de poder de los hombres puedan ser comparados en cualquier momento con el objetivo de toda institución política, y sean más respetados; con el fin de que las reclamaciones de las ciudadanas, basadas en lo sucesivo sobre principios sencillos e incontrovertibles, tiendan siempre hacia el mantenimiento de la Constitución, de las buenas costumbres y de la felicidad de todos.

En consecuencia, el sexo superior, tanto en belleza como en valo r—como demuestran los sufrimientos maternales— reconoce y declara, en presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo, los siguientes Derechos de la Mujer y de la Ciudadana.

Artículo I. La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales no pueden estar basadas más que en la utilidad común.

Artículo II. El objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles de la mujer y los del hombre; estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y, sobre todo, la resistencia a la opresión.

Artículo III. El principio de toda soberanía reside, esencialmente, en la Nación, que no es otra cosa que la reunión de la mujer y del hombre; ningún cuerpo y ningún individuo puede ejercer autoridad alguna que no emane expresamente de esta soberanía.

Artículo IV. La libertad y la justicia consisten en devolver todo cuanto pertenece a otros; así pues, el ejercicio de los derechos naturales de la mujer no tiene más limitaciones que la tiranía perpetua a que el hombre la comete; estas limitaciones deben ser modificadas por medio de las leyes de la naturaleza y de la razón.

Artículo V. Las leyes de la naturaleza y de la razón prohíben cualquier acción perjudicial para la sociedad: todo lo que no esté prohibido por estas leyes sabias y divinas, no puede ser impedido y nadie puede ser obligado a hacer algo que no se incluya en dichas leyes.

Artículo VI. La ley debe ser la expresión de la voluntad general; todas las ciudadanas y ciudadanos deben concurrir, ya sea personalmente o a través de sus representantes, a la formación de dicha ley. Esta debe ser la misma para todos; todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, al ser iguales ante los ojos de la ley, deben ser admitidos por igual a cualquier dignidad, puesto o empleo público, según sus capacidades, sin otras distinciones que las derivadas de sus virtudes y sus talentos.

Artículo VII. Ninguna mujer está excluída de esta regla; sólo podrá ser acusada, detenida o encarcelada en aquellos casos que dicte la ley. Las mujeres obedecen exactamente igual que los hombres a esta ley rigurosa.

Artículo VIII. La ley no debe establecer otras penas que las estricta y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado más que en virtud de una ley establecida y promulgada antes que la comisión del delito y que legalmente pueda ser aplicable a las mujeres.

Artículo IX. A cualquier mujer que haya sido declarada culpable debe aplicársele la ley con todo el rigor.

Artículo X. Nadie puede ser molestado por sus opiniones, aun las más fundamentales. La mujer tiene el derecho a ser llevada al cadalso, y, del mismo modo, el derecho a subir a la tribuna, siempre que sus manifestaciones no alteren el orden público establecido por la ley.

Artículo XI. La libre comunicación de pensamiento y opiniones es uno de los derechos más valiosos de la mujer, ya que esta libertad asegura la legitimidad de los padres con respecto a los hijos. Cualquier ciudadana puede, pues, decir libremente: “Yo soy la madre de un niño que os pertenece”, sin que un prejuicio bárbaro la obligue a disimular la verdad; salvo a responder por el abuso que pudiera hacer de esta libertad, en los casos determinados por la ley.

Artículo XII. La garantía de los derechos de la mujer y de la ciudadana necesita de una utilidad mayor; esta garantía debe instituirse para beneficio de todos y no para la utilidad particular de aquellas a quien se le ha confiado.

Artículo XIII. Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de la administración serán iguales las contribuciones de hombres y mujeres; la mujer participará en todas las tareas ingratas y penosas, por lo tanto, debe poder participar en la distribución de puestos, empleos, cargos y honores y en la industria.

Artículo XIV. Las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a comprobar por sí mismos o por medio de sus representantes la necesidad de la contribución al erario público, las ciudadanas no pueden dar su consentimiento a dicha contribución si no es a través de la admisión de una participación equivalente, no sólo en cuanto a fortuna, sino también en la administración pública, y en la determinación de la cuota, la base imponible, la cobranza y la duración del impuesto.

Artículo XV. La masa de las mujeres, unida a la de los hombres para la contribución al erario público, tiene derecho a pedir cuentas a cualquier agente público de su gestión administrativa.

Artículo XVI. Toda sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos ni la separación de los poderes no puede decirse que tenga una constitución. La constitución no puede considerarse como si la mayoría de los individuos que componen la Nación no ha colaborado en su redacción.

Artículo XVII. Las propiedades son para todos los sexos reunidos o separados. Tienen para cada uno un derecho inviolable; nadie puede verse privado como patrimonio verdadero de la naturaleza, a no ser que la necesidad pública, legalmente constatada, lo exija de manera evidente y a condición de una justa y previa indemnización.

A continuación reproducimos por su carácter histórico-emblemático y por la trascendencia que tuvo en la conquista del sufragio para las mujeres, la “Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana” y la “Declaración de Seneca Falls”, como un reconocimiento al legado dejado por nuestras ancestras en la lucha por la obtención de los derechos plenos para las mujeres de todo el mundo.

Los 17 artículos de la primera están inspirados en el modelo de la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”, del 26 de agosto de 1789, en este texto Olympe de Gouges denunció que la Revolución Francesa mantuvo el principio del despotismo y afirmó que la tiranía que se ejerce sobre las mujeres es el aspecto nodal de todas las formas de desigualdad.

La segunda nace el 18 de julio de 1848, cuando trescientas personas se reunieron en una capilla de Seneca Falls (New York) para discutir una declaración sobre las condiciones y derechos sociales, civiles y religiosos de la mujer. Las inspiradoras y organizadoras fueron Lucretia Mott, Elizabeth Cady Stanton y Margaret Fuller. Las mujeres norteamericanas proclamaban que “la historia de la humanidad es la historia de las repetidas vejaciones y usurpaciones por parte del hombre hacia la mujer, y cuyo objetivo directo es el establecimiento de una tiranía absoluta sobre ella”.

Seneca Falls se convirtió en la Primera Convención Feministas de los Estados Unidos.

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