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Informe final de la Comisión para la Legalidad y la Transparencia del Partido de la Revolución Democrática

Dr. Samuel I. del Villar Kretchmar
Presidente

Sra. María Teresa Juárez de Castillo
Comisionada

Mtro. Rubén Rocha Moya
Comisionado

Dr. Miguel Ángel García Domínguez
Comisionado

México, D.F., a 30 de octubre de 2002.

 

Por este conducto esta Comisión dá cumplimiento al mandato del VII Congreso Nacional del PRD que la creó de presentar el informe final de su investigación de “las causas de fondo que han ocasionado que los procesos electorales internos del Partido estén plagados de irregularidades, tipificadas como fraudes electorales, las acciones u omisiones cometidas por las direcciones del Partido, sus órganos electorales y jurisdiccionales, así como de todos los candidatos que contribuyen a violentar las normas estatutarias”. De acuerdo con el mandato, la Comisión también “deberá presentar propuestas de solución a los problemas encontrados”.

1. El trabajo de la Comisión

1.1 El Mandato

El 12 de mayo pasado el VII Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática constituyó esta Comisión, con el mandato siguiente que a la letra establece:

“PRIMERO: Constituir la Comisión para la Legalidad y la Transparencia en el PRD.

“SEGUNDO: El mandato de la Comisión es de un período de tres meses prorrogable por otros dos por el Consejo Nacional, al término de los cuales deberá presentar su informe final al Consejo Nacional del PRD, el cual será convocado únicamente para ese fin. Dicho informe deberá presentar propuestas de solución a los problemas encontrados.

“TERCERO: La Comisión investigará las causas de fondo que han ocasionado que los procesos electorales internos del partido estén plagados de irregularidades, tipificadas como fraudes electorales, también las acciones u omisiones cometidas por las direcciones del partido, sus órganos electorales y jurisdiccionales así como de todos los candidatos que contribuyeron a violentar las normas estatutarias.

“CUARTO: La Comisión presentará la queja pertinente ante la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia contra todos aquellos militantes cuyos actos u omisiones hayan violado las normas estatutarias, para su debido juicio y en su caso sanción.

“QUINTO: El Consejo Nacional tomará las medidas necesarias para, en su caso, resarcir los daños políticos causados por conductas indebidas, cuidando de no contravenir las normas del Partido.”

“SEXTO: La Comisión será autónoma e independiente en su cometido y tendrá un presupuesto para el desempeño de sus funciones.

“SÉPTIMO: La Comisión se integrará por Teresa Juárez Vda. de Castillo, Rubén Rocha Moya, Miguelángel García Dominguez, y será presidida por Samuel del Villar, todos ellos ciudadanos de reconocido prestigio social, probos y con conocimientos de la realidad sociopolítica del país y de los partidos políticos.”

 

1.2. El procedimiento

La Presidenta Nacional del Partido, Rosario Robles Berlanga y el Secretario General y Presidente de la Comisión de Resolutivos del VII Congreso Nacional, Raymundo Cárdenas, instalaron la Comisión el 30 de mayo pasado, en el recinto que ocupan las oficinas nacionales del Partido. El 12 de agosto la Comisión solicitó la prórroga prevista por la resolución que la creó, misma que fue otorgada por el Consejo Nacional para el 30 de octubre, después de ratificar el acuerdo respectivo del Comité Ejecutivo Nacional adoptado entre las sesiones del Consejo, pero sin fijar la fecha de sesión para entrega. La Comisión a fin de cumplir con el mandato del Congreso dentro de los tiempos y el marco institucional establecido por el mismo , estableció el procedimiento siguiente:

•  Desarrollar la investigación y sus resultados con base en la información generada en los hechos relatados y en los agravios expresados por los afiliados , a partir del derecho estrictamente igualitario , de todos ellos de recurrir a la Comisión como parte agraviada en el proceso electoral.

•  Reconocer el derecho a todos los afiliados señalados en el recurso como probables responsables de violación y a los terceros afectados por la demanda, a comparecer y promover ante la Comisión y acceder al expediente en los mismos términos estrictamente igualitarios.

•  Celebrar audiencias para oír a todos los interesados y a sus testigos, así como para recibir pruebas documentales.

•  Resolver las propuestas de solución al Consejo Nacional correspondientes a las demandas y en los expedientes particulares de investigación, después de identificar en su caso, los problemas de defraudación, dando vista a la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia presentando las quejas planteadas por los promoventes, haciendo las notificaciones oportunas a los promoventes y a los interesados.

•  Identificar los problemas de fondo y de índole general para proponer su solución a nivel ético-político, conceptual-constitucional, institucional, organizativo, jurídico y administrativo.

Consecuentemente, el 12 de junio la Comisión convocó a “todos los ciudadanos afiliados al Partido de la Revolución Democrática y sus instancias de organización, que se consideren agraviados en sus derechos y defensas estatutarios y reglamentarios durante los procesos para renovar las direcciones del Partido celebrados este año”.

 

1.3 Realización de los trabajos

Los comisionados y el presidente renunciaron a cualquier remuneración económica por su trabajo. Dada la naturaleza transitoria de la Comisión, la presupuestación, contratación y administración de los recursos humanos, materiales y financieros para la realización de los trabajos de la Comisión se resolvió que fuese manejada por los servicios correspondientes del partido, aunque la Comisión nombró un Secretariado para el desahogo y fedatación de actuaciones. A pesar de las dificultades singulares planteados por esta atípica e inestable situación, la administración del partido y el secretariado resolvieran los problemas que inevitablemente surgieran.

La Comisión realizó sus trabajos con la autonomía e independencia, plenas, que previno el Congreso Nacional. Nuestro reconocimiento al Consejo Nacional, a su Comité Ejecutivo, a la Presidenta Nacional, y al Secretario General Nacional, por su apoyo y cooperación para el cumplimiento debido del mandato del Congreso Nacional.

La Comisión integró doscientos veintisiete expedientes de investigación a partir de los respectivos escritos de queja o demanda. Del estudio de sus elementos y de acuerdo con las bases establecidas en la convocatoria, se encontró inicialmente que sesenta y siete escritos no contenían los elementos mínimos para continuar con la investigación, aunque la información aportada en ellos fue considerada para formular este informe y las propuestas de solución consecuentes. Cuatro de los escritos recibidos estaban dirigidos a instancias distintas a esta Comisión por lo que les fueron remitidos a ellas después de que se estudiaron y se resolvió que no tenían competencia en los asuntos respectivos. En otras cuarenta y seis quejas se encontró que las omisiones o deficiencias de la formulación podrían ser subsanables para admitirse a trámite, por lo que la Comisión resolvió continuar la investigación con las prevenciones respectivas, mismas que en quince expedientes fueron desahogadas lo que permitió admitirlas a trámite. 1 La investigación prosiguió en ciento veinticinco expedientes con la convocatoria a la celebración de las audiencias personales y orales de la Comisión con las partes interesadas. En treinta y un expedientes la investigación concluyó por desestimiento de los promoventes, porque resoluciones violatorias de las elecciones dejaron sin materia las demandas y porque los promoventes no comprobaron las violaciones alegadas. 2 En ochenta y siete expedientes que se refieren en el acápite respectivo de este informe, la investigación comprobó graves problemas de defraudación violatorios de la normatividad democrática del partido presentándose las propuestas respectivas de solución ordenadas por el Congreso Nacional. En sesenta y un expedientes se presentó a la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia las quejas contra setenta y tres indiciados requeridas por los promoventes y ordenadas por el Congreso Nacional de acuerdo con las conductas desplegadas 3 Cabe observar que en la mayor parte de los expedientes respectivos se sustentó reiteradamente la queja en contra de los integrantes del Servicio Electoral y de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia que actuaron en el proceso investigado, y hubo diversas quejas formuladas por conductas desplegadas por el entonces Oficial Mayor y ex integrantes de Comités Auxiliares del Servicio Electoral. Cabe puntualizar que en las quejas presentadas se puntualizó que el mandato de esta Comisión, en los términos de la resolución del VII Congreso Nacional que la crea, se limita a presentar la queja correspondiente a la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia, por lo que cualquier requerimiento o actuación ulterior corresponde desahogarla, en su caso, a los promoventes y a las instancias regulares del Partido.

Las demandas admitidas a trámite fueron suscritas por ciento cuarenta y cinco promoventes y , en ellas , señalaron a quinientas cuatro personas como probables responsables de las violaciones materia del escrito , a la vez se identificaron ciento once terceros interesados. La segunda etapa del procedimiento —como ya quedó establecido— fueron las audiencias convocadas por la Comisión , en las que todas las partes tuvieron derecho a comparecer y manifestar lo que a su derecho conviniese y juzgasen procedente , lo que ayudó a que la Comisión pudiese plantear a los interesados cuestiones pertinentes para la investigación ordenada por el Congreso Nacional.

La cooperación con los trabajos de la Comisión fue de lo más significativo. Se desahogaron ciento diecisiete audiencias en las que participaron con su comparecencia y testimonio trescientos veinticuatro perredistas. Adicionalmente se recibieron las promociones escritas del caso , para complementar las constancias a disposición de la Comisión , en virtud del acuerdo de abrir al máximo las oportunidades respectivas de acuerdo con los tiempos establecidos por el Congreso.

Tales audiencias se ajustaron al calendario que a continuación nos permitimos detallar. En una primera parte, se recibieron las comparecencias de Amalia García, ex presidenta nacional del PRD, de Arnoldo Vizcaíno, ex presidente del Servicio Electoral Nacional, de los representantes de las planillas nacionales que ofrecieron testimonios. Las audiencias se convocaron y desahogaron los fines de semana como sigue: los días 30 y 31 de agosto, para atender al Distrito Federal (21 expedientes); 6 y 7 de septiembre, para el Estado de México (26 expedientes); 13 y 14 de septiembre, para Tamaulipas, Jalisco, Puebla, Zacatecas y Nuevo León (23 expedientes); 20 y 21 de septiembre, para Chiapas, Campeche, Oaxaca, Durango, Baja California y Aguascalientes (22 expedientes); 27 y 28 de septiembre, para Veracruz, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Morelos, Coahuila, Yucatán, Guerrero, Sonora, Chihuahua y Distrito Federal, (19 expedientes); 29 de septiembre para las comparecencias de los integrantes del Servicio Electoral Nacional y de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia; 11 de octubre, para Estado de México, San Luis Potosí California (15 expedientes); 12 de octubre comparecencia convocada para recibir testimonio de los titulares del Servicio electoral Nacional y de la Oficialía Mayor.

Adicionalmente, durante o después de las audiencias, se recibieron las promociones escritas y las constancias que los interesados juzgaron pertinentes, para complementar las que ya estaban a disposición de la Comisión, en virtud del acuerdo de abrir al máximo las oportunidades respectivas dentro de los límites temporales establecidos por el Congreso.

La Comisión sesionó para deliberar y resolver sobre los expedientes integrados los días 1, 8, 15 y 22 de septiembre, así como el 13, el 15, el 26 y el 28 de octubre.

La Comisión identificó en los 227 expedientes particulares, materia de la investigación, corrupción de la vocación democrática, fallas estructurales en la organización del partido, en las condiciones de la elección de su órganos de dirección; en la ilegalidad en su desempeño, en la parcialidad institucional y de administración como la expresión de las causas de fondo de los fraudes electorales que, en términos del Congreso Nacional, plagan los procesos comiciales internos. Se particularizaron en todas las etapas del proceso electoral, en su conceptualización, reglamentación y preparación; organización, financiamiento, administración y realización; validación, referenciación, registro y acreditación de electores; fabricación y distribución de boletas y materiales electorales complementarios; ubicación de casillas, integración de funcionarios e instalación; desahogo de la jornada electoral; cómputos y validación de elecciones; y resolución de conflictos. Las irregularidades se tradujeron en violaciones a los derechos de los afiliados y causales de anulación de votaciones y elecciones así como de responsabilidades de sus autores. La Comisión resolvió recomendar, en su caso, que este Consejo Nacional desestime la validación de elecciones que, de acuerdo con la investigación y en términos del Congreso Nacional, resultaron fraudulentas dando vista por la violación de los derechos de afiliados, a la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia conforme a las quejas recibidas.

Hay que reiterar que el Congreso Nacional no confirió a esta Comisión autoridad coactiva para conducir su investigación, ni potestad imperativa para cumplimentar sus resultados. Las soluciones corresponde desahogarlas a este Consejo Nacional y a la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia en el ámbito de sus competencias. Como parte integrante de este informe se incluye el texto de las resoluciones recaídas a los expedientes en los que se formulan propuestas de solución a este Consejo Nacional. La Comisión depositó todos sus expedientes para su custodia en la Fundación Heberto Castillo, A.C.

 

1.4 Resultados

El resultado más significativo de las elecciones internas del 17 de marzo pasado fue el hecho de que, cerca de un millón de nuestros afiliados, a lo largo y ancho del territorio nacional, concurrieron a las urnas del partido. Votaron por el futuro democrático de México y por el Partido de la Revolución Democrática como el medio para conseguirlo. Votaron porque no nos disolvamos como la opción democrática, auténtica, para representar las aspiraciones, las demandas y los intereses de la mayoría de la población mexicana en la dirección y gobierno del país.

Las bases del partido tuvieron que vencer todo tipo de obstáculos para poder ejercer su derecho al sufragio universal, libre e igual, en elecciones auténticas, e integrar así las direcciones del partido mismo que se fundó y debe organizarse en torno al ejercicio de este derecho. Pero fue casi tan significativo el conflicto entre la esperanza en el partido y lo que el VII Congreso Nacional caracterizó, sin ambages, como los “fraudes electorales” para representar a los sufragantes y a sus demandas, que “plagaron” los procesos electorales internos al renovar las direcciones nacional, estatales, municipales y de base el 17 de marzo pasado.

Los márgenes de votación para la elección de presidenta nacional, la elección incuestionada de la mayoría del Consejo Nacional, y la aceptación de todas las partes de estos resultados permitió una base de institucionalidad democrática para la continuidad del partido. Sin embargo, de la investigación resultó una coincidencia de todos los puntos de vista significativos , en que la reincidencia de la plaga del fraude electoral y sus conflictos, sería insoportable para la subsistencia de éste como la opción efectiva de la democracia en México.

No es que los otros partidos políticos constituyan una alternativa democrática para representar a la mayoría de la población mexicana. Se trata de que si el PRD fracasa en ello, la esperanza y posibilidades de su representación como gobierno, se frustraría irremediablemente en un futuro previsible.

La Comisión —respondiendo a la orden del Congreso Nacional y dentro del marco establecido por el mismo—, identificó causas de fondo, particulares y generales, a partir de la investigación de los 227 expedientes abiertos en distintos procesos electorales internos del partido, exceptuando , el correspondiente a la Presidencia y la Secretaría General nacionales, elecciones en las que no se presentó queja alguna. Los problemas de orden general tienen varias dimensiones: ético-política, conceptual-institucional, organizativa, jurídica y administrativa. A continuación se informa sobre ellas.

 

2. Causas generales de los problemas encontrados en la investigación

2.1. La dimensión ético-política

A partir del análisis hecho podemos concluir que ésta es la principal causa en los problemas de defraudación encontrados. No podemos olvidar que el PRD, desde su constitución, se fincó en los valores políticos y democráticos que el pueblo exige de su gobierno y, como medio para conseguir el respeto, representación y promoción de los derechos inherentes a su dignidad.

Aún antes de su fundación la democracia dominaba nuestros afanes cuando Heberto Castillo scribía a principios de 1989:

“A marchas forzadas trabajamos para construir el Partido de la Revolución Democrática convocado por Cuauhtémoc Cárdenas el 21 de octubre de 1988... En el PRD, los dirigentes en todos los niveles deben ser elegidos por las bases. No más imposiciones desde arriba. No más decisiones impuestas a la base desde las cúpulas de dirección. Eso no lo queremos. Lo que deseamos es construir un partido en el que se respete la opinión mayoritaria de los militantes”. 4

Nuestros estatutos plasmaron el proyecto delineado por el ingeniero Castillo. Incluso después de sus últimas versiones surgidas de los VI y VII congresos nacionales, se establece que somos un “partido de izquierda democrático” que “realiza sus actividades a través de métodos democráticos y legales” en el que:

“La democracia es el principio fundamental de la vida del Partido, tanto en sus relaciones internas como en su acción pública. Los miembros, organizaciones y órganos del Partido están obligados a realizar y defender dichos principios.

“La soberanía interna del Partido reside en sus miembros, quienes poseen la capacidad de determinar los objetivos, normas, conducta y dirigencia del mismo, mediante métodos de carácter democrático”. 5

Los valores democráticos que se manifestaron con todo vigor cuando el pueblo de México eligió a Cuauhtémoc Cárdenas, el 6 de julio de 1988, fueron la razón de ser y la necesidad del PRD, cuando el derecho al sufragio fue defraudado. La lucha por su instauración se cristalizó en el sacrificio de nuestros seiscientos cincuenta y cuatro compañeros asesinados durante la represión de Salinas y Zedillo. Y estos mismos valores democráticos continúan siendo la razón de ser de nuestras bases militantes que concurrieron a las urnas el 17 de marzo pasado y, posteriormente, a esta Comisión en busca de la justicia, democracia y legalidad que proponemos para el país.

Antagonizan la democracia en el PRD los antivalores de la irracionalidad , el desorden, la violencia, la corrupción, la simulación para impedir involuntaria o dolosamente, el ejercicio del derecho primigenio al sufragio y obtener o intentar obtener posiciones y puestos de representación partidista con base en su defraudación , en fin, los artificios de los órganos electorales que los llevaron a parcializar su nodal encargo, así como los dictámenes sesgados de la instancia jurisdiccional encargada de hacer respetar los derechos políticos de los perredistas.

Este antagonismo privó a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Las casillas zapato en California 6 y Chiapas 7 lo enmarcaron y, se ilustra, con el robo de paquetes electorales en el aeropuerto de Tijuana, Baja California, para impedir el reconocimiento de un comité municipal 8 y con las denuncias de encartes ilegales de casillas de Campeche publicados en Tabasco 9 Desde las elecciones de un significativo comité municipal fronterizo en un hotel en Tamaulipas, o sea no en las urnas, 10 hasta la desaparición de material electoral en la carretera México-Oaxaca, 11 su intento de clonación en San Luis Potosí 12 y el robo de casillas completas con la complicidad de sus funcionarios en Morelos, 13 o el secuestro de la paquetería electoral en un municipio Mazahua del Estado de México, 14 para impedir las elecciones de comités municipales. Amén de la politización que embargó los trabajos de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia, que le hizo perder la imparcialidad elemental, frente a los hechos cuestionados como irregulares por parte de la militancia que acudió en última instancia a ella, en búsqueda de la elemental justicia electoral que debe reinar al interior de un partido democrático.

El conflicto ético-político dominó las elecciones de las direcciones en las entidades más pobladas y extensas de la República. No se restringió a las elecciones anuladas por la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia en Veracruz, Oaxaca y Puebla o al reconocimiento de la inexistencia de elecciones en Hidalgo. En los trabajos de esta Comisión se hicieron patentes problemas no menos significativos :

•  En el Distrito Federal, por la lucha entre el comité estatal y el nacional para registrar y referenciar electores. 15

•  En Jalisco, por la expedición por la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia de dos resoluciones totalmente contradictorias, la primera anulando y la segunda —con ocho días de diferencia— validando las elecciones estatales. 16

•  En el Estado de México, la anulación por la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia de la elección por haberse instalado menos del 80% de las casillas con base en un informe manifiestamente erróneo del Servicio Electoral, 17 en contradicción abierta con otros estados en los que informes fehacientes del propio Servicio Electoral comprobaron que no se alcanzo ese mínimo por diferencias porcentuales mucho más significativas.

•  En Chiapas, 18 San Luis Potosí, 19 Michoacán, 20 Aguascalientes, 21 Tamaulipas 22 y Campeche 23 por violaciones a las garantías reglamentarias de los afiliados en la instalación y apertura de casillas, integración de sus mesas directivas, y cómputos electorales. Y por manifiesta inconformidad con el comportamiento de los comités del servicio electoral, nacional y auxiliares; y con las resoluciones de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia.

•  En Chihuahua, 24 Zacatecas, 25 Nuevo León 26 y Baja California 27 por el cómputo de votaciones nulas que afectaron los resultados de la elección. También señalando la parcialidad tanto de los órganos electorales como de la instancia jurisdiccional.

Después del examen de estos casos, no exageramos aunque sea para bochorno nuestro, al decir que en los resultados investigados las irregularidades son la regla y las trapacerías de todo tipo estuvieron reiteradamente presentes desaseando los procesos particulares. Al grado, que puede aseverarse que no hay una sola práctica fraudulenta denunciada por nosotros como oposición frente al otrora invencible PRI, que no se haya producido en el marco de esta elección interna del 17 de marzo.

La fragilidad de los valores y la ausencia de solidaridad democrática abre la puerta para que intereses extraños y antagónicos al partido, como gobernadores priístas o cacicazgos locales autoritarios y corruptos, utilicen a algunos miembros del Partido y al emblema del sol mexicano, para encubrirse y condicionarnos a la marginalidad y la inanición; aniquilando el desarrollo de la democracia en la localidad. Aniquilación que se consolida por la ignorancia estatutaria de abstenerse de ocasionar un daño grave a la unidad e imagen del Partido, al denunciar públicamente a sus dirigentes y/o resoluciones de sus órganos de dirección, deformando y faltando al elemental respeto y solidaridad entre los miembros o ciudadanos, o contra el patrimonio del partido. 28

El deterioro de la ideología democrática, la exhibición pública del PRD manipulado por intereses tan antidemocráticos como desprestigiados, ha ocasionado la pérdida de la confianza popular y el derrumbe en las preferencias electorales en muchos lugares con el mayor significado, desde Baja California a Chiapas y desde Campeche a Tamaulipas.

Pareciera que en el Partido se ha impuesto ese incontenible artefacto mental de ganar a cualquier precio una candidatura o un puesto, con lo que se pretende justificar que controversias internas se diriman desplegadamente en los medios de comunicación y que, incluso, se acuerde con gobiernos de otros partidos para derrotar al enemigo interno. Envueltos en ese maremágnum, en que cobran primacía los intereses personales y de facción, el Partido ha perdido gran parte de su capital moral al tiempo que reduce sensiblemente la banda de credibilidad de la sociedad hacia él. Hay pues, una crisis moral, ético-política, en la que destaca el hecho de que los principales promotores del desprestigio social de nuestra institución política, antes que de los naturales y legítimos adversarios posicionados en otras trincheras ideológicas, corre a cargo de los mismos perredista.

Por todo ello, crece la preocupación, puesto que u n partido democrático como el nuestro es imposible que subsista plagado de los fraudes electorales que denunció el Congreso Nacional, menos aún , en medio de la disolución de las convicciones democráticas que son su espíritu vital y deben ser el común denominador unificador de afiliados, dirigentes y candidatos. No quede duda: el problema de raíz es ético y político. Así lo denotan, la influencia generalizada de las ambiciones antidemocráticas de poder e incluso de dinero, su agrupamiento en facciones que fragmentan la unidad del partido y la subordinación del marco institucional a sus intereses.

 

2.2. La dimensión conceptual-institucional

Los instrumentos materiales del atropello y sus causas conceptuales, jurídicas, organizativas y administrativas, en última instancia, son un reflejo del problema ético político fundamental subyacente. Ciertamente el punto de partida del problema es la subordinación de los valores políticos de la democracia a las ambiciones autoritarias y monetarias, conceptos de dominio y poder sobre los demás, en todos los niveles, instancias y etapas del proceso electoral. Sin embargo, la posibilidad de éxito de la pretensión antidemocrática también está condicionada por premisas y conceptos altamente irracionales y contradictorios de organización del Partido. Aparentan la democracia, pero en realidad propician su supresión con la arbitrariedad, el desorden, la violencia, la anarquía y la demagogia.

Si bien el cimiento de la defraudación es un problema de desunión ético-política, la falta de unidad en los valores de la democracia, ha sido propiciada por la desorganización y un vacío institucional incapaz de inducir la construcción democrática. Así, la opción por el sufragio universal directo para integrar todas las instancias de dirección del partido, salvo comités ejecutivos, exige una conceptualización institucional tan inteligente como realista, para que ella pueda llevarse a efecto. La ausencia del concepto, en vez de generar democracia, lo que genera es demagogia, desorden, confusión para que el proceso electoral se convierta en caldo de cultivo de los vicios del autoritarismo , la corrupción y el fraude.

La distinción que el PRD impuso al seno del sistema mexicano de partidos, con la implementación del voto universal, directo y secreto para elegir candidatos y dirigentes es lo que, sin lugar a dudas, más corresponde a su perfil, los postulados y principios en los que sustenta su actuación. El problema, no obstante, es la práctica. Se puede contar con los más avanzados estatutos y una organización interna impregnada de espíritu democrático, donde los derechos de todos los militantes se salvaguarden y los pesos y contrapesos institucionales estén claramente establecidos, pero si la conducta de los miembros del Partido y, sobre todo, de sus dirigentes, no está acorde con lo consignado en los documentos básicos, entonces las normas, los programas, el ideario y los contenidos teóricos se tornan letra muerta y los órganos partidarios no cumplen su cometido.

De la investigación resulta que la irracionalidad conceptual para realizar y consolidar elecciones democráticas llegó al extremo en el VI Congreso Nacional celebrado en Zacatecas en abril del 2001 cuando se establecieron las bases estructurales para las elecciones materia de nuestra investigación. Se tomaron precipitadamente las decisiones de realizar en forma simultánea elecciones de doce niveles de todos los comités de base, municipalidades o delegaciones, entidades federativas y nacionales por sufragio universal y secreto, con cien mil candidatos. Las elecciones serían organizadas y regidas por órganos electorales y jurisdiccionales a integrarse dos meses previos a la jornada electoral.

En esto, el punto normativo de referencia sería el complicado código electoral que Salinas impuso originalmente para subordinar el proceso electoral de 1994 a su arbitrio. Pero con autoridades electorales integradas más de un año antes de las elecciones, con un proceso electoral que inicia antes del año de la elección, y con el personal y los cuantiosos presupuestos del Instituto y el Tribunal Federal Electorales. Los testimonios recibidos, incluso de integrantes del Servicio Electoral y de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia, coinciden en señalar que su integración no obedeció a criterios de profesionalismo e imparcialidad, sino a la pretensión de controlarlos por las diversas facciones políticas que participaron en el proceso electoral.

De hecho las elecciones se llevaron a cabo en medio de la mayor confusión entre dirigentes y funcionarios supuestamente institucionales e imparciales —desde los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional hasta los funcionarios de casilla— y contendientes estimulados a utilizar su cuota de poder o de control para hacer prevalecer a toda costa sus intereses facciosos, incluso sobre los principios y valores democráticos fundacionales del partido. Es ilustrativo que “del Comité Ejecutivo Nacional sólo la presidenta del partido no era candidata en las elecciones” en términos del testimonio ofrecido por la compañera Amalia García a esta Comisión. La autoridad dentro del partido se redujo en gran medida a una especie de juego, más que suma cero, de suma negativa, arrollador no sólo de las instituciones sino incluso de las convicciones democráticas.

Al subordinarse las direcciones y órganos electorales y jurisdiccionales del partido al control y la manipulación de las facciones políticas, el resultado de las elecciones tendió a moverse de la autenticidad a la defraudación del sufragio. La competencia electoral tendió a degenerar en el logro de los resultados favorables no en las urnas, sino en los órganos electorales, jurisdiccionales o de dirección, utilizando los despojos de las cuotas de poder o de autoridad institucional para derrotar al compañero que había dejado de ser tal – a navaja libre— para usar la expresión coloquial del partido. El compañero se convirtió en el enemigo a vencer con cualquier medio de autoridad o de control a la disposición, fuese para formular el padrón; para referenciar electores; para nombrar autoridades electorales nacionales, estatales y municipales; para determinar la localización de casillas: para nombrar sus mesas; para controlar la impresión y distribución de materiales electorales; para controlar o simular los cómputos, la resolución de conflictos y la expedición de validaciones.

Por efectos de este juego de suma negativa, la ganancia de una posición por una facción, se convirtió en pérdida para todos los miembros con convicción democrática, en perjuicio para el partido. Bajo este juego fue imposible que las elecciones sujetas a este juego resultasen en un triunfo del Partido de la Revolución Democrática, de sus afiliados, y de la democracia en México, en su conjunto. Fue una gran pérdida.

 

2.3. La dimensión organizativa

Los problemas de organización encontrados corresponden a dos niveles. El primero es el de las instancias de organización y dirección del partido ; y , el segundo el de la organización de los procesos electorales para integrar sus direcciones.

 

2.3.1. Veintitrés instancias de gobierno interno y su elección

El partido tiene cuatro niveles de organización, a saber: de base, municipal, estatal y nacional, con dieciséis instancias estatutarias de dirección:

•  Dos a nivel de base (1) La Asamblea Plenaria y (2) el Comité Ejecutivo. 29

•  Cuatro a nivel municipal, (3) el Consejo 30 (4) el Comité Ejecutivo 31 (5) el presidente o presidentes 32 y (6) el secretario o secretarios generales. 33

•  Cinco a nivel estatal, (7) el Congreso 34 (8) el Consejo, 35 (9) el Comité Ejecutivo, 36 (10) la presidenta o el presidente, 37 y (11) la secretaria o el secretario general. 38

•  Cinco a nivel nacional, (12) el Congreso, 39 (13) el Consejo, 40 el Comité Ejecutivo, 41 (15) la presidenta o el presidente 42 y (16)la secretaria o el secretario general. 43

En paralelo a esta estructura de dirección, el Estatuto estableció “órganos autónomos” 44 con autoridad electoral, de auditoria y jurisdiccional, (17) el Servicio Electoral, 45 (18) el Órgano Central de Fiscalización 46 y (19)las Comisiones Nacional y (20) Estatales de Garantía y Vigilancia. 47 Adicionalmente, dispuso el establecimiento de Comisiones Políticas Consultivas, (21) nacional 48 y (22)en los Estados 49 como coadyuvantes de los órganos de dirección en el análisis y formulación de propuestas de los órganos respectivos de dirección, así como (23) la “coordinadora distrital” de órganos municipales. 50

De estas veintitrés instancias estatutarias de dirección, de autoridad paralela, de coadyuvancia y de coordinación, veintidós son electivas -todas menos la asamblea plenaria de comités de base. Trece se integraron por elección directa y auténtica por sufragio universal, libre y secreto y nueve por elección indirecta por votación de los integrantes de los Consejos elegidos directamente.

Sin duda la intención de abrir lo más posible la participación en la dirección y orientación del partido y establecer múltiples equilibrios y contrapesos al ejercicio de la autoridad es lo que inspiró a nuestros congresistas nacionales a establecer esta estructura de organización, de gobierno y de elección. No obstante, constituye un caldo de cultivo para la desunión política y el conflicto institucional dentro del partido. Y para la degeneración de su marco institucional en tablero para el juego suma negativa del fraude electoral , con las cuotas relativas de poder en el partido como sustituto del sufragio para determinar el resultado de las elecciones. Los vacíos de autoridad institucional democrática del partido que dejó este marco , necesariamente indujeron a que la autoridad funcional se trasladase al ámbito informal y antiestatutario de la “facción” política , “ por despojos o prebendas —y— sin escrúpulos”, aunque la facción “no se declara como tal”, 51 —para usar los términos de Sartori— que dominaron lealtades y conductas políticas por encima de la fidelidad a la democracia, a la legalidad y a la efectividad del sufragio.

 

2.3.2. Tiempos irracionales

Bajo estas condiciones, el VI Congreso Nacional celebrado en Zacatecas en abril de 2001 resolvió, transitoriamente, con miras a l o s doce niveles electivos en ocho boletas materia del trabajo de esta Comisión, que:

“Sexto. Las elecciones nacionales del Partido se llevarán a cabo el tercer domingo del mes de marzo del 2002, en las que se elegirá:

•  Presidenta o presidente y secretaria o secretario general nacionales;

•  Presidentas y presidentes y secretarias y secretarios generales estatales;

•  Consejeras y consejeros nacionales y consejeras y consejeros estatales;

•  Presidentas y presidentes y secretarias y secretarios generales municipales;

•  Presidentas y presidentes y comités ejecutivos de las organizaciones de base;

•  Delegadas y delegados a los congresos estatales y al Congreso Nacional.

El Consejo Nacional al aprobar el Reglamento de Elecciones y Consultas que regiría en la elección estableció tiempos absolutamente irracionales para organizarla:

Segundo. Para la elección del tercer domingo del mes de marzo del año 2002 de los comités ejecutivos de los comités de base, se elegirán cinco integrantes entre los que estará incluido el presidente.

Tercero. El Servicio Electoral que organizará la elección de marzo del 2002, deberá entrar en funciones a más tardar la primera quincena de enero de 2002. Los comités en los estados y municipios deberán ser designados a más tardar la segunda semana de febrero.

Cuarto. La insaculación de funcionarios de casilla, para efectos de la elección de marzo del 2002, se realizará a más tardar durante la tercera semana de febrero.

Estos tiempos no guardaron ninguna relación con el objetivo fundamental del Partido y de su organización de representar a la población y con esa representación, triunfar en las elecciones constitucionales de todos los niveles para integrar la autoridad pública en México. Ninguna consideración a los calendarios electorales de las autoridades municipales y estatales, legislativas o ejecutivas, pareció influir en este absolutamente centralista calendario interno. Ordenó y condicionó una desordenada y disfuncional renovación integral de las direcciones del partido, a raja tabla.

Podría argumentarse que el calendario interno lo fijaron los tiempos de las elecciones constitucionales federales, con vista al proceso electoral trianual. Sin embargo, el argumento se desvirtúa porque la elección interna se calendarizó veinte meses después de la elección federal antecedente y apenas dieciséis meses antes de la subsecuente. Pero aún bajo la hipótesis de la rectoría del calendario federal para todas las elecciones, dicha rectoría se insertaría en las más absurdas, injustas y disfuncionales tradiciones centralistas en donde es totalmente ignorada la consideración mínima de los requerimientos para participar, ya no se diga triunfar, en las elecciones locales, distintas a las que siguen el calendario federal.

 

2.3.3. Politización del Servicio Electoral

A la irracionalidad de los tiempos para que el Servicio Electoral pudiera organizar debidamente la elección, se añadió la politización del órgano propiciado por la falta de garantías estatutarias para su integración imparcial; su exclusión de la integración o supervisión del padrón electoral; y su dependencia financiera y administrativa de las direcciones políticas del partido y de facciones controladoras.

El VI Congreso Nacional dejó un vacío estatutario sobre las bases de integración del Servicio Electoral y sobre los requerimientos para garantizar su profesionalismo e imparcialidad, quedando en el aire su mandato de que “será un órgano independiente, autónomo en sus decisiones”. 52 Abrió las puertas de par en par para que la discrecionalidad política sustituyese a “los métodos democráticos y legales” que ordena el propio Estatuto como principio organizativo fundamental. Mas aún, no sólo omitió la referencia al servicio profesional de carrera por aptitud y mérito debajo de los nombramientos políticos de sus tres integrantes, sino que los facultó con entera discrecionalidad para “nombrar un comité en cada estado el cual funcionará exclusivamente para la realización de la elección de que se trate”. 53 Y en el Reglamento de Elecciones y Consultas aprobado por el propio Consejo Nacional se atribuyó a su discrecionalidad política irrestricta la designación de los tres integrantes del servicio electoral 54 y lo hizo pieza central, determinante, del juego suma negativa de las facciones políticas y de las manipulaciones, negociaciones y concertaciones consecuentes con el sufragio. Se enseñoreó el eslogan de que “acuerdo político mata estatuto, candidatura, voto y lo que sea”.

El control de los miembros por una fórmula electoral se tradujo en ganancia aparente para ella, pero fue una pérdida mucho mayor para el partido fundado en la democracia y su legalidad. La discrecionalidad política irrestricta de los integrantes del Servicio Electoral Nacional para nombrar a los “comités auxiliares” en los Estados y el Distrito Federal 55 y su autoridad jerárquica sobre ellos fue puerta abierta para las influencias centralistas de las facciones y sus clientelismos locales. Tendió a replicar a nivel estatal los controles políticos sobre el dispositivo central y en la “insaculación” de los comités auxiliares municipales. 56

El centralismo, tan acendrado como irracional, en la organización del Servicio Electoral Nacional estableció una estructura burocrática piramidal a partir de sus tres integrantes nacionales. El disfuncional esquema llevó a divergencias y conflictos generalizados entre “auxiliares” entre sí y con “superiores jerárquicos” que salpicaron el proceso electoral con informes y cómputos contradictorios para inflamar todavía más la inseguridad jurídica que lo dominó.

 

2.3.4. Referenciación, afiliación, registro y acreditación de electores

Al Servicio Electoral se le privó de cualquier atribución para identificar, registrar, acreditar, depurar, validar y referenciar afiliados-electores. 57 De acuerdo con el Reglamento de Ingreso y Membresía expedido por el Consejo Nacional en julio de 2001 los comités ejecutivos de los órganos de dirección a los cuatro niveles quedaron con la atribución de recibir las solicitudes de ingreso al partido. 58 . Los comités municipales, y los estatales supletoriamente, quedaron facultados “para elaborar la base de datos de los miembros del partido”. 59 Los estatales quedaron facultados “para expedir las credenciales del partido” y para autorizar a los municipales a hacerlo con formatos de credencial elaborados por el Comité Ejecutivo Nacional 60 el cual quedó también facultado exclusivamente para “llevar la estadística de la membresía”. 61

Asimismo se proveyó transitoriamente que “entre los meses de julio a noviembre de 2001 se llevará a cabo en todo el país una campaña de inscripción al partido” mediante “comisiones especiales” integradas “de manera plural e incluyente” y nombradas por los comités ejecutivos nacional, estatales y municipales 62 con base en solicitudes impresas y repartidas por estos últimos, 63 pero atribuyendo a los comités estatales la formulación de “la base de datos que corresponden a cada estado” 64 bajo la supervisión y dirección de comisionados de “la Comisión de Campaña del Comité Ejecutivo Nacional”. 65

Los “ámbitos territoriales” de los comités de base es el concepto estatutario 66 para referenciar afiliados-electores a sus casillas. El ejercicio del sufragio en el partido, a su vez, se condicionó geográficamente a la referenciación al ámbito territorial del comité de base y de la casilla. 67 El control sobre la definición de los ámbitos territoriales puede ser un elemento crucial para el clientelismo político de las facciones y su influencia sobre los resultados electorales. El Estatuto omitió cualquier criterio objetivo y racional para lograr esa definición y excluyó al Servicio Electoral de participar en ella. Atribuyó la definición a los criterios políticos irrestrictos de los comités ejecutivos municipales y de quienes los controlen, sujetos a la ratificación política de los comités ejecutivos estatales y de quienes los controlen. 68 Ello abrió una fuente estructural de conflicto cuando los intereses y controles políticos de los comités difieren y se contraponen, como sucedió con el del Distrito Federal e Iztapalapa para provocar la mayor crisis política del partido.

También es de lo más significativo la laguna estatutaria por la que no se exige la residencia en el ámbito territorial de la elección correspondiente para el sufragio pasivo, ser votado, en contraste con su exigencia tajante para el ejercicio del sufragio activo, atraso estatutario del PRD, incluso en relación al marco constitucional electoral del país, es explicable una vez más por las exigencias de las luchas de los funcionarios para los despojos de los puestos de representación del Partido sin ningún escrúpulo que considere su representatividad social-territorial.

Más significativo para el control político clientelar fue la formulación y disposición del padrón, atribuidas a las direcciones político-ejecutivas del partido, incluyendo la nacional. Generalizó los conflictos electorales, no sólo en el Distrito Federal.

La exclusión del Servicio Electoral de las competencias sobre la identificación registro, acreditación y referenciación de electores, de entrada, neutralizó su autonomía, como autoridad rectora del proceso electoral. Dependió de los controles políticos, que probaron ser de lo más disfuncionales, de los comités ejecutivos nacional, estatales y municipales y sus “comisiones especiales de campaña”, para insacular los integrantes de comités auxiliares municipales 45 días antes de la elección 69 y a los integrantes de mesas de casilla 30 días antes de la elección, 70 así como para publicar la “ubicación e integración de las mesas de casilla con veinticinco días de anticipación a la jornada electoral” y “por ajustes supervivientes“ en un término de quince días antes. 71

El incumplimiento generalizado de esta garantía al sufragio por la politización y falta de profesionalismo fue otra causa de los problemas de fraude en el proceso electoral que resultó de la investigación.

 

2.3.5. Selección y publicación de funcionarios de casilla

El Servicio Electoral apenas pudo cumplir con su obligación de insacular del padrón electoral a los funcionarios de casilla. 72 Sin embargo, la seguridad que esta insaculación podía haber dado a los afiliados electores, sobre la imparcialidad de los funcionarios de casilla, fue gravemente afectada por las alteraciones antiestatutarias subsecuentes que se convirtieron en causal frecuente de nulidad de la votación.

El Reglamento de Elecciones y Consultas establece como causal de nulidad que “personas u organizaciones distintas a las facultad a s en el presente Reglamento hayan recibido la votación en las casillas durante la jornada electoral” 73 Fuera de los funcionarios insaculados, las únicas otras personas autorizadas por el reglamento de mérito para recibir la votación serían las personas que “el servicio electoral nombrará —como— los sustitutos de entre los miembros del comité de base, que se encuentren formados para votar”, si a las 10 horas del día de la jornada electoral los funcionarios propietarios o suplentes no se hubiesen presentado, 74 lo que debe registrarse en el rubro correspondiente a sustitución de funcionarios en el “acta de jornada electoral”. 75 La publicación de encartes en diarios locales el día anterior o el mismo día de la jornada electoral, al margen del término reglamentario de quince días previos a la elección, frecuentemente fue un factor de incertidumbre más que de seguridad para prevenir el fraude electoral.

 

2.3.6. Publicación de ubicaciones de casillas

Junto con la integración de las mesas de casilla, en los mismos términos, debe publicarse su ubicación, lo que constituye una garantía fundamental para poder ejercer el sufragio. El mismo patrón de alteraciones de los funcionarios de casilla afectó su ubicación.

En este caso las alteraciones también dieron pie a causales de nulidad. Por una parte, por que “se instale la casilla o se realice el escrutinio y cómputo en lugar distinto al señalado por la instancia correspondiente, sin haber existido caso fortuito o de fuerza mayor”. 76 La autoridad electoral quedaba obligada a acreditar esta última hipótesis en caso de cambio de domicilio, lo que no ocurrió con las publicaciones hechas el día de la jornada electoral o el día previo a la misma. Por la otra parte, el reglamento aplicable previene entre las “causas de nulidad de un proceso de elección del Partido” el que “no se instalen el 20 por ciento de las casillas en el ámbito de que se trate y consecuentemente la votación no hubiere sido recibida”. 77 Evidentemente las relaciones publicadas en los diarios locales el día de la jornada electoral o el día anterior a ella, no constituyeron base reglamentaria alguna para referenciar las casillas que debieron instalarse. Más bien, en caso de alteraciones con relación a la lista publicada el 2 de marzo, comprobaron las irregularidades consecuentes y, bajo la hipótesis de que la alteración fuese de más del 20%, un indicio grave de nulidad de la elección respectiva.

 

2.3.7. Materiales electorales

El reglamento aplicable establece que el Servicio Electoral “aprobará el modelo de boleta electoral” de acuerdo con especificaciones reglamentarias 78 y que “entregará a cada presidente de mesa de casilla, dentro de los 3 días previos a la jornada electoral y contra el recibo detallado correspondiente” los elementos de material y documentación electoral:

“a) base de datos del Padrón de miembros correspondiente y las hojas de afiliación en el número que corresponda en términos del presente Reglamento;

“b) las boletas para cada elección, en el número que corresponda;

“c) el acta de la jornada electoral, acta de escrutinio y cómputo de cada elección y la hoja de incidentes;

“d) las urnas para recibir la votación, una para cada elección;

“e) útiles de escritorio y demás elementos necesarios;

“f) el manual del funcionario de casilla que indiquen sus atribuciones y responsabilidades;

“g) los canceles o elementos modulares que garanticen que el elector pueda emitir su voto libre y en secreto.”

Como se refiere en el acápite correspondiente a la dimensión administrativa del problema, hubo una obstrucción de la Oficialía Mayor que impidió al Servicio Electoral cumplir con los términos estatutarios de entrega y generó un problema organizativo de la elección de gran envergadura.

 

2.3.8. Escrutinio y cómputo electorales

El reglamento es ambiguo sobre el lugar donde debe realizarse el escrutinio y cómputo de la votación recibida en casillas, 79 pero sus disposiciones obligan a que los cómputos municipales se realicen en el municipio correspondiente. 80 Se presentaron problemas significativos por la realización de cómputos municipales fuera de los municipios respectivos. Los problemas mayores también se derivaron de cómputos contradictorios entre diversas instancias del Servicio Electoral y en ocasiones de las mismas instancias o de integrantes de una instancia.

 

2.4 Dimensión jurídica del problema

La ausencia de un concepto institucional y de una organización consecuente para sustentar en la realidad política los valores de la democracia, ineludiblemente tenía que conducir a problemas mayores de ilegalidad en el proceso electoral sujeto a investigación. Independientemente de su significado en los casos particulares de los que se informa, los problemas generales de antijuricidad se manifestaron en contradicciones normativas, actos arbitrarios de autoridad con efectos generales, conductas violatorias recurrentes generalizadas; y una incapacidad manifiesta, involuntaria y voluntaria, del órgano encargado del control de la legalidad partidista para cumplir con su cometido estatutario. La imitación de la legislación electoral de Carlos Salinas y su aplicación, diseñada para defraudar el sufragio también fue causa mayor de los problemas normativos y jurisdiccionales encontrados.

 

2.4.1. Contradicciones normativas

De entrada está la contradicción entre la norma fundamental por la que “se elegirán mediante voto directo, secreto y universal” instancias de dirección partidista 81 y disposiciones que neutralizaron la autenticidad del sufragio como las que politizaron la afiliación, registro, acreditación y referenciación de electores, así como integración del servicio electoral, al subordinar la efectividad del sufragio a la discrecionalidad política dominante.

Hay contradicción entre las normas estatutarias federalistas que establecen el respeto a los “principios federativos y de la soberanía estatal y libertad municipal” 82 y la competencia de las comisiones estatales de Garantías y Vigilancia para resolver cuestiones de significado estatal y municipal, 83 por una parte, y la competencia centralista por la que las “resoluciones del Servicio Electoral serán solamente recurribles ante la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia”. 84

Hay contradicción también en la norma estatutaria por la que las comisiones de Garantías y Vigilancia están obligadas a “atender en todo momento el fondo de los asuntos que se les planteen” 85 y las normas reglamentarias para declarar su improcedencia. 86 Hay contradicción entre las normas reglamentarias sobre nombramientos de funcionarios de casilla durante la jornada electoral y sobre las de los tiempos de entrega de los materiales electores a ellos tres días antes de su instalación.

 

2.4.2. Actos arbitrarios con efectos generales

Resaltan entre las causas problemas muy graves encontrados en tres actuaciones de los órganos en que se sustentó el proceso electoral por los que pretendieron asumir con manifiesta ilegalidad, e irracionalidad, las atribuciones normativas no sólo del Consejo General sino del Congreso Nacional del Partido.

Por una parte, el Servicio Electoral, el 9 de abril, veintitrés días después de la jornada electoral, informó de su autorización retroactiva, indiscriminada a raja tabla, antiestatutaria y antirreglamentaria, de todos los funcionarios y todas las ubicaciones de casillas que recibieron la votación, legal o ilegalmente, veintitrés días antes. Con ello buscó neutralizar las causales legales de anulación de la votación en las casillas cuando la misma “no ha sido recibida por funcionarios autorizados” por el reglamento aplicable. ignoró la autoridad del Consejo Nacional para normar el proceso electoral y pretendió sustituirla por el propio arbitrio del Servicio Electoral.

Por otra parte, la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia, de un plumazo neutralizó la competencia estatutaria de las Comisiones Estatales sobre los procesos electorales locales al asumir la jurisdicción original sobre el conocimiento de todos los conflictos electorales, desde los surgidos por la integración de los comités de base hasta los del Congreso Nacional. El argumento fue que como todas las elecciones fueron de carácter “nacional” y los Estatutos establecen al Servicio Electoral del Partido de la Revolución Democrática” como “el órgano electoral” 87 y que las “resoluciones del Servicio Electoral serán definitivas y solamente recurribles a la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia”, 88 las Comisiones Locales eran incompetentes para conocer de las violaciones en cualquier elección.

Esta disposición, tan centralista como arbitraria , se ignoró por completo lo que establece el Estatuto en el sentido de que “las comisiones estatales de garantías y vigilancia conocerán de las quejas, consultas y controversias de significado estatal y municipal”. 89 De acuerdo con esta competencia estatutaria las comisiones locales deberían conocer de quejas y controversias originales por elecciones de comités de base, de consejerías y, de presidencias y secretarías generales en los municipios , delegaciones y en las entidades federativas; toda vez que evidentemente, tienen un significando municipal y estatal, de ninguna manera nacional. La disposición de la Comisión Nacional de concentrar bajo su autoridad inmediata esta jurisdicción original que no le correspondía, atropelló también el respeto a “los principios federativos y de la soberanía estatal y libertad municipal” que precisa el Estatuto cuando establece las bases de “la democracia en el Partido”. 90 Además disfuncionalizó de raíz la posibilidad de garantizar la legalidad en el proceso, imposibilitando a la propia Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia para cumplir con su obligación estatutaria de atender debidamente los recursos promovidos.

 

2.4.3. Violaciones generalizadas

La ubicación, integración y su publicación oportuna de mesas de casilla así como la realización de los cómputos electorales en las localidad de la elección y domicilio para asegurar la imparcialidad del cómputo, son garantías fundamentales para el ejercicio libre y auténtico del sufragio. Las normas reglamentarias reconocen esta garantía cuando establecen que los funcionarios de casilla deben ser insaculados treinta días antes de la elección, que la publicación con sus nombres y lugares de instalación deben hacerse veinticinco días antes y sólo podrán modificarse hasta quince días antes por circunstancias supervinientes, 91 así como que “el servicio electoral en el municipio entregará las actas de cómputo municipal”. 92

Estas normas fueron sistemáticamente violadas por el Servicio Electoral. El 2 de marzo, cumpliendo con el término reglamentario último , quince días antes de la elección, el Servicio electoral publicó un encarte en el periódico La Jornada con la ubicación de casillas llevando al extremo los límites de la norma reglamentaria. Sin embargo, de la investigación resulta que se generalizó la práctica de publicar un día antes de la jornada electoral, o incluso el mismo día, listas diferentes en diarios locales, en un caso incluso de una entidad federativa diversa a la destinataria de la publicación para acreditar, en caso de impugnación, la nulidad de la votación recibida en lugar distinto al autorizado por el reglamento aplicable.

La única hipótesis reglamentaria para autorizar a una persona distinta a la insaculada se refiere al día de la jornada electoral, cuando los funcionarios insaculados no se presentan al pasar las 10 horas y el Servicio Electoral integra los funcionarios de entre los electores formados —lo que debe acreditarse en el acta de jornada electoral. Ello es imposible hacerlo, evidentemente, en una publicación previa o en una “autorización” a rajatabla veintitrés días después, como lo hizo el Servicio Electoral.

La exigencia reglamentaria de formulación de una acta de cómputo municipal por parte del Comité Auxiliar del Servicio Electoral en el municipio respectivo, es una garantía de que el cómputo se llevó a cabo en la localidad de los sufragantes, donde pueden ser supervisados por los funcionarios de casilla y los representantes de planilla de la misma comunidad. La investigación indica que el abuso de la autoridad electoral centralizada, frecuentemente, atropelló esta garantía extrayendo los cómputos municipales de la comunidad de origen respectiva.

 

2.4.4. El fracaso de Garantías y Vigilancia

La Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia fracasó rotundamente como el único de los “órganos jurisdiccionales encargados de garantizar los derechos de los afiliados del Partido y vigilar la aplicación del presente Estatuto”. Por su propia resolución se quedó sola en el ejercicio de esa competencia, durante el proceso electoral de mérito, al interpretar el Estatuto y determinar la incompetencia de las comisiones locales.

El problema no se restringió a la desatención antirreglamentaria de miles de asuntos de afiliados agraviados de acuerdo con los testimonios de su Presidenta, que recurrieron a la Comisión, en el tan controvertido y litigioso proceso electoral. La Comisión también ignoró su obligación estatutaria de dar prioridad a “atender en todo momento el fondo de los asuntos que se le planteen”. 93 La trastocó con un formalismo típico de la justicia electoral salinista para dejar insubsistente el derecho al sufragio de acuerdo con los enredos de la legislación electoral instituida por Carlos Salinas para “neutralizar al PRD” en términos de un célebre memorial de Ernesto Zedillo a Luis Donaldo Colosio. 94

Por eso, se pudo observar la reiterada invocación de la improcedencia , fundada en la forma y no en el fondo, omitiendo las prevenciones respectivas para que los agraviados pudiesen subsanar las deficiencias formales. Se adoptaron las más acendradas doctrinas civilistas decimonónicas, como la de la falta de suplencia de la queja, la pérdida de la legitimación procesal por omitir expresiones sacramentales irrelevantes pero determinantes para la Comisión, la falta de interés jurídico del quejoso, o la exigencia de términos nugatorios para impugnar actos violatorios al sufragio previos a la elección.

La contradicción, la ausencia de coherencia, entre las resoluciones de fondo de la Comisión fue otra de las causas mayores de los problemas encontrado. Tuvo una incidencia muy significativa la intervención de la Comisión en las elecciones estatales de la mayor trascendencia. Por una parte, con los criterios más rigurosos sobre el número —más de 79%— de casillas instaladas, pero con fundamento en información ostensiblemente equivocada, resuelve la nulidad de la elección en el Estado de México. Con criterio totalmente inverso, en el caso de Michoacán, incomprensible desde la lógica jurídica, habiendo informe justificado del Servicio electoral que indica que sólo el 66% de las casillas fueron instaladas, dictamina declarar válidas las elecciones estatales; más todavía, haciendo llover sobre mojado, cuando un informe fehaciente del Servicio electoral comprueba que se instalaron menos de la tercera parte de casillas en San Luis Potosí y en Tamaulipas, ordena la declaración de validez de las elecciones respectivas.

En la elección partidaria correspondiente a la Delegación Gustavo A. Madero, en el Distrito federal, existiendo sendos informes justificados de los cómputos respectivos tanto por el Comité Auxiliar del Servicio Electoral del D. F. como del Servicio Nacional, la CNGyV optó por pedir a uno de los miembros integrantes del CASEDF le allegara un informe de datos, el que al incluir una modificación arbitraria en los resultados, usaron para justificar dictamen en contra del verdadero sentido mayoritario en que votaron los militantes de aquella demarcación.

La contradicción más crítica o caótica, para la juridicidad supuestamente emanada de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia, es la que se dio sobre la elección estatal de Jalisco. Por una parte, resolvió anular la elección con base en las violaciones al sufragio en los actos preparatorios de las elecciones en congruencia con los criterios que sustentan la anulación de las elecciones en el Estado de Oaxaca. Por otro lado, ordenó la expedición de la constancia de validez de la misma elección que había anulado en Jalisco, apenas ocho días antes , sustentando exactamente los criterios opuestos. Se llegó al extremo inaudito de antijuridicidad, sin precedentes en los anales de la jurisprudencia, de que un mismo órgano jurisdiccional declare una misma elección nula y válida.

Sin embargo , con esta conducta , destruyeron esencialmente la credibilidad de la Comisión como un órgano imparcial subordinado a la normatividad estatutaria y reglamentaria, más allá de los problemas organizativos que afectaron su desempeño durante el proceso electoral. En la investigación surgieron indicaciones de que, por encima de la autenticidad del sufragio, la integración y desempeño de la Comisión obedeció al juego suma negativo de utilizar sus cargos como medio para la competencia y el triunfo electorales. Incluso uno de los comisionados ofreció testimonio en este sentido , de lo cual obran constancias grabadas y escritas por la versión estenográfica de su propia comparecencia.

El fracaso de la Comisión lo corroboró el Consejo Nacional al recomponer su integración después de las elecciones y el propio Congreso Nacional al ordenar a esta Comisión de Legalidad y Transparencia la investigación de sus actuaciones como causal de los fraudes electorales y las soluciones a los problemas y daños políticos causados.

 

2.5 La dimensión administrativa

La dimensión administrativa de los problemas encontrados complementaron la organizativa y la jurídica. De la investigación resultó no sólo que la autonomía presupuestal del Servicio Electoral fuera mítica, sino también que se le haya privado de funciones administrativas fundamentales, que se hayan asignado o distribuido recursos presupuestales en forma de imposibilitar su desempeño, lo que a su vez redundó en causas mayores de los problemas encontrados para garantizar la autenticidad y efectividad del sufragio.

De entrada al Servicio Electoral se le privó de su función esencial de controlar la impresión y distribución de los materiales electorales, principalmente las boletas. La presidenta del Partido, en ese momento, Amalia García, informó a esta Comisión que por razones de economía, estas funciones las desempeñó la Oficialía Mayor. La centralización de la impresión de las boletas y su distribución junto con la del resto de los materiales electorales desde la Ciudad de México a toda la República, ocasionó un extraordinario retraso y desorden en su llegada, lo que dio lugar a incuantificables irregularidades. Además, el que la papelería para la elección estuviera bajo el control de manos extrañas a las del Servicio Electoral, y con claro sentido de parcialidad porque el propio oficial mayor de entonces era a su vez candidato, ponía en entredicho la confiabilidad del proceso mismo.

Por otra parte, la insuficiencia de recursos del Servicio Electoral se combinó con quejas de un trato discriminatorio y se puso de manifiesto con situaciones patéticas como intentar cómputos electorales con velas porque no se pag ó la luz; la entrega de materiales electorales a muchos candidatos y sus auxiliares para su distribución, o el incumplimiento de obligación de pagos devengados por el trabajo de integrantes de Comités Auxiliares del Servicio Electoral durante el proceso. Tampoco hubo indicios de controles debidos sobre el ejercicio de los cinco millones de pesos que se informó fueron entregados al Servicio Electoral para dichos efectos. Hay que referir que la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia pareció sufrir de un singular estrangulamiento presupuestal con los 110 mil pesos mensuales que fueron asignados para cubrir todos sus gastos según el testimonio de su presidenta.

En particular, vale poner atención, por lo que respecta a ejercicios presupuestales, en los aproximadamente veinte millones de pesos que, según lo declarado ante esta Comisión por quien fungiera como presidente del Servicio Electoral Nacional, se destinaron a la impresión del material para votar. Este cuidado resulta mayormente pertinente, dadas algunas contradicciones advertidas por distintos señalamientos hechos por militantes del partido ya en las audiencias o en los textos de algunas demandas.

 

3. Propuestas generales de solución a los problemas encontrados

3.1. La cuestión ético-política

La solución primigenia de los problemas encontrados es de naturaleza étic o- política. Si la fraternidad en torno a las convicciones democráticas de los perredistas no cimienta una racionalidad e institucionalidad, por encima de diferencias políticas y electorales internas, que conduzca al PRD por el rumbo de la democracia y permita al partido conducir el país por este cauce, efectiva y no retóricamente, la democracia como “principio fundamental de la vida del partido” que previene la piedra angular de nuestros Estatutos, sería aniquilad a por lo que el VII Congreso Nacional caracterizó como la plaga del fraude electoral . Un partido vencido por esa plaga no tiene lugar en el desarrollo de un México democrático y su disolución sería anticipable por la corrupción asociada con el fraude y la consecuente pérdida de la confianza social. El proceso electoral investigado encendió un foco rojo sobre el estado institucional de alarma que este Consejo Nacional debe atender urgentemente para que la contrarrevolución fraudulenta no acabe con la Revolución democrática.

Hay que reiterar que el PRD nació con una motivación que identifica la moral con la acción y la organización políticas para hacer prevalecer la democracia en el partido y en México, a raíz del fraude electoral que despojó al pueblo de México de la elección presidencial de 6 de julio de 1988. La contribución de nuestro partido fue definitiva para el desarrollo de la democracia en el país, con sacrificios extremos bien significados por las centenas de compañeros caídos en la lucha por la represión de los gobiernos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. El fraude, la represión, la corrupción, la cooptación, se extremaron para impedir que el PRD, la democracia de izquierda, el partido que constituye la única esperanza visible de justicia y representación de la mayoría empobrecida de la población mexicana, llegase a la Presidencia de la República. Con la mayor inmoralidad y corrupción política nos cerraron el paso para hacer del poder presidencial un coto bipartidista de la derecha.

El PRD sigue fundado en la premisa de que sus direcciones a nivel comunitario de base, municipal, estatal y nacional deben representar a los afiliados para que el partido sea el medio político fundamental de representación democrática de la mayoría de la población mexicana en el gobierno del país. Para conseguirlo nuestros afiliados y nuestros dirigentes deben estar auténtica, fraternal , solidaria y sólidamente unidos en ese propósito común de representación política democrática del pueblo de México.

Para que las diferencias necesarias a nuestra pluralidad democrática no degeneren en facciones enemigas , en guerra s que arrasen con nuestra institucionalidad, las diferencias deben ser necesariamente secundarias, deben subordinarse frente a la convicción ética y a la acción política democráticas, nucleares, que deben distinguirnos. La pluralidad ideológica en un partido auténticamente democrático tiene un límite conceptual. Es tan definitivo como obvio. Por definición sólo puede ser un partido de demócratas, por demócratas, para demócratas. No debe, no puede, haber lugar en él para quien no comparte la convicción democrática fundamental, mucho menos para quien trabaja activamente para destruir su realización como principio de organización y estructuración interna del partido y del Estado mexicano. Su lugar en la política y en la historia no debe estar en el PRD. Está, más bien, al lado de quienes se han empeñado en impedir la democracia en México y destruir el papel central que el PRD está llamado a desempeñar en su construcción.

Este Consejo Nacional tiene la obligación política primaria de unificar y consolidar al partido en la revitalización de nuestros valores democráticos. Evidentemente, esta tarea política no es suficiente, pero es lo primordial, para cerrar las puertas del PRD a los enemigos de la democracia.

Para ello, muchas cuestiones constitutivas, organizativas y teóricas del partido, deberán revisarse al amparo de una verdadera refundación institucional. Por ejemplo, es necesario poner en cuestión el carácter de los agrupamientos internos denominados “corrientes”, “tendencias” o “expresiones”, para que bajo la óptica de garantizar la manifestación libre de la diversidad interna, se definan grupos por afinidades conceptuales, integrados alrededor de puntos de vista o concepciones propias sobre parte o todos los planteamientos teóricos del partido, tales que les distingan de otras opiniones y formas de interpretación dentro del mismo; consecuentemente, acabar con las facciones dominadas por los apetitos e intereses de poder. Aceptando que esto, por la magnitud de su incidencia en la vida interior, está convertido en el factor que mayormente trastoca la institucionalidad del partido, puesto que es frecuente su competencia con la estructura formal de éste.

 

3.2. La cuestión conceptual institucional

No basta abordar la cuestión ético-política de la vocación democrática del partido. También hay que desarrollar el concepto institucional para realizarla. La raíz fundamental del problema conceptual-institucional del partido parece ser la confusión entre la organización y dirección de un partido político y el gobierno del país fundada en una miopía que en ocasiones parecen fruto de la ocurrencia más que de la reflexión. Por un lado, la estructura de los órganos de dirección parecen querer imitar al gobierno de un Estado, al mismo tiempo, parlamentario, federalista, municipalista, comunalista, multipartidista, centralista y celulista. Así, se espera, sin éxito, que cohabiten decenas de instancias de dirección y órganos electorales, jurisdiccionales y fiscalizadores, pero sin ningún principio, mucho menos estructura para su desempeño debido, político y profesional. Por otro lado, se espera, también si n éxito, que esta copia disfuncional del gobierno d e un Estado, trabaje eficazmente como un partido político democrático cuya función social y política fundamental no puede ser la burocratización para pretender dominar a sus miembros, sino competir eficazmente en las elecciones por los gobiernos nacional, estatal y municipal país y triunfar con la representación mayoritaria de la población en el nivel de gobierno y el territorio de que se trate.

Es particularmente significativa la confusa premisa institucional de que el PRD no es un partido sino una agregación de facciones partidistas sin significado ideológico, entre las que hay que distribuir pragmática y proporcionalmente los supuestos puestos de su gobierno. A lo que condujo esta confusión , es a desviar la energía y la fuerza del partido en un proceso de elección caótica de más de cien mil candidatos , en una infinidad de planillas antagónicas que se pelearon por una conceptualización e institucionalización deformada de las funciones del partido. Se constituyeron en el caldo de cultivo para la plaga del fraude electoral que planteó el Congreso Nacional.

Debe ser más que evidente el imperativo de reconceptualizar y simplificar el marco institucional del partido para que cumpla con su función primordial de conseguir la confianza y el voto de la mayoría de la población en las elecciones constitucionales en la Federación, en las entidades federativas y en los municipios. Ello debe ser el resultado de los trabajos de este Consejo, con su Comité Ejecutivo, y del Congreso Nacional, no electivo, cuya propuesta se plantea enseguida.

La tarea exige un equilibrio realista y funcional en el planteamiento de las instituciones del partido. En los fundamentos, número y atribuciones de sus instancias de organización, elección, jurisdicción y fiscalización. En los principios de elección directa e indirecta para integrar los órganos de dirección. En los tiempos y el espaciamiento políticos de su integración. Entre el fundamento político en la designación de sus titulares y los requerimientos de imparcialidad, profesionalismo, y legalidad estricta en el desempeño de las instancias de dirección, electorales, jurisdiccionales y de fiscalización. Entre el papel del trabajo profesional remunerado y del trabajo voluntario no remunerado.

 

3.3. Congreso Nacional no electivo o Congreso Constituyente

La conceptualización del marco institucional del partido que prevenga el fraude electoral, requiere de un análisis técnico riguroso de sus diversos aspectos y de una ponderación política en profundidad. La responsabilidad corresponde a los órganos superiores de dirección democrática del partido. Requiere resolver cuestiones fundamentales para su organización, representación y funcionamiento estatutarios. Deben ser considerados y resueltos por un Congreso Nacional no electivo por convocatoria expresa de este Consejo Nacional como culminación de sus empeños por la revitalización y unidad democrática de nuestro marco político. Es propuesta fundamental en consonancia con las resoluciones del partido.

Debe convocarse al Congreso Nacional no electivo para que discuta y resuelva las reformas institucionales indispensables para realizar la vocación democrática del partido y prevenir la plaga del fraude electoral, a celebrarse en el segundo semestre del 2003, justo después de las elecciones federales de ese año. Para ello, el Consejo Nacional debe estudiar con profundidad y debe evaluar con el rigor y la seriedad del caso, las alternativas para conseguir ese objetivo y presentar el dictamen correspondiente de reformas estatutarias al Congreso Nacional convocado para el efecto.

Consideramos que este Congreso Nacional no debe ser electivo por una razón fundamental. Es la mejor garantía para excluir del centro y del estímulo de sus deliberaciones y resoluciones la simulación de intereses facciosos y de ocurrencias tan irreales como disfuncionales. En la misma forma tendería a estimular la reflexión, la discusión y la decisión hacia las mejores vías para institucionalizar, consolidar y promover los valores democráticos en el partido e integrar la representación social y organización electoral consecuente en el país. La formidable experiencia y la riqueza política que se reúnen en sus consejeros y congresistas nacionales se pondría a trabajar, con orden, dirección, unidad y fraternidad, en este esfuerzo colectivo que debe ser pilar para el futuro democrático de México, más que del propio partido.

Una de las tesis políticas fundamentales del PRD para ordenar la vida democrática del país y establecer auténticamente un Estado social democrático de Derecho, es la convocatoria a un Congreso Constituyente como punto de partida del proceso de institucionalización democrática. La experiencia con el proceso electoral interno pasado que acabamos de experimentar puso de manifiesto que nuestro porvenir exige con tanta o más urgencia un Congreso interno con esos derroteros. Después de todo el buen juez por su casa empieza.

El éxito del Congreso exige que su realización sea políticamente oportuna. Sería descabellado realizarlo antes de las elecciones legislativas federales del 2003. Posponer su realización mucho más de allá de ellas abriría el espacio para que la inercia diluya e impida definitivamente la resolución de los problemas fundamentales o lleve al intento de resolverlos precipitadamente, sin margen de que la dirección del partido pueda actuar con efectividad y se generen resultados caóticos como sucedió con las reformas del V I Congreso Nacional de Zacatecas en abril del 2001, y cuya precipitación explicó en buena medida la plaga de los fraudes electorales del 17 de marzo de 2002.

La renovación de la dirección nacional del partido en el 2005, bajo condiciones similares, evidentemente, sería el arma suicida más eficaz para nuestra participación en las elecciones presidenciales y legislativas del 2006. Y la verdad es que las condiciones estructurales vigentes se orientan en ese sentido. El segundo semestre del 2003, inmediatamente después de las elecciones federales, parece ofrecer el tiempo adecuado para realizar el Congreso Nacional que proponemos y para que nuestro Consejo y Comité Ejecutivo nacionales lo preparen debidamente.

Uno de los puntos medulares de la discusión ahí deberá ser, justamente, el examen sobre las formas, modos y mecanismos que a partir de entonces habrán de regir al interior del partido, para definir sus políticas general y específicas, para definir las bases de selección de sus candidatos a puestos de elección popular y nombrar a sus dirigentes en todos los niveles de la estructura partidaria. Por supuesto que en el centro de esto se pondrá ese preciso asunto, si no como disyuntiva, sí como algo que demanda creatividad, inteligencia y congruencia política. Deberá resolver en qué medida debe operar la lógica de las elecciones universales, de voto directo y secreto en todas las definiciones internas; en qué medida y a qué niveles se adoptará el método de la representación por delegados dándole carácter electivo a congresos y convenciones; o, en dónde se encuentra el equilibrio que mejor acomode al funcionamiento y perspectivas del PRD. En el apartado de “una agenda de reforma”, se es más explícito sobre las cuestiones de representación, organización, filiación, padrón, tiempo, servicio, jurisdicción y cómputo electoral, profesionalización y administración. .

Por lo pronto, valga dejar claro, que en las condiciones que hemos explorado a través de este ejercicio de diagnóstico, no es recomendable ir a cualquiera otra contienda similar o parecida a la del 17 de marzo pasado, sin antes realizar una serie de correcciones internas de fondo, adoptar medidas frente a fallas aquí mismo expresadas y redefinir el sistema comicial del partido, para evitar ser atrapados de nuevo en los vicios y conductas inadecuadas que en el proceso analizado se convirtieron en una constante generalizada, y con ello, en un alto costo político para el partido.

 

3.4. Una agenda de reforma

En el desarrollo de la investigación las bases y dirigentes del Partido que cooperaron con los trabajos de la Comisión ofrecieron y surgieron planteamientos interesantes sobre los equilibrios estatutarios debidos para resolver las causas que llevaron a los problemas encontrados. A continuación se plantea una relación de las cuestiones fundamentales que surgieron de la investigación y que podría orientar la agenda de reforma:

 

3.4.1. Representación social y de la población indígena en particular

La efectividad y la civilidad de la democracia interna en el partido deben abrir, en general, sus vasos comunicantes con la sociedad, de su identidad con ella, y de su representatividad política. Sin embargo hay tres cuestiones específicas que es fundamental abordar.

La primera es recomendar al Consejo Nacional la formulación de una propuesta de reforma de las bases estatutarias para la representación debida de la población indígena en las instancias de organización y dirección del partido, así como para postulación de candidatos a puestos de elección popular a los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y nacional.

La segunda es cubrir la laguna por la que la normatividad interna del partido no exige expresamente la residencia en el ámbito territorial de la elección para el ejercicio del sufragio pasivo, ser votado, mientras que si lo exige para el ejercicio del sufragio activo, votar, lo que propicia la desvinculación y la falta de representatividad social de los candidatos.

La tercera es definir un marco institucional procedente para lograr la igualdad de género, la vinculación y la integración del partido con las organizaciones que la promueven, así como con organizaciones sociales de los más significativo como el movimiento urbano popular y el movimiento obrero independiente, y pequeñas y medianas empresas. Es fundamental la promoción y representación de la organización juvenil del partido.

 

3.4.2. Organización

Hay que partir de la revisión y reforma de la organización del partido a la luz de los requerimientos de representación democrática de la población y de la participación eficaz en elecciones de los poderes constitucional, legislativo y ejecutivo, nacionales, estatales y municipales. Es primordial ampliar la representación social en el partido, y la responsabilidad de todos los niveles y puestos de dirección ante ella. La representación debida es fundamental para la naturaleza democrática del partido. La revisión de los fundamentos para establecer los comités de base y su alineación con la estructura electoral constitucional parece primordial. Fue significativa la propuesta que surgió de la investigación de elegir los comités ejecutivos de los comités de base en convención de afiliados por sufragio secreto en urnas. Sustituir la discrecionalidad política de los comités municipales y estatales para determinar los ámbitos territoriales de los comités de base y de referenciación de afiliados, por criterios objetivos y técnicos vinculados con las funciones electorales del partido como lo son las secciones que organizan las elecciones constitucionales.

También resulta el vacío de instancias de organización del partido a nivel de distritos electorales federales y locales, más allá de la “coordinadora” hipotética que pudiera formarse por las instancias municipales. Esto deja un vacío estructural de organización del partido no sólo para la integración del Congreso d e la Unión y de las legislaturas locales, sino también para las elecciones presidenciales y de gobernadores que se organizan por distrito.

La ampliación del principio de elección indirecta para la integración de órganos de dirección fue una cuestión que se planteó en los trabajos de la Comisión. Consideramos que su racionalidad debe ponderarse cuidadosamente por cada nivel de elección.

 

3.4.3. Referenciación de afiliados y padrón

En caso de que el Consejo y el Congreso Nacionales optaran por la revisión y mantenimiento de un padrón electoral, sería indispensable sustituir la discrecionalidad política de los comités municipales y estatales para determinar los ámbitos territoriales de los comités de base y de referenciación de afiliados, por criterios objetivos y técnicos vinculados con las funciones electorales del partido como los son las secciones que organizan las elecciones constitucionales.

Asimismo, habría que depurar las múltiples, contradictorias e inconfiables relaciones nominales de afiliados reales o supuestos que se caracterizan como “padrón electoral”. Exigiría, integrar el padrón del partido por bases profesionales que garanticen la imparcialidad, funcionalidad, efectividad, transparencia y actualización en el registro y acreditación de afiliados.

Abrir el derecho al sufragio activo, a votar, a todos los ciudadanos con credencial de elector es una experiencia que ya hemos tenido. En cualquier forma habría que considerar también las posibilidades realistas y la experiencia previa de la elección abierta con base en la credencial de elector para acreditar el derecho al sufragio en las elecciones internas del partido.

Es fundamental que el partido esté en aptitud de registrar y reconocer con sencillez y fidelidad a sus miembros, y mantener una base de datos permanentemente actualizada como lo hace cualquier organización, inclusive las políticas, con sus miembros o suscriptores. Mientras se mantenga como punto de referencia para formular el padrón del partido el marco centralizado del Registro Federal de Electores, la magnitud administrativa y presupuestal de generar y mantener un padrón confiable parecería estar siempre fuera de las posibilidades realistas de realización para un partido como el nuestro. Los requerimientos administrativos y presupuestales consecuentes llevaron incluso a propuestas de que el partido abdique de su autonomía para resolver sus conflictos internos y solicite al Instituto Federal Electoral no sólo que formule el padrón de afiliados, sino que se responsabilice de organizar el proceso electoral interno.

La solución parecería estar en la desfaccionalización de la integración del padrón en el diseño de una base de datos homogénea, sencilla y manejable por instancias profesionales y técnicas del partido, en la descentralización de su administración a los niveles respectivos de organización –de base, municipal, estatal y nacional-, pero de conformidad con principios y normas coherentes determinadas por el Consejo Nacional y cuya incorporación y supervisión queda a cargo del Comité Nacional del Servicio Electoral.

 

3.4.4 Tiempos electorales

La política es oportunidad. Y el calendario de la elección centralizada trianual, prácticamente entre un medio desbalanceado de las elecciones constitucionales federales, difícilmente podría ser más inoportuno para la organización y preparación del partido en los procesos electorales del país a todos los niveles. Parece indispensable racionalizar el calendario electoral del partido descongestionando la renovación simultánea integral de la decena de instancias de direcciones del partido, previsto en el artículo 12º del Estatuto, y adecuándolo a los requerimientos de las elecciones constitucionales en cada entidad federativa y en la Federación en su conjunto. Se trata no sólo de prevenir la conjunción de procesos electorales nacionales, estatales, municipales y delegacionales y de base, de todas las instancias del partido, también se trata de imprimirles racionalidad a la luz de los requerimientos de la preparación y participación debida en las elecciones municipales, legislativas y de gobernador en los estados, y del Congreso de la Unión y del Presidente de la República.

El calendario político electoral nacional es singularmente enredado. Obedece bien a las trampas del control del PRI-gobierno multiplicando jornadas electorales, o bien a la inestabilidad de la transacciones políticas sobre las bases de la representación legislativa como lo acredita la irracional renovación sexenal íntegra del Senado. Sin duda debe ordenarse, simplificarse y racionalizarse para conducir el futuro democrático del país. Sin embargo, el calendario electoral interno del partido debe ajustarse al calendario de la elección constitucional, si la inoportunidad e improvisación no han de seguir atrofiando nuestra participación electoral.

 

3.4.5. “Paquetes” y cómputos electorales

Las boletas conteniendo los votos depositados en las urnas es la prueba directa, inmediata, de los resultados de una elección. Para todo efecto práctico generalizado de la legislación electoral prisita ocultó y atrofió este medio de prueba sustituyéndolo con actas de escrutinio y cómputo fácilmente defraudable por funcionarios de casilla parciales. La atrofia de las constancias probatorias se exacerbó con la destrucción de las boletas electorales que comprobaban el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y con la reforma salinista que ordenó su destrucción en los distritos. La normatividad electoral del PRD acogió en buena medida la obstrucción del sistema electoral nacional al recuento de votos como medio probatorio de la validez de una elección y que debe revisarse necesariamente como parte de la adecuación del sistema electoral interno del partido. Más aún, parecería de lo más significativo que nos familiarizaramos con el sistema de votación y cómputo electoral que tanto éxito tuvo en Brasil, y abandonemos el paradigma de tan arcaico y tramposo sistema electoral mexicano.

 

3.4.6. El Servicio y la jurisdicción electorales

Hay que desarticular la centralización en el Comité Ejecutivo Nacional, en los órganos centrales del Servicio Electoral Nacional, y en la Comisión Nacional de Garantía y Vigilancia, de las funciones administrativas y jurisdiccionales de los procesos electorales estatales, municipales y de base, descentralizarlo a instancias estatales y municipales previo programa de capacitación y profesionalización.

Se requiere partir de la despolitización y profesionalización del Servicio Electoral y de las Comisiones Nacional y Estatales de Garantías y Vigilancia. Junto con los nombramientos de sus titulares prestigiados no sólo por su honradez, sino también por su aptitud profesional, hay que establecer servicios profesionales partidistas con base en el mérito, la imparcialidad, la eficiencia, objetivamente garantizados mediante funciones de carrera y los exámenes consecuentes de oposición para el ingreso y la promoción. El establecimiento y desarrollo de un centro de formación de cuadros vinculado y orientado a esos derroteros parecería fundamental.

Es evidente el imperativo de separar plenamente la función, la administración y la jurisdicción electorales, suprimiendo las bases para las intervenciones políticas de los comités ejecutivo, nacional, estatales y municipales. Asimismo es indispensable integrar y estructurar los servicios electorales y las comisiones de Garantías y Vigilancia con la anticipación suficiente para presupuestar, agendar y administrar debidamente sus funciones, de acuerdo con el calendario electoral.

La erosión de la autonomía del partido se ha puesto en evidencia con la atrofia de su capacidad para resolver sus conflictos internos, con los recursos al Instituto Federal Electoral, paradójicamente creado originalmente por Salinas para neutralizar al PRD.

Es fundamental la despolitización y profesionalización de las Comisiones Nacional y Estatales de Garantías y Vigilancia. La descentralización de la competencia en materia de conflictos electorales, restringiéndola a la elección de órganos de dirección nacional, la interpretación directa del Estatuto y, en segunda instancia, a cuestiones locales que exigen interpretación estatutaria directa. O sea, que tanto los órganos electorales como los jurisdiccionales tengan competencia definida, que con ello se evite la centralización y que, se estime siempre de manera muy profesional, que las cargas de trabajo se correspondan con la capacidad de recursos disponibles e infraestructura instalada.

 

3.4.7 Profesionalización

De la misma suerte parece fundamental limitar los nombramientos políticos en los órganos de dirección del partido a los titulares electorales en los órganos e dirección y establecer un servicio profesional estable, eficiente, responsable, fundado en el mérito, la aptitud y la honestidad objetivamente evaluados. Y sobre esta base realizar una suerte de campaña nacional al interior del partido, para lograr reconquistar la credibilidad en estos órganos necesarios y útiles, para el ejercicio pleno de los derechos de la militancia.

Establecer un centro de formación de cuadros profesionales del partido vinculado a la estructuración del servicio profesional. Este deberá centrar su atención en la capacitación de la militancia para la defensa de sus derechos civiles y políticos, a la vez, que defienda sus prerrogativas propias de un afiliado; en la formación de profesionales especializados para desempeñarse en los órganos jurisdiccionales y electorales; en formación de cuadros de dirección partidaria, del parlamento democrático y de gobiernos acordes con los postulados del PRD.

 

3.4.8. Auditoria integral de fondo

Los problemas administrativos encontrados por descontrol del gasto en el proceso electoral 95 exige que se proponga a este Consejo Nacional la realización de una auditoria de fondo, rigurosa e imparcial, no sólo del ejercicio de dicho gasto, sino también de la eficiencia y eficacia de los patrones respectivos de organización y administración partidista y electoral que prolongan los vicios que se hicieron patentes en el elecciones internas investigadas. El trabajo y los resultados de esta auditoria deben ser pieza fundamental para ilustrar a este Consejo Nacional sobre su propuesta de reforma al marco operativo del partido que, en su caso, presentaría al Congreso Nacional no electivo que se abocaría a la refundación institucional que exige el desarrollo institucional democrático y ordenado, independientemente del dictamen sobre el ejercicio presupuestal y las responsabilidades resultantes.

4. Propuestas particulares.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo segundo del Resolutivo Especial sobre la creación de la Comisión para la Legalidad y la Transparencia del Partido de la Revolución Democrática, de su VII Congreso Nacional, y en los artículos 9º numeral 2 inciso a) y 4º numeral 1 inciso a) de su Estatuto en relación a los artículos 74 y 75 de su Reglamento General de Elecciones y Consultas, esta Comisión en las resoluciones adoptadas por unanimidad de sus integrantes y cuyo texto integro es parte de este informe, propone al Consejo Nacional del partido las siguientes soluciones a los problemas de defraudación encontrados:

 

4.1. A nivel estatales

•  El reconocimiento de la validez de la elección Víctor Manuel Bautista López como presidente y José Luis Gutiérrez Cureño como secretario general del partido en el Estado de México ,96 de Alma Gómez Caballero como presidenta y de Luis Pavel Aguilar Raynal como secretario general en el Estado de Chihuahua , 97 de Arturo Ortiz Méndez como secretario general estatal en Zacatecas , 98 de Eduardo Argüijo Baldenegro como secretario general estatal de los siguientes resultados electorales: Planilla 1, 1355 votos, Planilla 2, 1076 votos, Planilla 4, 1169 votos en la elección de consejeros nacionales en Nuevo León ,99 y de José Luis González Nájera por el XI Distrito por el Estado de Chiapas. .100

•  El reconocimiento de la nulidad de las elecciones de presidentes y secretarios generales estatales y municipales, de consejeros estatales y nacionales, delegados al Congreso Estatal y Nacional y de Comités Ejecutivos de Base en Campeche 101 y Jalisco. 102

El reconocimiento de la nulidad de la elección de presidente y secretario general estatales, delegados al Consejo Nacional y de delegados al Congreso Nacional del Partido en San Luis Potosí. 103

El reconocimiento de la nulidad de la elección de presidente y secretario general estatales, consejeros nacionales y estatales en Tamaulipas. 104

El reconocimiento de la nulidad de la elección de presidente y secretario general estatales en Aguascalientes 105 y California. 106

El reconocimiento de la nulidad de la elección de consejero estatal por el Distrito XIV en el Estado de México . 107

El reconocimiento de nulidad de la elección de consejero estatal por el VI Distrito en el estado de Coahuila . 108

El reconocimiento de la nulidad de la elección de consejero estatal por el Distrito Local XXIV ( Nezahualcoyotl ), 109 y por el Distrito X (Valle de Bravo), Estado de México. 110

 

4.2. Nivel municipal y delegacional

•  El reconocimiento de Tonatiuh Villanueva Caltempacan como presidente del partido en Mérida , Yucatán, 111 de Mauro Mena Franco como secretario general del Comité Ejecutivo Municipal en León Guanajuato; 112 de Ramón Jiménez López como presidente delegacional en Gustavo A. Madero , D.F. 113 de Ana Luisa Cárdenas Pérez como secretaria general del Partido en la Delegación Coyoacán , D.F; 114 de Teodora Valdés Neri como presidenta y Jaime Martínez Pérez como secretario general en Yautepec , Morelos; 115 de Selder Guadalupe García Tanori como presidente y Luis Alberto Díaz Godínez como secretario general del Comité Ejecutivo municipal en Hermosillo , Sonora, 116 de Rubiel Gamboa Cárcamo como presidente y Heriberto Orantes Martínez como secretario general del Comité Ejecutivo Municipal de Villaflores , Chiapas. 117

•  Reconocer la nulidad de las elecciones de presidente y secretario general del Comité Ejecutivo Municipal y promover lo necesario para la reposición del procedimiento de elecciones debidas en Dr. Mora 118 y Salamanca , Guanajuato, 119 Suchiate, 120 Arriaga , 121 y Ocosingo 122 Chiapas; en Nuevo Laredo 123 y Ciudad Madero, 124 Tamaulipas; en Xalapa , en Veracruz, 125 en Nezahualcoyotl , 126 Naucalpan 127 Tlalnepantla , 128 Santiago Tianguistengo, 129 Tlalmanalco, 130 Nextlapa, 131 Metepec, 132 Estado de México; en Piedras Negras , Coahuila, 133 en Jacona, 134 Michoacán; y San José Iturbide , Guanajuato, 135 así como la nulidad de la elección de secretario general del Comité Ejecutivo en Hidalgo , Nuevo León. 136

•  Para determinar la validez o la nulidad de las elecciones, se deben computar las casillas 3, 11 y 12 en la elección de presidente y secretario general del Comité Ejecutivo Municipal en Mexicali , Baja California; 137 desestimar la resolución de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia recaída en su expediente 937DF/02 relativa a la elección de presidente y secretario general del Comité Ejecutivo Delegacional en Tlahuac , D.F., 138 y que se expida la constancia de validez una vez que se haya resuelto el fondo del asunto; que se abran los paquetes electorales correspondientes a la elección de presidente y secretario general del Comité Ejecutivo Municipal en la Delegación Magdalena Contreras , y que se expida la constancia de validez respectiva de acuerdo con el cómputo correspondiente; 139 que se desestime la resolución de procedimiento de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia recaída en su expediente 359DF/02 relativa a la elección de presidente y secretario general del Comité Ejecutivo Delegacional en Venustiano Carranza , D.F., aunque no se acreditaron elementos para la nulidad de la elección y de las constancias se desprende que el cómputo respectivo procedió conforme a la normatividad aplicable y no hay prueba de fraude. 140

 

4.3. A nivel de base

Reconocer la nulidad de la elección de Comité Ejecutivo de Comité de Base y proveer lo necesario para la reposición del procedimiento debido de elecciones de la Unidad Territorial San Pedro Xalpa de Azcapotzalco , D.F., 141 de la Unidad Territorial de Guadalupe del Moral , Iztapalapa D.F.; 142 de San Mateo Centro Xalpa , Xochimilco, D.F. 143 de la Unidad Territorial de Rosario II de la Delegación Azcapotzalco, D.F. 144

•  Nombramientos y convocatorias

De conformidad con la resolución del VII Congreso Nacional, hacer y promover los nombramientos y las convocatorias a elecciones correspondientes en los términos previstos en los artículos 9º numeral 2, incisos a), f) y n), 8º numeral 4 incisos b) y e), y 7º numeral 2 inciso c) del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática.

 

4.5. Acciones especiales

•  Que los múltiples señalamientos testimoniales y documentos integrados en estos expedientes de investigación coincidieron en señalar un profundo y violento antagonismo estructural de la situación imperante en el partido en los estados de Jalisco, Campeche y Tamaulipas al fondo de sus principios democráticos establecidos en el artículo 2º de sus Estatutos que impide el ejercicio de los derechos fundamentales de sus afiliados establecidos en su artículo 4º. La investigación de esta Comisión, en el marco del mandato que le dio el VII Congreso Nacional, comprobó los elementos respectivos que sustentan esta resolución y sus consideraciones. Sin embargo, esta Comisión también considera que la situación imperante debe atraer la atención especial del Consejo Nacional y de los órganos regulares de dirección del Partido para profundizar en la investigación, comprobación y solución de las causas de fondo de los problemas de defraudación electoral que sufre el partido en estos estados.

•  Que promueva lo necesario para realizar una auditoria del gasto en el proceso electoral interno de acuerdo con los resultados en la investigación en los expedientes acumulados CLT/OAX/036 y 021, CLT/VER/008/ Y CLT/SLP/094.

•  Que promueva lo necesario para cubrir los derechos patrimoniales violentados de Marco Aurelio Ortiz relacionados en el expediente arriba señalado.

 

4.5. Fundamento

Parte medular del trabajo es cumplir con el mandato del Congreso que textualmente obliga a “presentar la propuesta de solución –particular- a los problemas encontrados” como resultado de la investigación de “las irregularidades tipificadas como fraudes electorales” y “de las acciones y omisiones cometidas por las direcciones del Partido, órganos electorales y jurisdiccionales, así como de todos los candidatos que contribuyeron a violentar las normas estatutarias”. De acuerdo con el procedimiento de investigación, los problemas se materializaron en los agravios expresados por los promoventes ante la Comisión. Las propuestas de solución a los problemas particulares encontrados en la investigación, de conformidad con lo dispuesto por el VII Congreso Nacional, deben encontrarse en la aplicación de las “normas del Partido” establecidas para garantizar el ejercicio del derecho primigenio de “todo miembro del Partido, en igualdad de condiciones, a votar y ser votado, bajo las condiciones establecidas en el presente Estatuto y en los reglamentos que del mismo se deriven” 145 y para prevenir y solucionar su defraudación. El Reglamento General de Elecciones y Consultas establece, a su vez, las normas respectivas para determinar las soluciones a los problemas particulares de defraudación encontrados. Estas soluciones, en esencia y finalmente, son:

•  a) El reconocimiento de la validez de la elección de quienes obtuvieron la mayoría de votos válidos cuando la investigación comprueba la defraudación del triunfo legítimo a la luz de las normas del partido aplicables.

•  b) El reconocimiento de la nulidad de una elección y la reposición del procedimiento de la elección respectiva, cuando la investigación acredita lo fraudulento de la declaración de validez a la luz de las normas del mismo partido aplicables.

Las normas significativas previenen tres hipótesis de “causales de nulidad de un proceso de elección del Partido”. Procede la nulidad cuando la votación recibida en más del veinte por ciento de las casillas está viciada, a su vez, por alguna o más de las trece causales de nulidad previstas por el mismo reglamento; 146 “cuando no se instale el 20 por ciento de las casillas en el ámbito de que se trate y consecuentemente la votación no hubiese sido recibida”; y cuando el Servicio Electoral acredite que quien obtuvo la mayoría de votos sobrepasó los topes de gastos de campaña. 147 A contrario sensu , cuando se declara la nulidad de una elección sin fundamento en las normas respectivas del partido, la declaración es errónea y en caso de dolo fraudulenta.

El fundamento de las propuestas de solución, hay que hacer énfasis, es, el mandato del Congreso Nacional. Como “autoridad suprema del Partido” en los términos estatuarios, 148 ordenó la investigación y revisión de las resoluciones no sólo de las direcciones del partido, y del Servicio Electoral, sino también de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia, constitutivas de defraudación electoral. La resolución del Congreso también obligó a esta Comisión a proponer la solución a los problemas generados cuando dichas resoluciones violasen las normas democráticas del partido y tuviesen una naturaleza fraudulenta. De acuerdo con la resolución del Congreso corresponde al Consejo Nacional “resarcir los daños políticos causados” por ellas, de acuerdo con la normatividad aplicable referida antes.

Son insostenibles las resoluciones de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia violatorias de la legalidad democrática del partido, a la luz de lo resuelto por la autoridad suprema del VII Congreso Nacional que obligó a investigarlas y a formular las propuestas de solución correspondientes a los problemas de defraudación encontrados y obligan ahora a resarcir los daños políticos ocasionados de acuerdo con las normas del partido.

Si la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia hubiese cumplido su obligación estatutaria fundamental “de garantizar los derechos de los afiliados del Partido y vigilar la aplicación del Estatuto”, regida “por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad”, evidentemente, el Congreso Nacional no hubiese ordenado y obligado a la investigación de sus actuaciones y a la solución de los problemas de defraudación que generaron, con las propuestas de este informe y con el resarcimiento consecuente de los daños causados.

Las acciones y omisiones de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia en este contexto de defraudación, como se señaló antes, fueron particularmente significativas en tanto que es la última instancia ordinaria para hacer valer la legalidad democrática del partido frente a las reiteradas demandas de justicia denegada a los afiliados agraviados en sus derechos fundamentales. Por la denegación de justicia consolidada en dicha Comisión, fue que la autoridad suprema del Congreso Nacional tuvo que intervenir con el resolutivo de mérito para abrirle cauce, precisamente con la legalidad y la transparencia .

El desarrollo democrático del partido no puede admitir el principio de la ilegitimidad de la autoridad sustentada en la defraudación y que ahora se comprueba, que plagó el proceso electoral interno en términos del Congreso Nacional al ordenar su investigación y remedio. Toca a este Consejo Nacional impedir que el Partido de la Revolución Democrática llegue a navegar en el lodo de la ilegitimidad en el que naufragó el régimen fraudulento y usurpador de Carlos Salinas.

El partido y sus afiliados en sus doce años de vida, hemos confrontado innumerables agresiones, fraudes y violencia de todo tipo. Los ataques de fuera a nuestros principios, a nuestros valores y a su proyección en el país no han hecho tanto daño como la defraudación interna de la democracia. Las crisis mayores para la existencia del partido han estallado en la renovación de sus dirigencias, con gravísimos costos para nuestra proyección y nuestra participación en elecciones constitucionales.

Hasta ahora se ha eludido abordar y resolver las causas de fondo de la defraudación interna con un deterioro evidente para el partido en el contexto político nacional. Si, en esta ocasión, la defraudación se consolida, por encima de lo resuelto por el Congreso Nacional, todo permite pensar, siguiendo la tendencia histórica, que ello sería fatal para el Partido de la Revolución Democrática en la próxima renovación de su dirigencia y para su participación en las elecciones constitucionales incluyendo las previstas para el 2006.

 

Notas a pie

1 . Por lo que en los siguientes ciento dos expedients no se encontraron los elementos indispensables para continuar con las investigaciones: CLT/EM/149, CLT/EM/143, CLT/EM/134, CLT/EM/052, CLT/EM/145, CLT/DF/129, CLT/DF/013, CLT/EM/135. CLT/EM/138, CLT/EM /SIN/005, CLT/DF/010, CLT/DF/087,CLT/DF/227, CLT/SLP/203, CLT/VER/022, CLT/EM/104, CLT/QRO/083, CLT/EM/207, CLT/PUE/213, CLT/DF/ 06, CLT/DF/099, CLT/SLP/199, CLT/HGO/077, CLT/COAH/206, CLT/CHIH/218, CLT/COAH/056, CLT/CHIS/077, CLT/SLP/180, CLT/SLP/198, CLT/SLP/133, CLT/SLP/179, CLT/SLP/202, CLT/EM/158, CLT/EM/141, CLT/EM/148, CLT/CHIH/124, CLT/EM/153, CLT/DF/209, CLT/PUE/214, CLT/GTO/108, CLT/MICH/163, CLT/SLP/196, CLT/DF/219, CLT/SLP/193, CLT/SLP/178, CLT/SLP/191, CLT/SLP/171, CLT/SLP/197, CLT/SLP/201, CLT/SLP/132, CLT/SLP/166, CLT/SLP/188, CLT/SLP/194, CLT/CHIH/125, CLT/PUE/128, CLT/CHIS/070, CLT/CHIH/097, CLT/CAMP/059, CLT/EM/115, CLT/EM/139, CLT/EM/152, CLT/TAMPS/033, CLT/EM/159, CLT/EM/137, CLT/EM/136, CLT/EM/156, CLT/EM/018, CLT/DF/079, CLT/DF/120, CLT/DF/119, CLT/DF/151, CLT/EM/154, CLT/MICH/220, CLT/CHIS/047, CLT/CHIH/098, CLT/CAMP/051, CLT/PUE/084, CLT/CAMP/061, CLT/CAMP/057, CLT/CAMP/065, CLT/CAMP/063, CLT/PUE/122, CLT/CAMP/060, CLT/CAMP/062, CLT/CAMP/064, CLT/CHIH/123, CLT/EM/150, CLT/SLP/192, CLT/EM/147, CLT/EM/146, CLT/EM/155, CLT/EM/157, CLT/EM/144, CLT/CHIH/126, CLT/EM/140, CLT/SLP/200, CLT/DF/012, CLT/SLP/161, CLT/SLP/195, CLT/SLP/165, CLT/NL/020, CLT/COAH/067

2 . CLT/GTO/216, CLT/DF/054, CLT/DF/049, CLT/DF/014, CLT/DF/039, CLT/DGO/224, CLT/DGO/160, CLT/EM/091, CLT/EM/044, CLT/EM/074, CLT/CHIS/114, CLT/DF/093, CLT/EM/073, CLT/NL/026, CLT/DF/092, CLT/CHIS/023, CLT/CHIS/088, CLT/CHIS/222, CLT/PUE/130, CLT/VER/009, CLT/EM/025, CLT/EM/118, CLT/DF/100, CLT/DF/089, CLT/DF/068, CLT/DF/046, CLT/EM/032, CLT/EM/142, CLT/EM/055, CLT/DF/121 y CLT/EM/075.

3 . CLT/EM/045, CLT/EM/048, CLT/NL/110, CLT/OAX/226 y 226 BIS ACUMULADO, CLT/EM/085, CLT/EM/185, CLT/TAMPS/034, 027 Y 043 ACUMULADO, CLT/CHIS/114, CLT/BC/017, CLT/CAMP/223, 069, 058,Y 050 ACUMULADOS, CLT/DF/053, CLT/DF/001, CLT/GTO/038, CLT/GTO/109, CLT/EM/075, CLT/VER/009, CLT/EM/186, CLT/MOR/030, CLT/JAL/003, 003BIS, 004, 103, 117, 215, 028, 011 Y 035 ACUMULADO, CLT/EM/016, 078, CLT/MICH/069, CLT/SLP/094, 095, 167, 168, 170, 176, 177, 181, 182, 183, 184, 187, 189 Y 19, CLT/TAMPS/106 Y 164 ACUMULADOS, CLT/EM/071, 105 Y 107 ACUMULADOS, CLT/OAX/036 Y 021, VER/008, SLP/094

4 . Heberto Castillo “El Partido de la Revolución Democrática” en Heberto y el PRD, Ediciones Proceso y Fundación Heberto Castillo Martínez, A.C., México, D.F., 1999, p. 39.

5 . Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, artículo 1º numerales 1 y 2, y 2º numerales 1 y 2.

6 . Expediente de investigación CLT/CAL/221.

7 . Expediente de investigación CLT/CHIS/041.

8 . Expediente de investigación CLT/BC/017.

9 . Expediente de investigación CLT/CAMP/223.

10. Expediente de investigación CLT/TAMPS/174.

1 1. Expedientes de investigación CLT/OAX/036 y 02.

1 2. Expediente de investigación CLT/SLP/094.

1 3. Expediente de investigación CLT/MOR/030.

1 4. Expediente de investigación CLT/EM/085.

1 5. Expediente de investigación CLT/DF/121.

1 6. Expedientes de investigación CLT/JAL/003 y acumulados.

1 7. Expedientes de investigación CLT/EM/016 y 078.

1 8. Expediente de investigación CLT/CHIS/162.

1 9. Expediente de investigación CLT/SLP/094 y acumulados.

20 . Expediente de investigación CLT/MICH/164.

21 . Expediente de investigación CLT/AGS/173.

22 . Expedientes de investigación CLT/TAMPS/ 106 y 164.

23 . Expedientes de investigación CLT/CAMP/223 Y 069.

24 . Expediente de investigación CLT/CHIH/037.

25 . Expediente de investigación CLT/ZAC/015.

26 . Expedientes de investigación CLT/NL/019, 027, 081 y 082.

27 . Expediente de investigación CLT/BC/017.

28 . Estatuto, artículo 20, numeral “y”, incisos b y c.

29 . Artículo 5º y 7.

3 0. Artículo 7.1 y 2.

3 1. Artículo 7.3, 4, 5 y 6.

32. Artículo 7.7.

33. Artículo 7.8.

34. Artículo 10º.9, 10.4.11.

35. artículo 8º.1,.2,.3,.4.

36. Artículo 8º .5 y .6.

37. Artículo 9º.8.

38. Artículo 8º.9.

39. Artículo 10º. 1.9.9.

4 0 . Artículo 9º 1. a 5.

4 1 . Artículo 9º 6.

42. Artículo 9º. 9.

43. Artículo 9º.10.

44. Capítulo VII.

45. Artículo 16º.

46. Artículo 17º.

47. Artículo 18º.

48. Artículo 9º.8.

4 9 . Artículo 9º.7.

5 0 . Artículo 7º.9.

5 1 . Giovanni Sartori. Partidos y Sistemas de Partido , Alianza Editorial, Madrid, 1999, p. 101.

5 2 . Estatuto artículo 16º numeral 2.

5 3 . Id. artículo 11º numeral 5.

5 4 . Reglamento de Elecciones y Consultas artículos 10.2 y 11

5 5 . Id . artículo 14.

5 6 . Id . artículo 15-1.

5 7 . Id . artículo 16.

5 8 . Reglamento de Ingreso y Membresía aprobado por el Pleno ordinario el IV Congreso Nacional, los días 13, 14 y 15 de julio de 2001 artículo 6º.

5 9 . Id . artículo 9º

60. Id. artículo 16º.

61. Id . artículo 18º.

62. Id . artículo primero transitorio.

63. Id . artículo segundo transitorio.

64. Id . artículo sexto transitorio.

65. Id . artículo séptimo transitorio.

66. Estatuto, artículo 5º numeral 2.

67. Reglamento de Elección y Consulta, artículo 52 numeral 1.

68. Estatuto, artículo 5º numeral 2.

69. Reglamento artículo 15.2.

7 0 . Id . artículo 53.1 a).

7 1 . Id . artículo 54.3 y 4.

72. Reglamento de Elecciones y Consulta, artículo 54.

73. Reglamento de Elecciones y Consulta artículo 74 numeral 1 inciso 1.

74. Id . artículo 57 numeral 1.

75. Id . artículo 58 numeral 1.

76. Id . artículo 74, numeral 1 inciso a).

77. Id . artículo 75 numeral 1 inciso b).

78. Id . artículo 55.

79. La causal de nulidad establece que se realice en un “lugar distinto al señalado por la instancia correspondiente, sin haber existido caso fortuito o fuerza mayor” Id . artículo 74 numeral 1. inciso a), lo que abrió las puertas a su manipulación.

8 0 . Al prevenir que “el Servicio Electoral en el municipio o la región integrarán en un plazo de 24 horas al Servicio Electoral en el estado, los paquetes electorales, las actas circunstanciales, si las hubiese, y las actas de cómputo municipal”. Id. artículo 60 numeral 2 inciso h)y no hay disposiciones estatutarias sobre las localidades de los cómputos nacional estatales.

81. Estatuto artículo 12º numeral 3

82. Id . artículo 2º numeral 7.

83. artículo 18.10.1.

84. artículo 16º.7.7.

85. Id . artículo 18 numeral 7.

86. Reglamento de Consultas y Elecciones, artículo 69 numeral 3.

87. Estatuto artículo 16º numeral 1.

88. Id . numeral 7.

89. Id . artículo 18º numeral 10 inciso a).

9 0 . Id . artículo 2º numeral 5.

9 1 . Reglamento de Elecciones artículo 54 numerales 3 y 4.

92. Id . artículo 60, inciso b).

93. Estatuto artículo 18º numeral 2.

94. Véase : Ernesto Zedillo, carta a Luis Donaldo Colosio de 19 de marzo de 1994, en Reforma , 3 de octubre e 1995.

95. Expedientes acumulados número CLT/OAX036 y 021, CLT/VER/008 y CLT/SLP/094/07-02.

96. Expedientes acumulados CLT/EM/016 y 078/07-02.

97. Expediente número CLT/CHIH/037/07-02.

98. Expediente número CLT/ZAC/015/07-02.

99. Expedientes acumulados número CLT/NL/019, 027, 081 Y 082/07-02.

100. Expedientes acumulados número CLT/CHIS/162, 041 y 042/07-02.

1 01 . Expedientes Acumulados número CLT/CAMP/069, 058 Y 050/07-02.

102. Expedientes acumulados CLT/JAL/003, 003 BIS, 004, 103, 117, 215, 028, 011 Y 035.

103. Expedientes acumulados CLT/SLP/094, 095, 167, 168, 170, 176, 177, 181, 182, 183, 184, 187, 189 y 190.

104. Expedientes acumulado CLT/TAMPS/106 y 164/07-02.

105. Expediente número CLT/AGS/173/07-02.

106. Expediente número CLT/CAL/221/07-02.

107. Expediente Número CLT/EM/186/07-02.

108. Expediente número CLT/COAH/066/07-02.

109. Expediente número CLT/EM/116/07-02.

110. Expediente número CLT/EM/085/07-02.

111. Expediente número CLT/YUC/072/07-02.

112. Expediente número CLT/GTO/038/07-02.

113. Expedientes acumulados número CLT/DF/090 y 113/07-02.

114. Expediente número CLT/DF/172-07-02.

115. Expediente numero CLT/MOR/030/07-02.

116. Expediente número CLT/SON/175/07-02.

117. Expediente número CLT/CHIS/031/07-02.

118. Expediente número CLT/GTO/086/07-02.

119. Expediente número CLT/GTO/109/07-02.

120. Expediente número CLT/CHIS/205/07-02.

1 21 . Expedientes acumulados CLT/CHIS/162, 041 Y 042/07-02.

122. Expediente número CLT/CHIS/076.

123. Expediente número CLT/TAMPS/174/07-02.

124. Expedientes acumulados número CLT/TAMPS/034, 127 Y 043/07-02.

125. Expediente número CLT/VER/112/07-02.

126. Expediente número CLT/EM/096/07-02.

127. Expedientes acumulado número CLT/EM/102 y 131/07-02.

128. Expedientes acumulados número CLT/EM/071, 105 y 107/07-02.

129. Expediente número CLT/EM/040/07-02.

130. Expediente número CLT/EM/048/07-02.

1 31 . Expediente número CLT/EM/217/07-02.

132. Expediente número CLT/EM/029/07-02.

133. Expediente número CLT/COAH/024/07-02.

134. expediene número CLT/MICH/002/07-02.

135. Expediente número CLT/GTO/101/07-02.

136. Expediente número CLT/NL/110/07-02.

137. Expediente número CLT/BC/017/07-02.

138. Expediente número CLT/DF/111/07-02.

139. Expediente numero CLT/DF/053/07-02.

140. Expediente número CLT/DF/208/07-02.

1 41 . Expediente número CLT/DF/211/07-02.

142. Expediente número CLT/DF/212/07-02.

143. Expediente número CLT/DF/080/07-02.

144. Expediente número CLT/DF/210/07-02.

145. Estatuto artículo 4º numeral 1 inciso a).

146. Artículo 74. 1.- La votación recibida en una casilla será declarada nula cuando se acredite cualquiera de las siguientes causales:

•  se instale la casilla o se realice el escrutinio y cómputo en lugar distinto al señalado por la instancia correspondiente, sin haber existido caso fortuito o de fuerza mayor;

•  se entregue el paquete electoral correspondiente a la instancia del Servicio Electoral autorizada, fuera de los plazos establecidos, sin haber mediado caso fortuito o de fuerza mayor;

•  se reciba la votación en fecha u hora distinta a la señalada para la celebración de la elección;

•  que personas u organismos distintos a los facultados por el presente Reglamento hayan recibido la votación en las casillas durante la jornada electoral;

•  se compruebe dolo o error en el escrutinio y cómputo de los votos que sea irreparable, y determinante para el resultado de la votación;

•  se haya permitido sufragar sin que aparezca el nombre en la base de datos del padrón de miembros del Partido;

•  se impedido el acceso a la casilla o expulsado sin causa justificada a alguno de los representantes de los candidatos o planillas;

•  se ejerza violencia física, presión, manipulación, o inducción a votar en algún sentido, sobre los funcionarios de casillas, los votantes, o los representantes de las planillas o candidatos;

•  que, sin causa justificada, se impida el ejercicio del derecho al voto a los miembros y esto sea determinante para el resultado de la votación;

•  se acredite que algún candidato o planilla contendiente realizó “acarreo” —traslado de votantes y condicionamiento de su voto— a una casilla, o compra del voto;

•  se introduzcan o sustraigan ilícitamente boletas electorales de las urnas, y que esto sea determinante para el resultado de la votación;

•  se altere la base de datos de los miembros del partido en beneficio de algún candidato o planilla;

•  se acrediten plenamente irregularidades graves, no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, que pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma;

Para efecto de definir cuando los actos señalados son “determinantes para el resultado de la votación” se partirá de lo establecido en los criterios del Tribunal Federal Electoral.

147. Artículo 75, numeral 1, inciso c).

148. Estatuto. Artículo 10 numeral 1.

 

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