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Juntas de buen gobierno

¿Una etapa superior de la autonomía?

Héctor Díaz-Polanco *

En la Treceava estela (quinta y sexta partes), el Subcomandante Marcos dio cuenta de un conjunto de cambios que se operarían en las comunidades zapatistas de Chiapas, todos ellos relacionados con la práctica de la autonomía. En particular, anunció el nacimiento de los Caracoles como sedes de las nuevas Juntas de Buen Gobierno ( jbg ), llamadas así para establecer de inmediato un contraste con el “mal gobierno” de los niveles del actual régimen federal.

El vocero del ezln no duda en calificar estos cambios como “una etapa superior de organización”, que entraña el nacimiento de una nueva “forma” de autogobierno. No es que el autogobierno de las comunidades sea una invención zapatista; pero sin duda con el zapatismo se inicia una época que supone cambios importantes. Para empezar, según la narración del Sub , lo que sólo funcionaba “a nivel de cada comunidad” pasó “de lo local a lo regional”. El detonador fue la presencia del ezln , aunque éste imprimió su carácter político-militar a toda la estructura, ya que “el mando tomaba la decisión final”. Las cosas experimentan otro giro con la aparición de los municipios autónomos en rebeldía, puesto que el autogobierno “no sólo pasa de lo local a lo regional”, sino que además se desanuda de la influencia de la estructura militar zapatista, al menos en términos relativos. 1

Pero, a la postre, en la organización de la autonomía a la escala municipal se acumularon problemas de estructura y funcionamiento que era necesario encarar. No se busca ahora dejar de lado a los municipios autónomos, sino enmarcarlos en una nueva esfera de coordinación autonómica que permita, al mismo tiempo, resolver los problemas detectados y avanzar hacia la consolidación de los autogobiernos. De hecho, los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas ( marz ) mantienen sus “funciones exclusivas” en las materias de impartición de justicia, salud, educación, vivienda, tierra, trabajo, alimentación, comercio, información y cultura, tránsito local. Pero junto a éstas aparecen otras competencias que son propias de las jbg .

Caracoles y Juntas de Buen Gobierno

Los comunicados de julio anuncian la creación de sendas jbg en las cinco regiones rebeldes reconocidas por el ezln , que se echaron a andar el 9 de agosto. Sus sedes serán los Caracoles . Cada junta estará integrada por delegados (uno o dos) de los respectivos Consejos de los marz . Aunque los miembros del Comité Clandestino Revolucionario Indígena no participan en las juntas (de hecho, como se verá, en tanto tales lo tienen prohibido), como estructura política “vigilará” su funcionamiento para, dice el Sub , “evitar actos de corrupción, intolerancia, arbitrariedades, injusticia” y otras posibles desviaciones.

La sexta parte de la Treceava estela no sólo informa de los nombres propios de las jbg , asentadas en cada uno de los nuevos Caracoles (a saber, Selva Fronteriza, Tzots Choj, Selva Tzeltal, Zona Norte de Chiapas y Altos de Chiapas). Sobre todo es un ejercicio de cartografía autonómica, esto es, de delimitación territorial de cinco regiones autónomas. Esa determinación territorial, a su vez, en la medida en que va acompañada de un conjunto de competencias de los gobiernos regionales, demarca jurisdicciones propias de las respectivas juntas. ¿Qué criterio se utilizaron para definir estas regiones? Todavía es pronto para emitir un juicio seguro; pero todo indica que se tomaron en cuenta: 1) La unidad histórica que nace de prácticas comunes o las relaciones que han consolidado (o están en trance de consolidar) una nueva entidad sociocultural y territorial; 2) consideraciones para reestructurar y equilibrar el peso de los municipios y pueblos en las regiones (la relación San Andrés Larráinzar-Oventic puede ser un ejemplo) a favor de un reacomodo territorial. Desconocemos el influjo que pudieron tener los criterios políticos-militares en esta nueva organización.

Aparte de las atribuciones generales de las jbg —tales como contrarrestar en lo posible el desequilibrio en el desarrollo de los municipios, mediar en los conflictos entre municipios zapatistas y no zapatistas, atender las denuncias, protestas e inconformidades que genere el ejercicio de la autonomía, vigilar la realización de proyectos y tareas comunitarias en los marz , etcétera—, las competencias explícitamente reconocidas a este órgano de autogobierno son importantes y fuertes y, por ello, le atribuyen fundamentales poderes a escala de la región. Mencionemos las principales: 1) Por lo que respecta a los donativos y apoyos procedentes del exterior, la jbg correspondiente “decidirá, después de evaluar la situación de las comunidades, adónde es más necesario” que tales recursos se dirijan. 2) La jbg impondrá a todos los proyectos que se realicen en los municipios un "impuesto hermano" que monta el diez por ciento de los mismos. 3) Las juntas tienen la facultad de reconocer como zapatistas “a las personas, comunidades, cooperativas y sociedades de producción y comercialización”, para lo cual éstas deberán registrarse en una de aquéllas. 4) “Los excedentes o bonificaciones por la comercialización de productos de cooperativas y sociedades zapatistas se entregarán a las Juntas de Buen Gobierno”, para que éstas a su vez hagan las reasignaciones a las comunidades menos favorecidas. 2 En suma, las juntas podrán acordar el destino de los recursos que provengan de diversas fuentes externas (vitales en el momento actual y al parecer por un buen tiempo), expedir los certificados zapatistas de reconocimiento y, finalmente, formar un fondo para redistribución con los impuestos y los excedentes. Así, pues, si las cosas funcionan como se han planeado, las juntas tendrán un papel muy relevante en el sistema autonómico zapatista. La práctica mostrará si esto será para bien o para mal. Pero, en términos gruesos, no me cabe duda de que el camino ensayado es la ruta correcta, si de afianzar y enriquecer la vida autonómica de los pueblos se trata.

La escala regional

Con la instauración de las jbg se afirma la tendencia zapatista a coordinar las autonomías a escala regional. Esto puede contribuir a superar un debate, a menudo cáustico y amargo, que durante años ha dividido las filas intelectuales cercanas al zapatismo. Se puede decir que, en rigor, esta era una falsa discusión, cuyas motivaciones se encontraban más en disputas por posiciones de poder dentro del zapatismo que en el propósito de entender la dinámica del proceso autonómico en México. La disyuntiva entre la autonomía comunal y la autonomía regional fue siempre artificiosa. Se llegó a decir que la única y verdadera escala de la autonomía era la de la comunidad; y esto se dijo a nombre del zapatismo, no obstante que éste impulsaba, desde muy temprano, autonomías municipales cómo y dónde podía. Incluso se intentaron argumentaciones para dar sustento teórico a la idea de que la escala regional de la autonomía era ajena a la perspectiva y las aspiraciones de los pueblos indígenas, incluyendo a los zapatistas. Con la llegada de los Caracoles podemos esperar que se despeje el panorama. Esto es, que se acepte lo principal: los pueblos deben construir sus autonomías a todos los niveles y escalas; y las escalas supracomunales son, en definitiva, una condición de posibilidad de las autonomías comunitarias.

Sin duda, las jbg derivan de necesidades específicas de los pueblos indios de Chiapas. Como lo ha explicado el Sub , pese a ciertos logros notables, el desenvolvimiento de los municipios autónomos estaba generando también deformaciones y distorsiones. Las jbg procurarán resolverlas y, yendo más allá, provocar un salto adelante en el ejercicio de la autonomía. Pero hay razón para suponer que necesidades similares (aunque no iguales, pues no hay dos regiones idénticas) harán imprescindibles que pueblos de otras zonas del país, a su turno, se vean obligados a plantearse la coordinación regional de sus autonomías. La trascendencia de las jbg , en tanto organización regional, radica en que trasciende o puede trascender la particular realidad chiapaneca. El indicio de que esto puede ser así es el respaldo que ha recibido la iniciativa zapatista por parte de organizaciones indígenas de la más variada procedencia. Es claro que estas organizaciones no ven en la i nnovación de las jbg algo a copiar, pero sí la expresión de lineamientos y principios esenciales con los que se identifican. El principal de todos, me parece, es que las autonomías no pueden concebirse como un archipiélago de pequeñas entidades, aisladas unas de otras, y cada una enfrentada por sí sola al enorme poder del sistema homogeneizador y expoliador de los pueblos que tiene su encarnación más reciente en el neoliberalismo. Se requiere articular los esfuerzos y conjugar las acciones hacia la construcción de identidades cada vez más abarcadoras —no otra cosa implica el proyecto de “reconstitución” de los pueblos indios reiterado por las organizaciones— y hacia formas de autogobierno que las sustenten. Las autonomías locales (que las formulaciones regionales no niegan, sino que incluyen expresamente) requieren crear su propio entorno favorable. Y esa es la función esencial de la escala regional de la autonomía: coordinar y acorazar el poder local en construcción.

Vista de esta manera, la autonomía regional es un horizonte fundamental para los pueblos indios. Así parecen entenderlo los zapatistas y otras organizaciones. En la “Declaración final” del foro realizado en San Cristóbal de las Casas, los días 14 a 16 de agosto pasado, en el que participaron 75 organizaciones (indígenas y no indígenas) de Guerrero, Oaxaca, Estado de México y Chiapas, éstas reconocen sin ningún titubeo el carácter regional de las jbg : “Saludamos y reconocemos —dicen— la iniciativa zapatista de creación de los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno establecidas en las distintas regiones autónomas porque dan un nuevo impulso a la construcción de los procesos autonómicos”. 3

El nuevo contexto permitiría también desechar el siguiente argumento, repetido hasta el cansancio: que la autonomía de la comunidad nacería de abajo , mientras la regional sólo podría venir de arriba (por ser algo ajeno a los pueblos, de diseño burocrático, externo, impuesto). Se confundía así el proceso de construcción autonómica — que no puede realizarse si no desde abajo (por igual en la comunidad, el municipio o la región), en la entraña de los propios pueblos—, con el reconocimiento jurídico que da sustento legal a dicho proceso. La confusión quizás derivaba de que los “regionalistas” insistían en que el reconocimiento de la autonomía debía incluir un gran “menú” que permitiera a los pueblos dotarse de autonomía en los niveles acordes con sus aspiraciones y necesidades identitarias, incluyendo el municipal y el regional. Esto era una respuesta al intento del gobierno federal (especialmente durante el zedillismo) de reducir al máximo, hasta la nada si era posible, el alcance de la autonomía. Pero el reconocimiento de la autonomía, en cualquier escala, no supone que ésta deba construirse “desde arriba”; de hecho, ni el reconocimiento mismo, si es tal, es una concesión desde arriba, pues siempre es una conquista de los sujetos que luchan por la autonomía. La experiencia, incluyendo la mexicana, enseña que los de arriba nunca reconocen derechos de autonomía si no media la presión y la fuerza de los de abajo. El reconocimiento, tampoco, construye vida autónoma alguna . Su propósito es convenir que las tareas emprendidas por los pueblos para edificar sus autogobiernos y conducir sus propios asuntos, son parte del proyecto de toda la sociedad nacional: que la autonomía se asume como un valor compartido y una meta democrática que merece el apoyo de todas las instituciones que la propia sociedad se ha dado. La autonomía regional que comienzan a construir los zapatistas en los Caracoles se realiza a contrapelo del marco legal, debido a que las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión en abril de 2001 no permiten, en realidad, ningún ejercicio autonómico en su estrecho marco. 4 Volveremos sobre este punto. Pero no es eso lo que explica que los zapatistas comiencen a construirlas “desde abajo”, pues si la autonomía hubiese sido reconocida ya en nuestra carta magna, de igual manera tendría que tejerse desde allí, con la acción de los propios pueblos. De otro modo, no sería una verdadera experiencia autonómica. ¿Qué implica entonces el reconocimiento? Que los pueblos de que se trata no tengan que pasar por el vía crucis de avanzar a contracorriente de la ley, enfrentados a las instituciones, a los aparatos represivos y sin disponer de los apoyos públicos de todo tipo a que tienen derecho. Ni más, pero tampoco menos.

Legalidad y legitimidad

Lo anterior nos lleva al punto de la legalidad de los Caracoles y las jbg . ¿Éstos entran o no en conflicto con las bases legales del país? La inclinación de partidarios y adversarios, por motivos distintos, ha sido proclamar que no hay contradicción. Los móviles que inspiran a los simpatizantes seguramente son honrados, pero eso no convierte su visión en acertada. No debe perderse de vista que tanto las jbg como de los municipios autónomos son autonomías de hecho . De otro modo, habría que aceptar que la legalidad actual, fruto de la malhadada reforma de abril de 2001, es suficiente y nada habría que reclamar. Pero sí hay algo que reclamar a los tres poderes públicos: que cada uno en su ámbito de responsabilidad ha dado la espalda al reconocimiento de los derechos de autonomía de los pueblos (el ejecutivo con su doble discurso, el legislativo con su funesta reforma y el judicial respaldando el desaseo del proceso).

Por lo que hace a la posición gubernamental, naturalmente, las motivaciones son distintas. En realidad, con la afirmación de que no hay conflicto, sólo se busca evadir el asunto político de fondo y hacer como que no pasa nada . En esa línea hay que colocar las declaraciones del Secretario de Gobernación, Santiago Creel, quien equiparó la iniciativa zapatista con las decisiones internas que toma un grupo privado para organizar sus actividades (parecido a las juntas que podrían acordar, por ejemplo, los miembros de un club Rotario). A mí me resulta claro que el ejercicio zapatista es un asunto público, y creo que el funcionario no lo ignora. Por ningún motivo las autoridades deben recurrir a la represión, pero deberían asumir que hay un desencuentro entre la legalidad y el derecho legítimo de los pueblos. La posición oficial deriva tan solo del cálculo de que, al menos por el momento, las jbg no implican una desafío al poder y a los intereses que éste resguarda. Se trata de no agitar las aguas (dadas las aspiraciones políticas en juego) o de evitar conflictos que, en las actuales circunstancias, ni el gobierno local ni el federal podrían afrontar con buenos resultados a su favor. Se trata también de ningunear , de ignorar o restar importancia al nuevo camino zapatista, lo que previó el Sub cuando —una vez terminado el anuncio de las jbg — escribió: “El gobierno federal y su ‘comisionado' ya saben qué es lo que tienen que hacer como que no existe”. 5 Es preocupante este coyuntural enfoque del gobierno. Pues, ¿qué es previsible que ocurra cuando la correlación de fuerza sea otra o cuando el ejercicio autonómico en su nueva etapa eventualmente colisione con las relaciones e intereses que el poder preserva? Entonces seguramente el discurso cambiará y, con violencia, se alegará la ilegalidad de dichas autonomías. Conviene, pues, insistir desde ahora en que si las autonomías que impulsan los pueblos no se ajustan a la legalidad establecida es porque se ha negado un derecho fundamental, incluso negando acuerdos mínimos, y ello justifica la resistencia indígena.

En el mejor de los casos es ingenuo, y en el peor inútil o torpe, insistir en que el Convenio 169 o los Acuerdos de San Andrés dan bases legales suficientes a los Caracoles y las jbg o, para el caso, a los propios municipios autónomos. En relación con el Convenio —independientemente de si este es, por sí mismo, sustento adecuado— se ignoran las jerarquías jurídicas asentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: la constitución general tiene prioridad, y precisamente ésta fue reformada con la intención de no incluir los principios de aquél. Por lo que respecta a los Acuerdos de San Andrés, ¿si éstos fueran ya parte de la ley suprema, por qué reclamaríamos que el congreso los apruebe, honrando lo pactado en 1996? Hay que insistir en la “reforma de la reforma”, sin abandonar la resistencia y el impulso de las autonomías. Otra cosa es subrayar la legitimidad de estas prácticas autonómicas, que sin duda les viene en primer lugar de los Acuerdos de San Andrés. Las organizaciones indígenas y ONG reunidas a mediados de agosto en Chiapas tienen claridad sobre este punto: “Reconocemos los Acuerdos de San Andrés y el Convenio 169 de la OIT como bases legitimas que dan sustento a los ejercicios de autonomía”. 6

La innovación zapatista

Los Caracoles y sus jbg , asimismo, arrojan luz sobre un punto crucial: la autonomía no es conservatismo a ultranza, apego estricto a una tradición que no puede ser perturbada ni por las brisas de la selva; un inmovilismo obstinado que se niega a incorporar nuevas instituciones, formas de organización social novedosas, principios de sociabilidad que, en su despliegue, suponen cambios sustanciales en los llamados “usos y costumbres”, etcétera. Es verdad: con la autonomía se busca ser fiel a una identidad, a unas normas que dan sentido y profundidad a la vida, pero es también innovación que busca enriquecer y dar continuidad a esa vida en circunstancias cambiantes. Incluso, es una clase de innovación que implica verdaderos desafíos para los cánones de la cultura “nacional” establecida. Como han sido planteados, los Caracoles y las jbg son una síntesis de tales innovaciones: nuevo órgano de autogobierno, nuevas funciones, atribuciones y competencias de las autoridades propias, propuestas de cambios en las relaciones sociales y políticas al interior de los pueblos... La idea de una autonomía centrada sólo en unos principios “comunales” inmutables, que no plantean nuevas articulaciones con la sociedad global en que los núcleos indígenas están insertos, que no busca ampliar la escala o el alcance del autogobierno y la vida en común, etcétera, no sólo empobrece el proyecto indígena, sino que condena a la misma autonomía a ser inviable, a ser una “utopía arbitraria” (como alguna vez la llamó Gramsci).

En igual dirección, me parece que la iniciativa que nos ocupa procura renovar el sentido y el ejercicio mismo del poder. Aclara otro debate, que puede sintetizarse en esta pregunta: ¿El zapatismo rechaza todo ejercicio del poder, se pone de lado e incluso condena la búsqueda de un nuevo poder? O en esta otra: ¿El zapatismo ignora la cuestión política —central por todos los motivos— de la construcción de un nuevo poder, o se propone, para usar una fórmula ya polémica, “cambiar el mundo sin tomar el poder”? Es claro que ni para el zapatismo ni para la mayoría de la actual izquierda existe una relación mecánica entre toma del poder y transformación del mundo; y tampoco se acepta ya la vieja idea de que la toma de poder es una acción audaz, un golpe de fuerza eficaz y oportuno. El poder es algo demasiado complejo, su campo de acción y penetración demasiado extenso y profundo, como para que pueda “tomarse” de esa manera. Más aún, he sugerido que el poder quizás no puede “tomarse”, sino sólo cambiarse ; y que, en contraste, es el mundo el que puede ser tomado por la acción de los pueblos, justo para cambiar el poder por otra cosa. 7

Cuando en la Treceava estela (quinta parte) se aclara que “puesto que el ezln , por sus principios, no lucha por la toma del poder, ninguno de los mandos militares o miembros del Comité Clandestino Revolucionario Indígena puede ocupar cargo de autoridad en la comunidad o en los municipios autónomos”; y que aquellos que “deciden participar en los gobiernos autónomos deben renunciar definitivamente a su cargo organizativo dentro del ezln ”, el punto del poder se aclara considerablemente. Lo que esto significa es que el ezln no lucha por la toma del poder. Pero ese principio no parece extenderse a la idea de que no está interesado ni preocupado por la construcción de un poder popular que, por supuesto, debe ser distinto del que conocemos; ni tampoco que desapruebe los esfuerzos en ese sentido. No dice, por ejemplo, que los que decidan participar en la construcción de los gobiernos autónomos son, por ello, indignos y condenables; tan sólo que, en un ejercicio de congruencia, deben renunciar a sus cargos dentro del ezln . La cuestión es tan sencilla y tan profunda como esto.

"Tal vez sí..."

Al final de la estela decimotercera, el Sub medita: quizá en los Caracoles , en medio de la bulla y el ajetreo de sus constructores, se está levantando “un mundo nuevo”. Cabe la duda: "Tal vez no... pero tal vez sí...", concluye. La cuestión queda abierta. El nuevo orden autonómico es una promesa que no puede escapar a la incertidumbre, aunque sólo sea por el hecho de que su cabal realización depende de muchos factores, y no todos están sólo en manos de los zapatistas chiapanecos y menos aún de los zapatistas del ezln , ni incumben solamente a éstos. No habrá futuro para las autonomías en México sin un gran movimiento cultural, moral y político que sume a lo mejor de las fuerzas regionales y los sectores populares en el mismo proyecto pluralista. Es por eso que la autonomía no puede atrincherarse en espacios reducidos ni limitarse al mundo indígena. Lo más urgente es tejer alianzas y hacer política con todos los que están persuadidos de que otro mundo es posible. Sí, es el camino el que debe ir despejando las filas, y no una visión previa de la pureza, cualquiera que esta sea. El propósito inmediato es acumular fuerzas, y esa acumulación no puede hacerse si no con otros , en una escala ascendente de alianzas y acciones comunes contra los poderes y relaciones que a todos nos oprimen, nos subordinan, nos explotan o nos excluyen.

Y una preguntita final: ¿Las jbg no están rebasando ya el marco de los propios Acuerdos de San Andrés, incluyendo la versión cocopa de los mismos? La respuesta a esta pregunta debía preocupar a nuestra clase política tan obsecuente con los mandatos del capital transnacional y tan díscola cuando se trata de reconocer derechos a los pueblos. Puede repetirse la experiencia del salinato, moroso hasta la insolencia para reglamentar el 4º Constitucional reformado, entonces pedido por muchas organizaciones indígenas, y luego imposibilitado de hacerlo una vez que se produjo la explosión autonomista, hacia 1995, en las filas indígenas. O sea, que el grupo salinista cuando pudo no quiso, y cuando quiso no pudo. Los que ahora manejan la cosa pública deberían verse en ese espejo.

 

* El autor es profesor-investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social ( ciesas) . Obras recientes: Indigenous peoples in Latin America. The quest for self-determination (Westview Press, Colorado/Oxford, 1997), La rebelión zapatista y la autonomía (Siglo XXI Editores, México, 1998) y México diverso (Siglo XXI Editores, México, 2002), ésta en coautoría con Consuelo Sánchez.

 

Notas:

1. Subcomandante Insurgentes Marcos, Chiapas: la treceava estela (quinta parte): una historia , julio de 2003.

2. Subcomandante Insurgentes Marcos, Chiapas: la treceava estela (sexta parte): un buen gobierno , julio de 2003.

3. Ver Foro sobre autonomía, Declaración final , San Cristóbal de las Casas, ms, 16 de agosto de 2003. Cursivas nuestras.

4. Cf . H. Díaz-Polanco, “La autonomía indígena y la reforma constitucional en México”, en Observatorio Social en América Latina , año II, n° 4, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Buenos Aires, junio, 2001, pp. 15-22. También, H. Díaz-Polanco y Consuelo Sánchez, México diverso. El debate por la autonomía , Siglo XXI Editores, México, 2002, p 150 y ss.

5. Chiapas: la treceava estela (sexta parte): un buen gobierno , doc. cit.

6. Foro sobre autonomía, doc. cit.

7. H. Díaz-Polanco, “La izquierda hoy: desafíos y perspectivas”, en Memoria , núm. 166, cemos , México, diciembre, 2002, p. 11.

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