No. 16
(junio-julio
de 2002)

 

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Encuentro Nacional por una Paz con Justicia y Dignidad

Llamado a la conciencia y al corazón nacional

Más de mil personas, indígenas y no indígenas, de 285 organizaciones de 23 estados de la República y trece países, nos reunimos en San Cristóbal de Las Casas, del 5 al 7 de julio de 2002, para celebrar el Encuentro por una Paz con Justicia y Dignidad. Nos reunimos con base en nuestra autonomía e independencia, con nuestros propios recursos, convencidos de que la sociedad civil tiene la capacidad de participar activamente en la construcción de las condiciones para la paz, pero que debemos contribuir a su articulación para que pueda ejercerla plenamente. Al término de nuestras deliberaciones, elaboramos el siguiente Llamado

Un estado de cosas insoportable. En todas partes, las políticas neoliberales están teniendo un impacto dramático en la mayoría de la población: provocan su ruina económica, desgarran el tejido social y causan todo género de males, particularmente para las mujeres. En Chiapas, el impacto es aún peor. Aquí se agrega el efecto del hostigamiento militar y paramilitar. Los expertos discuten aún la calificación de lo que se hace: guerra de desgaste, guerra de baja intensidad, acción contrainsurgente. Para nosotros y nosotras, es ante todo una guerra neocolonialista y etnocida. Se mantiene en todo el estado, y particularmente en la zona zapatista, un clima de tensión e incertidumbre. El conflicto armado persiste. No hay paz, ni democracia, ni Estado de derecho.

• No se han cumplido las condiciones para reanudar el diálogo que planteó el EZLN y el gobierno consideró atendibles.

• La violencia estructural, generada desde el Estado, sigue dañando todas las condiciones de la convivencia social, especialmente para las mujeres, quienes resienten el daño ecológico, la falta de servicios y de acceso a la procuración de justicia, así como la ruina de sus bases económicas y productivas. La respuesta a sus reclamos sigue siendo la represión.

• Continúa la intrusión militar en las comunidades, que impide que realicen normalmente sus actividades, promueve la prostitución y la drogadicción y crea una economía artificial;.

• La presencia de los paramilitares, que siguen contando con impunidad, ha pasado a una nueva fase, ajustada a la doctrina contrainsurgente norteamericana, que provoca continuo desgaste, violencia, división y todo tipo de confrontaciones.

• La incertidumbre en materia agraria multiplica los conflictos de tierra en las comunidades. Se han acentuado las amenazas de despojo, particularmente en el caso de las tierras recuperadas por los pueblos desde 1994. Estas amenazas, que ya se están cumpliendo en muchos casos, agravan la división y la incertidumbre.

• Continúa la violación cotidiana de todos los derechos humanos y la discriminación, particularmente contra los indígenas y las mujeres, utilizando el aparato judicial para ese fin y para perseguir a los dirigentes políticos.

• Las acciones gubernamentales, concebidas a espaldas de la población, están afectando ya las tierras y condiciones de vida de todos en la forma más adversa. Las primeras inversiones realizadas con la etiqueta del Plan Puebla Panamá, los programas ecoturísticos y muchas otras acciones parten del desconocimiento de los derechos de los pueblos indios, la ocupación de sus territorios, el despojo de sus recursos, el desgarramiento de su tejido social, y estimulan divisiones y confrontaciones.

El Plan Puebla Panamá, concebido en las cúpulas políticas y discutido y analizado con instituciones internacionales y gobiernos de otros países, intenta convertir en botín la enorme riqueza natural y cultural de esta zona. Recursos que se acumularon en el curso de 200 millones de años, por condiciones muy peculiares, y que permitieron florecer a una de las grandes civilizaciones originales del mundo, se quieren entregar ahora al capital transnacional. En el plan Puebla Panamá, el gobierno federal actúa como guía de inversionistas, agente de ventas y mecenas de las corporaciones trasnacionales, para entregarles esos recursos en condiciones privilegiadas. Para este fin, deja claramente de lado a los pueblos indígenas, que lejos de ser consultados, son aislados y agredidos. Se les divide y confronta para facilitar el saqueo. Se les desconoce, legal y políticamente, para que no puedan responder. Las comunidades ya no pueden realizar sus actividades productivas y comerciales habituales. Quienes consiguen realizarlas, se encuentran los mercados cerrados o reciben precios ridículos por sus productos. Las y los desplazados siguen careciendo de condiciones de retorno. Se estimula activamente y mediante campañas gubernamentales explícitas la emigración de todos las y los jóvenes a otros estados y países, afectando aún más gravemente la situación interna de las comunidades y el tejido familiar y social. Lejos de resolver los problemas de producción y empleo, la promoción de las maquiladoras causa nuevos trastornos y estabiliza una situación insoportable. En todo este proceso, comprobamos la manera despiadada en que se está afectando la vida y situación de las mujeres. Además de afectar su posición tradicional y sus derechos más elementales, se impide que cumplan su función, como portadoras y transmisoras de la cultura, base de la organización familiar y corazón de la vida comunitaria. Las mujeres se convierten en objeto y objetivo de guerra, sobre todo cuando asumen papeles activos en la movilización social o se les ubica como parte importante de la comunidad indígena y se ataca su salud y derechos reproductivos y sexuales, por medio de violaciones, esterilizaciones forzadas o inducidas y otras agresiones.

La destrucción ambiental es la norma que preside todos los megaproyectos y las políticas neoliberales. Una de las principales áreas de biodiversidad del planeta está siendo sistemáticamente destruida. Se afecta el agua, el suelo, los bosques y selvas, con una política de conservación depredadora, tecnocrática y agresiva. El caso de Montes Azules ilustra bien su orientación al despojo. Se han producido ya algunos daños irreversibles y la destrucción prosigue aceleradamente.

Nuestra capacidad de respuesta

Lejos de aceptar pasivamente las condiciones insoportables que se pretende imponernos, comprobamos que pueblos y comunidades, afirmados en su dignidad, están mostrando una capacidad de respuesta que nos llena de esperanza. El EZLN sigue siendo un factor de paz e impide, con enorme esfuerzo, que la violencia se profundice y agrave.

Se multiplican todos los días los esfuerzos para impulsar la unidad y reconstrucción de las condiciones de convivencia comunitaria y profundizar la conciencia en la naturaleza del conflicto, sus causas y las formas de resolverlo.

La autonomía se afirma continuamente. Aún sitiados y hostigados, los municipios autónomos se consolidan, demostrando su capacidad de autogobierno. Estamos demostrando que la autonomía no es una mera bandera ideológica sino una práctica concreta que expresa nuestra capacidad de regular por nosotros mismos nuestra convivencia, con pleno respeto a libertades y derechos, y organizar nuestras condiciones de producción y de vida en forma democrática y justa.

Se extiende y acentúa la solidaridad entre personas, comunidades y pueblos, abarcando empeños cada vez más amplios.

Escuchamos el relato puntual de innumerables experiencias que a pesar de enormes dificultades están teniendo éxito en la reorganización de sus condiciones de producción y de vida, para forjar una economía solidaria que es ya la expresión de un proyecto civilizatorio de gran alcance.

Convencidas del valor de la soberanía alimentaria y la autosuficiencia, muchas comunidades están logrando producir por sí mismas lo que les hace falta, en forma cooperativa, eficiente y solidaria. A diferencia de los patrones dominantes, constituyen así una organización social económicamente factible, socialmente justa y ecológicamente sensata.

Cuando enfrentan la caída en el precio de sus productos, en el mercado globalizado, como ilustra dramáticamente el caso del café, reaccionan con lucidez y energía. Por una parte, fortalecen sus esfuerzos de producción orgánica, buena para el suelo y para el precio, y aprenden a comercializar y exportar directamente sus productos en las mejores condiciones. Por otra parte, impulsan la diversificación de los cultivos, para lograr la autosuficiencia en los alimentos básicos y aprovechar otras oportunidades comerciales.

Se impulsan con éxito mercados autónomos, locales y regionales, en manos de la gente, en que se combinan viejas tradiciones con instrumentos contemporáneos. Frente a la pesadilla de un solo mercado global para todos los productores y consumidores del mundo, en manos de unas cuantas corporaciones, formamos miles de mercados alternativos, que no se rigen por el principio de la codicia y el despojo, sino que son expresión de una cultura propia y de una capacidad autónoma de definir y realizar la propia vida.

Una de las transformaciones más interesantes es la que está ocurriendo en el campo de la tecnología. Ante todo, revaloramos saberes tradicionales que acumulan una experiencia milenaria y que ahora empieza a reconocer la ciencia. Además, estamos creando e incorporando muy avanzadas innovaciones tecnológicas. A diferencia de las que llegan de afuera, en una transferencia colonialista que con los químicos, los transgénicos y otros medios nos incapacitan y dañan, forjamos una transformación tecnológica que fortalece nuestra capacidad de hacer, más que de consumir, permite aprovechar mejor nuestras riquezas y es profundamente democrática y justa.

Hasta en las condiciones más graves de ruptura del tejido social, se comprueba una conciencia política cada vez más lúcida y activa, que generaliza la iniciativa popular. Revela una cultura política y democrática, que se enriquece continuamente y es una de las más profundas del país. El avance constante en la capacidad de análisis, resistencia, lucha e iniciativa resulta impresionante.

Nuestros compromisos y propuestas

Los participantes en el Encuentro asumimos el compromiso expreso de darle seguimiento, a fin de desatar iniciativas, movilizaciones y acciones concretas que demuestren nuestra capacidad y correspondan a nuestras aspiraciones.

Hemos constituido comisiones concretas de trabajo para este fin, con mandatos precisos y acotados, que no constituirán cuerpos centralizados o burocráticos, sino núcleos activos de servicio para la articulación de nuestros empeños.

Proponemos a todos los mexicanos y mexicanas las siguientes líneas de acción y señales de esperanza:

• Orientar todas las luchas civiles a la creación de las condiciones de paz, al respeto de los derechos humanos y a la construcción de la democracia;

• Defender los Acuerdos de San Andrés y exigir, por todos los medios posibles, que se cumplan en todo su contenido, no sólo en la prioritaria reforma constitucional, que se satisfagan las condiciones para la reanudación del diálogo planteadas por el EZLN, y que se reconozcan y respeten los derechos colectivos de los pueblos indios;

• Contribuir a la reconstrucción del tejido social y comunitario, fortaleciendo la observación y participación civil en el campo de los derechos humanos y la lucha contra la militarización, la paramilitarización, la liberación de los presos políticos y la creación de condiciones para el retorno de los desplazados.

• Contribuir a la creación de los espacios sociales y políticos de los pueblos indios, sobre una base de mutuo respeto y cuidando que la acción de todos los organismos de la sociedad civil, las iglesias y otros participantes, se amarren adecuadamente a los tiempos, condiciones y voluntades de los propios pueblos indios, combatiendo todo intento de manipulación de cualquier grupo o partido;

• Impulsar decididamente una relación igualitaria y equitativa de género en todos los procesos y proyectos de lucha, dado prioridad y preferencia a los grupos que sufren mayor discriminación y despojo, como los pueblos indios y las mujeres;

• Respaldar activamente los procesos de autonomía y resistencia de los pueblos indígenas, fortaleciendo sus vínculos con el conjunto de los movimientos de la sociedad civil;

• Impulsar procesos de unidad y convergencia de la sociedad civil para la construcción de la paz y la democracia, con respeto a la autonomía y la diversidad;

• Profundizar la nueva cultura política, a partir de una ética que respete la diversidad y las culturas de nuestro país;

• Ampliar la participación de la sociedad civil mexicana en las luchas continentales e internacionales ante el Tratado de Libre Comercio y contra el Plan Puebla Panamá, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas y la globalización neoliberal;

• Ampliar y fortalecer la lucha contra las privatizaciones, en defensa de los contenidos sociales del artículo 123 de la Constitución y por la recuperación del espíritu original del artículo 27;

• Diseminar, profundizar y fortalecer alternativas económicas que favorezcan la autogestión y la transformación integral de nuestras condiciones de producción y de vida, con respeto a la diversidad biológica y cultural y basado en los derechos humanos;

• Intensificar la lucha para la auténtica protección de la biodiversidad, con base en nuestras formas de conservación participativa y con pleno reconocimiento de los derechos a la propiedad intelectual de los pueblos indios; y

• Reconocer y dar visibilidad, con acciones concretas, las relaciones de desigualdad y subordinación entre hombres y mujeres en todos los espacios de la vida, como una de las componentes fundamentales de la lucha por una sociedad libre y democrática, impulsando espacios que generen y consoliden nuevas relaciones equitativas e igualitarias entre todos y todas.

Afirmamos

No hay transición a la democracia sin el reconocimiento efectivo de los derechos de los pueblos indios.

No hay reforma del Estado mientras esos derechos no estén reconocidos en la Constitución.

No habrá democracia sin reconocimiento y fortalecimiento de los procesos de autonomía.

No habrá paz sin justicia, y la justicia empieza ante todo por la justicia agraria.

Y en todo esto, el EZLN es un factor necesario y fundamental de la paz y de una nueva esperanza.

Nos pronunciamos por la reconstrucción de los Pueblos Indios y de nuestra capacidad social autónoma, como sociedad civil de una nación formada por múltiples culturas, que nos unimos en la riqueza de nuestra diversidad para forjar una nación Digna, Democrática y Justa.

Este es el momento de la sociedad civil: tenemos que recuperar la iniciativa. Los pueblos indios tocaron nuestro corazón, nos despertaron y nos pusieron el ejemplo de la dignidad y la autonomía. Sus innumerables contribuciones desde 1994 culminaron en la marcha del color de la tierra, que llevó su voz a la más alta tribuna de los poderes constituidos. Esos poderes constituidos, en todos los niveles, están demostrando su incapacidad de respuesta a esas legítimas reivindicaciones. Es la hora de la fuerza constituyente de la sociedad civil. Nosotros constituimos a esos poderes constituidos. Somos la base legítima de todo poder político. Necesitamos hacer valer esa capacidad. No podemos, no debemos y no queremos dejar en manos de unos cuantos grupos, que usurpan el control de esos poderes constituidos, el destino de la nación. Tenemos que hacer valer los derechos del pueblo, en quien reside de acuerdo con la Constitución, la soberanía de la nación. Necesitamos contribuir a forjar un nuevo pacto social y político, que constituya un nuevo Estado.

Este llamado a los mexicanos y mexicanas es también un llamado perentorio y exigente a los poderes del Estado, y en especial a las autoridades federales y del estado de Chiapas, para que honren sus compromisos, aprendan a mandar obedeciendo, respeten la dignidad del pueblo y de la nación entera y cumplan cabalmente el mandato que se les ha otorgado.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 7 de julio de 2002.

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