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No. 15 |
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La contratación privada que realiza EEUU puede ser parte de una intervención militar en la guerra civil colombiana "de facto"Jason Vest Más conocido como un lugar desde el cual las Fuerzas Aéreas envían satélites al espacio, el Centro Espacial y de Misiles Oriental- al sur del Centro Espacial Kennedy, en el condado Brevard de Florida- parecería que se centra únicamente en el azul del más allá. De hecho, la página web del Ala Espacial 45 muestra muy claramente la misión de la Base Patrick de las Fuerzas Aéreas y de la adyacente Estación de las Fuerzas Aéreas de Cabo Cañaveral: mejorar "la fuerza nacional asegurando el acceso al espacio al Departamento de Defensa, así como a usuarios civiles y comerciales. Sin embargo, según un documento muy cercano al gobierno, en un rincón de la base ocupada actualmente por el contratista de defensa Raytheon, se lleva a cabo una operación que no tiene nada que ver con el rol de "principal puerta al espacio" del Ala 45. De hecho, los 3000 metros cuadrados de terreno cercado no son usados para nada por Raytheon. Tampoco lo son los 19000 metros cuadrados de oficinas, almacenes y hangares ubicados en el número 1038 de la calle South Patrick. Oficialmente es la oficina del Departamento de Estado quien mantiene una línea de información de alta velocidad que une sus oficinas generales en Washington con los edificios 984 y 986 de Florida. Lo que el Departamento de Estado está haciendo aquí tiene poco que ver con el refinado arte de la diplomacia y todo que ver con el combate. En la práctica, la calle South Patrick es la puerta a la guerra privada que el Gobierno de los Estados Unidos lleva a cabo en los Andes sudamericanos. El edificio 985 de la Base Aérea Patrick está ocupada por al menos dos oficiales del Departamento de Estado y un puñado de administradores de DynCorp, un contratista gigante que gana la mayor parte de sus ingresos de 1,400 millones de dólares en negocios con el Gobierno de los Estados Unidos, particularmente en las áreas de Defensa e Inteligencia. Desde 1991 la compañía ha actuado con eficacia y calladamente como fuerza aérea privada del Departamento de Estado en los Andes, proveyendo pilotos y mecánicos a los aviones estadounidenses. Tanto DynCorp como el Departamento de Estado han sido reticentes a dar respuestas sobre lo que DynCorp realmente hace. Bastantes declaraciones públicas e informes a los medios de comunicación han mostrado que los pilotos de la compañía llevan a cabo vuelos de fumigación, al mismo tiempo que misiones de búsqueda y salvamento, principalmente en Colombia. Se ha hecho mención también al papel desempeñado por DynCorp en Perú y Bolivia. Pero cuando los periodistas, activistas, e incluso miembros del Congreso han pedido más detalles sobre cuál es el papel que lleva a cabo DynCorp en la División Internacional Aérea de Seguridad y Narcóticos del Estado, no reciben ninguna respuesta. "En este asunto estamos golpeando una pared de piedra", suspira Nadeam Elshami, secretario del diputado Jan Schakowsky, quien recientemente introdujo una enmienda prohibiendo el uso de compañías militares privadas, como DynCorp, en los Andes. "Hemos pedido al Departamento de Estado información y todavía no hemos recibido nada. "Otras veces, el Departamento de Estado dice que no puede decir nada porque comprometería información perteneciente a DynCorp, que está protegida por la "exención de secreto comercial" en la ley de Libertad de Información. Si DynCorp responde alguna vez a las demandas, dice que no divulgará ningún detalle porque el Departamento de Estado no lo permitiría. "No hemos obtenido tampoco ninguna respuesta de ellos," dice Elshami, "aunque sí nos contactaron cuando el avión que llevaba a Veronica Bower's fue abatido el mes pasado en Perú, y nos dijeron que ellos no estaban involucrados. Creo que se aseguraron de que todo el mundo supiera eso, pero sobre lo que verdaderamente están haciendo, no, no nos han dicho nada". El periódico The Nation ha obtenido una copia del contrato entre el Departamento de Estado y DynCorp, un contrato que exige a todos los empleados un pacto de secreto y "no comunicar a nadie ninguna información obtenida por los servicios que prestan a la compañía". Además da instrucciones a DynCorp para que no se refiera a esta concesión en "ningún anuncio público o privado" o en noticias a los medios de comunicación. Si uno observa detenidamente, no es difícil entender por qué. El contrato revela que las operaciones aéreas anti-narcóticos llevadas a cabo por DynCorp abarcan mucho más que lo previamente informado. Desde su "principal base de operaciones" en la Base Patrick, DynCorp supervisa una flota aérea de cuarenta y seis helicópteros y veintitrés aviones de ala fija, que pueden operar desde veintitrés localidades repartidas entre Colombia, Bolivia y Perú. En algunos casos, las operaciones de DynCorp no se limitan a la fumigación y a las misiones de búsqueda y rescate sino que, según el contrato, también incluyen mantenimiento y entrenamiento de pilotos, transporte de aviones, transporte de materiales, vuelos de reconocimiento y envío de tropas locales para destruir laboratorios de droga y plantaciones de coca o adormidera. De acuerdo al especialista en secretos de la Federación de Científicos Norteamericanos, Steven Aftergood, el contrato entre el Departamento de Estado y DynCorp es un claro ejemplo de cómo el poder ejecutivo está ejerciendo unilateralmente el poder e implementando una política que busca no dejar rastros. "El tipo de supervisión rutinaria a la que las actividades militares oficiales deben ser expuestas, es evitada totalmente por los contratistas", afirma. "Esto hace más evidente que la privatización de las funciones militares ha permitido al gobierno evadir la supervisión hasta grados inconcebibles". Políticamente, los términos del contrato sólo refuerzan la problemática abordada ya en otras ocasiones por el diputado Schakowsky y otros, que afirman que el pueblo norteamericano está pagando con sus impuestos una guerra secreta que tiene el potencial de involucrar cada vez más, y lenta pero firmemente, a los Estados Unidos en un conflicto de contra-insurgencia pobremente entendido. "Lo que la mayoría de personas olvida o no sabe", afirma Sanho Tree, director del Proyecto de lucha contra la droga del Instituto de Estudios Políticos, "es que el conflicto en Colombia es una guerra civil, y que no es sobre drogas". Pero en vez de hacer cosas como crear una infraestructura y promover el desarrollo económico para conectar con la gente que ha sido abandonada por su gobierno, el primer contacto que los campesinos tienen con su gobierno -y con los Estados Unidos, gracias al Plan Colombia- es con soldados armados y aviones herbicidas, que sólo hacen más hincapié en el tema de los rebeldes. Si el pueblo estadounidense no sabe lo que se está haciendo en su nombre, ¿cómo pueden tomar buenas decisiones? Quizás la parte más interesante del contrato es la que se refiere a Bolivia, un país donde las actividades de DynCorp han sido virtualmente desconocidas e indocumentadas. Operando desde una base principal en Santa Cruz y otras bases de operaciones de avanzada (FOLs) en Puerto Suarez, Chimore y Trinidad -así como en bases de montaje en San Matías, Riberalta, San Ignacio y Vía Montes- los contratistas de DynCorp entrenan a mecánicos y hacen trabajos de mantenimiento en doce helicópteros UH-IH ('Huey') del Departamento de Estado y otros diez Hueys provistos por el Pentágono. Usados para transportar tropas a laboratorios de coca, así como para llevar a cabo vuelos de reconocimiento, algunos Hueys pertenecen al Grupo de Tareas Diablo Rojo (Red Devil Task Force, RDTF), una poco conocida unidad especial de las Fuerzas Aéreas bolivianas financiada por el Gobierno estadounidense. Según el contrato, DynCorp es "responsable del soporte militar, del control de calidad del mantenimiento aeronáutico y de la estandarización del entrenamiento de vuelo de las RDTF", este último incluyendo "entrenamiento aéreo individual" llevado a cabo por pilotos de DynCorp. Según un recientemente jubilado contratista de DynCorp, los pilotos de la compañía trabajan con los pilotos de las Fuerzas Diablo Rojo "durante todo el día, colaborando en todo, desde el mantenimiento del registro de vuelo hasta el reabastecimiento, y hasta el día de hoy han continuado entrenando a aquellos pilotos". "Creo que esto confirma la percepción general de que tenemos muy poca información sobre el tipo de operaciones anti-narcóticos contractadas que se están llevando a cabo en la región andina", afirma Gina Amatangelo, miembro de la Oficina Internacional de Narcóticos en Washington encargada de Latinoamérica. Amatangelo dice que estaría particularmente interesada en saber si algún empleado de DynCorp trabajando para las RDTF ha volado para la unidad móvil gubernamental de erradicación, UMOPAR, que tiene una documentada historia de abusos contra los derechos humanos. En Colombia, DynCorp es utilizada para mantener las operaciones de 212 Helicóteros del tipo Bell "siete días a la semana, doce horas al día, de día, de noche, y con aparatos para observar de noche". Las operaciones incluyen "búsqueda y rescate, entrenamiento, interceptación, comando y control y misiones de reconocimiento, especialmente en dos bases de operaciones de avanzada. Y no faltan bases de operaciones: además de la base central en el Aeropuerto Internacional El Dorado, el personal de DynCorp puede ser encontrado fluctuando entre ocho bases localizadas en La Remota, Neiva, Apaily Meta, Puerto Asís, San José Tulua, Valledupar y Larandia. (De acuerdo al contrato, existe también una base de mantenimiento en Guaymaral, una base de entrenamiento en construcción en Mariquita y tres más planificadas en Florencia, Tres Aquines y Turbo.) La misión más importante continúa siendo el "reconocimiento y erradicación aéreos de coca y opio" con aviones de ala fija T-65 y Broncos OV-10D, aviones piloteados ambos por pilotos de DynCorp y pilotos entrenados por ellos, y mantenidos por mecánicos de DynCorp. En Perú, así como en Colombia y Bolivia, el Departamento de Estado ha instruido a DynCorp para "recabar, procesar y diseminar datos sobre las rutas de los vuelos de fumigación y proveer información desde "Pathlink" y/o "SATLOC" -dos avanzados sistemas tecnológicos de grabación y mapeo- "para facilitar la planificación y el análisis de las operaciones de erradicación y reconocimiento aéreo a desplegar". Esto es particularmente interesante puesto que el pasado mes, después del abatimiento del avión que llevaba a Bowers, Charlene Wheeless, portavoz de DynCorp, comunicó vía e-mail a los periodistas que ella "quería asegurarles que DynCorp no proveía servicios de vigilancia" en sus áreas de operación, especialmente Perú. Contactada por The Nation, otra portavoz de DynCorp, Janet Wineriter, clarificó lo antes afirmado, diciendo "estábamos hablando estrictamente de aviones de rastreo" (cuando se le preguntó por otros aspectos del contrato, Wineriter dijo que "Yo nunca he visto el contrato", pero añadió que estaba segura que si había sido obtenido a través del Departamento de Estado bajo la ley de Libertad de Información, "pueden estar seguros que lo obtendrán redactado". Pero en Perú, DynCorp hace mucho, mucho más. Además de estar presente en un gran complejo estadounidense en Pucallpa, según información vertida por un periodista del Washington Post, DynCorp opera también en bases de operaciones de avanzada, incluyendo Tingo María, Santa Lucía, Mazamari y Tarapoto. Para fumigar, DynCorp debe poseer cuatro aviones T-65 o cuatro OV-10 simultáneamente, y debe también mantenerlos y entrenar a mecánicos y pilotos, individualmente y como unidad. Según versiones de un veterano de DynCorp jubilado recientemente, aunque la gente de la compañía son "del más alto calibre -hombres de Delta-, de SEAL, pilotos y mecánicos militares profesionales", la mayor parte de los conocimientos y experiencia que tienen no está siendo transmitida en los entrenamientos, puesto que los contratistas de DynCorp operan constantemente al límite de su capacidad. "Es probablemente una de las cosas más difíciles de manejar, porque no existe la zona o clase perfecta para entrenar a la gente cuando llega, y muchas veces al poco tiempo de llegar son movilizados, por lo que tienes que volver a empezar con nueva gente, y luego éstos también se van" afirma. "La misión a la cual uno está asignado es siempre prioritaria, y la misión es mantener y hacer volar esos aviones para fumigar y destruir las plantaciones". El veterano dice también que el personal de DynCorp ha tenido asimismo asignadas tareas como el rescate de personal militar cuyas misiones no estaban estrictamente relacionadas a la lucha anti-narcóticos. Tampoco, afirma, con otras que interesen a los contratistas. "La mayoría se quedan hasta que están listos para partir, porque aman verdaderamente lo que hacen. El contrato está cambiando permanentemente para cumplir nuevos requerimientos, de manera que siempre haya trabajo." Hace una pausa. "Hace ya un tiempo que no voy a la zona, pero durante el periodo en que trabajé para ellos, pasamos de tener 120 personas a 450." Para el profesor Alfred McCoy, de la Universidad de Wisconsin, el contrato tiene sus orígenes en los tiempos de la edición de su libro "La política de la heroína en el sudeste asiático", originalmente publicado en 1972. "Uno de estos días podemos llegar a obtener todos los archivos describiendo todo lo que la CIA hizo en Laos, pero nunca obtendremos los archivos de la Continental Air Service, la compañía contratista que trabajó allí", asegura. "El hecho de que esta compañía sea tan grande y esté haciendo tanto en la zona lleva a importantes cuestionamientos sobre responsabilidades. ¿Cuál es la relación entre la verdadera guerra contra la droga y las realidades de la contra-insurgencia? Si se trata sólo de guerra contra la droga, cabe preguntarse si ésta es o no la mejor forma de manejar la situación, sobre si su coste es efectivo, sobre cuáles son sus consecuencias. Pero las operaciones descritas aquí pueden fácilmente convertirse en participación en la contra-insurgencia. Y el escenario más terrible puede llegar a ser que nos veamos mezclados en una situación de contra-insurgencia de facto, porque se trata de una corporación privada, para la cual no hay ninguna traba en particular. Fuente: The Nation, traducida al español por el Equipo Nizkor, 13 de julio de 2001. |
Directores: Héctor Díaz Polanco y Edgard Sánchez Ramírez. Coordinación Editorial: Ana María Hernández López. Consejo Editorial: Jesús Escamilla, Fernando Bazúa, Consuelo Sánchez, José Martínez Cruz, Nellys Palomo, Sergio de la Peña (+), Margarita Gutiérrez, Diseño Editorial: Andrés Mario Ramírez Cuevas.  |
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