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Los desaparecidos en México no es historia pasada

José Martínez Cruz*

Cuando pasas por una situación así, quedas marcado para toda la vida, para el resto de tus días, nos decía Julio Melchor Rivera Perrusquía, cuando rememoraba los momentos en que fue detenido, torturado y desaparecido en el Campo Militar Número Uno. Así vivió, con el recuerdo a flor de piel, con las lesiones en el cuerpo que lo fueron hundiendo lentamente en el cansancio y en el dolor hasta llevarlo prematuramente a la tumba, cuando apenas cumplía 45 años de edad. De la lesión en la columna vertebral nunca se recuperó, en ocasiones el dolor no le permitía permanecer todo el tiempo que él quería sentado frente a su vieja máquina de escribir para narrar día y noche la historia de aquellos días. Si bien la cicatriz de la nariz tampoco se borró, nunca logró impedir que su físico se mantuviera como el del joven doctor y poeta que decidió participar en la guerrilla, metido en la clandestinidad, autor y actor de su propio destino, de sus propias novelas aún sin editar. Julio murió de un infarto al corazón, severamente dañado por las torturas.

Fue uno de los desaparecidos que logró sobrevivir a la prisión clandestina. Al ser conducido al Campo Militar Número Uno, se percató de la presencia de otros desaparecidos que nunca volvió a ver ni a saber nada de ellos. Julio Melchor fue finalmente presentado, preso en una cárcel pública y luego liberado. Los otros a los que vio en la prisión clandestina, no fueron presentados.

Esta historia no es del ayer, sino del presente en nuestro país. Ha cambiado el partido en el poder después de 70 años de dominio priísta, pero el panismo no ha dado una vuelta a la tuerca de la historia para desentrañar lo que verdaderamente ocurrió con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen priísta. Durante el presente gobierno ya han ocurrido las primeras desapariciones y eso es una señal de que se mantienen los viejos mecanismos de la impunidad y de la utilización de la maquinaria perversa de la tortura y la desaparición.

El testimonio rendido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre los más de 500 desaparecidos es una pálida sombra de lo que ha significado la lucha de las y los familiares, amigos, compañeros y organizaciones de lucha, para conseguir la presentación de las y los desaparecidos políticos en nuestro país desde hace más de 25 años. Sin embargo, duras son las palabras, ahora presentadas ante el presidente Fox y cientos de funcionarios e invitados y ante los medios de comunicación de todo el país, la narración de las torturas sufridas por Humberto Zazueta y Berta Alicia López García y su hijita Tania, de tan solo un año dos meses de edad. Una narración ya escuchada por los familiares y tan poco difundida por los medios de comunicación durante años, estrellada en el muro del silencio abominable de un gobierno que trató, y logró en gran parte, ocultar al resto de los habitantes del país lo que había ocurrido con cientos de personas, militantes de organizaciones armadas y de organizaciones sociales o bien familiares de ellos, que sufrieron la persecución, el hostigamiento, la represión, la cárcel, el exilio, la tortura, en ocasiones la muerte y la desaparición con su carga de incertidumbre que permanece y se aloja en lo más recóndito de los sentimientos.

...Ya en la calle fuimos tirados al suelo y empezaron los agentes a golpear salvajemente a mi esposo para que dijera la dirección de otras dos personas: luego lo arrastraron de los cabellos y lo metieron en la cajuela de un auto; enseguida hicieron lo mismo conmigo, llevándome a otro auto y amarrándome los ojos para que no viera a donde nos dirigíamos. Nos llevaron a un local que después me di cuenta que era el departamento de tránsito y me echaron al piso junto con mi nenita. Ya para entonces yo escuchaba los golpes que le daban a Humberto y a Armando. Enseguida oí que le decían a mi esposo 'ahorita vas a hablar cabrón, tráiganme a su vieja'. Enseguida me levantaron, me quitaron el trapo que tenía en la cabeza y me obligaron a desnudarme por completo. Luego me llevaron a presenciar a mi esposo, el cual se encontraba también desnudo y le estaban aplicando toques eléctricos en los testículos. Me tiraron al suelo, me golpearon en su presencia y me levantaron de los pechos estirándome los pezones. Después me introdujeron en la vagina un fierro al cual me dijeron que le iban a aplicar corriente eléctrica (cosa que después no hicieron) pero si me dieron toques en la vulva y en los pechos... A mi esposo lo golpeaban entre muchos; lo sujetaban en el suelo entre varios y lo levantaban la cabeza para tirarle patadas en la cara. Lo desnudaron nuevamente y lo metían a una pila en la que dan agua a los caballos, en donde lo sacaban a punto de ahogarse. Me dijeron después que a mi niña, a mi cuñada, a su hijo y a mí, nos iban a matar. Al rato agregaron: 'A tu marido ya se lo llevó la chingada por cabrón, así que hablas o la que sigue es tu hija... A mí me traían en un carro seis agentes: tres en la parte delantera y tres atrás conmigo, uno de ellos me abrazaba (yo estaba amarrada) y los otros me manoseaban el cuerpo diciendo obscenidades... Uno de ellos me dijo 'tienes hijos'. Si, una niña de un año. 'Bueno, ya viene en camino para que esta cabrona sepa lo que sabemos hacer' (decía otro). '¿Sabes que te vamos a matar? -¿por qué? Por guerrillera. Al rato vas a jurar por tu madre que lo eres'. (otro) '¿Sabes lo que les hacemos a las cabronas como tu? Las matamos pero de a poquito mamita y se mueren hasta que a nosotros se nos pega la gana. !Vas a suplicar que te matemos...! ...Con toda intención dejé para el final lo que a continuación voy a declarar por parecer lo más abominable y terrible de cuanto me hicieron: a mi hijita Tania, de un año dos meses, la torturaron en mi presencia maltratándola y aplicándole toques eléctricos en todo su cuerpecito..."1

Al transmitirse por radio y televisión, este testimonio adquiere un nivel escalofriante. ¿Dejará indiferente a quien lo escuche? Lo dudo. También dudo que no haya sido del conocimiento de otros funcionarios, pero en otras circunstancias, en esta ocasión, es de cara a la nación. Hace años que los organismos de derechos humanos teníamos conocimiento de este testimonio, lo reprodujimos en los medios que pudimos, lo dimos a conocer a los sectores más conscientes. Aquí está este testimonio, con toda su crudeza, en boca de un funcionario que ha sido severamente cuestionado por las ONG por su actuación en casos tan graves como las torturas y detenciones de los estudiantes presos, por ejemplo. Es el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, quien leyó el texto ante Fox y otros funcionarios.

Son heridas que nunca cierran, como afirma Humberto Zazueta: "¿La conoces? preguntó el policía que le alzó la venda de los ojos- Ahorita la vamos a madrear". Humberto alcanzó a distinguir la figura de Berta, su esposa, apenas unos segundos antes de que comenzaran a darle picana (toques eléctricos). Oyó un grito, dos. Perdió la cuenta. No habló. Llegaron después con la pequeña Tania, de un año y dos meses. La niña lloró con las descargas. 'Estábamos a dos metros', recuerda. Querían nombres, direcciones. Humberto no los daba porque pensaba lo que eso significaba para las otras esposas y las otras hijas (de sus compañeros). Berta, porque no lo sabía. 'Tenía idea de en qué andaba yo, pero ella no era activista de la Liga, dice él.2

Este informe sobre 522 expedientes de desaparecidos es sólo el reconocimiento oficial de una cruda realidad largamente ocultada, ya que el programa de presuntos desaparecidos en la CNDH data del 18 de septiembre de 1990, es decir, 12 años después se presenta este informe sobre todo de los casos de desaparecidos durante los años 70s y principios de los 80s llamados de la "guerra sucia", término que no logra ocultar que la práctica de la desaparición respondió a una política de Estado para la eliminación sistemática de opositores políticos, sobre todo miembros de organizaciones revolucionarias de izquierda.

Ciertamente, en este informe se reconoce por primera vez oficialmente que en el Campo Militar Número Uno, en el cuartel de Atoyac, en la base aérea de Pie de la Cuesta, en diversas zonas militares, en la DFS y en otras cárceles clandestinas se realizaron detenciones, interrogatorios, cateos y "reclusiones informales". Claro que se menciona lo que ya se sabía, nunca reconocido oficialmente, del papel de la "Brigada Blanca" y de la DIPD, como "responsables... de recurrir con frecuencia a prácticas que se apartaban del marco jurídico y propiciaban un estado de anulación de la personalidad de las personas a su disposición" mediante allanamientos de morada, cateos ilegales, detenciones arbitrarias, torturas, privaciones ilegales de la libertad, así como desapariciones forzadas.

En ese lenguaje jurídico que trata de ser preciso en sus responsabilidades, en realidad se esconde la negativa a identificar claramente a los responsables de tales abominables actos. Tampoco se define con toda precisión que son delitos de lesa humanidad los que se están denunciando, y esto tiene repercusiones importantes en términos del marco jurídico internacional y la prescriptibilidad de los delitos que se cometen.

En el informe hay una descripción de las acciones realizadas por la CNDH para investigar los casos, sin que aparezca claramente el objetivo de localizar con vida a muchos de los desaparecidos políticos o de establecer con todo rigor el paradero de ellos y sobre todo fincar las responsabilidades por estos hechos al más alto nivel del gobierno, ya que nunca se dirige la investigación a la cabeza de las instituciones ni mucho menos a la presidencia de la república. No hay resultado concretos en este largo informe concentrado en más de 18 tomos. Algunos casos significativos son abordados por la CNDH utilizando gran parte de los testimonios de los familiares y los archivos oficiales. Se van entretejiendo las versiones y en ocasiones se enredan los hilos de las historias.

En el caso de Jesús Piedra Ibarra, hijo de Rosario Ibarra de Piedra, Miguel Cabildo y Raúl Monge publicaron en Proceso una síntesis del caso investigado por la CNDH: "Tenemos a P. I. (Piedra Ibarra Jesús)", reportó a sus superiores en la ciudad de México Ricardo Condell Gómez, a la sazón comandante de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) en el estado de Nuevo León. Sin dar mayores detalles, Condell colgó el auricular y en seguida transmitió un mensaje del alto mando a los agentes que habían intervenido en el operativo policíaco, montado en abril de 1975, con el propósito de detener a quien en ese momento estaba considerado como uno de los principales dirigentes de la Liga 23 de Septiembre. "Muchachos -les dijo-, los manda felicitar el señor Miguel Nazar Haro y mañana mismo viene."

Desde 1973, el hijo de Rosario Ibarra de Piedra era buscado por la DFS por su presunta participación en actividades subversivas, que supuestamente incluían asaltos a bancos y empresas, así como por el secuestro y homicidio del industrial regiomontano Eugenio Garza Sada. Después de su captura, no se volvió a saber más de quien era estudiante de medicina, salvo que, al parecer, había sido trasladado a la ciudad de México.

Pero en su informe final sobre los 532 casos de presunta desaparición ocurridos entre 1970 y 1980, que se hará público -con una recomendación general al Ejecutivo federal para que se deslinden responsabilidades y se ejerzan las acciones legales correspondientes contra los probables responsables de delitos de lesa humanidad-, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) responsabiliza directamente a la DFS de la "desaparición forzada" de Jesús Piedra Ibarra, alias Rafael, y recoge testimonios que implican en los hechos a miembros de otras corporaciones policíacas y de las Fuerzas Armadas.

Con base en testimonios de tres testigos que intervinieron directamente en la aprehensión -todos ellos agentes de la Policía Judicial del estado de Nuevo León por aquellas fechas, cuya identidad se reservó-, la CNDH reconstruyó los momentos previos a la desaparición de Jesús Piedra Ibarra. Cotejadas con las evidencias documentales halladas en los expedientes en poder del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y en los archivos bajo custodia del Archivo General de la Nación, entre otras fuentes, las testimoniales obtenidas por la CNDH desbaratan definitivamente la versión oficial sobre la presunta muerte de Piedra Ibarra en un enfrentamiento con la policía y prueban, por el contrario, que el presunto dirigente de la Liga 23 de Septiembre fue detenido, torturado y desaparecido por la DFS.

Esto fue lo que los tres informantes -identificados bajo las claves T-237, T-115 y T-123- relataron a los visitadores de la CNDH: el Testigo 237 declaró que la Policía Judicial del estado acostumbraba brindar apoyo a la DFS en la investigación de casos especiales, y que el delegado de la DFS en la entidad era Ricardo Condell Gómez, quien estaba en el cargo desde hacía 20 años.

Sobre el caso de Jesús Piedra, recordó que alrededor del 15 de abril de 1975, Condell les ordenó montar una guardia permanente en las calles de Arteaga y Félix U. Gómez, y que el responsable del operativo fue el agente de la DFS Carlos Álvarez. Entre los 18 agentes que intervinieron en el operativo había, incluso, elementos de la VII Zona Militar.

Con la recomendación especial de que Jesús Piedra debía ser "aprehendido vivo porque así lo querían en México los de la Dirección Federal de Seguridad", el comando policíaco -dice el Testigo 237- se dividió en tres grupos, sobre el perímetro de las calles de Arteaga y Félix U. Gómez.

El 18 de abril, entre las ocho y las nueve de la noche, el T-237 detuvo su mirada en un joven que parecía esperar la llegada del autobús. Pronto advirtió que la media filiación de esa persona correspondía a la de Jesús Piedra Ibarra, quien, al percatarse de que era observado detenidamente, dio unos pasos hacia atrás hasta quedar de espaldas a la pared. El agente encubierto aprovechó entonces el paso de un camión para abalanzarse sobre su víctima y aprisionarlo con sus brazos a la altura del pecho.

Piedra Ibarra intentó zafarse, pero no pudo porque ya era retenido por otro agente policiaco (Testigo 115) que, por cierto, recibió una mordida en la primera falange del índice de la mano derecha cuando intentó desarmar al detenido. Minutos más tarde, arribaron al sitio también los judiciales Gustavo Melo Palacios y Benjamín "N".

Melo Palacios es uno de los policías que aparecen en la queja interpuesta por Rosario Ibarra de Piedra ante la CNDH por la desaparición de su hijo. Los otros son: Carlos G. Solana Macías, Javier Cortés, Manuel Meuriez, Donato Granados Cuevas, Pedro Canizales y Ariel Salazar Castañeda. En el rancho de este último, localizado en el ejido Los Remates, según la dirigente de Eureka, fue torturado Jesús Piedra.

De acuerdo con el testimonio del Testigo 237, una vez maniatado, Jesús Piedra Ibarra fue metido a un automóvil y conducido a las oficinas de la delegación de la DFS. Durante el trayecto, al presunto dirigente de la Liga 23 de Septiembre se le encontró una fajilla adherida al pecho en la que portaba siete cargadores con balas calibre 45.

El responsable del operativo, Carlos Álvarez, se encargó de llevarlo ante el jefe de la DFS, Ricardo Condell, quien de inmediato dio la orden de trasladarlo a un rancho ubicado cerca del municipio de Higueras, Nuevo León. Así lo hicieron. Atado de manos, Jesús fue encerrado en un cuarto y, mientras esperaban nuevas órdenes del alto mando, hasta el lugar llegaron elementos de la DFS, de la Policía Judicial estatal y de la VII Zona Militar. Más tarde se incorporó Condell Gómez.

Por instrucciones de este último, el entonces agente de la Judicial y Testigo 237 del caso fue enviado a descansar y ya no supo más del detenido. Por sus compañeros se enteró posteriormente de que había sido trasladado al Campo Militar Número Uno.

La versión del Testigo 115 apuntaló los datos anteriores: por ejemplo, precisó que la DFS seguía la huella de Jesús Piedra porque "se sabía que era miembro de la Liga 23 de Septiembre y que había intervenido en el intento de secuestro y homicidio de Eugenio Garza Sada".

También confirmó que, por órdenes del delegado de la DFS en la entidad, se formó un grupo de 16 a 20 personas -sólo recordó los nombres de los agentes de la PJ comisionados en la DFS, Gustavo Melo, Manuel Maurice, Benjamín y Jesús Barbosa El Chiquilín-. Por parte del Ejército, sólo mencionó el nombre de Alfredo Mazcorro. El grupo fue encabezado por Carlos Álvarez, Arturo Meza y Jorge Fernández.

El testigo sostuvo, así mismo, que Piedra Ibarra fue trasladado a las oficinas de la DFS. Allí escuchó el informe de Carlos Álvarez a Ricardo Condell en el sentido de que el trabajo "había salido afirmativo". Luego, vio cómo el delegado de la DFS tomó el teléfono y se comunicó con su jefe, Miguel Nazar Haro, para darle la noticia. "Tenemos a P.I.", dijo, y al poco tiempo colgó. Luego se dirigió a los agentes y les expresó que "el señor Miguel Nazar Haro los manda felicitar".

Con la declaración del Testigo 123, propietario del rancho donde fue visto con vida Jesús Piedra, la CNDH logró cerrar el círculo y probar que los agentes de la DFS "incurrieron en un ejercicio indebido del cargo al detener arbitrariamente y retener ilegalmente a Jesús Piedra Ibarra".

En su testimonial, el declarante dijo ser propietario del rancho La Peña, ubicado en el municipio de Higueras, el cual puso a disposición de Ricardo Condell debido a la amistad que los unía y que se remontaba ya a 30 años. Según su versión, en abril de 1975 se enteró por uno de sus empleados, vigilante del rancho (de nombre Sabás), que habían ido "muchas personas empistoladas", e identificó a Ricardo Condell y a Carlos Álvarez.

Tres días después de ese hecho, el testigo se encontró con el doctor José Guadalupe González González, quien le platicó que el delegado de la DFS le había solicitado con urgencia que "le extendiera un certificado médico porque se iban a llevar a un detenido a la ciudad de México". Con esos elementos, el testigo dedujo que la persona que había sido internada en su rancho era Jesús Piedra Ibarra, pero aclaró que él, en lo personal, nunca lo vio.

Las mentiras oficiales

En la búsqueda de la verdad jurídica e histórica, la CNDH encontró también huellas del caso en el Cisen y en el Archivo General de la Nación. Sin embargo, el grueso de los informes oficiales no concuerda con la versión de los testigos y sí, por el contrario, evidencia cómo durante años las autoridades ocultaron y falsearon hechos y, sobre todo, se burlaron de los familiares de los desaparecidos.

Por ejemplo, el Cisen tiene bajo resguardo nueve documentos que dan cuenta de las presuntas actividades guerrilleras de Jesús Piedra, de un supuesto enfrentamiento a tiros con la policía en el que resultó herido, de acciones ilícitas en las que al parecer intervino, de lo que se encontró en una de las casas de seguridad y de la versión pública sobre su extraordinario parecido con el "Comandante 1", en aquel tiempo jefe de la guerrilla colombiana M-19.

En el Archivo General de la Nación, donde se resguardan los archivos de la DFS y de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, la CNDH dice haber encontrado mil 132 legajos con referencias sobre Jesús Piedra Ibarra, pero ninguno con datos sólidos sobre su paradero.

Lo que sí halló fueron pruebas irrefutables de la alteración de parte del acervo histórico, como la ficha personalizada del agraviado que da cuenta de la supuesta lesión que sufrió Jesús en un enfrentamiento con la Policía Judicial del Estado de Nuevo León el 19 de febrero de 1975, cuando la corporación pretendía catear el domicilio ubicado en la calle de Ricardo Flores Magón número 2339, colonia Venustiano Carranza.

Con las pruebas recabadas, la CNDH demostró que ese domicilio fue cateado, en realidad, el 19 de abril de 1975, días después de la detención de Jesús, "por lo que la versión (oficial) del enfrentamiento carece de veracidad".

En el sexenio de José López Portillo, la Procuraduría General de la República, a cargo de Óscar Flores Sánchez, manejó dos versiones distintas: la primera sostenía que Piedra Ibarra había fallecido luego de un enfrentamiento con la policía, y la segunda, que, herido de bala, se desangró y fue enterrado por sus propios compañeros.

Inconforme con tales especies oficiales, Rosario Ibarra de Piedra ha tocado desde entonces un sinfin de puertas, incluidas las de la Presidencia de la República. De los presidentes Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, Rosario Ibarra no encontró más que palabras huecas.

Y en ese largo peregrinar, la dirigente de Eureka se cruzó con el director de la DFS, Miguel Nazar Haro, actualmente dedicado al negocio de la seguridad privada. En aquella ocasión, Nazar Haro dijo a doña Rosario: "A su muchacho se lo han de haber matado los de la iniciativa privada de Monterrey", ya que a la sazón corría la especie de que empresarios regiomontanos habían organizado un comando para vengar la muerte del industrial Eugenio Garza Sada.

Sorprendida por ese comentario, Rosario Ibarra replicó: "Bueno, ¿pues qué hace usted, señor policía, que no va a detener a los de la iniciativa privada que, dice usted, mataron a mi hijo?". No, no se crea. Por ahí lo han de tener en algún ranchito -respondió el director de la DFS.

En 1997, en una de las contadas entrevistas que ha concedido, Nazar Haro rechazó que en su pasado policíaco haya torturado a los detenidos: "Han hecho de mis actuaciones una novela, un mito", aseguró. Sin embargo, en el informe final sobre los desaparecidos políticos entre 1970 y 1980, que consta de 180 mil hojas, la CNDH prueba los excesos en que incurrió la DFS, particularmente cuando esa corporación fue dirigida por Nazar Haro, a quien se atribuye, por cierto, la paternidad de la Brigada Blanca, grupo parapolicíaco clandestino integrado por elementos de la DFS, la Policía Judicial Federal, la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia y la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales de la Secretaría de Gobernación, así como por militares y por diferentes policías estatales y municipales".3

Muchos de los elementos aportados en esta versión de la CNDH son rechazados por Rosario Ibarra, quien ha aportado infinidad de testimonios para demostrar que Jesús fue visto con vida en prisión clandestina, por lo que las investigaciones no sólo se deben realizar en el sentido de encontrar a responsables de su muerte, sino de esclarecer su paradero y obtener su presentación con vida, demanda que sostienen con toda claridad las madres y familiares integrantes del Comité Eureka.

A la pregunta de ¿están vivos los desaparecidos? Una respuesta es la de José Alfredo Medina Vizcaíno, detenido el 24 de mayo de 1978 por la Brigada Blanca en Ciudad Juárez, Chihuahua, junto con Lorenzo Soto Cervantes, Florencio Coronel Chavarría y el tío Carlos (que hasta hoy permanecen en calidad de desaparecidos), además de Ignacio García Aguirre: "Fuimos objetos de torturas desde el primer día: cachazos, golpes, agua por la nariz, toques eléctricos en todo el cuerpo, en particular en los testículos, pene y ano".4

En su testimonio ante Notario Público, Medina afirma haber visto con vida en el Campo Militar Número Uno a Ramiro Salas Ramos, José Fernando López Rodríguez, José Barrón Caldera y Carlos Alemán Velásquez, de Nuevo León y Sinaloa. También en Pie de la Cuesta vio a Alicia de los Ríos Merino, de Chihuahua, a Lorenzo Soto Cervantes, a Florencio Coronel y a el Tío Carlos, todos ellos señalados como militantes de la Liga Comunista 23 de septiembre. Su testimonio fue entregado en 1989 a Fernando Gutiérrez Barrios por el Comité Nacional Pro Defensa de Presos, Perseguidos y Exiliados Políticos, hoy Comité Eureka, que encabeza Rosario Ibarra, por cierto, un año después de la desaparición de José Ramón García Gómez, cuando Rosario había sido candidata a la presidencia de la república postulada por el PRT.

Otro caso que documenta la CNDH es el de Arturo Salas Obregón: "El caso del fundador y dirigente de la Liga 23 de Septiembre, Ignacio Arturo Salas Obregón -alias Arturo, Vicente, José, Luis, El Master, Santiago, Juan de Dios Martínez Castro, José Guadalupe Nevárez Bringas, Tocho-, muestra en toda su magnitud los atropellos y brutalidades de la DFS. En el Cisen, la CNDH encontró un oficio fechado el 25 de abril de 1974 dirigido al entonces director de la DFS (Javier García Paniagua), en el cual se informaba de un enfrentamiento entre policías preventivos del municipio de Tlalnepantla y civiles, entre ellos Juan de Dios Martínez Castro, quien "recibió un impacto en la femoral izquierda y un rozón en la vena yugular, siendo grave su estado de salud". El parte hacía notar que los heridos fueron trasladados al hospital Ceilán, por ser el más cercano al lugar de los hechos.

Ese mismo día llegó al director de la DFS otro informe con más datos, como el relativo a que el civil herido presuntamente pertenecía a la Liga 23 de Septiembre. Conforme pasaron los días, la información fluía y el 29 de abril la DFS sabía que el civil herido era en realidad Ignacio Arturo Salas Obregón, uno de los fundadores del grupo guerrillero.

A pesar de encontrarse convaleciente, el detenido hizo su primera declaración a la DFS antes que al Ministerio Público. Según la versión de la DFS, aceptó pertenecer al Buró Político de la 23 de Septiembre y reveló que éste lo integraban Manuel Gámez García, José Ángel García Martínez, Rodolfo Gómez García y otra persona de nombre Matus.

En el reporte dirigido al director de la DFS se menciona, así mismo, que Salas Obregón reconoció haber participado en la planeación del secuestro del industrial Eugenio Garza Sada, aunque aclaró que la responsabilidad de la vigilancia y seguimiento de Garza Sada recayó "en los compañeros" de la Coordinadora Zonal Norte: García Martínez, Torres González y Piedra Ibarra.

Dentro de los archivos de la DFS en poder del Cisen, la CNDH encontró otra declaración de Salas Obregón fechada el 15 de mayo de 1974 en la que el detenido "aclaró diversos puntos relacionados con sus actividades y los de la Liga 23 de Septiembre".

También, ocho fotografías de Salas tomadas en diferentes posiciones; una ficha con 10 huellas dactilares y su ficha personalizada. En esta última, la DFS consignó: "Este individuo ha sido identificado como el fundador y principal dirigente de la Liga Comunista 23 de Septiembre; se desconoce su paradero y otros miembros de la Liga, al ser interrogados, manifiestan haberlo conocido, pero que desde 1974 no se sabe de su militancia en ese grupo subversivo".

Las corporaciones policíacas lo tienen como prófugo, pero se supone que este sujeto murió el 25 de abril de 1974 y que fue inhumado clandestinamente por otros miembros del grupo.

"Lo anterior se desprende de que existen datos de que este individuo adquirió, en 1974, un automóvil marca Dodge tipo GTS, modelo 1969, de color azul, con capote negro, mismo automóvil que fue localizado en el fraccionamiento de Ceilán México, con 19 impactos de bala, y en el asiento del conductor había considerable sangre y múltiples cartuchos".

A solicitud de la CNDH, el Cisen entregó a los visitadores copia de la ficha de identificación de Salas Obregón elaborada por la DFS, en una de cuyas partes se lee en letras grandes: "Murió en Tlalnepantla, Estado de México, en enfrentamiento armado el 29 de abril de 1974. Era el coordinador general de los Comités Zonales de la Liga 23 de Septiembre".

En el Archivo General de la Nación, la CNDH sólo encontró la ampliación de Salas Obregón hecha el 15 de mayo de 1974.

Después de analizar y valorar las documentales, la CNDH determinó que la DFS y la policía municipal de Tlalnepantla incurrieron en "ejercicio indebido del cargo" al detener arbitrariamente y retener ilegalmente al joven que entre 1969 y 1971 se adentró en el estudio de la teoría marxista y participó en un proyecto de "inserción social" en Ciudad Nezahualcóyotl.

Además, restó validez a los partes oficiales de la DFS que dan por muerto a Salas Obregón y que refieren que su cadáver fue inhumado clandestinamente por miembros de su organización, debido a la falta de soporte documental.

De la misma forma que Jesús Piedra, "el joven que al entrar en contacto con integrantes del movimiento estudiantil de 1968 cruzó la barrera que separa el quehacer político público y el clandestino fue visto con vida por última vez después de ser interrogado por elementos de la DFS".5

En los resultados de la investigación, la DFS aparece como presunta responsable del secuestro continuado o la desaparición forzada -delito que no prescribe- de por lo menos 275 de los 532 casos examinados. En los otros casos, la responsabilidad alcanzó a las Fuerzas Armadas, así como a diferentes corporaciones policíacas del orden federal, estatal y municipal.

De los 532 casos investigados, 351 correspondieron a la zona rural y 181 a la zona urbana. En la zona rural, la CNDH pudo establecer que 70% de las víctimas eran maestros y, en la urbana, que otro 70% eran estudiantes. Los resultados del informe indican que las 532 víctimas de la guerra sucia en México fueron aprehendidas, sin excepción, en cateos extrajudiciales; que 40% de las detenciones se hicieron en domicilios y por la noche; que poco más de 200 víctimas estuvieron en manos de una autoridad pública antes de desaparecer, y que en 250 casos más se probó que las autoridades policíacas y militares incurrieron en diversos delitos, como allanamiento de morada, privación ilegal de la libertad y secuestro.

La creación de un Fiscal Especial agente del Ministerio Público para investigar los casos de desaparecidos, como consecuencia de la recomendación de la CNDH, fue severamente cuestionada por diversas organizaciones, sobre todo cuando la discusión sobre la Comisión de la Verdad pasó a segundo plano y desde el punto de vista oficial fue desechada. Rosario Ibarra planteo que es responsabilidad del gobierno investigar a través de las instancias del Estado y que debe mostrar voluntad política, así se lo exigió a Fox en la reunión que sostuvieron las integrantes de Eureka. Por otra parte, otras asociaciones de familiares señalaron que "A la Fiscalía Especial se le puso un nombre que oculta el problema: "para la Atención de Hechos Probablemente Constitutivos de Delitos Federales, cometidos Directa o Indirectamente por Servidores Públicos en contra de Personas Vinculadas con Movimientos Sociales o Políticos del Pasado".

Las implicaciones son varias:

1. El tema se presenta como si fuese solamente de carácter histórico, pues lleva al pasado. Eso indicaría que actualmente no se cometen desapariciones forzadas ni otros delitos de lesa humanidad.

2. Se excluye de la investigación y del castigo a un importante universo de delincuentes de lesa humanidad, que son los actores irregulares, como los paramilitares y las "madrinas" o "soplones" al servicio de los cuerpos regulares.

3. Se habla de hechos "probablemente constitutivos de delitos federales", de la misma forma que Jorge Carpizo creo el programa de "presuntos desaparecidos".

Para el efecto de acudir a la justicia internacional, es indispensable agotar el trámite de la Fiscalía Especial. Por esa razón, habrá que andar ese camino, pero sin un gramo de "confianza en ella".6

Las ONGs de derechos humanos han manifestado igualmente sus críticas a la Fiscalía Especial en tres aspectos: la sujeción del marco jurídico internacional al nacional, lo que pone en cuestión el alcance de la investigación y la tipificación de los delitos a perseguir como crímenes de lesa humanidad, las limitaciones de una actuación verdaderamente autónoma de la fiscalía y las sanciones a aplicar a los responsables intelectuales que se han encontrado en la cabeza de las instituciones durante el diseño, instrumentación y aplicación de esta política genocida y criminal de Estado.7

El aspecto de la temporalidad no es menor: si únicamente se investigan los casos de los años 70s y principios de los 80s, quedan excluidos muchos casos de desaparición que ocurrieron durante los dos últimos sexenios priístas (Salinas y Zedillo) y el presente gobierno de Fox. De hecho, tanto la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos como Convergencia Socialista y el PRT han denunciado que el caso de José Ramón García Gómez, desaparecido en 1988, esté excluido de esta investigación. Así como José Ramón, están excluidos cientos de desaparecidos en los últimos 20 años. Como señaló Sara de Ramírez, esposa de Rafael Ramírez Duarte, desaparecido en 1977, el gobierno "intenta restarle responsabilidades al Ejército sobre los delitos de desaparición denunciados por 552 familias".8

Esta lucha por la presentación con vida de los desaparecidos ha contado con la ejemplar participación de las y los familiares y de muchas de las organizaciones de izquierda que, como el PRT, fueron pilares del Frente Nacional Contra la Represión en 1978 y que en todo momento apoyaron al Comité Nacional de Familiares de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos. La campaña presidencial de Rosario Ibarra en 1982 y 1988, postulada por el PRT y otras organizaciones integrantes de la Unidad Obrero Campesino Popular en el primer caso, siempre planteó como aspecto fundamental la presentación de los desaparecidos y la libertad de los presos políticos. José Ramón, militante del PRT, fue el primer desaparecido del gobierno de Salinas de Gortari, ya no por una participación clandestina o guerrillera, sino por la lucha política abierta.

Esta lucha, contrariamente al relativo aislamiento de los años 70s, ya es una causa asumida por millones en el país, y no debe haber nunca más olvido ni impunidad. Conseguir justicia en el caso de los desaparecidos es saber la verdad no sólo jurídica sino histórica de lo que ha ocurrido con ellas y ellos, por lo que hoy más que nunca es necesario exigir su presentación con vida, porque si vivos se los llevaron, vivos los queremos.

* Integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos y dirigente del PRT.

 

Notas:

1. Informe de la CNDH, transcripción estenográfica de las palabras de José Luis Soberanes, presidente de la CNDH, publicado en Perfil de La Jornada, 28 de noviembre de 2001.

2. "Heridas que nunca cierran", Daniela Pastrana, Masiosare, suplemento de La Jornada, 9 de diciembre 2001.

3. Miguel Cabildo y Raúl Monge, Proceso, 25 de noviembre 2001.

4. "Los vi vivos en el Campo Militar, testimonio de un sobreviviente víctima de tortura durante la guerra sucia", reportaje de Jesús Ramírez Cuevas publicado en La Jornada, diciembre de 2001.

5. Miguel Cabildo y Raúl Monge, Proceso.

6. Enrique González Ruiz, asesor de AFADEM, 14 de enero 2002.

7. "Red Todos los Derechos para Todos", La Jornada, 15 de enero 2002.

8. La Jornada, 4 de noviembre 2001.

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Directores: Héctor Díaz Polanco y Edgard Sánchez Ramírez.

Coordinación Editorial: Ana María Hernández López.

Consejo Editorial: Jesús Escamilla, Fernando Bazúa, Consuelo Sánchez, José Martínez Cruz, Nellys Palomo, Sergio de la Peña (+), Margarita Gutiérrez,
Ramón Jiménez, Arturo Mellado, Claudia Cruz, Hilda Valencia Sánchez,
Cristina Hernández Escobar y Agustín del Moral.

Diseño Editorial: Andrés Mario Ramírez Cuevas.