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Frente a crímenes nuevos y viejos, Fox opta por la impunidad

Edgard Sánchez Ramírez*

Decíamos en el número de septiembre de Convergencia Socialista a propósito del reclamo contra la impunidad por los crímenes cometidos durante el largo periodo de hegemonía del priísmo, lo siguiente: "El perdón en torno a crímenes políticos de esta envergadura simplemente significan impunidad y el riesgo de que se repitan, como la historia ya lo muestra" [y concluíamos diciendo] "para que no se repitan esos hechos no pueden arrojarse al olvido; no puede haber impunidad".1

Unas cuantas semanas después, en el mes de octubre, Digna Ochoa, abogada defensora de derechos humanos, es asesinada en su propio despacho. Por sus implicaciones y consecuencias es un crimen muy grave y ofrece un nefasto mensaje.

No solamente porque no es el asesinato ya no de una activista política de oposición -como tantos que fueron víctimas durante el priísmo-, sino que ahora se trata de una defensora de los derechos humanos de esas víctimas de la represión política. Pero es más grave todavía porque tiene que ver con la disyuntiva de la actual situación política en torno a la impunidad. El gobierno de Vicente Fox, el primero que no es del PRI después de décadas de su dominio, no se atreve a hacer justicia frente a los múltiples crímenes cometidos por el priísmo.

Hemos explicado que no se trata de un deseo de venganza. Es un reclamo de justicia. No solamente por la obligación moral, ética de hacer justicia frente a crímenes de lesa humanidad como la práctica de la desaparición forzada de personas o masacres como la del 2 de octubre, el 10 de junio, Acteal, o Aguas Blancas. Es que también desde un punto de vista político es absolutamente necesario hacer justicia y desmantelar el autoritario y represivo aparato creado por el priísmo para que la impunidad no signifique que la historia se repita. Y, lamentablemente, el asesinato de Digna Ochoa muestra que, efectivamente, si no se hace justicia ese aparato y esa cultura políticas generadas por el priísmo se sienten estimuladas para seguir actuando.

El mensaje del asesinato de Digna Ochoa no es solamente contra los defensores de derechos humanos, es también la afrenta de ese aparato y prácticas políticas que le dice al nuevo gobierno y a la sociedad que ahí están, que no reculan, que saben que pese a las crecientes exigencias civiles por justicia ellos seguirán amparados en la impunidad, en la cobardía o en el compromiso con ellos y lo que representan de parte de Fox.

En varios niveles de política social y económica se avanza en la concertación entre Fox y sectores del viejo aparato priísta, además de la continuidad neoliberal de su política. Una señal más de ese camino de concertación entre lo que significan Fox y el salinismo, por ejemplo, puede ser la sucesión en el PRI y el papel de la dupla Madrazo-Elba Esther Gordillo.

El tema de los derechos humanos -sobre el que ahora hay una gran sensibilidad social-, puede ser una piedra de toque y reto a la popularidad que tanto preocupa a Fox que profundice la frustración e insatisfacción de quienes tuvieron ilusiones en el "cambio" que prometió en campaña. Pero lo más grave es que la impunidad que ofrece al priísmo en aras de una supuesta estabilidad o gobernabilidad a nivel del sistema se le puede revertir. Si no hay castigo para los responsables de crímenes anteriores y se hace justicia a las víctimas, la reedición de nuevos crímenes, como lo muestra el caso de Digna Ochoa, es un riesgo permanente. De hecho, no es solamente el asesinato de Digna Ochoa. Ya hay otras señales ominosas; ya se han reportado nuevos casos de desaparecidos, ahora en este periodo de gobierno; continúan amenazas contra defensores de derechos humanos; no se acata la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para liberar al General Gallardo. Pese a la firma y ratificación de convenios internacionales sobre el respeto a derechos humanos se siguen buscando las formas de regatear y limitar su aplicación como en el tema de la prescriptibilidad en el castigo de algunos delitos. Se mantienen otros presos políticos, además de los acusados de ser zapatistas e indígenas, como Erika Zamora.

De todos modos, la falta de justicia y la impunidad no logran que los reclamos de justicia sean silenciados; por el contrario, se mantienen y crecen en una sociedad donde hay ahora más sensibilidad y solidaridad frente al tema. El grito de "2 de octubre no se olvida", finalmente ha triunfado. Décadas después de la masacre, el reclamo, las exigencias, las aclaraciones del aparato militar y estatal, nuevas pruebas y evidencias sobre el crimen cometido continúan presentándose. La reciente publicación de fotografías inéditas de la noche del 2 de octubre en Tlatelolco en la revista Proceso vienen a confirmar lo dicho por el movimiento estudiantil y las víctimas de la represión desde entonces: la existencia del Batallón Olimpia, los hombres del guante blanco que detuvieron a los dirigentes del Consejo Nacional de Huelga y que dispararon desde el edificio Chihuahua a la multitud y al ejército para provocar la masacre.

Están ahí, en las fotos que anónimamente se hicieron llegar a Proceso: el cuerpo de élite del Olimpia vestidos de civiles pero identificados con el guante blanco (lo que confirma la participación de las Guardias Presidenciales y, por tanto, la responsabilidad del Presidente Díaz Ordaz); están también los civiles que coordinan la acción, seguramente de Gobernación, que al mismo tiempo son los que perversamente toman fotos y películas por encargo del siniestro Luis Echeverría, y está el ejército recibiendo a los detenidos, violando todas las normas de la guerra y del trato a presos, como muestra el trato humillante de golpear y desnudar a los estudiantes, dirigentes del movimiento y gente del pueblo que fortuitamente también cae en sus garras.

Pero si ellos quisieron ocultar, negar e imponer el olvido sobre lo ocurrido, la memoria se impuso. Los criminales siguen vivos y sin castigo. Echeverría y López Portillo hacen gala de senilidad y presumen de que ellos sí han perdido la memoria. Obviamente la memoria es selectiva. Y los criminales y genocidas preferirían olvidar sus trapacerías, pero en este caso incluso si la justicia no ha llegado, de todos modos la memoria no ha sido derrotada y el 2 de octubre no se olvidó.

Pero insistimos en que, desgraciadamente, no estamos frente a temas que son sólo del pasado. De nuevo está el caso de Digna Ochoa asesinada en octubre.

El caso de los desaparecidos tampoco es del pasado y de mera investigación histórica. Se quiere crear confusión como lo muestra el carácter de la Fiscalía especial creada para investigar el tema y que se presenta como algo propio del pasado, particularmente de lo que llaman la "guerra sucia". El concepto de "guerra sucia" es tramposo. Pretende repartir por igual la responsabilidad de las víctimas y los victimarios. Es la base para la propuesta de una supuesta reconciliación, perdón o amnistía que se da, supuestamente, por igual entre víctimas y victimarios. Pero el crimen de lesa humanidad como el tema de la defensa de derechos humanos en realidad se refiere a crímenes que son responsabilidad del Estado o de funcionarios del aparato gubernamental contra la ciudadanía. No se trata de delitos cometidos entre particulares. De lo que estamos hablando es de la responsabilidad oficial en la violación de derechos humanos. Esa responsabilidad es la que se quiere eludir con recursos como el de la "guerra sucia" entre dos partes que supuestamente tienen igual responsabilidad o como cuando se dice que los que fallaron fueron individuos y no instituciones. Al mismo tiempo el alegato militar común recurre a que "cumplían órdenes" a la "obediencia debida". Está claro, por lo menos desde Nuremberg, que eso no elude la responsabilidad individual pues el militar debe negarse a cumplir órdenes que son violatoria de derechos humanos pero, por otro lado, el recurso de la "obediencia debida" remite al hecho, por tanto, de que hay una política oficial, una política de Estado, una responsabilidad oficial, institucional.

Es decir, que la práctica de la desaparición forzada de personas no es resultado simplemente de una "guerra sucia", sino resultado de una política institucional que ha violado sistemáticamente derechos humanos. Y tampoco es una práctica de los 70's, cuando supuestamente ocurrió la "guerra sucia", sino una práctica que continuó después de la lucha del Estado contra las organizaciones guerrilleras, como lo demuestra el caso de la desaparición de José Ramón García Gómez, dirigente del PRT en Morelos, secuestrado en diciembre de 1988 y al que, como otros casos posteriores a los 80's, se pretenda dejar fuera de la investigación.

Finalmente tampoco es un caso del pasado porque el crimen, el delito, sigue en acto: los desaparecidos siguen desaparecidos. Fueron detenidos vivos por fuerzas policíacas o militares y luego desaparecieron. En muchos casos fueron vistos vivos en cárceles clandestinas por otras personas que en ese momento también estaban desaparecidas pero que finalmente lograron su libertad.

El argumento vulgar y cínico de que como ha pasado mucho tiempo desde la desaparición lo más seguro es que estén muertos y no tiene caso reclamar su presentación, elude el fondo del asunto, pues evita responder sobre un delito distinto al del homicidio que es el del secuestro, de la privación ilegal de la libertad, no importa si ocurre en un secuestro "express" para robar a alguien en un cajero automático o si el secuestro dura días, meses o años. La autoridad debe resolver el caso de la persona desaparecida y no pretender hacer recaer la responsabilidad en la familia del desaparecido de declararlo muerto en vez de que la autoridad explique lo ocurrido con el secuestrado, busque liberarlo y castigue a los responsables o establezca responsabilidades oficiales.

En el tema de los derechos humanos y la impunidad hay todavía mucho por conquistar. Hacerlo, además, frente a un gobierno que no ha dado muestras de estar comprometido con esos derechos, sino más bien dispuesto a mantener la impunidad para su conveniencia.

* Dirigente del PRT.

 

Notas

1. "Hoy como ayer: ¡desaparecidos presentación!. ¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!", en Convergencia Socialista No 14.

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