No. 3
(2002)

<< Índice de artículos

La violación de los derechos humanos de las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua1

Actualización de los hechos sucedidos en Ciudad Juárez

De 1993 a la fecha más de 285 mujeres han sido asesinadas con una violencia brutal en Ciudad Juárez, Chihuahua, sin que hasta el momento las autoridades correspondientes hayan tomado las medidas necesarias para sancionar a los responsables y terminar con la ola de asesinatos y violencia. A raíz de esta situación, varios organismos civiles hemos llevado a cabo la labor de denunciar estos hechos ante instancias internacionales logrando la visita de la Relatora sobre Derechos de la Mujer de la CIDH, Marta Altolaguirre y que, posteriormente, en marzo del año en curso se llevara a cabo una Audiencia sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Mujeres en Ciudad Juárez. En dicha audiencia, el Gobierno mexicano dijo mostrarse preocupado por el tema y se comprometió a llevar a cabo las propuestas que las organizaciones civiles presentaron para frenar la situación de impunidad que se vive en esa ciudad.

Sin embargo, de marzo a la fecha, pocas cosas han cambiado. Los incipientes intentos por hacer justicia, en los últimos seis meses, han provocado que los asesinatos en contra de mujeres y el clima de violencia persista en esta ciudad. Según los datos de la Campaña ¡Alto a la Impunidad: ni una muerta más! el número de mujeres asesinadas en este año, tomando en cuenta solamente las que entran dentro del tipo de asesinato “multihomicida” son 11 hasta el 8 de octubre de este año. Los cuerpos que fueron encontrados más recientemente fueron: dos el 23 de septiembre (justo el día en que se instalaron las Mesas Interinstitucionales); otro cuerpo fue encontrado el 3 de octubre y el último, el 8 de octubre, es decir, cuatro mujeres muertas en menos de dos semanas. Hasta el momento no hay mucha información sobre estos casos, pero podrían quedar en la impunidad como muchos otros de no realizar una investigación eficiente. Según la información proporcionada, en estos hallazgos vuelven a cometerse irregularidades muy graves; por un lado, al parecer, una de las mujeres es indentificada con el nombre de una de las que supuestamente ya había sido encontrada en los ocho cuerpos de noviembre; y otra de las mujeres afirman que murió por sobredosis, sin investigar seriamente las evidencias de abuso y violencia en el cuerpo de la víctima que podrían configurar un homicidio.

El caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua es uno de los casos paradigmáticos en el país en cuestión de violencia y discriminación hacia la mujer. Este caso refleja las situaciones que se viven en otras entidades del país en donde la violencia de género ha sido tolerada y por lo tanto fomentada por el Gobierno, lo que ha provocado la ruptura del tejido social, la impunidad y la violación continua de los derechos humanos de las mujeres. La violencia de género existente en Juárez, es un acto de discriminación muy grave, que ha provocado que las mujeres se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad y que el disfrute de sus derechos humanos especialmente el derecho a la vida, la integridad personal y la libertad se vean mermados.

La violencia contra la mujer, es sin duda, una práctica que genera exclusión y restricción lo que impide que las mujeres puedan hacer efectivos todos sus derechos consagrados en instrumentos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos. Esta doctrina ha sido recogida por el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en dos de sus Recomendaciones Generales, en la número 19 cuando señala que: “la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre” (1, antecedentes); y en la recomendación General número 12 que complementa señalando lo siguiente: “la definición de discriminación incluye la violencia basada en el género, que es, la violencia que se dirige a la mujer por que es una mujer, o que las afecta desproporcionadamente”.

De todo lo anterior se desprende, que aunque los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, hayan sido cometidos por agentes no estatales, el Estado está incurriendo en responsabilidades por no actuar con la debida diligencia en la prevención de estos crímenes, la adecuada investigación y la sanción de los responsables.

La falta de acceso a la justicia es, sin duda, una problemática a la que se enfrentan cotidianamente tanto hombres como mujeres en Ciudad Juárez y en Chihuahua, sin embargo, la situación adquiere un matiz especial cuando las víctimas son mujeres y se enfrentan a un sistema de justicia discriminatorio tanto en la legislación como en la práctica, tal y como lo demuestra la situación de Ciudad Juárez, en donde el Estado mexicano no está cumpliendo el estándar de debida diligencia.

La discriminación por parte de las autoridades del sistema de procuración y administración de justicia, se ve reflejada en la forma en la que son investigados los crímenes violentos de mujeres indagando solamente sobre su vida privada, por la manera en la que justifican los asesinatos por la forma de vestir o el tipo de vida que llevaban las mujeres, por las graves irregularidades que se cometen en las investigaciones de estos homicidios, y la falta de interés por el pronto esclarecimiento y la sanción de los responsables.

Las omisiones del Estado en la investigación de los asesinatos de mujeres lo hace responsable de los mismos, tal y como lo señala la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en su artículo segundo; y como es señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios casos como el Velázquez Rodríguez o el caso Blake.

A pesar del gran impacto social que tiene esta situación y de la responsabilidad nacional e internacional en la que está incurriendo el Estado mexicano, hasta el momento las autoridades federales se han mostrado reticentes a intervenir e impulsar acciones para esclarecer los hechos, sancionar a los responsables, y prevenir que sigan desapareciendo mujeres y que éstas sean asesinadas. Debido a las graves omisiones e irregularidades las autoridades federales deben involucrarse como garantes de la transparencia y la efectividad de las acciones del Gobierno del estado de Chihuahua y deben, además, asumirse como corresponsables de las acciones que se realicen en los niveles estatal y municipal.

Desapariciones y ejecuciones en la ciudad de Chihuahua

Debido a esta impunidad, ha habido un incremento en la violencia en otras ciudades del estado como es el caso de la ciudad de Chihuahua en donde desde 1998 han desaparecido apróoximadamente 15 niñas y mujeres con características similares a las de Ciudad Juárez. Una de estas mujeres apareció asesinada de la misma forma y el caso ha sido tratado también con gran negligencia, demostrándose incluso la fabricación de pruebas por parte de una mujer de la Policía Judicial a quien la Procuraduría se ha resistido a sancionar. En cuanto a las mujeres desaparecidas, no se realiza una investigación eficiente para localizarlas, prueba de ello es que el expediente de una de estas víctimas, desaparecida en 1998, contiene sólo 6 hojas.

Así, las faltas graves del sistema de procuración y administración de justicia que han llevado a que mujeres y niñas no sean encontradas y a que los crímenes permanezcan en la impunidad, no es una situación exclusiva de Ciudad Juárez sino que se está extendiendo a otras partes del estado, lo que agudiza aún más la preocupación de las organizaciones civiles por la violencia hacia las mujeres que se vive en el estado de Chihuahua.

Las irregularidades en el sistema de procuración y administración de justicia

En junio de 2002, integrantes de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH), realizaron una visita a Ciudad Juárez en la cual fue posible analizar doce casos de mujeres asesinadas en dicha ciudad desde 1995 hasta noviembre de 2001; así como el caso de la niña que fue encontrada ejecutada en la ciudad de Chihuahua en el 2002 y cinco casos de mujeres desaparecidas en la misma ciudad entre 1998 y 2001. A raíz de ese análisis se pudieron constatar las siguientes irregularidades en la actuación de las autoridades encaragadas de la administración y procuración de justicia.

Procuración de Justicia

A. Actuación de la Fiscalía y policía judicial

• Ausencia de acciones para la búsqueda y localización de las mujeres que han sido denunciadas como desaparecidas. En todos los casos los familiares de las víctimas presentaron una denuncia ante el Ministerio Público por desaparición y, pasadas las horas de rigor para comenzar la búsqueda, las autoridades no realizaron las diligencias necesarias para intentar dar con el paradero de las desaparecidas. Prueba de lo anterior es que, en todos los casos, la víctima no fue hallada por las autoridades sino por civiles. Se tuvo conocimiento que en los casos de las mujeres desaparecidas en la ciudad de Chihuahua desde 1998 no se realizó ningún boletín en los medios de comunicación con las fotografías de las mujeres desaparecidas, sino hasta después de que se documentaron 10 denuncias y apareció el cuerpo de una mujer ejecutada. Además se ha observado que las autoridades no dan seguimiento a las denuncias ya que una de las fotografías que publicaron en el boletín pertenecía a una mujer que había estado desaparecida, aproximadamente dos años antes, y que ya había sido hallada por sus familiares.

• Retardo injustificado y ausencia de las diligencias necesarias para una investigación adecuada. En la mayoría de los casos, las autoridades no han realizado las diligencias necesarias para integrar adecuadamente una indagatoria, aún en los casos en los que la coadyuvancia ha solicitado, con suficiente información, la comparecencia e investigación de algún presunto sospechoso/a. Esta situación se vuelve aún más común y evidente cuando los casos tienen que ver con la presunta responsabilidad o implicación de autoridades en la comisión de la desaparición o del homicidio.

• Fabricación de pruebas falsas para desviar la investigación. Existen evidencias para determinar que en algunos de los casos las autoridades de procuración de justicia han fabricado pruebas con el objetivo de desviar la investigación y “fabricar culpables”.2 En este sentido, también se ha encontrado que varios de los testimonios son rendidos por personas desconocidas por los familiares, cuyas declaraciones tienden a desviar las líneas de investigación al señalar aspectos para denotar una desaparición voluntaria de las víctimas, por ejemplo, “ yo sabía que tenía problemas con su mamá y que tenía planes de salir de su casa”. Llama la atención, además que en los expedientes de distintos casos, rinden testimonio las mismas personas.

• Negligencia en la comparecencia de los probables responsables y/o de las personas que son señaladas como sospechosas. Cuando finalmente son llamados a declarar personas involucradas en el momento de la desaparición, por jemplo: amigos, compañeros de trabajo en las maquiladoras, etcétera, no son cuestionadas con respecto a las evidencias que demuestran su participación en los actos investigados ni tampoco son confrontados en las contradicciones en que incurren al momento de comparecer.

• Retardo injustificado en la entrega de los cuerpos. En la mayor parte de los casos, después de haber realizado la identificación de las víctimas, las autoridades retrasan la entrega del cuerpo entre 2 y 6 días, argumentando que se están realizando las pruebas periciales correspondientes, sin embargo, una vez que termina el proceso de identificación, no hay resultados de las pruebas periciales ni señales de que éstas se hayan realizado.

Además, existen casos en los que la entrega de los cuerpos se realiza en cajas selladas con el argumento de que con eso se evitan infecciones, sin embargo, algunos familiares comentaron que les quedó la duda de si realmente estén sepultando el cuerpo de su familiar.3

• Retardo injustificado o ausencia de las pruebas periciales necesarias. Estos son algunos de los obstáculos más grandes que han impedido una investigación profesional tanto para determinar la identidad de la víctima, como para integrar adecuadamente la indagatoria y de esta forma tener líneas de investigación más sólidas. Como ya lo mencionara la CNDH en la Recomendación 44/98, las pruebas periciales desde el levantamiento del cadáver hasta las cuestiones de criminalística no se realizan adecuadamente, lo que ha provocado que existan una serie de vacíos en las indagatorias imposibles de subsanar. En muchos casos hay un retardo injustificado para realizar las pruebas y en otros casos dichas pruebas no se han practicado, ni siquiera tras haber sido pedidas insistentemente por la coadyuvancia.

Uno de los al retardos o ausencia de pruebas periciales más comunes y graves que se han presentado es el que se refiere a las pruebas de ADN. Debido al estado de descomposición en el que, en la mayor parte de los casos, se encuentra el cuerpo ya que ha quedado demostrado que la ropa con la que se encuentra a las mujeres generalmente no es suya. Es fundamental contar con pruebas contundentes de la identidad de la víctima y también para coadyuvar en la indagatoria y la sanción de los responsables. Pese a lo anterior, de los doce casos estudiados de mujeres ejecutadas en Ciudad Juárez, seis pidieron este tipo de pruebas y no fueron practicadas.

• Ocultamiento de pruebas. Con base en el análisis realizado por la CMDPDH, fue posible observar que la Fiscalía Especial y los elementos de policía judicial no incorporan a los expedientes toda la información que les aportan los familiares de las víctimas,4 incluso han desaparecido algunos elementos que podrían servir como pruebas como es el de quemar la ropa de las mujeres que encuentran.5

B. Participación de la Coadyuvancia

• Acciones de disuasión en contra de los familiares de las víctimas. Se encontró que a las madres de las seis mujeres desaparecidas en la ciudad de Chihuahua, se les pidió, en dos ocasiones distintas, que acudieran a otros estados de la república mexicana a “buscar a sus hijas” en compañía de elementos de la Procuraduría. En ambas ocasiones las autoridades no mostraron ninguna evidencia real de que las víctimas pudieran estar en esa entidad y no se obtuvo ningún indicio sobre su paradero ni algún avance importante.

• Falta de acceso a la información para la coadyuvancia y los familiares. Las autoridades no proporcionan la información necesaria y fidedigna a los familiares de las víctimas y a la coadyuvancia acerca de los avances en la práctica de pruebas periciales y otras diligencias necesarias para realizar una investigación eficiente.

Además de estas irregularidades procesales, hay ciertas cuestiones que cabe destacar ya que han sido obstáculos muy importantes para la investigación de los crímenes de mujeres, y, a pesar de haber sido señalados por mecanismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos, no han sido erradicados:

• No hay capacitación de las autoridades del sistema de procuración e impartición de justicia. Las autoridades encargadas no tienen la capacitación necesaria para atender los casos de mujeres asesinadas, ya que, por un lado, no poseen capacitación técnica para realizar adecuadamente las pruebas periciales y criminológicas necesarias y, por otro lado, no cuentan con sensibilización para la atención adecuada de las víctimas y sus familiares.

• No existen los recursos materiales suficientes para atender el problema. El presupuesto que destina el estado de Chihuahua a la Fiscalía Especial para los Crímenes de Mujeres en Ciudad Juárez es muy bajo, por lo que no se tienen los recursos técnicos adecuados para la práctica de las pruebas periciales y la contratación de expertos.

• Hay una actitud discriminatoria por parte de las autoridades en la atención de los crímenes en contra de mujeres. Una cuestión que atraviesa todos los casos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez es la discriminación por parte de las autoridades que se manifiesta en todos los niveles, desde el Policía Judicial hasta el agente del Ministerio Público e, incluso, entre altos funcionarios de la Procuraduría de Justicia del Estado. La falta de voluntad política para resolver los asesinatos y, por lo tanto, la falta de acceso a la justicia, parece estar directamente relacionada con el hecho de que la víctima sea mujer.

Detención de presuntos responsables

Las formas en las que las autoridades han pretendido lidiar con el problema resultan sumamente graves, sobre todo, en lo que a las detenciones de los presuntos culpables se refiere. Por ejemplo, en 1995, detuvieron a Omar Latiff Shariff, al que se le quiso sentenciar por uno de los crímenes, misma que actualmente se encuentra suspendida por las irregularidades que presentó el caso. Asimismo, unos años después, se detuvo al “Tolteca” y a sus amigos (conocidos como “los Ruteros”) que declararon públicamente haber sido víctimas de tortura por parte de las autoridades para confesar que habían cometido doce asesinatos.

Otro de los casos en los que se presume que se llevó a cabo la práctica de tortura para obtener una confesión es el del asesinato de la maestra Elodia Payán, y por lo cual Roberto Delgado Maldonado y Mario Chavarría Barraza fueron internados en el Centro de Rehabilitación Social después de estar dos días en manos de agentes de la Fiscalía de Crímenes contra Mujeres. Al día siguiente de su detención, Chavarría afirmó, en su declaración ante el juez, que se encontraba preso el día del crimen y que se había confesado culpable para detener las torturas. Finalmente, el 15 de agosto de 2002, el Juez otorga la libertad sin fianza a Chavarría y a Delgado Maldonado.

De cualquier manera, a pesar de que en cada detención las autoridades pretenden dar el caso por concluido, los asesinatos no han cesado, evidentemente porque se trata de un tema mucho más complejo de lo que las autoridades quieren admitir. Además, las detenciones se han llevado a cabo con tantas irregularidades que ni siquiera es posible afirmar que las personas detenidas son responsables de los asesinatos. Otros de los casos más recientes en los que también se presentan violaciones al debido proceso y a la garantía física y psicológica de los detenidos es el de Victor Javier García Uribe y Gustavo González Meza, alías “la Foca y el Cerillo”, que será narrado brevemente a continuación con el fin de dar a conocer algunas de las irregularidades que se han presentado.

El 7 de noviembre de 2001 encontraron, en un lote en construcción, los cuerpos de 8 mujeres que fueron asesinadas con una violencia extrema. Dos días después de dicho hallazgo, Víctor Javier García Uribe y Gustavo González Meza fueron sacados de sus domicilios violentamente por un grupo de personas encapuchadas que no se identificaron como miembros de alguna corporación policíaca ni presentaron orden de aprehensión.

Después de buscar e investigar por su cuenta, los familiares de los señores García Uribe y González Meza lograron averiguar que habían sido recluidos en una casa particular ubicada en el cruce de las avenidas López Mateos y Ejército Nacional, lugar donde los sometieron a torturas brutales con golpes y descargas eléctricas. Posteriormente, Víctor Javier García Uribe y Gustavo González Meza fueron trasladados a la Academia de Policía de Ciudad Juárez en donde continuaron las torturas.

El día 12 de noviembre de 2001, fueron presentados a declarar ante el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial Bravos quien les asignó causa penal por los delitos de homicidio, violación y asociación delictuosa. Sobre las lesiones que presentaban (quemaduras en el pene, testículos, bajo vientre, pecho y abdomen, además de los golpes que presentaban en todo el cuerpo), el Juez declaró que se debían a una enfermedad y al uso del reloj que les apretaba la muñeca.

El 30 de agosto de 2002 se llevó a cabo una conferencia de prensa para denunciar las irregularidades antes mencionadas, sin embargo, a raíz de esta conferencia el hostigamiento en contra de Victor Javier García Uribe se incrementó y comenzaron las amenazas en contra de su esposa, Miriam García, y de su abogado, Dante Almaraz.

Además de las irregularidades antes mencionadas, es importante tomar en cuenta que, según la información brindada por la PGR a miembros de organizaciones de Ciudad Juárez, las pruebas de ADN de los ocho cuerpos de mujeres encontrados en noviembre del año pasado, no corresponden con los nombres de las mujeres por las que se encuentran detenidos los señores García Uribe y González Meza.

Las irregularidades en los procesos de los presuntos responsables de los asesinatos de mujeres, son una muestra más de las graves fallas del sistema de procuración y administración de justicia y restan credibilidad a las acciones de la Procuraduría en la investigación de los asesinatos y en los procedimientos que utilizan, tales como la tortura.

Clima de hostigamiento y amenazas en contra de familiares y defensor@s de derechos humanos

La presión ejercida en los últimos meses a nivel nacional e internacional para esclarecer los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, ha acrecentado notablemente el clima de hostigamiento en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, así como en contra de familiares de las víctimas.

El hostigamiento y las amenazas para los familiares de las víctimas que han estado realizando acciones públicas de denuncia de las irregularidades cometidas por las autoridades, van desde agresiones verbales por parte de funcionarios de gobierno quienes además los hacen responsables de lo sucedido, hasta llamadas telefónicas en las que se dan mensajes amenazantes, la presencia afuera de sus domicilios de automóviles “extraños” o incluso algunos identificados como de la Procuraduría, y persecuciones en automóvil; todo esto aunado al ambiente de violencia e impunidad provoca una especie de “tortura psicológica” para los familiares de las víctimas y merma su capacidad de movilización.

En cuanto a los defensores y defensoras de derechos humanos, también hemos tenido conocimiento de actos de hostigamiento en su contra, los cuales se han caracterizado, entre otras cosas, por la deslegitimación pública de los grupos u organizaciones a los que pertenecen estas personas, por amenazas indirectas (como en el caso de Esther Chávez Cano), por la presencia de automóviles extraños, por hacerlos sujetos de investigación judicial.

Han sido muchos los casos de hostigamiento y amenazas, sin embargo la mayor parte de éstos no han sido denunciados a las autoridades correspondientes ya que no se asegura la imparcialidad e independencia en las investigaciones y existe el temor de que esto ponga en un mayor riesgo su vida e integridad física. Debido a lo anterior, las organizaciones hemos tenido que implementar otras estrategias para denunciar estos hechos las cuales han incluido la presentación de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Chihuahua.

En el caso de las medidas cautelares que ha otorgado la CIDH, la implementación por parte del Gobierno mexicano ha sido un proceso muy lento y complejo que no responde eficazmente a la atención de la situación de gravedad y urgencia por la que se solicitan dichas medidas En el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las acciones para atender las medidas que han sido solicitadas han sido nulas, sobre todo en el caso de Rosario Acosta y Marisela Ortiz, quienes son parte de la organización de familiares “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”.

Asimismo, el clima de hostigamiento se ha extendido hacia algunos de los presuntos responsables de los asesinatos de las mujeres quienes han denunciado las irregularidades en sus procesos. Específicamente en el caso arriba señalado de Víctor Javier García Uribe y Gustavo González Meza, alias la Foca y el Cerillo, y a raíz de la situación que ahí se narra éstas personas, junto con su abogado y la esposa de uno de ellos, han sido víctimas de amenazas y hostigamiento, que en el caso de la González Meza y García Uribe ha llegado hasta dañar su integridad física por los actos de violencia ejercidos en su contra por los custodios del Penal. Por esta situación también han sido solicitadas medidas cautelares en su favor las cuales hasta el momento no han sido implementadas por el Gobierno mexicano.

Esta situación es de gran preocupación para las organizaciones civiles, ya que pone de manifiesto el clima de violencia e impunidad en la ciudad provocado y tolerado por el Gobierno mexicano e impide que la situación sea propicia para que comiencen a esclarecer los hechos y a sancionar a todos los responsables.

Los últimos avances en las acciones del gobierno en sus tres niveles: federal, estatal y municipal

En el transcurso del primer semestre de este año, se han desarrollado acciones en los tres niveles de gobierno, las cuales pueden impulsar el esclarecimiento de los asesinatos y la prevención de la violencia hacia las mujeres. Cabe destacar las siguientes acciones:

Mesas Interinstitucionales: El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) se comprometió a instalar el 8 de marzo junto con las autoridades estatales y municipales, una Mesa Interinstitucional con autoridades de los tres niveles de gobierno para, por un lado, dar una revisión a los expedientes y determinar las irregularidades y, por el otro, para implementar políticas de prevención. La instalación de la Mesa fue pospuesta en dos ocasiones para finalmente ser instaladas el 23 de septiembre la Mesa de Diálogo y la Mesa Institucional Estatal para Coordinar las Acciones de Prevención y Atención de la Violencia Familiar Hacia las Mujeres.

La Mesa Institucional está integrada por la Secretaría General de Gobierno, de Seguridad Pública, de Salud, y de Educación así como por la Procuraduría de Justicia del Estado, la Dirección General de Trabajo y Previsión Social, el DIF estatal, el Instituto Chihuahuense de la Mujer, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los poderes legislativos y judicial de la entidad y Organizaciones de la sociedad civil. Según el Instituto de las Mujeres esta mesa se creó porque es de interés público y prioritario atender la violencia familiar y en contra de las mujeres, mediante la instrumentación de acciones conjuntas entre el gobierno federal, estatal, municipal, y las organizaciones civiles de la entidad.

El establecimiento de la Mesa de Diálogo se realizó para dar seguimiento técnico jurídico a las investigaciones de los casos de homicidios de mujeres. Dicha mesa será presidida por el Secretario General de gobierno y estará conformada por representantes del Instituto Chihuahuense de la Mujer, la Procuraduría de Justicia, el poder Legislativo y el poder Judicial del Estado, la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez, Organismos de la Sociedad Civil, Familiares de las Víctimas y el Instituto Nacional de las Mujeres como Coadyuvante. Para el funcionamiento de esta mesa se instruyó a todas las dependencias del Ejecutivo Estatal involucradas para que participen en la coordinación, planeación y dinámica de las mesas de trabajo. El acuerdo entró en vigor a partir de la fecha de su firma, es decir, el 23 de septiembre de 2002, por lo que aún no es posible hablar sobre los resultados.

Grupo de trabajo para la implementación de un plan emergente. El INMUJERES también en aras de solventar algunas necesidades de los familiares de las víctimas, huérfanos y dependientes económicos, formó un grupo de trabajo con diversas Secretarías a nivel Federal, especialmente la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo, entre otras; para implementar algunos planes de acción en los ámbitos de salud, trabajo, educación y desarrollo. Hasta el momento no se tiene información sobre los avances de dicho grupo de trabajo.

Mesa Técnico Jurídica. La Procuraduría del Estado, debido a la presión de las organizaciones locales y los familiares de las víctimas, abrió tanto en Chihuahua como en Ciudad Juárez, una mesa para la coadyuvancia y los representantes legales con el fin de trabajar conjuntamente en la solución de los casos. Esta Mesa tiene poco de haber sido instalada por lo que es difícil evaluar sus resultados, pero lo cierto es que hasta el momento pocos han sido los avances y mucha la resistencia de las autoridades para realizar diligencias y acciones que impulsen el esclarecimiento de dichos casos. En el caso de Ciudad Juárez, no se ha presentado el plan de trabajo que se seguirá en cada uno de los casos según la parte del proceso penal en la que se encuentran, además, en la primera reunión se invitó a organizaciones y personas que no pertenecen a la coayuvancia poniendo en riesgo la confidencialidad de las investigaciones. En ambos casos ha sido difícil que las autoridades respeten plenamente la figura de la coadyuvancia, ya que, por un lado, no realizan las diligencias que la coadyuvancia solicita y, por el otro, pretenden cargar la responsabilidad del avance de las investigaciones en lo que haga esta figura.

Comisión Especial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para el esclarecimiento de los asesinatos de mujeres. Esta Comisión creada con el mandato de revisar los expedientes para determinar las irregularidades en los mismos, hasta el momento no ha informado públicamente sobre los avances de esta Comisión en ese ámbito. Hace dos meses aproximadamente habían anunciado que harían un censo de las familias afectadas y los niños huérfanos con el fin de crear un fideicomiso para apoyarlos, no se ha informado tampoco cómo va este proceso.

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). El Presidente de la CNDH, José Luis Soberanes Fernández, anunció en los medios que se proponía darle seguimiento a la recomendación que la CNDH realizara en 1998 (44/98) a través de la instalación de una sede de esta institución en Ciudad Juárez. Esta instalación aún no se lleva a cabo y mientras tanto este órgano no ha informado del cumplimiento de dicha Recomendación 44/98 la cual no ha sido implementada por el Gobierno de México.

Acciones de la Campaña “Alto a la impunidad: ni una muerta más”

Presentación de un informe al Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). A principios de agosto del año en curso, se llevó a cabo la presentación del Quinto Informe Periódico del Gobierno de México al Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. En este contexto, la Campaña elaboró un informe temático sombra sobre la discriminación hacia las mujeres en Ciudad Juárez y la violencia que se vive también como una forma de discriminación. Las expertas del Comité, estuvieron muy interesadas en el tema y se tuvieron muchas reuniones informativas con el fin de explicarles la necesidad de pronunciarse por el tema. Finalmente, las expertas hicieron preguntas al Gobierno sobre esta situación y se logró que en los comentarios finales del Comité se realizaran dos recomendaciones sobre la situación de Ciudad Juárez, que a la letra dicen:

1) El Comité expresa gran preocupación por los acontecimientos sucedidos en Ciudad Juárez y por los continuos homicidios y desaparición de mujeres. El Comité se muestra especialmente preocupado por la aparente falta de conclusiones finales en las investigaciones sobre las causas de los numerosos homicidios de mujeres y la identificación y enjuiciamiento de los perpetradores de tales crímenes para proteger a las mujeres de dicha violencia.

2) El Comité insta al Estado parte a impulsar y acelerar el cumplimiento de la Recomendación 44/98 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos Mexicana, en relación con el esclarecimiento y sanción de los homicidios de Ciudad Juárez. Asimismo, el Comité insta al Estado parte para que proteja a las mujeres de esta violación de sus derechos humanos a la seguridad personal.

Promoción y difusión del tema. Las organizaciones civiles de la Campaña !Alto a la impunidad: ni una muerta más!, hemos seguido dando difusión a la situación de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez a nivel nacional e internacional. Se está tratando de reposicionar el tema en los medios de comunicación con el fin de que se trate como una cuestión de impunidad, falta de acceso a la justicia y discriminación en contra de las mujeres. La Campaña ha realizado varias conferencias de prensa, entrevistas de radio y televisión en medios nacionales e internacionales, así como otras actividades para sensibilizar a la sociedad civil sobre el tema como talleres, pláticas, foros, y marchas.

Articulación con otras redes y espacios. La Campaña ha realizado también una serie de articulaciones con otros espacios con el fin de que el tema de Ciudad Juárez sea un caso paradigmático con el que se demuestre la discriminación en el acceso a la justicia para las mujeres de todo el mundo y la violencia de la que son víctimas debido a las omisiones del Estado. Destaca la articulación con Amnisitía Internacional, quien está realizando una investigación de esta situación con el fin de tomar el caso y hacerlo parte central de la Campaña Mundial sobre Mujeres que lanzarán el próximo año. Asimismo, nos estamos articulando con el el Comité Latinoamericano y Caribeño para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) que lanzará una campaña en contra de la violencia hacia las mujeres en la que también uno de los casos centrales será Ciudad Juárez.

Interlocución con instancias gubernamentales. La Campaña ha tenido una serie de reuniones con autoridades federales e incluso estatales, con el fin de externarles nuestra preocupación por la situación y las propuestas para prevenir y erradicar los asesinatos de mujeres en el estado de Chihuahua. Esta interlocución con instancias gubernamentales ha sido un paso importante, pero hasta el momento ninguna ha hecho compromisos concretos que haya cumplido para atender esta situación.

Las acciones de la sociedad civil han sido, sin duda alguna, muy importantes para llamar la atención internacional y nacional sobre el tema, y comenzar a desarrollar acciones tendientes a esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y prevenir esta situación. Sin embargo, a la par de estas acciones y como ya se señaló anteriormente, el clima de hostigamiento y amenazas a nivel local ha ido en aumento.

Propuestas

Por todo lo anterior y en aras de fortalecer el trabajo del Gobierno Mexicano y la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil en torno a este tema, realizamos las siguientes propuestas:

1. Que el Gobierno Mexicano, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presente en un periodo de 5 meses, un informe a la CIDH en el cual se enuncien las acciones realizadas en los siguientes rubros, según la autoridad a la que corresponda:

Gobierno Federal e instancias federales

• La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que informe sobre el cumplimiento a nivel federal, estatal y municipal de cada una de las Recomendaciones Internacionales realizadas en torno a la situación de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. Específicamente las del Relator sobre Independencia de Jueces y Abogados, las del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y las que emita la Relatora sobre Derechos de la Mujer de la CIDH en el informe de su visita a Ciudad Juárez.

• La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) para que informen sobre los mecanismos para implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Para), así como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en términos de políticas públicas, legislación, entre otros.

• La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que informe sobre los trámites de la solicitud para que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) coadyuve en las investigaciones de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.

• El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) para que informe sobre las acciones de cada una de las Secretarías involucradas en el Grupo de Trabajo para el Desarrollo de un Plan Emergente y los tiempos en que se desarrollará cada acción y que necesidad va a cubrir. Asimismo, cual es la articulación entre estos trabajos y los que se están desarrollando en la Mesa Interinstitucional para la Prevención de la Violencia.

• El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) para que informe de los trabajos, acuerdos y avances de la Mesas Interinstitucionales para la prevención de la violencia, específicamente de: las Campañas que se desarrollarán para prevenir la violencia contra las mujeres (tiempos, a quién se dirige, qué mensaje maneja, etcétera).

• El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) para que presente un informe detallado sobre los avances en la Mesa de Diálogo en el cual se indique el número de expedientes revisados, las irregularidades encontradas y el procedimiento de trabajo que están llevando a cabo.

• La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que presente un informe sobre el cumplimiento de la Recomendación 44/98 en el cual se detalle las acciones a nivel estatal, municipal, específicamente que se informe sobre las investigaciones contra los servidores públicos señalados en esta Recomendación como responsables de las irregularidades en los casos.

• A la Comisión Especial de la Cámara de Diputados para que informe sobre el trabajo que están realizando a saber: la revisión de los expedientes, la realización de un censo y la creación de un fideicomiso para los familiares de las víctimas.

• A la Procuraduría General de la República (PGR) para que informe sobre el apoyo que está brindado a la Procuraduría del estado de Chihuahua para la investigación de los homicidios de mujeres. Asimismo, que indique el estado que guardan los expedientes que tiene en su poder sobre los asesinatos de mujeres y que indique las razones técnicas, basadas en los expedientes, sobre la atracción o no atracción de los mismos.

Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, e instancias estatales

• A la Secretaría de Gobierno del Estado y al Municipio para que informen sobre las políticas públicas que están implementando para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, entre otras: alumbrado en las zonas marginadas, seguridad en las zonas detectadas en las que han desaparecido mujeres, seguridad en el transporte, pavimentación de las zonas marginadas, campañas en contra de la violencia hacia las mujeres, entre otras que se consideren necesarias. Asimismo, que informen sobre el presupuesto que tienen designado para estas políticas y cómo se articulan con iniciativas tales como la Mesa Interinstitucional.

• Al Municipio de Ciudad Juárez para que informe sobre los mecanismos y las medidas que está tomando para protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, así como los familiares de las víctimas que han sido hostigados o amenazados.

• Al Municipio de Ciudad Juárez para que informe sobre los mecanismos que es posible implementar de “alerta rápida” para atender rápidamente cualquier secuestro o acoso del cual sean víctimas las mujeres.

• A la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que informe sobre las medidas de protección que ha impulsado en torno a los casos que se le han presentado por hostigamiento y amenazas en contra de defensores y defensoras de derechos humanos así como de familiares.

• A la Procuraduría de Justicia del Estado que informe sobre lo siguiente:

• Estado que guarda cada uno de los casos que se encuentran dentro del rubro de “multihomicidas” (etapa procesal en la que se encuentran, diligencias que se están realizando, peritajes necesarios, entre otros);

• Estado de las pruebas de ADN de los ocho cuerpos de noviembre y de las pruebas que se practiquen a los cuerpos encontrados posterior a noviembre del 2001;

• Líneas de investigación y estrategia a seguir según la etapa procesal de cada caso;

• Líneas de investigación en los casos de las mujeres desaparecidas y acciones a realizar para encontrar su paradero;

• Situación de los casos de los presuntos responsables que ya están consignados;

• Determinación de la responsabilidad de servidores públicos por la negligencia en las investigaciones;

• Capacitación que se brinda al personal de la Fiscalía Especial para los Crímenes de Mujeres en materia de: violencia contra la mujer, criminología, criminalística, derechos humanos.

2. Que el Gobierno mexicano por conducto de las instancias federales organice en conjunto con organizaciones de derechos humanos y con instancias especializadas como el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), un seminario de expertos (nacionales e internacionales) en peritajes y criminología; con el fin de coadyuvar en la elaboración de un Protocolo de Investigación adecuado para los casos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y avanzar de esta forma en las investigaciones.

3. Que la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, monitoree permanentemente la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, así como de los y las familiares de las víctimas; y que presente cada dos meses un informe al respecto. En este informe, deberá presentar información acerca de los casos que cuentan con medidas cautelares ante la CIDH, de los casos presentados ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y del clima general de amenazas y hostigamiento, así como de las medidas que se estén tomando y planeen tomar para erradicarlo.

Campaña !Alto a la impunidad: ni una muerta más!

Organizaciones y Redes Integrantes del Comité

Promotor:

Centro para la Solidaridad Sindical Internacional AFL-CIO

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH)

Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC)

Convergencia Socialista-APN

Coordinación de Organismos Civiles por un Milenio Feminista

ELIGE, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos

Mujeres Trabajadoras Unidas (MUTUAC - MAS)

Sistema Nacional de Educación Sexual (SISEX)

Unión Nacional de Trabajadores, Comité de Género

Vereda Themis

 

Notas

1. Documento elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH), y que fue presentado en el 116° Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Audiencia “Situación de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez”.

2. Esta situación fue muy evidente en el caso de Paloma X quien fue encontrada ejecutada en la ciudad de Chihuahua en febrero del presente año, y a quien la Comandante Gloria Cobos, encargada de la investigación, le sembró pruebas para inculpar a Vicente Cárdenas, amigo de la occisa. La coadyuvancia (en este caso la madre de Paloma) denunció esta situación a las autoridades correspondientes y al no obtener ninguna respuesta, hizo la denuncia públicamente. Esta última denuncia provocó que la Comandante Cobos fuera destituida, sin embargo, aunque no ha sido procesada por el delito que cometió y actualmente se desconoce su paradero. Es importante señalar que esta Comandante era quien había participado en la investigación de cuatro de los casos de mujeres desaparecidas que la CMDPDH analizó.

3. La señora XX afirmó que la gente que cargó la caja en la que se encontraba su hija le dijo que ésta no pesaba.

4. En el caso de Lilia Alejandra Andrade el FBI envió información sobre los presuntos responsables del homicidio, sin embargo, dicha información no aparecía en el expediente y tampoco se investigó. Cuando se cuestionó a la Fiscal sobre este asunto, simplemente dijo que desconocía el documento.

5. Poco antes de la creación de la Fiscalía Especial para Mujeres, fue quemada la ropa de las víctimas, lo cual, según la ex fiscal, Suly Ponce, dificultó enormemente la investigación de los casos.

<< Índice de artículos