No. 3
(2002)

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La situación de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez se encuentra ubicada en una zona fronteriza entre México y Estados Unidos en la cual confluyen varias problemáticas que imprimen un matiz específico a la ciudad, como son el narcotráfico, la migración ilegal, la trata de mujeres, entre otras. Todas estas problemáticas, aunadas a la dinámica que imponen las cientos de maquiladoras nacionales y extranjeras que ahí se encuentran, han llevado a la ciudad a niveles de violencia extremos.

Por su parte las autoridades estatales y municipales se encuentran inmersas en una constante pugna por el poder, especialmente entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN); lo que no ha favorecido las condiciones de gobernabilidad en esa ciudad y que se ha visto agravado por la gran corrupción que existe entre las autoridades, incluso al más alto nivel.

La violencia en Ciudad Juárez es, sin duda, una situación a la que se enfrentan a diario tanto hombres como mujeres. Sin embargo, desde 1989 se comenzó a observar el aumento de los asesinatos violentos en contra de mujeres, y ya para 1993 la situación se agravó, lo cual llevó a organizaciones civiles y sociales a denunciar los ya numerosos asesinatos en contra de éstas, los cuales además permanecían en la impunidad.

Desde 1993 a la fecha, aproximadamente 290 mujeres han sido asesinadas con una violencia brutal sin que hasta el momento se hayan podido esclarecer todos los hechos y frenar los asesinatos. Según la Procuraduría de Justicia de Chihuahua1 de los 258 casos registrados de enero de 1993 al 1 de febrero del 2002, 76 son los que corresponden al “tipo multihomicida” mientras que los demás están clasificados como de “tipo situacional” (pasionales, narcotráfico, robo, sexuales, riña, intra familiares, por venganza, imprudenciales). Debido a la ineficacia mostrada por las autoridades al integrar los expedientes y al hacer las pruebas periciales, misma que ha sido incluso manifestada por miembros de la Procuraduría General de la República y por los familiares de las víctimas; es difícil saber si realmente la clasificación es certera y si no se ha intentado incluir a la mayor parte de los asesinatos en el tipo situacional, sobre todo relacionándolos con el narcotráfico. Independientemente de sí la clasificación es correcta, lo cierto es que resulta muy grave el índice tan alto de asesinatos de mujeres cualquiera que sea el tipo; y esto sin contemplar los numerosos casos que existen de mujeres desaparecidas.

De los llamados por la Procuraduría “asesinatos multihomicidas” la situación es muy grave, ya que a pesar de las declaraciones de la Procuraduría Estatal de que muchos de éstos “ya han sido resueltos”, lo cierto es que a pesar de existir una Fiscalía Especial para los Crímenes de Mujeres (que desde su creación en 1998 ha tenido seis fiscales distintas), sólo hay una persona sentenciada por uno de los crímenes; lo que es una de las muestras más crudas de la ineficacia del sistema de procuración e impartición de justicia en nuestro país.

Respecto a estos asesinatos, la mayoría de las víctimas eran mujeres y niñas entre los 15 y 25 años, casi todas ellas migrantes y trabajadoras de la industria maquiladora, de pequeñas tiendas o estudiantes. El móvil ha pasado por varios escenarios, desde el tráfico de órganos hasta el narcotráfico o la trata de mujeres, pero hasta el momento no se ha podido esclarecer lo que está pasando.

Las explicaciones brindadas por las autoridades son muestra del sexismo que permea todos los ámbitos gubernamentales. Tanto las autoridades del Partido Acción Nacional como del Revolucionario Institucional, justifican los crímenes por el tamaño de la falda de las víctimas, porque salen solas de noche, porque acuden a bailar o porque caminan por lugares obscuros; es decir, porque según han afirmado, “su actitud no corresponde a los estándares morales y esto justifica los crímenes”.

En este contexto de violaciones a los derechos humanos de las mujeres, toleradas por el Estado mexicano, organizaciones nacionales e internacionales, e incluso el Sistema Público de Protección de los Derechos Humanos, han emitido recomendaciones y denuncias en las que se protesta contra la negligencia de las autoridades, la ineficacia de la administración de justicia y la poca voluntad del gobierno para investigar a fondo.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió en 1998 la recomendación 44/98, tras una investigación sobre la alarmante situación de los asesinatos de mujeres en esa ciudad. Asimismo, la Relatora de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias, Asma Jahangir en el informe de su visita a México en 1998, señaló al gobierno mexicano lo siguiente:

“La Relatora Especial notó que la deliberada no actuación del gobierno para proteger los derechos humanos de sus ciudadanos por su sexo, ha generado una situación de inseguridad en la mayoría de las mujeres que viven en Ciudad Juárez. Al mismo tiempo, esto ha generado que indirectamente se proteja a los perpetradores de los crímenes y que gocen de impunidad. Los eventos en Ciudad Juárez constituyen un típico caso de crímenes basados en el género que se sostienen en la impunidad. El comportamiento arrogante y la obvia indiferencia mostrada por varias autoridades en relación de que los crímenes fueron deliberadamente no investigados por la única razón de que las víctimas eran “sólo” mujeres sin un estatus social particular y que entonces podían ser utilizadas y ultrajadas. Es de hacer notar que una gran cantidad de tiempo e información importante sobre el caso se ha perdido debido a los retrasos y las irregularidades que se presentan”.

Por su parte, el Relator de Independencia de Jueces y Abogados que visitó nuestro país en mayo del año 2001, externó su preocupación por los asesinatos en Ciudad Juárez y por la ineficacia, imparcialidad y negligencia con la que estaban actuando las autoridades en torno a estos casos. El Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW siglas en inglés) emite recomendaciones sobre el Quinto Informe Periódico de México: 25. El Comité expresa gran preocupación por los acontecimientos sucedidos en Ciudad Juárez y por los continuos homicidios y desaparición de mujeres. El Comité se muestra especialmente preocupado por la aparente falta de conclusiones finales en las investigaciones sobre las causas de los numerosos homicidios de mujeres y la identificación y enjuiciamiento de los perpetradores de tales crímenes para proteger a las mujeres de dicha violencia.

El Comité insta al Estado parte a impulsar y acelerar el cumplimiento de la Recomendación 44/98 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos Mexicana, en relación con el esclarecimiento y sanción de los homicidios de Ciudad Juárez. Asimismo, el Comité insta al Estado parte para que proteja a las mujeres de esta violación de sus derechos humanos a la seguridad personal.

A pesar de todas estas recomendaciones, denuncias y presión internacional, los crímenes en Ciudad Juárez continúan. Hasta el mes de noviembre del año pasado, los medios nacionales e internacionales habían dejado de prestar atención al tema, sin embargo la aparición de ocho cadáveres en un terreno baldío hizo que el tema volviera a retomarse y que organizaciones no gubernamentales e, incluso gubernamentales, pidieran que se esclarecieran los hechos. El mismo Presidente Fox tuvo que pronunciarse y pedir a la Procuraduría General de la República que colaborara en la investigación de los casos.

Dos días después de la aparición de estos cadáveres, la Procuraduría Estatal privó de su libertad a dos hombres por su presunta responsabilidad en el asesinato de estas ocho mujeres. Sin embargo, estos hombres afirman haber sido víctimas de tortura para confesar los asesinatos, situación que ha sido corroborada incluso por el ex –encargado de los servicios periciales de la Procuraduría Estatal quien renunció por que se “querían modificar los peritajes para inculpar a estos individuos” y quien ahora teme por su vida e integridad física. Aunado a esta grave situación, el día 5 de febrero fue asesinado por policías judiciales uno de los abogados de los detenidos tras haber sido amenazado por su trabajo en ese caso.

Hasta el momento no se tiene certeza de si estos dos individuos son responsables, pero las autoridades parecen inmersas en una política de fabricación de culpables sin llegar realmente al fondo del problema donde existe un grave problema de discriminación y violencia hacia las mujeres.

Pese a los supuestos esfuerzos del gobierno de Patricio Martínez por esclarecer los hechos, en este año ya han sido asesinadas once mujeres y el último cadáver fue encontrado apenas el 14 de noviembre de este año. Las investigaciones siguen plagadas de huecos e irregularidades, lo cual ha favorecido la impunidad y recrudece el clima de violencia en la ciudad. La Fiscalía Especial no ha podido obtener avances concretos en la investigación de éstos crímenes y además ahora fue nombrado a un nuevo Procurador Estatal que no goza de buena reputación por estar involucrado en ciertos actos violatorios a los derechos humanos en su labor con la policía judicial.

Aunado a este clima de violencia, los familiares de las víctimas se tienen que enfrentar a tratos despóticos por parte de las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia. Y por su parte, activistas de derechos humanos y periodistas han sido objeto de amenazas y hostigamiento por su trabajo en la denuncia de la situación que viven las mujeres en esa ciudad.

La falta de voluntad política del gobierno para terminar con estas graves violaciones a los derechos humanos, la ineficacia y parcialidad de las instituciones encargadas de la administración de justicia, así como la impunidad de la que gozan los responsables y la falta de políticas públicas adecuadas, han tenido un efecto negativo en las condiciones de la población de Chihuahua y han fracturado peligrosamente el Estado de derecho.

Es importante que la voluntad del gobierno mexicano de respetar y proteger los derechos humanos se concrete en acciones y políticas que puedan terminar con situaciones estructurales de violencia e impunidad como la que se vive en Ciudad Juárez.

El Estado mexicano está violando con estos actos la Convención Americana de Derechos Humanos, así como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará), entre otros instrumentos internacionales de derechos humanos, que protegen el derecho a la vida, a la integridad personal y al debido proceso.

Recomendaciones

1. Que el gobierno federal implemente las medidas necesarias para esclarecer los asesinatos de mujeres, castigar a los culpables y reparar el daño a las víctimas.

2. Que las autoridades federales y locales implementen las recomendaciones contenidas en el informe 44/98 que emitió en 1998 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

3. Que se establezca una corresponsabilidad entre la Procuraduría General de la República y la Procuraduría Estatal, de manera que la primera brinde todos los elementos necesarios para eficientar el desarrollo de las investigaciones.

4. Que las autoridades encargadas de la procuración e impartisión de justicia estén lo suficientemente capacitadas para atender en todo los sentidos los casos de asesinatos de mujeres.

5. Que se brinden todas las facilidades para que la Mesa Interinstitucional para la investigación de los crímenes de mujeres pueda desarrollar su labor eficazmente.

6. Que se tomen todas las medidas de seguridad y políticas públicas necesarias a nivel federal y estatal para garantizar la vida e integridad de todas las mujeres en Ciudad Juárez, como son: alumbrado, pavimentación, elementos de seguridad pública en las calles y transporte.

7. Que se establezca una corresponsabilidad entre las autoridades estatales y los dueños de las maquiladoras para garantizar la seguridad e integridad de sus empleadas.

8. Que se realicen campañas permanentes en contra de la violencia hacia las mujeres, en Ciudad Juárez y en todo el estado de Chihuahua.

9. Que se implementen los tratados y compromisos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y especialmente la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Pará).

10. Que se brinde protección adecuada a todos las y los activistas de derechos humanos y a los y las periodistas que han sido amenazados y hostigados por la denuncia de la situación que se vive en Ciudad Juárez.

México, noviembre 2002.

 

Notas

1. Esta información la envió la Procuraduría General de Justicia en respuesta a una petición escrita sobre las acciones que se estaban tomando en torno a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, que hiciera la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

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